Investigación y análisis de crimen organizado
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5 intentos fallidos de la MS13 de convertirse en grupo narcotraficante

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La MS13 ha intentado en vano convertirse en una organización narcotraficante.

La acusación de Estados Unidos contra un líder de la MS13 en El Salvador da cuenta del más reciente fracaso de la pandilla de transformarse en una organización sofisticada de narcotráfico transnacional.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Armando Eliú Melgar Díaz, alias “Blue” o “Clipper”, fue el jefe del programa de la Costa Este de la MS13, según una acusación desclasificada el 14 de julio. Los fiscales afirman que, en ese rol, y mientras vivía en El Salvador, el pandillero supervisaba las actividades criminales de 21 clicas de la MS13 que operaban en 13 estados y en el Distrito de Columbia.

Melgar Díaz ingresó por primera vez a Estados Unidos en 2003, año en el que se unió a la clica Gangsters Locos Salvatruchos de la MS13 en el estado de Virginia. Fue devuelto a El Salvador en 2013, pero volvió a entrar a Estados Unidos ese mismo año y fue deportado de nuevo en 2016, como se lee en la acusación.

VEA TAMBIÉN: Nueva acusación de EE. UU. contra la MS13 es más alarde político que acción antiterrorista

Ya en El Salvador, Melgar Díaz se convirtió en un elemento importante en una vieja rivalidad de la pandilla. A lo largo de la Costa Oeste de Estados Unidos, donde la MS13 se conformó inicialmente, las clicas han caído durante mucho tiempo bajo el control de una pandilla carcelaria conocida como la Mafia Mexicana, que ejerce control dentro y fuera del sistema penitenciario de California y de otros estados del oeste del país.

Sin embargo, a lo largo de los años, a medida que las clicas de origen salvadoreño se han movido entre Estados Unidos y El Salvador, algunas facciones de la pandilla se han ido independizando de la Mafia Mexicana. Esto es sobre todo evidente al otro lado del país, en la Costa Este, donde por mucho tiempo se ha intentado adelantar un proyecto conjunto más sofisticado que combina numerosas actividades de las clicas y que favorece a la MS13, y no a la Mafia Mexicana.

A mediados de 2017, Melgar Díaz supuestamente había ascendido en los rangos de la pandilla y llegó a dirigir lo que se conoce como el Programa de la Costa Este, con ese proyecto en mente. Fue un proceso peligroso. Y aunque los funcionarios estadounidenses describen al líder de la pandilla como un barón de la mafia, la realidad es muy diferente.

Entre otras cosas, Melgar Díaz les exigía a las clicas bajo su supervisión que le enviaran pagos mensuales de al menos US$75 para apoyar el Programa de la Costa Este y a otras clicas de la MS13 en El Salvador. Según los fiscales, recibía en promedio entre US$800 y US$900 al mes por concepto de extorsiones y narcomenudeo.

En una ocasión, organizó una transferencia de US$1,500 para ayudar a los miembros de la MS13 a “comprar cocaína para la reventa” en las calles.

Además, intentaba controlar a todo mundo. Los fiscales dicen que en Virginia intentó localizar y “reformar” a un miembro de la MS13 que era “sospechoso de robar US$1.800 de la clica Virginia Locos”. La acusación no aclara si Melgar Díaz logró encontrar al pandillero sublevado.

Según la acusación, a principios de 2018 Melgar Díaz intentó que otras clicas de la MS13 se unieran al Programa de la Costa Este. Por ejemplo, llamó a un pandillero de la clica Pinos Locos Salvatruchos en Carolina del Norte para que estos se le uniera, lo cual tampoco sucedió.

Melgar Díaz fue capturado en noviembre de 2018 en El Salvador.

Análisis de InSight Crime

Como InSight Crime ha logrado establecer, Melgar Díaz es al menos el quinto líder pandillero que han fallado en sus intentos de involucrar a la MS13 en un frente de venta de drogas a gran escala en Estados Unidos. La pandilla sí vende drogas a nivel local, pero las tentativas de representarla como una organización de narcotráfico, como quieren hacerla aparecer las autoridades estadounidenses, son solo una exageración.

