Conocido como "la Suiza de Latinoamérica", Uruguay tiene una de las tasas de criminalidad más bajas y las instituciones estatales más estables de la región. Al mismo tiempo, sin embargo, el históricamente pacífico país está experimentando un aumento continuado en el crimen y la inseguridad, gran parte de lo cual está vinculado con el narcotráfico y la actividad de pandillas en pequeña escala.

Geografía

Uruguay es el segundo país más pequeño de Latinoamérica, después de Surinam. Al occidente, está separado de Argentina por el río de la Plata, y, más al norte, por el río Uruguay. Hacia el noreste, el país comparte con Brasil una frontera terrestre de 1.068 kilómetros de largo. Al sur, Uruguay tiene una larga costa sobre el Atlántico Sur.

Las autoridades dicen que la mayoría de las incautaciones de drogas se producen en los tres puentes que cruzan el río Uruguay, pero dada la porosidad de la frontera con Brasil, es probable que también se dé un importante comercio transfronterizo ilícito allí. La ciudad capital de Montevideo es el principal puerto de Uruguay, y un importante centro de transporte marítimo internacional. Este es el puerto que las redes transnacionales de drogas están utilizando cada vez más como puente para el mercado europeo de la cocaína.

Historia

Según funcionarios de drogas, uno de los principales factores que contribuyen al aumento de la inseguridad fue la entrada de un derivado de la cocaína procesada conocida como "pasta base", a principios del siglo XXI. La droga, altamente adictiva, era desconocida en el país en la década de 1990, pero a principios del siglo XXI, la pasta base se volvió cada vez más popular entre los uruguayos de bajos ingresos.

La llegada de la pasta base a Uruguay coincidió directamente con el aumento de la regulación de los precursores químicos en Colombia y Perú en la primera década del siglo XXI. Esta medida obligó a los traficantes de drogas en estos países a buscar nuevas formas de vender su producto sin tenerlo que procesar en cocaína, y la pasta base proporcionó la solución perfecta. Esto también ocurrió casi al mismo tiempo que la crisis económica de 2002 en Uruguay, disparando el desempleo, y proporcionando un mercado más amplio para la droga barata.

En diciembre de 2013, Uruguay llamó la atención de la comunidad internacional al convertirse en el primer país en legalizar la producción y el uso de la marihuana. La ley se encuentra en una fase complicada de implementación, pero en octubre de 2015, el gobierno anunció que había escogido dos empresas para vender marihuana reglamentada en farmacias. La venta comercial de la droga está programada para comenzar a mediados de 2016.

Esta ley pone a Uruguay a la vanguardia del debate sobre política de drogas. Todos los ojos están puestos en este país que intenta vigilar y controlar las tasas de consumo de marihuana y mantener control sobre la actividad criminal organizada.

Será difícil. Según las autoridades uruguayas, más del 90 por ciento de la marihuana que se consume en el país viene de Paraguay, principalmente por su bajo costo. Con el fin de debilitar este mercado ilegal, los productores de Uruguay tendrán que vencer los precios ilegales y crear un producto de mayor calidad que sea de fácil acceso en todo el país. 

Grupos criminales

El crimen organizado no es un problema importante en Uruguay. Hay pequeñas bandas criminales en las ciudades de todo el país, pero éstas no son como las poderosas pandillas callejeras en el resto de Latinoamérica, como Honduras o El Salvador. Ellas se limitan principalmente a pequeños robos y microtráfico, sin que haya algún grupo que ejerza dominio a escala nacional.

Los actores en el hampa de Uruguay no son bien conocidos, y no hay grupos criminales en el país que sean reconocidos en el mundo. Quizás su más alto perfil criminal sea Luis Alberto Suárez Correa, alias "El Betito". Arrestado en 2006 por liderar una pandilla callejera bajo el nombre de "Los Profesionales", Betito ha ampliado su organización en la cárcel. En diciembre de 2012, el juez contra el crimen organizado Néstor Valetti Rodríguez lo describió como "el criminal más peligroso" de Uruguay. Las autoridades dicen que la red de Betito cuenta con unos 50 seguidores, y se cree que maneja una organización de microtráfico en los barrios del occidente de Montevideo.

El crimen transnacional también está presente en cierto grado en Uruguay. Fuentes policiales dijeron a InSight Crime que grupos criminales peruanos y colombianos están activos allí. Para estas organizaciones, Uruguay sirve como país de tránsito para la cocaína. También es un lugar atractivo para lavar las ganancias ilícitas, en gran parte debido a su economía altamente dolarizada. 

Fuerzas de Seguridad

Se dice que Uruguay tiene la tasa per cápita más alta de agentes de policía de cualquier país de América Latina, con 809 policías por cada 100.000 habitantes. Según estadísticas oficiales, Uruguay cuenta con cerca de 30.000 policías activos. 

Las fuerzas armadas de Uruguay están compuestas por tres ramas: el ejército, la marina y la fuerza aérea. Hay más de 24.000 militares activos.

Uruguay tiene unas de las instituciones más fuertes y confiables de Latinoamérica, pero ocasionalmente se presentan casos de corrupción en las fuerzas de seguridad. En agosto de 2015, las autoridades detuvieron a tres agentes de policía por el presunto tráfica de 300 armas de fuego a través de la frontera con Brasil.

Sistema Judicial

El sistema judicial de Uruguay está compuesto por la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, Juzgados de Distrito, Juzgados de Paz y Juzgados rurales.  No hay Corte Constitucional, como lo hay en otros países de América Latina. Los asuntos de carácter constitucional son competencia de la Corte Suprema.

La corrupción judicial no es considerada un problema importante en Uruguay. De hecho, Uruguay ocupó los primeros puestos en el escalafón de independencia judicial entre países latinoamericanos según el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2015-2016

Prisiones

Al igual que en otros países latinoamericanos, el sistema penitenciario de Uruguay sufre de hacinamiento crónico.

Una visita al país en 2011 del Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad encontró "graves deficiencias" en el sistema penitenciario de Uruguay, alimentadas por el hacinamiento y el uso de la prisión preventiva. Según los datos de 2015 realizadas por el Centro Internacional de Estudios Carcelarios (International Centre for Prison Studies), las cárceles de Uruguay están operando al 108% por ciento de su capacidad proyectada. Con cerca de 10.000 reclusos, Uruguay tiene una tasa de población carcelaria de 291 por cada 100.000 habitantes.

Pese a su legislación progresista sobre la marihuana, las autoridades siguen dando cárcel por delitos leves relacionados con drogas; estas personas tienen pocas oportunidades de rehabilitación en la cárcel. Durante los primeros nueve meses de 2015, se arrestó a más de 1.000 sospechosos de delitos menores relacionados con drogas. Ese mismo año, un alto funcionario uruguayo advirtió que la tasa de recaída para microtraficantes es de 100 por ciento.

Mientras que los convictos extranjeros representan una pequeña fracción del total de reclusos, el sistema penitenciario del país alberga a traficantes colombianos, paraguayos y peruanos, así como a miembros de pandillas de las prisiones brasileñas, como el Primer Comando Capital (PCC). Las autoridades han expresado su temor de que estos grupos brasileños puedan ampliar su influencia en Uruguay, pero hasta la fecha no ha habido prueba de ello.