El Cartel de los Soles es el término usado para describir los oscuros grupos dentro del ejército de Venezuela implicados en una amplia gama de actividades criminales, incluyendo el contrabando de gasolina, la minería ilegal y otros esquemas de corrupción, entre los que se destaca el narcotráfico.
No es un grupo jerárquico, sino más bien una red suelta de células dentro de las ramas castrenses principales: el ejército, la marina, la fuerza aérea y la Guardia Nacional, de los rangos más bajos a los más altos, que funcionan básicamente como organizaciones narcotraficantes.
No es claro cómo funciona la relación entre dichas células, o si existe interacción de alguna naturaleza entre ellas.
Historia
En los noventa, se conocieron señalamientos de que soldados de la Guardia Nacional Bolivariana colaboraban con narcos, principalmente aceptando pagos para dejar pasar a los traficantes con sus mercancías.
Se dice que el término “Cartel de los Soles” se usó por primera vez en 1993 cuando dos generales de la Guardia Nacional, el jefe de la unidad antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico y otros delitos conexos. En su calidad de comandantes de brigada, cada uno usaba un sol como insignia en sus charreteras, lo que dio origen al nombre de “Cartel del Sol”. Más adelante, cuando se conocieron denuncias de la participación en narcotráfico de los comandantes de división —quienes tenían soles dobles por su rango—, el término se modificó para pasar a llamarse el “Cartel de los Soles”.
A mediados de los años 2000, varios elementos de la Guardia Nacional y otras ramas del ejército asumieron roles mucho más activos en el tráfico de narcóticos. Varias células de las fuerzas de seguridad comenzaron a comprar, almacenar, trasegar y distribuir cocaína directamente, dejando atrás su función básica, que había sido la extorsión a narcos en el trasiego de cargamentos de cocaína. Una teoría de lo que pudo haber motivado este paso es que los narcos colombianos comenzaron a pagar a los militares con drogas en lugar de efectivo, lo que forzó a los venezolanos a buscar mercados propios.
Tres desarrollos importantes contribuyeron al surgimiento del crimen organizado en Venezuela en ese momento. En primer lugar, Colombia firmó el programa de seguridad Plan Colombia con Estados Unidos, por varios miles de millones de dólares, lo que permitió a las fuerzas de seguridad colombianas aumentar la presión de manera inédita sobre grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La presión militar llevó a la guerrilla a pasar más de sus operaciones a los estados fronterizos venezolanos, con poca vigilancia policial.
Luego en 2002 hubo dos hechos claves, uno seguido del otro. El primero fue la interrupción del proceso de paz entre las FARC y el gobierno del entonces presidente colombiano Andrés Pastrana, lo que implicó que los insurgentes perdieron la gran extensión de territorio seguro al sur de Colombia y se vieron en la necesidad de buscar otro refugio. El segundo fue la tentativa de golpe de estado que llevó al derrocamiento temporal del presidente Hugo Chávez. Esto llevó a Chávez a concentrar mucha energía en la identificación y penalización de quienes apoyaron el golpe, a la par que libraba otras intensas batallas políticas, como el paro petrolero de 2002-2003.
Los efectos del golpe llevaron a la administración Chávez a limitar su círculo de seguidores de confianza. También supuso que muchos cargos de influencia en el gobierno u oportunidades de contratación lucrativas se entregaran a fieles al ejército. El gobierno adoptó el estilo de un régimen pretoriano, oficiales del ejército activos o retirados asumían cargos en varias instituciones del estado.
Chávez también creó zonas militares de operaciones a lo largo de la frontera oeste, aduciendo temores de una invasión estadounidense desde Colombia. Varios elementos del ejército, así como de la Guardia Nacional, fueron corrompidos por el narcotráfico.
El término “Cartel de los Soles” volvió a ser objeto de la atención pública en 2004 gracias al periodista y concejal municipal Mauro Marcano. Antes de su asesinato ese mismo año, Marcano acusó al comandante de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana y director de inteligencia Alexis Maneiro, junto con otros miembros de la Guardia Nacional, de tener nexos con narcos. El caso Marcano sugería que había más corrupción sistématica en la Guardia Nacional, pero el gobierno solo hizo un tibio esfuerzo por investigar la denuncia. No se abrió ninguna investigación contra Maneiro, y fue transferido a un cargo menos notorio.
