Bolivia, uno de los países más pobres de Latinoamérica, es el tercer productor mundial de coca después de Colombia y Perú, y es un punto clave para el tránsito de drogas. Además de servir como puente aéreo para la cocaína peruana, en Bolivia existen organizaciones criminales extranjeras, sobre todo grupos colombianos.

En el país ha habido históricamente agitación política, pero la actual presidencia de Evo Morales ha logrado cierta estabilidad desde el año 2006, aunque puso al país en desacuerdo con Estados Unidos en cuanto a la estrategia antinarcóticos.

Geografía

Junto con su vecino Paraguay, Bolivia es uno de los dos países suramericanos que no tienen costas; cuenta con 6.000 kilómetros de fronteras, que comparte con Perú, Chile, Argentina y Brasil. Dado que los Andes se extienden por el sur y el oeste del país, gran parte de Bolivia está demarcada por un accidentado territorio, y cuatro de las cinco ciudades más grandes del país se encuentran por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar.

Brasil y Argentina, vecinos de Bolivia, tienen los dos mercados de drogas internos más grandes de la región, mientras que Perú y Paraguay son, respectivamente, el segundo mayor productor de coca y el primer productor de marihuana en Suramérica, lo que convierte a Bolivia en un corredor clave para el tráfico de drogas.

Historia

La coca se ha cultivado y consumido en Bolivia desde tiempos de los Incas, aunque la producción creció rápidamente durante los años ochenta del siglo XX, con el auge del mercado internacional de la cocaína.

Desde su independencia en 1825, la política boliviana ha estado dominada por regímenes militares y por decenas de golpes de Estado, el último de los cuales ocurrió en 1980. El gobierno civil se estableció dos años más tarde y ha permanecido desde entonces. Si bien en el país han surgido algunos movimientos guerrilleros, nunca se ha establecido una insurgencia armada izquierdista como la que existe en otras partes de Latinoamérica.

En Bolivia han existido varios movimientos políticos de izquierda, en particular en las décadas de los ochenta y los noventa. Durante la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) se presentaron una serie de reformas económicas y sociales y se abogó por los derechos de los indígenas. Sánchez de Lozada fue electo para un segundo mandato en 2002, pero fue obligado a renunciar por disturbios sociales relacionados con los combustibles. Evo Morales —un dirigente sindical cocalero afiliado a un partido socialista antiestadounidense— ganó las elecciones de 2006 y se convirtió en el primer presidente indígena del país.

La presidencia de Morales se ha caracterizado por relaciones tensas con Estados Unidos en cuanto a los cultivos de coca y las operaciones antinarcóticos. En 2008, Morales expulsó al embajador de Estados Unidos por “conspirar” contra su gobierno y suspendió la cooperación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), a la cual más tarde también expulsó del país. Posteriormente, la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP por sus iniciales en inglés) incluyó a Bolivia en su lista negra, a pesar de estar de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en que el número de hectáreas de cultivo de coca había disminuido, la erradicación había aumentado y la producción de cocaína había rebajado.

Como excocalero, Morales ha defendido el cultivo de la coca. El país permite actualmente que se cultiven de manera legal 12.000 hectáreas de la planta —aunque en 2015 la ONUDD estimó que había 20.200 hectáreas cultivadas—. Sin embargo, el gobierno de Morales también ha tenido fuertes enfrentamientos con los productores de coca debido a la erradicación de los cultivos no autorizados. En sus intentos por apoyar el mercado legítimo de la coca, Morales ha promovido una gama de productos a base de coca, como el té y la harina, que hasta ahora han tenido poco éxito.

En 2011, Bolivia se retiró de la Convención Única sobre Estupefacientes, firmada en 1961 por Naciones Unidas, porque la ONU se negó a eliminar una cláusula mediante la cual se prohibía mascar hoja de coca. Bolivia regresó después de que la Convención reconoció que el consumo de coca era legal en el país.

Bolivia es actualmente el tercer mayor productor mundial de cocaína, pues un 40 por ciento de los cultivos de coca en el país se utilizan para fines ilícitos, mientras que el resto entra en el mercado legal. La posición del país, ubicado en el centro del tráfico de drogas de Suramérica, así como unas fuerzas de seguridad débiles y corruptas, también facilitan el papel de Bolivia como un país clave para el tránsito de estupefacientes hacia Brasil, Argentina, Europa y Asia. Por el puente aéreo entre Perú y Bolivia pasa casi la mitad de la cocaína peruana, por lo que Bolivia adquirió radares a finales de 2015 con el fin de detener esta actividad.

Grupos criminales

La posición de Bolivia como centro regional de drogas ha hecho que durante mucho tiempo el país sea una base de operaciones de organizaciones narcotraficantes extranjeras. Los grupos colombianos administran gran parte del comercio de drogas transnacionales de Bolivia, y se cree que dos de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, Los Urabeños y Los Rastrojos, tienen operaciones en el país.

