Uno de los países más pobres y violentos de Latinoamérica, agobiado por la criminalidad en la región. Esto se debe, en parte, a su papel como país de tránsito, de importancia estratégica para el comercio transnacional de drogas, así como a los cambios macroeconómicos, la pobreza endémica, la corrupción y la inestabilidad política. Las estimaciones varían, pero se cree que cada año pasan por el país de 140 a 300 toneladas de cocaína.

En los últimos años, grupos criminales transnacionales, en particular los carteles mexicanos, han ampliado su presencia en Honduras. El golpe de Estado de 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya y provocó la indignación internacional también exacerbó la inestabilidad en el país. Los grupos narcotraficantes colombianos cambiaron sus rutas hacia Honduras pocos días después del golpe de Estado y convirtieron el país en el principal punto de transferencia de la cocaína para los carteles mexicanos.

Sin embargo, una serie de poderosos grupos locales, conectados con las élites políticas y económicas, son quienes manejan la mayor parte de las actividades del hampa en el país. Ellos han penetrado profundamente la policía hondureña, una de las fuerzas policiales más corruptas y que más desconfianza despiertan en Latinoamérica.

Un grupo grande y cada vez más sofisticado de pandillas callejeras también azotan a este país. Los ciudadanos y las empresas se enfrentan a la amenaza de la extorsión y el secuestro, y la capacidad investigativa de Honduras es muy débil.

El gobierno de Honduras  ha recurrido cada vez más al ejército para hacer cumplir la ley, lo que es motivo de preocupación para muchos grupos de derechos humanos. El sistema judicial está afectado por la interferencia política, la corrupción y la falta de capacidad y transparencia. 

Geografía

Honduras tiene un vasto territorio, en gran parte despoblado, acceso a dos océanos y tres fronteras que serían difíciles de controlar para cualquier gobierno. El país es sólo un poco más grande que el estado de Tennessee, pero tiene una estructura militar y policial pequeña, vieja y anticuada. Grandes extensiones de la costa, sobre todo la zona del noreste, cerca de la frontera con Nicaragua, son puntos de aterrizaje clave para las organizaciones de tráfico de drogas. Una región grande, y poco utilizada, duramente golpeada por la pesca excesiva y otros cambios en la situación económica, proporcionan una fuerza de trabajo dispuesta. Los grandes y escasamente poblados territorios del este también proporcionan zonas de aterrizaje y de tránsito para los traficantes de drogas. Las pandillas se concentran en las áreas urbanas más grandes, mientras que las fronteras poco controladas con Guatemala son los puntos de paso más importantes del país para productos ilícitos.

Historia

Honduras nunca ha sido un país particularmente estable, y en las últimas décadas, la guerra y los grandes cambios macroeconómicos lo han hecho vulnerable al crimen organizado. La proximidad del país con otros países en guerra de Centroamérica lo convirtieron desde hace mucho tiempo en un lugar óptimo para el tránsito de armas ilegales, drogas y contrabando. La decisión del gobierno de participar en los acuerdos regionales de libre comercio también han desplazados a numerosos motores económicos tradicionales, en un momento en el que los grandes narcotraficantes estaban cambiando las rutas de tráfico.

 El primer narcotraficante de renombre internacional del país fue un hombre llamado Juan Ramón Matta Ballesteros (en la foto abajo). Los inicios de Matta se remontan a la década de los setenta cuando, después de escapar de la cárcel en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, se fue a México. Allí, Matta se puso en contacto con el que sería el Cartel de Guadalajara, un grupo de transportistas mexicanos, con poca cohesión interna, que movían droga mexicana a Estados Unidos, y comenzaba a conectarse con los colombianos interesados en transportar cocaína hacia el mercado de drogas más grande del mundo.

Matta consolidó su dominio en el mundo criminal de Honduras con el asesinato de Mario y Meri Ferrari, en 1977. Posteriormente, abrió lo que puede describirse como el puente hondureño, estableciendo un vínculo entre los que se convertirían en el Cartel de Medellín y el Cartel de Guadalajara. Su poder al interior de Honduras llegó hasta los niveles más altos; hay rumores de que financió el golpe militar en 1978.

Las conexiones de Matta con el ejército se mantuvieron intactas, incluso después de que los militares entregaran el poder al gobierno elegido democráticamente en 1981. Continuó expandiendo sus operaciones, moviéndose entre Honduras, México y Colombia. Después de que el Cartel de Guadalajara torturara y asesinara al agente de la DEA Enrique Camarena, en 1985, Matta se convirtió en uno de los hombres más buscados de la región. Fue capturado en Colombia el año siguiente, pero logró comprar su salida de la cárcel.

Matta luego regresó a Honduras, donde sobornó al gobierno y quedó a salvo de la persecución hasta 1988, cuando mariscales de Estados Unidos llegaron a su casa, lo tomaron preso y se lo llevaron de vuelta a Estados Unidos para ser juzgado por la muerte de Camarena. Los hondureños estaban furiosos y quemaron el consulado de Estados Unidos. Matta fue luego condenado por secuestro y actualmente cumple su condena en una prisión federal de Estados Unidos.