Por esa época, hubo otras señales de que el narcotráfico crecía en Venezuela. En 2004, la Oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional de Control de Drogas estimó que por el país pasaron alrededor de 50 toneladas de cocaína. Para 2007, ese número se estimaba en unas 250 toneladas, según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno estadounidense (US Government Accountability Office).
En forma simultánea, la participación de militares en el favorecimiento del trasiego de cocaína fue objeto de mayor escrutinio. En agosto de 2004, varios miembros de la Guardia Nacional incriminaron a tres pasajeros de una aerolínea (incluido un ciudadano estadounidense) por tráfico de drogas pasando por el aeropuerto internacional de Caracas. Otros oficiales de la Guardia Nacional también fueron arrestados en un caso aparte luego de ser sorprendidos cargando cocaína a un avión privado en el aeropuerto de Maiquetía (hoy Aeropuerto Internacional Simón Bolívar). Esos hechos pusieron sacaron a relucir el rol del ejército en el tráfico de narcóticos, y la tendencia a decomisar cargamentos de drogas cuando no hubieran recibido las coimas solicitadas.
En 2005, las acusaciones de espionaje contra la DEA (la Administración para el Control de Narcóticos de Estados Unidos) por parte del entonces presidente Chávez también contribuyeron a reforzar las redes del crimen organizado en el país. Los señalamientos pusieron freno a los proyectos antinarcóticos respaldados por Estados Unidos, incluida una iniciativa que habría modernizado la tecnología de inspección en Puerto Cabello, uno de los puntos de salida más importantes del país para los cargamentos de drogas.
En 2008, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense señaló al exjefe de inteligencia Hugo Armando Carvajal Barrios por “asistencia material a las actividades de tráfico de narcóticos de los insurgentes de las FARC de Colombia. Carvajal posteriormente fue aprehendido por las fuerzas de seguridad en Aruba a pedido de las autoridades estadounidenses, pero fue liberado rápidamente luego de la mediación del gobierno holandés.
Otros hechos, como el caso de la “narcoavioneta” en 2011, también alimentaron la idea de cierta complicidad con el crimen organizado en las más altas esferas del gobierno y el ejército. En agosto de 2011, se descubrió que una avioneta capturada en el estado de Falcón, norte del país, con cerca de 1.400 kilos de cocaína había despegado de la base militar La Carlota, de Caracas. Voceros del ejército, la fuerza aérea y el gobierno dieron diferentes explicaciones sobre lo sucedido.
Otro caso que inició en septiembre de 2013, esta vez con una aerolínea comercial, llevó al arresto de 28 personas, entre ellas un teniente coronel y otros miembros de la Guardia Nacional. El 10 de septiembre, un avión de Air France aterrizó en París con 1,3 toneladas de cocaína empacadas en 31 maletas a bordo. El avión había salido del aeropuerto de Maiquetía en Caracas, que está bajo estricto control de la Guardia Nacional. Aunque se hicieron una serie de capturas en las filas de la Guardia Nacional en conexión con el caso, todas ellas fueron de oficiales de bajo rango.
A esto siguieron aún más escándalos en 2015. Leamsy Salazar, exjefe de seguridad presidencial de Chávez, acusó al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de ser uno de los jefes del Cartel de los Soles. Ese mismo año, Estados Unidos imputó a dos altos exoficiales de la Policía por narcotráfico. En agosto de 2016, Estados Unidos abrió pliegos de cargos federales contra el exdirector general de la agencia antinarcóticos de Venezuela, Nestor Luis Reverol Torres, y contra el exsubdirector del mismo organismo, Edylberto José Molina Molina. El día después de que se hicieran públicas las imputaciones, el presidente venezolano Nicolás Maduro designó a Reverol como su nuevo ministro de interior.
El largo historial de acusaciones de participación oficial en narcotráfico llegó a su culmen en marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al presidente Maduro, a varios funcionarios de su administración y exfuncionarios, así como a miembros de la cúpula de las FARC, por “cargos de narcoterrorismo”. Maduro y otros “abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela —incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, el legislativo y la rama judicial— para favorecer la importación de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos”.