A continuación, InSight Crime describe los otros cuatro intentos:

1. Nelson Comandari

A principios de la década de 2000, un líder de la MS13 conocido como Nelson Comandari quería utilizar la red de clicas que la pandilla había establecido en todo Estados Unidos para conformar una gran red de tráfico.

Comandari, quien tenía parientes en El Salvador involucrados en el narcotráfico, se acercó a la Mafia Mexicana y se ofreció a ayudarles a traficar y vender heroína, cocaína, crack de cocaína, cristal de metanfetamina y marihuana.

En lugar de acogerlo, la Mafia lo entregó, y por eso él continuó buscando más aliados por fuera de la MS13 para traficar drogas. En 2006 ya estaba bajo custodia de Estados Unidos y dando testimonio contra sus homólogos de la pandilla.

2. Little One

Años más tarde, hacia 2011, Luis Gerardo Vega, un lugarteniente de Comandari conocido como “Little One”, intentó continuar con el plan de su exjefe. Al igual que este, trabajó estrechamente con la Mafia Mexicana y les ayudó a forjar un acuerdo con los Caballeros Templarios, una organización narcotraficante mexicana. Dicho acuerdo se denominó “El Proyecto”.

La pretensión era crear una red de distribución, principalmente de drogas sintéticas como la metanfetamina, en Los Ángeles y Orange County. Como informó InSight Crime en 2016, dicha alianza significó “el comienzo del negocio más lucrativo que la MS13 había concretado en su historia” y “un paso gigante en su desarrollo como pandilla”.

VEA TAMBIÉN: La MS13 y el narcotráfico internacional: Proyecto de pandilla vs. emprendimiento individual

Sin embargo, Little One se volvió más ambicioso. Se involucró más en el mundo de las drogas; empezó a responsabilizarse de los grandes cargamentos de metanfetaminas de un representante de los Caballeros Templarios y a presumir de los “miles de miembros de la MS13” que tenía a su disposición en todo Estados Unidos para distribuir drogas a nombre de El Proyecto.

Hacia finales de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le estaba siguiendo el rastro con ayuda de datos filtrados por informantes de la pandilla. En agosto de 2013, Little One ya estaba en prisión.

3. Dreamer

Juan Rodríguez Juárez, conocido como “Dreamer” y más adelante como “Sacerdote”, asistió a la reunión inicial convocada para establecer El Proyecto. Vendía metanfetaminas en las calles de Los Ángeles y continuó haciéndolo incluso después de que Little One fue arrestado.

En 2013, organizó la venta de 400 gramos de metanfetamina en California. Los fiscales sostienen que trató de “aprovechar su estatus dentro de la MS13 y la Mafia Mexicana para facilitar aún más la distribución de [drogas] en Estados Unidos”.

Dreamer fue finalmente acusado en 2015 de conspiración para estafar, además de otros cargos criminales. Una operación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) logró aplastar las ambiciones de El Proyecto.

El desmantelamiento de El Proyecto no impidió que otros líderes de MS13 intentaran crear un puente de narcotráfico hacia Estados Unidos.

4. Mula

Según agentes de la DEA, Nelson Alexander Flores, alias “Mula”, coordinó con otro líder de la MS13 encarcelado en California, Larry Navarete, la obtención de pequeños cargamentos de metanfetaminas de los contactos de Flores en un grupo criminal mexicano ubicado en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Los contactos de Flores también se extendían a la Mafia Mexicana, que durante mucho tiempo fue el intermediario clave para la MS13 en los intentos de intensificar sus actividades de narcotráfico. Esta pequeña empresa de tráfico, que envió drogas a las clicas de MS13 en Arkansas y Oklahoma, entre otros estados, tuvo una corta vida.

A principios de 2018, las autoridades mexicanas arrestaron a Flores en Tijuana, lo que frustró otro de los intentos de la MS13 de convertirse en una organización de narcotráfico transnacional.

En las últimas dos décadas, los fallidos intentos de la MS13 de incursionar en el mercado internacional de las drogas se han visto entorpecidos por la propia “incompetencia, inexperiencia y falta de conexiones” de la pandilla.

