Los 40 años de guerra civil en Guatemala sentaron las bases para muchas organizaciones criminales; entre ellas algunas que fueron fruto de los servicios de inteligencia estatal y militar. Estas organizaciones, conocidas como CIACS, que aún existen, se dedican a ayudar al narcotráfico, al contrabando, a las operaciones de adopciones ilegales y a la fabricación de pasaportes falsos. Cuentan en sus filas con varios exgenerales y exaltos oficiales de inteligencia, y usan sus conexiones con los servicios de seguridad privados en Guatemala; además, entienden a cabalidad cómo penetrar y corromper al gobierno, lo que los hace un socio útil y un potente actor en el hampa guatemalteco.
Historia
Los orígenes de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) se dan en el conflicto civil de Guatemala. Lo que comenzó como una lucha por la tierra y los derechos laborales en los años cincuenta se convirtió en una guerra civil a gran escala en los sesenta. Varios grupos guerrilleros surgieron (tanto urbanos como rurales), algunos de los cuales incluyeron exoficiales militares. En medio de la confusión, el ejército guatemalteco tomó el poder y lo mantuvo hasta mediados de los años ochenta. En el transcurso del conflicto se creó un aparato de inteligencia elaborado y sofisticado, cuya parte más importante era el Estado Mayor Presidencial (EMP), que llegó a ser encabezado por el actual presidente Otto Pérez Molina.
El EMP fue creado en los años setenta, con el pretexto de proteger al presidente y a su familia. Con el tiempo, se convirtió en un servicio de inteligencia que se centró en las actividades de las fuerzas de oposición y movimientos políticos, y eventualmente se convirtió en una fuerza represiva. El EMP, o lo que fue conocido como el “Archivo” por los temidos documentos que mantenían sobre los enemigos del estado, estuvo involucrado en numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Un documento de inteligencia militar obtenido de los archivos del gobierno de Guatemala menciona a 183 guatemaltecos que el EMP desapareció entre 1983 y 1985. Tribunales guatemaltecos también encontraron a un oficial del EMP responsable del asesinato en 1990 de la antropóloga guatemalteca Myrna Mack. El EMP fue el foco de la investigación por la muerte de un líder guerrillero que estaba casado con una ciudadana de Estados Unidos y el asesinato del Obispo Juan José Gerardi.
En lugar de abolir esta unidad al final de la guerra civil en 1996, el presidente Álvaro Arzú aumento su dependencia a ella, y le dio otra función: la lucha contra el secuestro. Más tarde ascendió al entonces director, el general Marco Tulio Espinosa, nombrándolo ministro de defensa.
El congreso abolió el EMP en 2003, y creó la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS). La SAAS recibió entrenamiento de Israel, España y Estados Unidos. Sin embargo, los críticos argumentaron que el gobierno aún no ha creado un filtro adecuado para investigar la unidad nueva o asegurarse de que no esté infestada por exoficiales corruptos del EMP.
Desde su creación, el acceso del EMP a la presidencia le daba la posibilidad de ejercer influencia directa sobre la dirección del gobierno. Algunos funcionarios y exfuncionarios de seguridad dicen que el EMP, y sus empleados, fueron el núcleo de los “poderes ocultos” que manejaron al estado guatemalteco durante años. Estos “poderes ocultos” incluían oficiales activos y exmilitares, agentes de las fuerzas especiales y altos funcionarios del gobierno. Muchos de ellos trabajaban en ramas de la inteligencia como el EMP, el G-2 o el D-2. En algunos casos, llevaban a cabo sus propias operaciones. En otros casos, ofrecían sus servicios, parte de los cuales incluían el acceso a inteligencia, armas, la experiencia de planificación y una garantía casi total de impunidad.
