Pese a los avances del gobierno en materia de seguridad en la última década, al menos media docena de grupos criminales grandes siguen operando en Colombia. La mayoría han dejado la ideología de lado para enfocarse en la producción, tráfico y distribución de drogas ilegales en ámbitos locales; manteniendo actividades como el tráfico de armas, lavado de activos, el secuestro y la extorsión.

 

Geografía

Colombia es la puerta a Suramérica, contando con acceso a los dos océanos, Centroamérica y compartiendo extensas fronteras prácticamente sin vigilancia con otros cuatro países. Tres cordilleras que recorren el país le dan espacio suficiente a las organizaciones criminales para que muevan, escondan y produzcan drogas ilegales, así como para llevar a cabo otras actividades como la minería ilegal. La ubicación de Colombia ha convertido al país en un centro de contrabando y actividades ilícitas, mientras que sus vastas cordilleras han hecho que sea difícil para cualquier gobierno unificar la nación y proporcionar seguridad. Colombia da acceso a negocios lícitos e ilícitos a Ecuador, Brasil y Perú hacia el sur, el este de Venezuela y al norte de Panamá.

Historia

La excelente ubicación geográfica de Colombia ha implicado que durante mucho tiempo sea un hervidero de contrabando. La relación del país con el tráfico de drogas se inició en los años 70 cuando los agricultores pobres comenzaron a plantar marihuana como una alternativa mucho más lucrativa que la producción de cultivos legales. El desarrollo del crimen organizado en Colombia se aceleró en los años 70 cuando los grupos criminales parecían sacaron provecho de la moda de cocaína en los Estados Unidos mediante el procesamiento de hoja de coca proveniente de Perú y Bolivia en clorhidrato de cocaína (HCL), para luego hacerla llegar a los Estados Unidos. En los años 80, los primeros grandes carteles de la cocaína surgieron, el Cartel de Medellín de Pablo Escobar y el Cartel de Cali, en el suroeste. Pese a que se encontraban en el mismo negocio, los carteles de Cali y Medellín eran polos opuestos. Los líderes del Cartel de Medellín comenzaron robando carros y sobornado a policías, empleando a matones y pandillas locales para llevar a cabo su trabajo sucio. Cuando las clases altas rechazaron su intento de entrar en la política, se rebelaron y usaron la violencia para coartar al estado. El Cartel de Cali era más sofisticado para operar ya que surgió de un contingente de clases altas y uso la persuasión política más que militar para operar. Ambos establecieron imperios de cocaína que iban desde los cultivos cocaleros de Bolivia hasta las calles de Nueva York.

Por esta época en que el procesamiento de coca se trasladaba a Colombia, los grupos armados en el país se embarcaban en una nueva estrategia para incrementar sus ingresos a través de diversas actividades criminales, especilamente el secuestro. Las cuatro principales guerrillas -- el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) -- empezaron a tener como objetivo a empresarios, ganaderos y políticos. Las llamadas retenciones fueron declaradas de naturaleza política en principio, pero fueron evolucionando a uno de los motores más importantes de crecimiento financiero para estos grupos. Sin embargo, el impacto a largo plazo de esta estrategia sería catastrófico para los grupos. El secuestro por parte del M-19 de una de las hijas de un gran narcotraficante llevó a la creación de uno de los primeros grupos paramilitares financiados por los narcotraficantes que eventualmente dejaron de tener dentro de sus objetivos a los insurgentes e incluyeron en sus listas a civiles que fueran sospechosos de colaborar con ellos. Incluso los lugareños se volcaron en contra de las guerrillas ya que estos empezaron a secuestrar gente de clase media e incluso campesinos pobres y pequeños comerciantes. El resultado fue una reaccion generalizada, aumentando el apoyo por los grupos paramilitares de derecha y las tácticas represivas de los militares, al igual que, poco apoyo político para las guerrillas una vez se desmovilizaron y entraron al proceso político.

