Las organizaciones criminales de Guatemala son las más sofisticadas y peligrosas de Centroamérica. Algunas de ellas han estado operando por décadas. En ellas participan antiguos miembros del ejército, agencias de inteligencia y miembros activos de la policía. La mayor parte de su actividad consiste en transportar drogas ilegales hacia el norte, pero el crimen organizado en Guatemala también está involucrado en el cultivo de marihuana y amapola, así como en el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero, el contrabando de armas, la redes de adopción ilegal, el ecotráfico, y otras actividades ilegales. Frecuentemente, trabajan con grupos de México, Colombia y otros países centroamericanos. Tienen el potencial de expandirse y comandar grupos criminales de los países centroamericanos.

Geografía

Guatemala tiene 400 km de costas, la mayor parte de ellas en el Océano Pacífico, de donde recibe y distribuye gran parte del contrabando que entra y sale del país. El interior montañoso, junto con las vastas y poco pobladas extensiones de selva en el norte, hacen del país un lugar ideal para el almacenamiento y el tránsito de drogas.

Historia

La agitada situación de Guatemala y sus graves problemas de violencia, crimen e impunidad tienen sus raíces en un Estado históricamente débil, así como en periodos prolongados de gobierno militar o injerencia de las fuerzas militares en la política, y en una profunda desigualdad económica, social y cultural. El país más grande de Centroamérica ha tenido durante mucho tiempo una de las distribuciones de recursos y capital más desiguales del mundo, concentrando la riqueza en las manos de una pequeña élite. Los indígenas, que representan el 40 por ciento de la población de Guatemala (según estadísticas de 2011), han sido sistemáticamente marginalizados desde la época colonial. Estos grupos indígenas han tenido dificultad para formar un movimiento político cohesionado, y han debido enfrentar años de represión por parte de las fuerzas militares y policiales de Guatemala.

Durante gran parte de la historia de Guatemala, las élites blancas han buscado mantener los patrones de control de los medios de producción económica, a expensas de la mayoría de la población; estos mismos intereses de la élite han tratado de mantener un Estado débil, en términos de su capacidad para ejercer control sobre sus riquezas. Si bien Guatemala ha tenido algunas instituciones fuertes, en particular la militar, nunca se ha establecido un gobierno central ni un Estado fuertes. El gobierno está permanentemente endeudado, en parte por sus dificultades para recaudar impuestos, y en parte por el desinterés de la élite económica por reformar los códigos fiscales y legales que rigen sobre sus intereses.

Durante el último cuarto de siglo, en Guatemala se ha dado un cambio y una modernización política e institucional, incluyendo el retorno a la democracia después de un largo periodo de régimen militar, y la promulgación de una nueva Constitución en 1985. Sin embargo, el patrón por medio del cual el gobierno sirve como herramienta para promover los intereses privados, en vez del bien público, ha sido difícil de romper. Las disputas más visibles en Guatemala se han centrado en las áreas rurales, en donde las luchas por la tierra y los conflictos laborales sentaron las bases para los movimientos políticos de resistencia y el conflicto armado interno, que empezó en 1960, cuando un pequeño grupo de jóvenes oficiales militares se rebelaron contra el gobierno militar, pero fueron repelidos. Al reconocer la corrupción del gobierno, los oficiales escaparon al campo y las montañas y comenzaron un movimiento insurgente.

La guerra civil que duró 36 años, y que siguió a la insurrección de 1960, llevó a la formación de varias organizaciones guerrilleras de izquierda. Pero estos grupos no obtuvieron una fuerza significativa. En su lugar, el ejército de Guatemala utilizó la sublevación de los rebeldes como un pretexto para extender su poder e influencia sobre el Estado corrupto e incompetente. Parte de la estrategia militar incluyó la creación de grupos de milicia civil. Conocidas como Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estos grupos fueron usados para controlar y reprimir las grandes poblaciones rurales que formaron el núcleo de los grupos de izquierda. La lucha dejó como resultado unas 200.000 personas muertas o desaparecidas, y más de un millón de guatemaltecos desplazados, la mayoría de ellos de poblaciones rurales indígenas. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), una comisión de la verdad de las Naciones Unidas que empezó a trabajar en 1997 después de la firma de los acuerdos finales de paz entre el gobierno y los insurgentes, descubrió que el gobierno y las PAC fueron los responsables de la gran mayoría de estas muertes, “desapariciones” y desplazamientos.