A lo largo de la década de los ochenta, Honduras fue utilizado como un trampolín para el movimiento de todo tipo de mercancías ilícitas, desde drogas hasta armas y contrabando. El gobierno de Estados Unidos, más preocupado por luchar contra lo que consideraba una creciente amenaza comunista en la región, incluso contrató a la flota aérea de Matta para brindarle ayuda y armas a los Contras, quienes luchaban contra el gobierno Sandinista en Nicaragua, en ese momento. Incluso después de que los conflictos armados terminaran, las rutas de contrabando siguieron siendo predominantes.

A principios de la primera década del siglo XXI, el país experimentó un nuevo aumento en el tráfico de drogas y la actividad ilícita. Cuando las organizaciones de tráfico de drogas en México se convirtieron en los principales operadores y ganaron un mayor control sobre la cadena de distribución, la importancia de Centroamérica creció. Surgieron los grupos locales de transportistas, de los cuales los más importantes son los Cachiros, en el departamento (provincia) de Colón, al noreste del país, y los Valle, en el departamento de Copán. Estas organizaciones trabajan con otros hondureños, como José Natividad "Chepe" Luna y José Miguel "Chepe" Handal, así como con traficantes internacionales, como el Cartel de Sinaloa.

En los últimos años, la tasa de homicidios de Honduras se ha disparado, en parte, debido al aumento de esta actividad criminal. En 2011, Honduras registró 7.104 asesinatos, lo que puso la tasa de homicidios en 91,6 por cada 100.000 habitantes, y la convirtió en una de las más altas del mundo, según las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). San Pedro Sula, una ciudad en la parte noroeste del país, también ha superado a Ciudad Juárez de México como la ciudad más violenta del mundo. Para los hombres jóvenes entre las edades de 20 y 34 años, la tasa de homicidios en Honduras supera los 300 por cada 100.000.

Sin embargo, es la desigualdad económica y la falta de oportunidades para los jóvenes lo que ha contribuido a la propagación de las pandillas callejeras, que son los principales motores de la violencia. Al igual que Guatemala y El Salvador, Honduras es el hogar de miles de pandilleros, principalmente afiliados a Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha (MS13). Estas pandillas más activas en la capital Tegucigalpa, pero presentes en todo el país, a menudo ejercen influencia sobre barrios enteros, imponiendo su propia ley, exigiendo el pago de extorsiones a empresas y residentes, y manejando redes locales de tráfico de drogas y secuestro.

La ONUDD estimó que en 2010 había 36.000 pandilleros en Honduras. Desde 2003, Honduras ha seguido una estrategia de “mano dura" contra las pandillas, dictando duros castigos a presuntos miembros de pandillas basándose sólo en su apariencia (por ejemplo, por tener tatuajes asociados a las pandillas). Estas políticas, que no abordan las causas de enrolamiento en las pandillas ni rehabilitan a los pandilleros han conducido a un aumento de la población carcelaria y han recargado el ya agobiado sistema penal de Honduras.

Otro factor que contribuye al aumento de la violencia y la criminalidad es la inestabilidad política del país. En respuesta a su decisión de convocar a un referéndum para decidir el establecimiento de una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Constitución, el expresidente Manuel Zelaya fue detenido por las fuerzas armadas el 28 de junio de 2009 y exiliado a Costa Rica. Los grupos criminales se aprovecharon de la crisis provocada por el golpe de Estado, el cual desplazó la atención de las fuerzas de seguridad del Estado lejos de la criminalidad y hacia el mantenimiento de la estabilidad política. Este desarrollo llevó el ministro de Defensa, Marlon Pascua, a etiquetar el país como un "almacén de drogas". En septiembre de 2010, Estados Unidos designó por primera vez a Honduras como país importante de tránsito de drogas. En particular, han aumentado los vuelos con drogas que llegan desde Venezuela a Honduras; el Departamento de Estado de Estados Unidos estima que hasta un 87 por ciento de todos los vuelos con drogas, que van hacia Estados Unidos desde Suramérica, pasan por el país.

En mayo de 2014, Carlos “El Negro” Lobo se convirtió en el primer narcotraficante hondureño extraditado a Estados Unidos.

Más del 80 por ciento de los homicidios en Honduras se cometen con armas de fuego. En 2014, se estimó que existen alrededor de 1 millón de armas ilegales en el país, superando el número de armamento legalmente registrado. Miles de armas han desaparecido de almacenes del gobierno, lo cual crea la preocupación de que éstas hayan terminado en el mercado negro. Además, las laxas leyes de armas han convertido al país a una fuente para los traficantes.