Actividades criminales
El rol más frecuente del ejército venezolano en narcotráfico es permitir el paso seguro de los cargamentos de cocaína, así como aprobar el arribo y salida de las aeronaves que transportan la droga hacia otros países. Dado que las Fuerzas Armadas están a cargo de la protección del territorio nacional y sus fronteras y de liderar la guerra contra el narcotráfico, entre otras funciones, están en la mejor posición para detectar movimientos ilícitos y denunciarlos o dejarlos pasar.
Aunque es casi imposible mantener completamente vigilada la extensa y porosa frontera colombo-venezolana, varios informes indican que los oficiales del ejército venezolano apostados en la región fronteriza pueden determinar si permiten el paso de cargamentos de drogas por tierra, y muchas veces los protegen en el trayecto. Esto es especialmente cierto con las pistas de aterrizaje clandestinas en los estados fronterizos de Zulia, Apure y Táchira, puntos de partida de los aviones cargados de cocaína hacia Centroamérica y el Caribe.
El ejército venezolano también permite el arribo y la salida ilegales de aviones, principalmente mediante el manejo de los radares aéreos. Las denuncias sobre narcotráfico y los expedientes a los que InSight Crime tuvo acceso muestran que muchas veces los oficiales exigen pagos a los narcotraficantes para apagar los radares en el momento precidos para evitar que el vuelo quede registrado, o para expedir códigos especiales para que el vuelo quede registrado como legal y así garantizar que las autoridades no persigan dicha aeronave en el futuro.
Los agentes del gobierno también están involucrados la autorización de salida y despegue de carga de terminales oficiales portuarias y aéreas. Aunque no hay evidencia concluyente de esto, existen fuertes indicios de su participación. Esas instalaciones por lo general son manejadas por el ejército y este vigila fuertemente estos lugares.
Liderazgo
El Cartel de los Soles no tiene una estructura de mando definida. En lugar de eso, no hay más que una lista de nombres de personas que trabajan en las ramas principales de las fuerzas armadas de Venezuela, a quienes los agentes estadounidenses han identificado por su participación en la actividad criminal del gobierno. InSight Crime tiene su lista de 123 altos funcionarios, activos y en retiro, que han estado involucrados en tráfico de cocaína.
Algunos de los primeros indicios de fuentes del gobierno sobre una honda implicación de los más altos niveles de las fuerzas de seguridad del país en el crimen organizado se conocieron en 2008. En septiembre de ese año, la OFAC sancionó a tres personas que supuestamente servían de contactos para las FARC en un esquema de intercambio de drogas por armas.
Hugo Armando Carvajal Barrios, que en esa época era director de inteligencia militar; Henry de Jesús Rangel Silva, a quien Chávez nombró general en jefe y luego ministro de defensa en enero de 2012, y Ramón Emilio Rodríguez Chacín, exministro de interior y de justicia, fueron todos señalados.
Entre otros, los funcionarios supuestamente entregaron a las FARC “documentos de identificación oficiales del gobierno venezolano que permiten a los miembros de las FARC viajar con facilidad hacia y desde Venezuela”, además de supuestamente haber “proporcionado asistencia material” a las FARC en sus actividades de narcotráfico.
Esos no fueron los únicos funcionarios señalados por la OFAC. En septiembre de 2011, esa oficina sancionó a otros cuatro funcionarios venezolanos por presunto “suministro de armas y seguridad a las FARC”.
Entre los señalados se contaban Cliver Antonio Alcalá Cordones, más adelante nombrado jefe del ejército para la Defensa Estratégica Integral para la Región de Guayana (REDI Guayana); el diputado Freddy Alirio Bernal Rosales, exalcalde de Caracas; el agente de inteligencia Ramón Isidro Madriz Moreno, y Amílcar Jesús Figueroa Salazar, político a quien se describió como “principal proveedor de armas para las FARC y… canal principal de los mandos de las FARC asentados en Venezuela”.
Los defensores de la administración Chávez sostuvieron que la lista de la OFAC se basó en evidencia no corroborada de documentos de un computador incautado en el campamento bombardeado del comandante de las FARC “Raúl Reyes”, y que no existía evidencia concreta de dicho “Cartel de los Soles”, que en realidad realiza las operaciones criminales. Otros han criticado la lista OFAC como un instrumento político para difamar las administraciones de Chávez y de su sucesor, el actual presidente Nicolás Maduro.