Los grupos brasileños tienen una fuerte presencia en Bolivia —en particular el Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV)—, y también se han detectado estructuras mexicanas.

A pesar de toda esta actividad, Bolivia parece haber evitado la aparición de mafias locales como las que están profundamente arraigadas en Colombia y México. Aun así, hay clanes locales, de estructura familiar, que tienden a supervisar la producción de cocaína, y en el país habitan grupos organizados enfocados en el crimen callejero en los centros urbanos. En el año 2016, la policía informó que en el país había 269 pandillas con más de 7.700 miembros activos, concentrados sobre todo en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Santa Cruz —la segunda ciudad más grande del país y centro de operaciones de narcotráfico— sufre de criminalidad endémica y ha sido afectada por brotes de violencia relacionada con el narcotráfico.

Fuerzas de seguridad

Bolivia cuenta con una policía centralizada, la Policía Nacional de Bolivia (PNB), que tiene unos 35.966 oficiales (pdf). Como parte de la Policía Nacional, se encuentra la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que tiene unos 1.530 oficiales.

La policía tiene la reputación de ser corrupta y de participar en el narcotráfico incluso en los niveles más altos, tanto que siete jefes de la policía fueron destituidos en un periodo de seis años, a partir de diciembre de 2012. Entre ellos se encuentra el general Óscar Nina, a quien se le encomendó la tarea de reestructurar la policía después de que Morales expulsó a la DEA del país, pero en el año 2015 fue detenido por supuestos vínculos con narcotraficantes. El expolicía general René Sanabria, quien alguna vez se desempeñó como zar antidrogas de Bolivia, fue enjuiciado en Estados Unidos por dirigir una red de tráfico de cocaína.

En junio de 2015, el gobierno boliviano anunció sus planes para combatir la corrupción policial mediante un programa de protección de los denunciantes. Ese mismo año, el gobierno propuso además endurecer los códigos disciplinarios y procesales de la policía, incluyendo pruebas de polígrafo y la revisión de antecedentes.

El ejército de Bolivia tiene 55.500 miembros de primera línea activos. El gasto militar ha tendido a disminuir luego de alcanzar un tope de 2.82 por ciento del PIB en 1990. El servicio militar es obligatorio, por lo que hombres y mujeres mayores de 18 años están obligados a prestar sus servicios por un año. En 2012, Bolivia creó un “batallón ecológico” para combatir los cultivos de coca en los parques nacionales del país.

Sistema judicial

El principal organismo del sistema judicial boliviano es la Corte Suprema de Justicia. Dicho sistema incluye además el Tribunal Constitucional, las Cortes Distritales en cada departamento, y las cortes menores.

Existe poca confianza en el sistema judicial, y la percepción popular de que las instituciones son poco activas ha llevado a que Bolivia tenga el segundo mayor número de linchamientos en la región. En 2012, Morales intentó restablecer la confianza en el poder judicial, sustituyendo a los jueces nombrados por jueces elegidos, pero posteriormente ha sido acusado de politizar la judicatura. Los esfuerzos por depurar el sistema también han incluido despidos masivos y sanciones en el poder judicial, por lo que en el año 2015 la Fiscalía despidió a 67 de sus 500 fiscales.

El gobierno de Morales también ha intentado reformar la dura ley antidrogas, la “Ley 1008”, estableciendo penas de diversa duración para los diferentes delitos relacionados con las drogas. En 2014, Bolivia aprobó una ley que les permite a las autoridades derribar aviones sospechosos de llevar drogas.

En 2015-2016, el Foro Económico Mundial ubicó a Bolivia en el puesto 126 de una lista de 140 países, en cuanto a independencia judicial.

Prisiones

Bolivia ocupa el quinto lugar en cuanto a hacinamiento de cárceles en el hemisferio, después de Haití, El Salvador, Guatemala y Venezuela. En 2015, las cárceles estaban funcionando en promedio en un 270 por ciento de su capacidad, con una población total de cerca de 13.500 prisioneros. Desde 2006, la población carcelaria casi se ha duplicado.

El país tiene además la segunda tasa más alta de detenidos en espera de juicio en el mundo, los cuales, en 2014, conformaban el 86 por ciento de la población carcelaria total.

El autogobierno y la corrupción policial también abundan en el sistema penitenciario de Bolivia, que sufre además de malas condiciones de vida y de falta de recursos económicos.

Con el fin de reducir el hacinamiento, en diciembre de 2012 se aprobó un decreto presidencial mediante el cual se indultó a los presos que cumplían ciertas condiciones. La medida se ha ampliado al menos cuatro veces, pero parece que su eficacia ha sido mínima para reducir el número de presos en las cárceles bolivianas.