Mientras tanto, los laboratorios de cocaína eran un buen negocio, tanto para los grupos criminales como para los rebeldes, para los empresarios como para el gobierno, pero también trajo consecuencias catastróficas para Colombia. Pocos tenían un incentivo real para reducir el comercio de droga hasta que el gobierno de Estados Unidos empezó a presionar levantando procesos judiciales en contra de algunos de los grandes líderes de los carteles, lo que llevó a otra espiral de violencia en la que cientos de civiles inocentes fueron asesinados en una serie de bombas orquestadas por Escobar y sus cómplices. Los llamados ‘Extraditables’, también mataron a docenas de policías y jueces, asesinaron y secuestraron políticos prominentes y grandes empresarios. Las tácticas funcionaron y el gobierno colombiano eliminó los tratados de extradición durante la Asamblea Constitucional de 1991.Con la extradición fuera de  la mesa, Escobar se entregó, pero sólo con la condición de servir su tiempo en su propia prisión de lujo. Después de un año, el acuerdo entre Escobar y el gobierno se agrió después de que se hizo evidente que su imperio criminal seguía en marcha detrás de las rejas, y Escobar escapó. Luego de escaparse de la cárcel, se enfrentó a un enemigo formidable que incluía a una alianza tácita entre la policía colombiana, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), un grupo de letales paramilitares asesinos y su rival principal el Cartel de Cali. La presión lo forzó a salir de su escondite lo suficiente para ser asesinado por las autoridades en diciembre de 1993.

Incluso, luego de la muerte de Escobar, el narcotráfico continuó su ascenso. Los que se habían aliado para destruirlo tomaron las riendas de su cadena de producción y de sus redes de distribución. Los nuevos grupos criminales eran más sofisticados que los anteriores, camuflando sus intenciones en alianzas militares, uniformes de policía y retórica política. Con el arresto de los líderes del Cartel de Cali, un grupo de ex policías junto con algunos oficiales activos se convirtieron en el centro de uno de los carteles más poderosos de la historia, el Cartel del Norte del Valle.

En efecto, el final de los Carteles de Cali y Medellín significó el fin de la compra directa de pasta base de coca en Perú y Bolivia, e implicó el incremento de producción de coca en Colombia. Gran parte del cultivo se centró en las zonas rurales aisladas dominadas por los grupos guerrilleros y el cobro de impuesto al trafíco de drogas se convirtió en la fuente más importante de finanzas para los rebeldes, dandole incentivos a sus enemigos para apoderarse de sus territorios. Mientras los Carteles de Cali y Medellín operaban grandes estructuras con redes armadas sofisticadas, los nuevos grupos eran pequeños ejércitos que competían por el control de la producción. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) era el más grande de estos ejércitos. Un movimiento nacional de grupos paramilitares creado en 1997 para pelear en contra de las guerrillas, en su pico, las AUC contaban con unos 35.000 soldados a su disposición. Durante años, sí combatieron en contra de las cada vez menos populares guerrillas, quienes habían alcanzado el pico de los secuestros con niveles sin precedentes, pero siempre combinando las campañas políticas y militares con los intereses comerciales especialmente el tráfico de drogas. Algunos frentes guerrilleros de las FARC también se involucraron en mayor medida en la producción de cocaína, especialmente a través de Venezuela y Brasil, y luego a través de Ecuador. Sin embargo, mientras que los grupos colombianos eran militar y terriorialmente poderosos, su poder en el comercio transnacional de drogas era débil.  Durante este tiempo las organizaciones mexicanas como los Carteles del Golfo, Tijuana, Juárez y Sinaloa, se movieron en la cadena de suministro y aumentaron su participación directa en el tráfico de drogas negociando directamente con los proveedores del HCL, lo que produjó el traslado del equilibrio de poder de Colombia a México

En 2003, la cadena de suministro pasó por otra transformación. El Cartel del Norte del Valle comenzó una sangrienta guerra interna después de que una facción asesinara a uno de los principales líderes de la otra facción. La guerra coincidió con el inicio de un proceso de paz en el que los líderes de las AUC desmovilizaron sus ejércitos y se entregaron a las autoridades. Varios líderes de las AUC también fueron asesinados durante este proceso y muchos de los que se entregaron más tarde fueron extraditados a los Estados Unidos. El gobierno de Colombia también comenzó una ofensiva militar contra la guerrilla, desalojándolos de muchas de las zonas fuertes productoras de coca.