Durante toda la la guerra, las organizaciones criminales —como las bandas de trata de personas, los narcotraficantes y los contrabandistas— operaron en una relativa clandestinidad. La mayoría de ellas eran organizaciones familiares que emergieron cerca de los cruces fronterizos, en los puertos o en las despobladas selvas en el norte del país. Eran una preocupación secundaria y a menudo proporcionaron servicios a todas las partes en el conflicto, especialmente cuando los oficiales militares y las unidades de policía se involucraron más profundamente en el crimen organizado. Estos actores estatales empezaron en esquemas de corrupción menores, pero pronto incursionaron en el tráfico de drogas. A principios de la década de los ochenta había cientos, o quizá miles de pistas de aterrizaje clandestinas, la mayoría de ellas en la provincia norteña de Petén. Las fuerzas de seguridad del Estado a menudo facilitaban el transporte de bienes ilegales, que en su mayoría iban hacia el norte, hacia Estados Unidos. Los agentes del ejército y la policía también empezaron a controlar las grandes redes de tráfico de armas en la región. Estas redes suministraban armas a todos los grupos armados ilegales de la región, incluyendo los grupos guerrilleros de Guatemala y El Salvador.

El proceso de paz entre el gobierno y la coalición de grupos rebeldes, conocida como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), no resolvió ninguno de los temas centrales que dividían a esta nación. Los acuerdos estaban vinculados a un referendo constitucional, el cual no fue aprobado. La nueva fuerza de policía incluyó 11.000 miembros de la antigua policía. El ejército, que se redujo a 44.000 miembros y después a 31.000, fue convocado para ayudar a la policía con a obtener el imperio de la ley y el orden. Pero como tenía poco entrenamiento y una autoridad limitada, el ejército no pudo controlar la tasa de criminalidad, que estaba aumentando. Si a esto se suman las masivas repatriaciones de inmigrantes centroamericanos provenientes de Estados Unidos, incluyendo cientos de criminales y miembros de pandillas, tenemos entonces que Guatemala, así como sus vecinos, de repente se ha visto enfrentada a una crisis que quizá es peor que cualquier otro momento durante la guerra civil.

Aprovechándose de una población hambrienta y dividida, y de un Estado débil y corrupto, los principales grupos criminales que operan en Guatemala participan en un gran número de actividades ilícitas. La más perjudicial es el tráfico de drogas. Los grupos que controlan este comercio son popularmente conocidos como transportistas. Ellos son los remanentes de los contrabandistas que durante décadas han traficado los productos ilícitos a través de gran parte de los territorios de Guatemala donde hay ausencia de Estado. Entre éstos se encuentran las familias Mendoza, Lorenzana, Ortiz López y León, cada una de las cuales controla áreas estratégicas cerca de las fronteras y tienen fuertes contactos en las fuerzas de seguridad y con los círculos políticos. Pero también existe un puñado de grupos pequeños, y menos conocidos, que se han establecido en corredores estratégicos como las provincias de Alta Verapaz, Huehuetenango y San Marcos. Una serie de arrestos en los últimos años han debilitado a algunos de los grupos más prominentes del país, propiciando la aparición de nuevas redes, como la liderada por Jairo Orellana Morales, alias "El Pelón". Orellana, quien controlaba tres rutas de tráfico terrestres, fue arrestado en mayo de 2014, lo que generó dudas sobre quién podría llenar el vacío de poder que dejaba tras su captura.