Fuerzas de seguridad

La Policía Nacional de Honduras está subordinada al Ministerio de Seguridad. En 2016 la policía tenía menos de 14.000 agentes y existen planes para casi duplicar este número a aproximadamente 26.000 miembros para 2022. Dentro de la Policía Nacional hay tres divisiones principales: la Policía Nacional Preventiva, que opera en las ciudades de Honduras para prevenir la delincuencia y garantizar la seguridad pública; la Policía Municipal, cuyas fuerzas son coordinados a nivel central, pero son organizadas por las autoridades locales; y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), que está vinculada a la Procuraduría General y se encarga de las investigaciones sobre los procedimientos penales.

La fuerza policial de Honduras es una de las más corruptas de la región. Además de exigir sobornos, pasar información a los grupos criminales y permitir el paso sin control de cargamentos de drogas, al parecer algunos policías hondureños han participado e incluso dirigido, operaciones criminales violentas.

Desde 2011, el país se ha involucrado en un proceso de reforma policial, dirigido a erradicar los elementos corruptos, aplicando pruebas de confianza como polígrafos y pruebas de drogas, aunque para enero de 2014 este proceso ha arrojado pocos resultados concretos. Sin embargo, a principios de 2016, el gobierno creó una comisión de depuración policial, luego de que surgieran revelaciones de que membros de alto rango de la policía habían participado en 2009 en el asesinato del zar antidrogas. La comisión ha revisado a cientos de oficiales de alto rango y varios han abandonado la institución.

Según una encuesta de 2016, el 59 por ciento de los hondureños no confía en la Policía Nacional, mientras que las Fuerzas Armadas tienen un índice de desaprobación de 43 por ciento.

El gobierno ha recurrido cada vez más al ejército para labores policiales. En noviembre de 2011, el gobierno expidió un decreto de emergencia, que se ha renovado desde entonces, otorgando al ejército facultades de policía, y en 2013 el Congreso aprobó un proyecto de ley para crear una nueva unidad élite de policía militar para combatir el crimen organizado. Bajo el presidente Juan Orlando Hernández, elegido en 2014, se han desplegado 2.000 agentes de policía militar en las dos ciudades más grandes de Honduras, y se espera que el pie de fuerza llegue a 5.000 efectivos.

El ejército de Honduras, el cual está subordinado a la Secretaría de Defensa Nacional, tiene 12.000 miembros activos, la mayoría de ellos concentrados en las fuerzas terrestres. Bajo la Constitución de Honduras, el ejército puede cooperar con instituciones de seguridad públicas, a instancia del Ministerio de Seguridad, para combatir al narcotráfico, al tráfico de armas y al terrorismo. En 2015, el país gastó en su ejército alrededor del 1,6 por ciento de su producto interno bruto –un total de US$325 millones.

El ejército es una poderosa fuerza política y económica dentro de Honduras. Muchos defensores de los Derechos Humanos han cuestionado el creciente poder del ejército hondureño y la intensificación de su participación en la seguridad pública. En julio de 2012, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) presentó una demanda ante la Suprema Corte contra el uso del ejército en funciones policiales, por parte del gobierno. El grupo de Derechos Humanos ha argumentado que la decisión de otorgar poderes policiales al ejército viola la separación entre los papeles del ejército y la policía, protegida en la Constitución.

Sistema judicial 

Honduras tiene un sistema de leyes cívico. Constitucionalmente, el poder judicial de Honduras es independiente, aunque en la práctica está sujeto a la presión de la rama ejecutiva y del Congreso. El más alto tribunal es la Suprema Corte de Justicia, que cuenta con 15 jueces elegidos por un periodo de siete años, por parte del Congreso Nacional. No hay Corte Constitucional, con la Corte Suprema albergando en su lugar una sala constitucional. La Suprema Corte tiene jurisdicción de apelación final.

Aparte de la Suprema Corte, la rama judicial comprende el Tribunal de Apelaciones y otros tribunales inferiores y especializados.

El Ministerio Público (MP) es un organismo independiente encargado de procesar los crímenes, defendiendo los intereses de la sociedad hondureña, y garantizando que las leyes y la Constitución sean debidamente protegidas y respetadas. La Fiscalía se encuentra bajo este ministerio. En 2010, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) fue creada para que el poder ejecutivo respondiera en temas de justicia y Derechos Humanos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) es el organismo autónomo encargado promover y proteger los derechos humanos en Honduras.

Prisiones

El sobrecargado sistema penitenciario de Honduras, organizado por la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos (DNSEP), alberga 17.000 reclusos, mucho más allá de su capacidad de 8.130 personas. La DNSEP se encuentra adscrita a la Secretaría de Seguridad y está dirigida por la Policía Nacional de Honduras. Los sospechosos a menudo deben enfrentar un largo periodo de detención preventiva, abusos y la negación de un debido proceso. Ha habido múltiples incidentes de disturbios y asesinatos en las prisiones repletas y poco financiadas del país. Un incendio en febrero de 2012, que mató a más de 350 presos en una cárcel, resalta el problema del hacinamiento. Peor aún, la mitad de los presos muertos al parecer no habían sido condenados por ningún delito.