La desintegración de la Cartel del Norte del Valle y la desmovilización de las AUC marcó el comienzo de una nueva era en el crimen de Colombia dominada por los híbridos criminales y paramilitares que el gobierno apodó Bacrim (bandas criminales). Estos grupos se componen en gran parte de los paramilitares que se rearmaron o no se desmovilizaron y son dirigidos por ex comandantes de las AUC que ocuparon el vacío dejado por los principales líderes paramilitares. Originalmente había más de 30 Bacrim, pero el número se ha reducido a grupos más pequeños que han sido absorbidos por las redes más potentes o han sido desmantelados por las fuerzas de seguridad.

En la actualidad, Los Urabeños son la banda criminal más poderosa controlando una amplia gama de actividades delictivas en gran parte del país. Las FARC, por su parte, han estado involucradas en conversaciones de paz con el gobierno desde 2012 y es posible que se de su desmovilización en 2016. Esto podría implicar una reorganización importante en el hampa colombiana debido a la posibilidad de que algunos frentes de las FARC podrían seguir delinquiendo en lugar de reintegrarse a la sociedad y otras organizaciones probablemente luchen por el control de los intereses criminales desocupados por las FARC.

Grupos Criminales

Dos insurgencias, múltiples grupos de ex paramilitares y algunas organizaciones narcotraficantes pequeñas trabajan tanto en concierto como individualmente, y peleando entre ellas, para controlar los puntos de producción, bodegaje, almacenamiento, y embarcación de drogas ilícitas y otras formas de contrabando. Estos grupos incluyen a los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN, y grupos criminales como los Rastrojos, el ERPAC, los Paisas, la Oficina de Envigado, los Urabeños. También hay redes criminales más pequeñas y localizadas que van desde las bandas callejeras a paramilitares rearmados en todo el país, y estos a menudo trabajan en colaboración con las organizaciones más grandes.

Fuerzas de Seguridad

Las Fuerzas de Seguridad de Colombia -- divididas entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía-- tienen alrededor de 500,000 miembros. Cada rama cuenta con un departamento de inteligencia que trabaja de la mano con las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la Unión Europea compartiendo información y, en ocasiones, coordinando operaciones en contra de los grupos del crimen organizado.

Sistema Judicial  

El sistema de tribunales de Colombia está encabezado por cuatro órganos judiciales: el Tribunal Supremo, que tiene jurisdicción sobre derecho civil y penal; el Consejo de Estado, que se ocupa del derecho administrativo; la Corte Constitucional; y el Consejo Superior de la Judicatura, que sirve como un tribunal de apelación respecto a los conflictos de competencia entre tribunales. Durante la última década, Colombia se ha sometido a una revisión judicial masiva, ya que se trasladó del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, ayudado por el Programa de Reforma del Sector Justicia (JSRP) dirigido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, el sistema sigue obstaculizado debido a la ineficiencia y las altas tasas de impunidad —Colombia ocupa el tercer puesto en impunidad del mundo— según el Índice Global de Impunidad (CESIJ). Según el informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Colombia también ocupa el lugar 114 de 140 países en cuanto a  independencia judicial.

 Prisiones

A pesar de una serie de reformas e inversiones, incluida la ayuda financiera y logística de Estados Unidos, las prisiones de Colombia están superpobladas, desmoronadas, plagadas de corrupción y economías criminales. La tasa de ocupación se sitúa actualmente en el 153 por ciento de su capacidad, situación que se agrava por el hecho de que más de un tercio de los internos aún no han sido condenados dando lugar a terribles condiciones y a la falta de acceso a los servicios básicos. Dentro de las prisiones colombianas, las economías ilegales basadas en la extorsión y el contrabando prosperan, aunque las cárceles no están directamente a cargo de los grupos criminales como en otros países. El sistema penitenciario de Colombia está a cargo de un organismo independiente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que se ha visto plagado por escándalos y declarado no apto para el propósito.