Crecen homicidios entre mineros ilegales en Venezuela

Se dice que fuerzas del gobierno son las responsables de una ola de asesinatos en las zonas de minería ilegal en Venezuela, lo que motiva interrogantes sobre si están combatiendo las redes criminales, despejando el camino a las multinacionales o buscando hacerse al control del negocio en nombre propio.

Según Efecto Cocuyo, la prensa local denunció 61 asesinatos en cinco municipios mineros del estado de Bolívar, sureste del país, entre enero y mediados de septiembre de 2017. De ellos, el ejército venezolano era responsable de 40 muertes, y la policía de otras siete.

Los residentes locales declararon a Efecto Cocuyo que creen que las matanzas perpetradas por las fuerzas de seguridad hacen parte de una estrategia para eliminar a los mineros ilegales con el fin de entregar el territorio a multinacionales mineras.

La confrontación más reciente ocurrió el 10 de septiembre, un hecho que dejó 11 personas muertas y dos soldados heridos en el municipio de Tumeremo por un tiroteo ocurrido en una excavación minera.

Fuentes oficiales declararon que el enfrentamiento comenzó cuando un destacamento militar se acercó a la mina y se vio atacado por una banda criminal que explotaba la operación, según El Universal.

Sin embargo, un tuit del político opositor Americo de Grazia afirmaba que los testigos denunciaron que los mineros fueron ejecutados, y que tienen miedo de las represalias por haber hablado.

Análisis de InSight Crime

La violencia asociada a la criminalización del sector de minería informal en Venezuela se remonta a más de una década. En los últimos años, ha habido una clara escalada, y los homicidios registrados en 2017 siguen al hecho más letal que se haya registrado hasta la fecha: la desaparición y supuesta ejecución de 28 mineros en marzo de 2016 en el mismo municipio de Tumeremo.

No cabe duda de que hay redes criminales formándose alrededor de la minería ilegal, y el gobierno venezolano ha asociado a estos grupos con la violencia. Pero, como lo ilustran los comentarios de Grazia y los residentes locales, el panorama es mucho más complicado.

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De Grazia ya denunció anteriormente la implicación del ejército en la minería ilegal, al afirmar que no buscan clausurarla, sino explotarla para su propio beneficio. No es el único que denuncia esto; también un exgobernador del estado de Bolívar acusó al ejército de extorsionar a los mineros para permitirles trabajar y de aliarse con pandillas en la violencia.

Los residentes, entre tanto, alegan que las matanzas hacen parte de un plan para hacer a un lado a los mineros ilegales y abrir paso a las multinacionales; basan esta conclusión en la decisión del gobierno venezolano de abrir el país a la minería industrial a gran escala. Sea cierta o no esta hipótesis, es probable que la entrada a escena de las multinacionales complique una situación ya volátil.