Exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega

Las autoridades venezolanas han acusado a la fiscal general depuesta de su país de dirigir una red de extorsión de varios millones de dólares, mientras que los hechos en la frontera colombiana demuestran cómo esas batallas políticas distraen a los organismos encargados de impartir justicia de su tarea de enfrentar amenazas importantes del crimen organizado.

El 16 de agosto, funcionarios venezolanos allanaron la residencia de Luisa Ortega Díaz, exfiscal general destituida de su cargo a comienzos de este mes, luego de declararse en abierta crítica contra el gobierno. Las autoridades también ordenaron el arresto del esposo de Ortega Díaz, Germán Ferrer.

El reemplazo de Ortega, Tarek William Saab, los acusó a ambos de dirigir una "mafia" de chantaje y extorsión, que reportó a la pareja por lo menos US$6 millones, según información del New York Times. Según las acusaciones, Ortega hizo cobros a funcionarios de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) a cambio de cerrar las investigaciones por corrupción en su contra, según una nota de Semana.

Aunque los conflictos políticos siguen ocupando a la élite del país en Caracas, en la frontera con Colombia hay nuevas señales de que el crimen organizado sigue expandiendo su influencia en medio de un deterioro más general de la situación de seguridad en Venezuela.

El 17 de agosto, el ministro del interior venezolano Néstor Revero anunció por Twitter que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) había hecho incursiones sorpresa a 26 laboratorios de cristalización de cocaína en el municipio de Jesús María Semprun, en el estado del Zulia a solo 700 metros de la frontera con Colombia.

Según el ministro, las autoridades incautaron 3,2 toneladas de pasta de coca, 700 kilos de cocaína, 36.500 litros de químicos líquidos y 9,65 toneladas de sólidos químicos, así como equipos de procesamiento de pasta en cocaína. Sin embargo, no se realizaron capturas en los operativos, según información de Noticias al Día.

Al día siguiente, funcionarios venezolanos comenzaron las diligencias de repatriación de los restos de tres colombianos hallados muertos cerca de frontera con la ciudad colombiana de Cúcuta.

Se cree que las víctimas —requeridas en Colombia por acusaciones de homicidio, narcotráfico y porte ilegal de armas— hacían parte de los grupos paramilitares criminalizados, que se conocen como Bacrim (por "bandas criminales"), que controlan las rutas de contrabando en la región, según informó El Tiempo.

Análisis de InSight Crime

El caos y las enconadas disputas han absorbido a la Fiscalía General en Venezuela son solo los eventos más recientes del drama político que amenaza la estabilidad y la credibilidad del estado venezolano.

Las acciones contra Ortega han sido condenadas por opositores del gobierno como parte de una purga de actores políticos críticos dentro del partido de gobierno, pues ella se había separado del gobierno al condenar las medidas de fuerza contra los manifestantes de la oposición y se había comprometido a investigar el fraude electoral. Sin embargo, las acusaciones contra Ortega y su esposo también son representativas de las instituciones de seguridad y de justicia preocupadas por la política y el poder, mientras el crimen organizado prospera bajo sus narices.

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Los eventos en la frontera con Colombia demuestran esto arrojando luz sobre uno de los puntos calientes del crimen organizado en Venezuela. Los homicidios de los colombianos parecen tener relación con una feroz disputa territorial entre redes criminales, cuya presencia es bien conocida en la frontera venezolana y que controlan las actividades criminales transfronterizas, específicamente el movimiento de contrabando y el narcotráfico.

No es la primera vez que la violencia ligada a esos grupos se disemina al otro lado de la frontera. De hecho, ha habido denuncias incluso de que estos grupos están reclutando miembros entre los venezolanos. La magnitud de los decomisos y las denuncias de presencia de laboratorios de cocaína en la parte venezolana de la frontera entretanto, ilustran tanto la escala del narcotráfico en esta región, como la invasión de territorio venezolano por las redes colombianas que allí operan.