Dicho esto, vale la pena señalar que las fuerzas de seguridad no adelantaron investigaciones totalmente transparentes sobre la presunta mala conducta de Maneiro, Alcalá y otros oficiales cuando tuvieron la oportunidad. Más aún, aunque las autoridades venezolanas acusaron de delitos de drogas a algunos miembros de bajo rango de las fuerzas armadas, no se ha perseguido con el mismo interés a los miembros de mayor rango acusados de participación en tráfico.
Además de las iniciativas de la OFAC, otros organismos gubernamentales estadounidenses y otros exfuncionarios venezolanos han apuntado su dedo hacia varias importantes figuras con nexos con los más altos escalones del gobierno venezolano por contribuir a favorecer la actividad delictiva.
Los hijos de la primera dama de Venezuela Cilia Adela Flores de Maduro —Walter, Yosser y Yoswal— son señalados de participación en actividades criminales, específicamente en un esquema de corrupción orquestado por el empresario colombiano Álex Saab, uno de los financias de mayor confianza de Maduro antes de su detención en junio de 2020. La red de Saab envió paquetes de alimentos en mal estado a precios inflados hacia Venezuela y empleó firmas de papel para sustraer millones de dólares de contratos de importación de alimentos. Presuntamente “desvió dinero a cambio de acceso a contratos con el gobierno de Venezuela” para los hijastros d de Maduro”, según el Departamento del Tesoro estadounidense.
Tareck El Aissami, ministro de industrias y producción nacional de Venezuela, también se destaca en las actividades criminales del gobierno. En 2017, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a El Aissami por “su rol capital en el tráfico internacional de narcóticos”.
Específicamente, el Departamento del Tesoro alega que El Aissami “recibió pagos por facilitar el paso de cargamentos de drogas del capo venezolano Walid Makled”, además de “brindar protección al narco colombiano Daniel Barrera Barrera y al narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco”, entre otra actividad criminal.
En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos procedió a acusarlo de violación de su señalamiento por el Departamento del Tesoro por el presunto uso de empresas estadounidenses para fletar vuelos privados, según reza la imputación.
El ex-zar antidrogas Néstor Reverol también es señalado de facilitador directo de la participación del gobierno en narcotráfico. Un pliego de cargos de 2015 afirmaba que este usó su cargo de autoridad entre enero de 2008 y diciembre de 2010 para poner sobre aviso a los traficantes sobre operativos sorpresa próximos, asegurar la liberación de personas y propiedades vinculadas al narcotráfico, obstruir investigaciones y operativos antinarcóticos, y aceptar sobornos de narcotraficantes a cambio de ayudarlos a adelantar sus actividades ilícitas.
“El narcotráfico y la corrupción eran comunes, lideradas por importantes figuras como Néstor Reverol”, señaló Hugo Carvajal, exjefe del servicio de inteligencia militar de Venezuela en 2019.
En resumen, la actividad delictiva del Cartel de los Soles está tan arraigada en el gobierno venezolano que se extiende a todo, desde el narcotráfico hasta la minería ilegal de oro y la corrupción total.
Geografía
No sorprende que los elementos del ejército que se cree tienen mayor participación en el tráfico de narcóticos en Venezuela se concentren a lo largo de la frontera oeste con Colombia, en especial en los estados de Apure, Zulia y Táchira. El poder de estas células proviene de su acceso a los principales aeropuertos del país, a retenes de carreteras y puertos, incluido Puerto Cabello, en el estado de Carabobo.
Los cargamentos de cocaína se adquieren en los estados limítrofes de Apure y Zulia, o en los departamentos fronterizos colombianos. Dado que hay escasez de dólares en Venezuela y a que el bolívar local se devalúa continuamente en el mercado negro, es raro que las compras involucren dinero. Con frecuencia se intercambia la cocaína por armas, especialmente en transacciones anteriores con las antiguas FARC. De lo contrario, los venezolanos actúan como socios de los traficantes establecidos en Colombia, y acceden a partir las ganancias de la venta de la cocaína en el exterior.
Las rutas de tráfico más usadas son por aire, hacia República Dominicana y Honduras. Otra ruta es el trasiego de la cocaína por tierra hasta Surinam, luego por aire o mar hasta África Occidental y de allí a Europa. Cuando se transporta por vía terrestre, la cocaína se almacena generalmente en ranchos y fincas locales de propiedad de contactos civiles.