Los transportistas trabajan para las grandes organizaciones de tráfico de drogas colombianas y mexicanas. Ante la presión en su propio país, los grupos mexicanos han establecido un punto de apoyo firme en Guatemala. Y dos grupos en particular, Los Zetas y el Cartel de Sinaloa, pueden estar desplazando a los locales poco a poco. La incursión de Los Zetas en Guatemala fue rápida y violenta.  En cierto momento habían establecido algún nivel de control sobre casi la totalidad de los puntos clave para el tráfico de drogas en el país y se habían infiltrado en los niveles más altos de las autoridades. Sin embargo, el poder de Los Zetas alcanzó su punto máximo en 2011, pero en 2012 una serie de golpes contra su organización en Guatemala y México lograron debilitarlos. El Cartel de Sinaloa, por su parte, que prefirió forjar alianzas en lugar de recurrir a las tácticas de extrema violencia de Los Zetas, permanece involucrado en operaciones ilícitas y tiene acceso a una amplia red de operadores criminales locales.

El poder de las organizaciones criminales de Guatemala se asemeja a la de un país con grupos insurgentes; se considera que varias provincias están bajo el control de organizaciones criminales. El gobierno de Estados Unidos estima que por Guatemala cruzan 400 toneladas de cocaína cada año.

Las organizaciones narcotraficantes son sólo una faceta del crimen organizado en Guatemala. El secuestro, la extorsión, el tráfico de armas, las redes de adopción ilegales y el ecotráfico (la tala, la pesca ilegal, el robo de objetos escasos, etc.) son comunes en esta nación centroamericana. Las razones para esto van más allá del fracaso de los acuerdos de paz o la incapacidad del gobierno para implementar una reforma fiscal. En el centro de la crisis se encuentra el fracaso de los líderes políticos y los oficiales de seguridad para establecer y dar continuidad a las reformas fundamentales del sistema legal, judicial y de seguridad, así como su incapacidad para destituir y procesar a oficiales militares, de seguridad y del gobierno.

Los altos niveles de crimen organizado en Guatemala se han dado también gracias a una fuerza policial permisiva y a menudo cómplice. Mal pagados, con bajo nivel de educación, y enfrentados con el dilema de participar en la corrupción o morir, muchos oficiales se inclinan por la primera opción. Los agentes de policía no son controlados por ninguna organización en particular —actúan autónomamente, en grupos  o a veces como empleados temporales de los traficantes. En algunos casos, los policías se han enfrentado entre ellos mismos, cuando han sido empleados por organizaciones rivales. Su función principal es facilitar el transporte de drogas, pero también se dedican a los robos —llamados “tumbes”— y a la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas y las redes de adopción en el mercado negro. A pesar de algunos arrestos importantes, la corrupción ha continuado.

Por otro lado, la tasa de homicidios del país, que era una de las más altas del mundo en 2008, con 48 asesinatos por cada 100.000 habitantes, disminuyó a 30 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el año 2015. El expresidente Otto Pérez atribuye esta disminución a una nueva fuerza élite especial de la policía, que se centra en los crímenes violentos.

Las autoridades dicen que el 45 por ciento de los homicidios están vinculados a actividades del narcotráfico, mientras que, según informes, más del 60 por ciento de los guatemaltecos poseen un arma de fuego. 

Grupos criminales

Guatemala tiene diversos grupos criminales, algunos de los cuales son muy sofisticados, mientras que los otros son rudimentarios. En ellos participan miembros activos y retirados de la fuerza pública, así como experimentados contrabandistas y traficantes de personas, y algunas organizaciones mexicanas y colombianas. Todos estos grupos trabajan de cerca con sectores del gobierno, que les facilitan sus negocios, pero ninguno está interesado en controlar o derrocar el aparato estatal, el cual les ha servido por su debilidad y por estar comprometido con sus intereses.

Dos de las principales pandillas callejeras del continente americano —las pandillas rivales Mara Salvatrucha y Barrio 18— tienen una influencia especialmente fuerte en Guatemala y sus vecinos del Triángulo del Norte: Honduras y El Salvador.