Aunque los fiscales insistan en que Melgar Díaz estaba “conspirando para proporcionar apoyo material a terroristas” —a pesar de que ninguna agencia del Gobierno estadounidense ha identificado a la MS13 como tal—, la MS13 es una pandilla callejera inepta para el tráfico de drogas a gran escala, y lo seguirá siendo.

Red de narcotráfico revela magnitud de lavado de dinero en República Dominicana

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Presunto lavador de dinero del narcotráfico Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias "El Pequeño”

La desarticulación de una de las mayores redes narcotraficantes en República Dominicana revela que el país caribeño no solo sirve como punto de trasbordo de cocaína, sino también como centro de lavado de dinero.

La mafia —anteriormente bajo el mando del capo César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, ahora en prisión— lavó más de US$260 millones en ganancias de la droga durante los últimos tres años, según un comunicado emitido el 31 de julio por la Fiscalía General de República Dominicana.

Por su parte, Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias “El Pequeño”, y quien sería parte de la red, fue señalado de dirigir la operación de lavado usando empresas de papel antes de su captura a finales de julio, según los fiscales.

Peralta, a quien se conoce localmente como el “rey de la cocaína”, está acusado de controlar las operaciones de una red de tráfico de la capital, Santo Domingo. Apoyado en funcionarios corruptos de la policía y el gobierno, así como en contactos de grupos criminales mexicanos. Según los fiscales, el empresario de clubes nocturnos traficaba cocaína a Estados Unidos y Europa.

VEA TAMBIÉN: Capo de República Dominicana en la mira de las autoridades

Las autoridades capturaron a Peralta en diciembre de 2019 en la ciudad portuaria de Cartagena en Colombia, luego de que huyera de República Dominicana.

Otro presunto miembro de la red de Peralta, Rhinel Rodríguez, alias “Fido”, también fue detenido junto con Velásquez Cordero. Durante el operativo de captura, las autoridades decomisaron US$162.000 en efectivo a Velásquez Cordero, más un Range Rover por valor de US$150.000.

Luego de las detenciones, los agentes locales allanaron varias propiedades de Velásquez Cordero y decomisaron una docena más de autos de lujo, incluido un Ferrari.

Las autoridades señalaron que hasta el momento han detenido a 23 de las 30 personas que componían el grupo criminal de Peralta.

Análisis de InSight Crime

Las cuantiosas sumas de dinero lavadas por la operación de Peralta indican que República Dominicana es un lugar propicio para cargamentos internacionales de drogas y flujos financieros ilícitos.

Los US$260 millones que Velásquez Cordero lavó en los últimos tres años, según alegan las autoridades, se traduce en el blanqueo de más de US$7 millones en ganancias de la droga cada mes.

Peralta y su red usaban principalmente varios clubes nocturnos —todos de su propiedad o controlados por él valiéndose de testaferros— para lavar las ganancias de la droga.

El sector turístico en República Dominicana, que ofrece clubes nocturnos como los que usaba Peralta para lavar sus ganancias del narcotráfico, tienen grandes márgenes de ganancia. Solo en 2019, la industria registró más de US$7 mil millones de ingresos, según datos del gobierno.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre República Dominicana

La red también coordinaba entregas de dinero a granel procedentes de Estados Unidos para lavar en República Dominicana, según la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que clasificó a Peralta y a ocho más de sus cómplices como “importantes traficantes extranjeros de narcóticos”, según una designación de agosto de 2019.

El Índice contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering Index) de 2020 preparado por el Instituto de Basilea para la Gobernanza identificó a República Dominicana como un país con riesgo moderado de lavado de dinero. Pero el informe de 2020 de Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR) fue más lejos, al señalar que la “corrupción en el gobierno y el sector privado, la presencia de carteles ilícitos internacionales de narcotráfico, una economia informal de grandes proporciones y controles financieros laxos hacen [a República Dominicana] vulnerable a las amenazas del lavado de dinero”.

El Caribe ha servido por mucho tiempo a los intereses de los lavadores de dinero. Con base en recomendaciones hechas por por el Grupo de Acción Financiera Internacional a comienzos de este año, la Unión Europea (UE) señaló a varios países de la región, como Bahamas, Barbados y Jamaica de adolecer de “deficiencias estratégicas” en la lucha contra el lavado de dinero.

