El sistema de justicia civil tiene un índice de resoluciones de 3,2 por ciento contra miembros de la milicia

Un nuevo informe reitera que, a pesar de las reformas, México no investiga ni procesa a los soldados acusados de abusos, una muestra de las consecuencias muchas veces negativas que tiene para los derechos humanos la militarización de la lucha contra el crimen.

Según un informe publicado el 7 de noviembre por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una reforma legal de 2014, que transfirió los casos de abuso militar a las autoridades civiles quitando esa tarea a los tribunales militares no ha mejorado la imputabilidad de las fuerzas armadas.

La impunidad es la norma en casi todos los casos de presuntos abusos militares del ejército, según los hallazgos del informe. Entre 2012 y 2016, la Procuraduría General de la República de México abrió 505 investigaciones penales por presuntos delitos cometidos por soldados contra la población civil. Sin embargo, el sistema de justicia civil solo ha conseguido 16 condenas, que representan un índice de resoluciones de 3,2 por ciento.

 Cortesía de WOLA

(Crédito: WOLA)

Una razón importante para la baja tasa de resoluciones es la capacidad de las autoridades militares de obstrucción o dilatación de las investigaciones civiles, por ejemplo, reteniendo, falsificando o saboteando evidencias y declaraciones.

La autora principal del estudio, Ximena Suárez-Enríquez, comentó a InSight Crime que una participación más fuerte de las autoridades civiles en el proceso de investigación sería una posible solución a este problema.

"Como mínimo, los civiles deben tener control sobre la recolección de evidencia, la cadena de custodia en escenas de crímenes y la toma de declaraciones, pues las acciones del ejército en el pasado han demostrado que son formas como los militares obstruyen y afectan las investigaciones civiles".

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Además de los obstáculos que pone en práctica el ejército, el estudio halló que la falta de voluntad política por parte de la Procuraduría General también ha puesto trabas a las investigaciones y procesos judiciales de soldados acusados de delitos.

"La falta de independencia de la Procuraduría General es un factor clave que influye en la manera como se investiga o no se investiga y como se procesan los casos", declaró Suárez-Enríquez a InSight Crime. "La presión política puede ejercer influencia en los procesos judiciales en México, y hay mucha presión para que no se investigue en lo que respecta a los casos donde hay personal de la milicia implicado".

Para mejorar la capacidad de las autoridades civiles de llevar ante la justicia a los miembros del ejército, el estudio recomienda invertir en creación de capacidad para las autoridades civiles, así como crear un mecanismo para monitorear la implementación de la reforma de 2014, entre otros.

Análisis de InSight Crime

El último informe de WOLA es una muestra de las consecuencias negativas para los derechos humanos que se han asociado con las estrategias de militarización de la lucha contra el crimen en toda Latinoamérica, y en particular en México. Estas políticas no solo han fallado en su mayoría en términos prácticos, sino que también han sido una "fórmula para los abusos contra los derechos" a manos del ejército. De hecho, 2017 se encamina a ser el año más violento que se haya presenciado en la historia reciente de México.

Cortesía WOLA

 (Crédito: WOLA)

En medio de la escalada de violencia, siguen apareciendo noticias de abusos de derechos perpetrados por el ejército, tan extremos como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, debido en gran parte a la impunidad casi total de los delitos en México.

"El gobierno mexicano debe mostrar resultados en casos paradigmáticos, como la masacre de Tlatlaya", apuntó Suárez-Enríquez, en referencia a la matanza en 2014 de 22 presuntos sospechosos de crímenes por miembros del ejército. El año pasado, un tribunal militar absolvió a todos menos uno de los soldados implicados.

"La investigación, procesamiento y sanción efectivos de los responsables, incluso en unos cuantos casos enviaría un mensaje contundente sobre el compromiso del gobierno en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia para las víctimas", añadió Suárez-Enríquez.

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En un mensaje de correo electrónico a InSight Crime, la asociada sénior de WOLA para México Maureen Meyer formuló sus inquietudes sobre las propuestas de intensificar la participación militar en la lucha contra el crimen.

"Intensificar la militarización de la seguridad pública en México, sin mayores controles sobre las acciones de los soldados solo conducirá a más abusos", señaló Meyer. "Mientras el gobierno mexicano siga examinando propuestas legislativas para acrecentar la participación militar, debe aceptar el costo humano que tiene desplegar soldados con débiles mecanismos de vigilancia sobre su comportamiento y el de sus superiores".