Los elementos criminales del ejército de Guatemala y de su aparato de inteligencia se denominan Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Los CIACS se originaron en unidades de inteligencia y en centros de estudios del gobierno. Su influencia tras bambalinas en el gobierno ha llevado a que algunos los consideren como los "poderes ocultos" que secretamente dirigen el país. Estos hombres alcanzaron el auge de su poder entre 1997 y 2005, momento desde el cual se han fragmentado en diversos grupos más pequeños. Siguen siendo actores poderosos en el hampa y mantienen estrechos vínculos con los partidos políticos. El expresidente de Guatemala, el exgeneral Otto Pérez Molina, fue miembro de los CIACS

Fuerzas de seguridad

Guatemala tiene 15.500 agentes de seguridad activos y 35.000 agentes de la Policía Nacional Civil.  El aparato de inteligencia está todavía en transición, después de una historia turbulenta en la cual muchos de sus miembros fueron parte de un Estado represivo y muchos otros fueron acusados de violaciones de los derechos humanos y del asesinato de civiles, mientras que muchos otros hicieron parte de grupos del crimen organizado. Cuando los servicios de inteligencia fueron desmantelados, muchos de sus antiguos miembros pasaron a trabajar con las bandas de crimen organizado o formaron sus propias organizaciones criminales.

El ejército del país se ha reducido notablemente desde el final de la guerra civil en 1996.  Guatemala invirtió 0,4 por ciento de su PIB en “gasto militar” en el año 2014. 

Sistema Judicial

El Organismo Judicial de Guatemala (OJ) es técnicamente una entidad independiente, y su más alta institución judicial es la Corte Suprema. Consta además de otros juzgados y tribunales menores.

El Ministerio Público (MP), también conocido como la Fiscalía General, es un organismo autónomo cuya función es promover la justicia penal, realizar investigaciones y asegurar que se respeten las leyes nacionales.

El sistema de justicia penal de Guatemala ha adolecido de debilidad institucional, falta de recursos y altas tasas de impunidad y corrupción. El nombramiento de Claudia Paz y Paz como fiscal general en 2010 ayudó a reducir la impunidad en el país en gran medida y a que criminales que antes eran "intocables" fueran llevados ante la justicia. Sin embargo, ella se ganó poderosos enemigos de las élites y los círculos del crimen organizado del país, y su mandato fue extrañamente suspendido en el 2014.

Desde su creación en 2007, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas, también ha dado pasos importantes en la lucha contra la corrupción en el país. En el año 2015, una investigación liderada por la CICIG sobre una red de fraude aduanero denominada "La Línea" condujo a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta. Sin embargo, el organismo todavía tiene que hacer avances significativos en el fortalecimiento de sistema judicial del país en el largo plazo.

En el período 2014-2015, el Foro Económico Mundial ubicó a Guatemala en el puesto 105 entre 144 países, en cuanto a su independencia judicial. 

Prisiones

Las cárceles de Guatemala están sobrepobladas y son el hogar de violentas pandillas, así como el sitio de frecuentes masacres tanto de internos como del personal.

En 2016 había 19.974 personas en las cárceles de Guatemala, a pesar de que la máxima capacidad del sistema es de 6.809 internos. Los hombres representan la mayoría de la población carcelaria, con 18.138 internos, mientras que hay 1.836 mujeres.

Además del hacinamiento, la violencia es causada por situaciones de inconformismo y rebeliones, dado que la deficiente infraestructura del sistema es incapaz de satisfacer las demandas de los reclusos para mejorar sus condiciones de vida.

Se sabe que los internos dirigen grupos de extorsión, redes de mercado negro y ventas de drogas desde las cárceles. Según la policía, en 2014 el 90 por ciento de las extorsiones en Guatemala fueron organizadas desde las cárceles.

Los pandilleros de las cárceles guatemaltecas son conocidos como "cholos", mientras que a los delincuentes comunes se les llama "paisas". Los grupos de maras (MS13 y Barrio 18) intentan controlar las cárceles, lo que a veces conduce a enfrentamientos con los cholos.  Estas pandillas también utilizan el sistema penitenciario para organizarse, capacitar a los miembros y dirigir sus redes. Se sabe que los líderes de los dos principales grupos de maras operan desde las cárceles guatemaltecas.

Los guardias y empleados corruptos de las cárceles son cómplices de los comportamientos abusivos, conformando mafias junto con los reclusos, que son quienes en efecto controlan las penitenciarías.  Altos funcionarios de las prisiones han sido implicados en redes de soborno y tráfico de influencias.