Imputación de EE. UU. a exministro revive investigaciones obstruidas en Guatemala

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Exministro de economía de Guatemala Acisclo Valladares Urruela

La imputación de Estados Unidos a un poderoso exministro de economía guatemalteco por lavado de dinero, delito por el que ya había sido investigado en Guatemala, muestra cómo fiscales estadounidenses están retomando investigaciones que han sido obstruidas en Centroamérica.

Acisclo Valladares Urruela, quien sirvió en la administración del expresidente Jimmy Morales, está acusado de lavar cerca de US$10 millones del producto de drogas ilegales y otros dineros mal habidos”. El dinero fue utilizado para sobornar a políticos entre 2014 y 2018, como lo señalaron los fiscales en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia fechado el 5 de agosto.

El exministro, según la acusación, conspiró con un reconocido narcotraficante, un político corrupto y un empleado bancario en Guatemala —ninguno de cuyos nombres se menciona en la acusación— para lavar ganancias ilegales, según la denuncia penal. El exministro “facilitó el tráfico de sustancias ilegales al crear una demanda de dinero irrastreable”, escribieron los fiscales en la denuncia. 

Las presuntas actividades de lavado de dinero comenzaron con el dinero producto de un esquema de corrupción del político. Cuando esos fondos se agotaron, Valladares Urruela buscó una nueva fuente de efectivo.

El exfuncionario recibió, entonces, dinero de un traficante, quien dejó claró que los fondos provenían de la cocaína, agregaron los fiscales. El empleado bancario, que coopera con las autoridades estadounidenses luego de ser arrestado en 2019, actuó como puente entre Valladares Urruela y el dinero ilícito procedente del político y más adelante del narcotraficante, se lee en la denuncia.

VEA TAMBIÉN: Solicitudes de antejuicio ensombrecen próximas elecciones en Guatemala

El exministro y el empleado bancario urdieron un sofisticado plan que incluía hacer “pagos dobles” sin papeleo, lo que implicó la entrega de cantidades iguales de dinero a dos personas en países distintos.

Mientras el primer pago se destinó a un país suramericano no identificado, el otro pasó por las cuentas bancarias en Estados Unidos de dos empresas del sur de la Florida, lo que dio a los fiscales lo necesario para abrir una causa contra Valladares Urruela, quien también, se supone, hizo pasar el dinero lavado por falsas ganancias de empresas de papel para encubrir el esquema.

El dinero ilícito se embutía en morrales, maletines y cajas de licor que se hacían pasar por regalos. Los pagos eran tan “rápidos” y “frecuentes” que Valladares Urruela bromeó que “estos políticos deben pensar que el dinero crece en árboles”.

Luego de servir como ministro de economía entre enero de 2018 y enero de 2020, Valladares Urruela huyó de Guatemala ese mismo mes para evadir otros cargos por corrupción. Su actual paradero es desconocido y la Interpol ha emitido una alerta roja para su captura.

Análisis de InSight Crime

La fórmula se ha vuelto común en Centroamérica: el Departamento de Justicia de Estados Unidos procesa a élites políticas y económicas centroamericanas sobre las que han pesado sospechas de nexos criminales luego de que las investigaciones locales son obstruidas.

La desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, y la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público llevaban mucho tiempo investigando a Valladares Urruela.

En mayo de 2019, fiscales locales con apoyo de la CICIG alegaron que Valladares Urruela y otros funcionarios pagaron millonarios sobornos entre 2012 y 2015 por medio de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti con el fin de comprar votos para aprobar leyes que les interesaba aprobar. En 2018, Baldetti fue sentenciada a más de 15 años de cárcel por otros cargos de corrupción.

La CICIG y FECI abrieron otra investigación ese año por denuncias de que Valladares Urruela también había dirigido una red de espionaje a diputados y empresarios de la oposición cuando era ejecutivo del proveedor de servicios de telefonía Tigo entre 2012 y 2015. La empresa supuestamente se benefició del esquema de corrupción basado en el soborno a miembros del congreso para aprobar por lo menos una ley que favorecierale favorecía, como lo señaló la investigación. 

En un comunicado de 2015, la firma de telecomunicaciones Millicom, casa matriz de Tigo, notificó a las autoridades sobre pagos potencialmente impropios”.