Aliados y enemigos
En el pasado, se creía que estas organizaciones militares se abastecían de cocaína de la exguerrila de las FARC en Colombia, en especial de los Bloques Oriental y del Magdalena Medio. Pero desde la desmovilización de los insurgentes en 2016, son las disidencias, que se negaron a deponer las armas —conocidas en conjunto como ex-FARC Mafia— las que tienen un control firme de las riendas del narcotráfico transnacional y la minería ilegal en Venezuela.
La Guardia Nacional también trabajó con el narcotraficante civil Walid Makled para sacar los cargamentos de narcóticos de Venezuela. Makled afirmó haber trabajado con docenas de altos mandos del ejército. Tanto la Guardia Nacional como el ejército lo usaban como “intermediario” para organizar el trasiego de cargamentos de cocaína afuera del país.
Después de la captura de Makled en Colombia en 2010 y de su extradición a Venezuela en 2011, parece que elementos corruptos del ejército han cooptado con mayor o menor éxito sus redes de tráfico en el estado de Zulia. Entretanto, la Guardia Nacional es más fuerte en otras regiones del oeste de Venezuela, incluida la zona que limita con los departamentos de Arauca y Norte de Santander en Colombia.
También hay evidencia que indica que miembros del Cartel de los Soles cuentan con la complicidad, e incluso con la participación activa, de altos mandos del gobierno civil de Venezuela. En 2016, por ejemplo, dos sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores comparecieron ante un juez para responder por cargos de drogas en una corte federal estadounidense. Un agente de la DEA testificó que el negocio con drogas planeado por los sobrinos fue facilitado por el hermano de Cilia Flores, Bladimir. Durante el juicio, se presentó evidencia que indica que los sobrinos podrían haber actuado como fachada política para el Cartel de los Soles.
Pero en agosto de 2020, uno de los sobrinos de la primera dama, Francisco, presentó una apelación ante la Suprema Corte de Estados Unidos para que se revirtiera la pena de 18 años de prisión que recibió en 2016 por conspirar para introducir ilegalmente 800 kilos de cocaína al país del norte. Su abogado “sostuvo que el jurado fue engañado cuando se les dijo… que los hombres debían haber sabido que la cocaína tenía como destino Estados Unidos, un requerimiento para emitir la sentencia según la ley estadounidense”, como informó Associated Press. Esta solicitud fue finalmente invalidada.
El Cartel de los Soles también ha encontrado aliados cercanos en el ELN, cuya presencia en Venezuela ha sido tolerada por el gobierno desde el periodo de Chávez. El grupo ha hallado un refugio absoluto en Venezuela aún más en los últimos años.
En sus Informes sobre terrorismo por países de 2019, el gobierno estadounidense señaló que “Maduro y sus cómplices usan las actividades criminales para ayudarse a mantener el dominio ilegítimo en el poder, lo que fomenta un entorno permisivo para […] el ELN”. Se ha dicho que el grupo guerrilero paga a miembros de las fuerzas armadas venezolanas para que protejan sus intereses, entre ellos la minería ilegal y el contrabando de gasolina.
Por otro lado, Los Rastrojos, que habían impuesto el control en una variedad de economías criminales a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, no han tenido tanta suerte. Aparte de librar una batalla contra el ELN en Venezuela, donde llevan las de perder, varios funcionarios del gobierno han atacado al grupo en varias ocasiones mediante operativos dirigidos y los han comparado con “terroristas”.
En particular, la evidencia indica que Freddy Bernal, el supuesto “protector” del estado fronterizo de Táchira, se ha aliado con las fuerzas de seguridad venezolanas y con el ELN para declarar enemigo común a Los Rastrojos.
Perspectivas
Aunque Estados Unidos ha hecho esfuerzos por poner en evidencia las actividades del Cartel de los Soles en los últimos años, e incluso ha sancionado e imputado a algunos de sus presuntos integrantes, el gobierno venezolano no ha abierto investigaciones rigurosas ni procesos judiciales contra esos sospechosos. De hecho, en ciertos casos ha ascendido a los oficiales del ejército acusados de participar en narcotráfico.
Frente a esta situación y ante el deterioro de las crisis política y económica en Venezuela, es plausible que las operaciones del Cartel de los Soles continúen sin obstáculos, y es posible que mantengan su expansión.