Estos “poderes ocultos”, terminaron siendo conocidos como CIACS. El más famoso de ellos fue la “Cofradía” o “La Hermandad”, en referencia a los grupos formados por los ancianos en las aldeas de las tierras mayas altas. Por su parte, la Cofradía militar comenzó como un grupo élite de oficiales de inteligencia que trabajó con grupos de inteligencia militar. Estos oficiales, a menudo los mejores y más brillantes de sus clases, formaron un “club”, según documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Con el tiempo la Cofradía también se convirtió en una empresa criminal organizada, donde muchos de estos mismos oficiales militares socavaban la autoridad de los gobiernos civiles usando los servicios de inteligencia y aprovechando su amplio conocimiento de las brechas en la seguridad pública para ganar dinero legítima e ilegítimamente. Las actividades delictivas de la Cofradía incluían el narcotráfico, el contrabando, la venta de pasaportes guatemaltecos, operaciones ilegales de adopción y muchas otras empresas ilegales. Adicionalmente, malversaban dinero del gobierno, vendían armas en el mercado negro e ingeniaban contratos lucrativos de obras públicas, todo por una cuota.
Otros grupos de CIACS han surgido desde entonces, y si bien cada uno mantiene lealtades diferentes, la mayoría tienen su origen en la Cofradía. El general retirado Francisco Ortega Menaldo creó su propio grupo, dijeron a InSight Crime funcionarios y exfuncionarios de inteligencia. El general Marco Tulio Espinosa, exjefe del EMP bajo Arzú, mantiene su alianza con el expresidente que ahora es alcalde de la Ciudad de Guatemala. Actualmente la red de inteligencia de Espinosa se extiende desde la oficina del alcalde, en lugar de la presidencia, pero con el control de la policía de tránsito de la ciudad, este grupo mantiene considerables herramientas para reunir y actuar sobre la inteligencia. En Guatemala existe una creencia generalizada de que cada administración presidencial ha sido controlada por un grupo particular de los CIACS.
Desde 2007, la Comisión Internacional de las Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha estado trabajando para desmantelar los CIACS, al tiempo que aboga por la reforma judicial. Trabajando con la Fiscalía General de Guatemala, la CICIG dio su mayor golpe a un CIACS con la detención en 2010 del expresidente Alfonso Portillo, muy cercano al general Ortega Menaldo.
Según la acusación presentada por Estados Unidos contra el expresidente, Ortega Menaldo orquestó al menos parte del saqueo de los recursos del Estado que llevó a la detención del expresidente y su ministro de Defensa. Estados Unidos le retiró la visa a Ortega en 2002 por sus presuntos vínculos con organizaciones narcotraficantes. También se cree que tienen vínculos con una organización que vende pasaportes guatemaltecos a extranjeros. Las autoridades guatemaltecas no han procesado a Ortega y él siempre ha negado haber actuado mal o mantener conexiones con estos “poderes ocultos”. Portillo y dos de los colaboradores más cercanos de Ortega estuvieron en la cárcel por malversación de fondos, el expresidente volvió a Guatemala en febrero de 2015 después de haber pasado un año y medio en una prisión en Estados Unidos.
Dado su tiempo en el EMP, no muchos esperaban que el presidente Pérez Molina renovara el mandato de la CICIG en su llegada al poder. Sin embargo, poco después de asumir la presidencia, Pérez declaró su interés en ampliar el mandato de la CICIG hasta septiembre de 2015, y en abril de ese año aprobó otra extensión de dos años para el organismo internacional.
Liderazgo
Los miembros de CIACS incluyen a militares activos y en retiro, miembros de las fuerzas especiales y altos oficiales del gobierno; muchos de ellos trabajan en ramas de inteligencia como en EMP, el G-2 o el D-2. La Cofradía o la Hermandad estaban conformadas por el cuerpo élite de los miembros de la inteligencia guatemalteca.
Geografía
Los CIACS operan en toda Guatemala.
Aliados y enemigos
Dado el estatus de sus miembros, los CIACS contaban con amplio apoyo del gobierno de Guatemala, con un gran acceso al presidente y a otros políticos.
Perspectivas
Con el caso Portillo y las investigaciones de la CICIG, limitar las actividades del crimen organizado de Guatemala a los CIACS es simplista y anacrónico. La mayoría de exmilitares que alguna vez dirigieron las organizaciones clandestinas están muertos, encarcelados o alejados de la vida pública, según varios analistas y personal de inteligencia consultados por InSight Crime. Su importancia, pese a que disminuyó a nivel operativo, continúa a nivel analítico. Los CIACS son causantes y responsables del débil estado en que la actual generación de grupos del crimen organizado los emplea para sus propios fines.