Las investigaciones de CICIG determinaron que Valladares Urruela “al parecer se aprovechó de su alto cargo dentro de la empresa de telefonía celular Tigo para tener acceso a información sensible de políticos de la oposición y particulares vinculados al ámbito empresarial”.

Un tercer caso lo presentaron la CICIG y la FECI ese mismo año. Los investigadores anticorrupción alegaron que Valladares Urruela estuvo implicado en un esquema de lavado de dinero usando la venta de apartamentos de lujo en Ciudad de Guatemala. La investigación también implicó al oscuro operador político Gustavo Alejos Cámbara, quien se encuentra preso por corrupción y ha sido señalado de interferir en el proceso de selección de magistrados para dos altos tribunales guatemaltecos.

Al perder su inmunidad tras la toma de posesión de el nuevo gobierno guatemalteco en enero de este año, Valladares Urruela huyó antes de que las autoridades pudieran detenerlo por asociación ilícita y lavado de dinero, y sigue fugitivo

VEA TAMBIÉN: “Guatemala sofisticó sus mecanismos para asegurar impunidad”: Juan Francisco Sandoval

Al anunciarse los señalamientos de Estados Unidos contra Valladares Urruela, el director de la FECI, Juan Francisco Sandoval, señaló en una entrevista con Con Criterio el 6 de agosto que lo que “las autoridades estadounidenses están haciendo confirma la investigación que realizamos con la CICIG, una investigación que se tildó de ideológica”. Muchos críticos de la CICIG señalaban que la comisión internacional violaba la soberanía de Guatemala.

La imputación a Valladares Urruela en Estados Unidos deja ver que el Departamento de Justicia está dispuesto a asumir casos de lavado de dinero y narcotráfico vinculados a altos funcionarios de gobierno en Centroamérica, aun cuando la administración del presidente Donald Trump y sus aliados en el congreso retiraran el respaldo a los organismos anticorrupción locales.

Aunque en un comienzo Estados Unidos respaldó la CICIG y sus investigaciones de alto perfil, posteriormente guardó distancia cuando la comisión anticorrupción fue atacada y posteriormente desmantelada por el entonces presidente Morales, quien se volvió contra la CICIG cuando se conocieron investigaciones contra su familia y sus aliados más cercanos.

Christine Wade, experta en Centroamérica y profesora de ciencia política del Washington College, comentó a InSight Crime que “es difícil ver un giro de los eventos más irónico que la tercerización de la justicia” para Valladares Urruela en relación con Estados Unidos.

“Aunque no hay duda de que muchos se sentirán esperanzados de ver que las ruedas de la justicia se mueven en las cortes estadounidenses”, opinó Wade, “Estados Unidos debería promover el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas para que casos como este puedan juzgarse en su país”.

Narcotráfico en Chile: más notorio y violento

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En 2019, las autoridades chilenas descubrieron 15 laboratorios de drogas, muchos dedicados a las drogas sintéticas

Según un balance reciente, el narcotráfico en Chile está cobrando notoriedad, se está diversificando y la violencia recrudeciendo en relación con el año anterior. Esto parece ser un reflejo de las encuestas de opinión pública que muestran la preocupación creciente de los chilenos ante la amenaza del crimen organizado.

Un informe del Observatorio de Narcotráfico en Chile revela que los decomisos de marihuana “cripa” procedente de Colombia se dispararon en 700 por ciento en el último trienio en Chile. En el mismo periodo, los decomisos de marihuana proveniente de Paraguay crecieron un 900 por ciento. Entre tanto, los decomisos de cocaína en el país presentan un descenso sostenido desde 2019.

El estudio también señala un aumento sustancial del uso de puertos chilenos y rutas marítimas para el narcotráfico, así como un alejamiento del tradicional eje de tráfico Paraguay-Bolivia-Chile hacia rutas que pasan por Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

En la misma línea, los métodos de tráfico muestran una evolución. Según el informe, las autoridades chilenas descubrieron 15 laboratorios clandestinos de producción de narcóticos en 2019, concentrados principalmente en Santiago y Antofagasta y sus alrededores. Esos laboratorios estaban dedicados en su mayoría a la producción de drogas sintéticas, una respuesta a la demanda del mercado, que creció 680 por ciento entre 2017 y 2019, según el medio informativo local Cooperativa.

VEA TAMBIÉN: Chile no logra controlar el enorme flujo de drogas sintéticas

La violencia asociada al narcotráfico también ha crecido, en un escenario en que los grupos criminales se benefician de la expansión del mercado nacional de armamento, señala la publicación. Las denuncias policiales por homicidios relacionados con narcóticos han aumentado de seis en 2010 a 30 en 2019, aunque estos incidentes representan un pequeño porcentaje de las 28.000 denuncias relacionadas con narcóticos en 2019.

Análisis de InSight Crime

Los resultados del observatorio presentan correlación con los arrojados por una encuesta realizada en junio, que halló que el 79 por ciento de los chilenos y el 69 por ciento de los expertos chilenos consideraban que el narcotráfico y el crimen organizado son “una amenaza crucial o significativa para la seguridad nacional”, por encima del cambio climático, las pandemias y los ciberataques.

Pero según Lucia Dammert, experta en seguridad pública de la Universidad de Santiago, aunque las tendencias del narcotráfico en Chile empeoran, la fijación de los medios y del gobierno en el fenómeno ha incentivado una ansiedad pública desproporcionada en comparación con los índices reales de violencia en el país.

Lo que el informe resalta, comentó, es que el consumo de drogas en Chile va en aumento.

“Cuando uno era considerado un país de transito, se podían generar mecanismos solamente de control para tratar de enfrentar este problema”, señaló Dammert en intercambio con InSight Crime. “Pero ya somos un país de consumo, uno requiere muchas más políticas vinculadas a temas de salud, así como también políticas mas de acción policial y preventiva a nivel territorial local”.

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En toda Latinoamérica, los grupos narcotraficantes se han visto en la necesidad de expandir y diversificar sus operaciones para mantener sus ganancias durante la pandemia del coronavirus, que ha complicado el trasiego de los narcóticos. En Chile, la incertidumbre generada por la pandemia continua a tan solo meses de la inestabilidad generada por las protestas en todo el país contra el establecimiento político.

Según el informe, los grupos narcotraficantes chilenos se han movido en torno a “drogas menos costosas y más adictivas” con el fin de mantener una línea consistente de ganancias durante la agitación, lo que recuerda tendencias similares observadas en la crisis política vivida en Chile en la década de 1980.

Esto puede explicar por qué los grupos criminales han pasado a trasegar marihuana “cripa” colombiana, que es muy adictiva, y han reforzado su participación en el mercado chileno de cigarrillos de contrabando, que es una fuente confiable de ganancias.

El informe también señala que el narcotráfico chileno está muy localizado. Casi el 91 por ciento de las drogas incautadas en 2019 se encontraron en cuatro de las regiones administrativas del extremo norte de Chile, más cerca de las fronteras peruana y boliviana.

Dammert, que se especializa en políticas de seguridad pública, recalcó que esta concentración de los mercados de drogas hace el lugar más propenso a la violencia y a la fragmentación.

“Si tú miras los territorios donde está el narcotráfico hoy, son los mismos de hace quince años”, apuntó Dammert. “Entonces uno no podría decir que el estado no tiene la capacidad [de combatirlo]. El estado no ha tenido la visión de enfrentar esto de una forma más estructural”.

¿Será un lavador convicto candidato presidencial en Honduras?

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Empresario y expolítico Yani Rosenthal

Un poderoso magnate de los negocios preso en Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico podría presentarse dentro de poco como candidato presidencial en Honduras tras su liberación este mes.

Por lo menos 14 legisladores del opositor Partido Liberal han instado a Yani Rosenthal para que se lance a la presidencia a su regreso a la nación centroamericana el 7 de agosto, según Criterio. Uno de ellos, Juan Carlos Ávila, declaró que tiene la convicción de que Rosenthal es el “único” capaz de unir la oposición política antes de las elecciones presidenciales de 2021.

Rosenthal, expolítico y candidato presidencial en 2009 y 2013, viene de una de las familias más adineradas y conectadas con la política en Honduras. En julio de 2017, se declaró culpable de lavar de dinero del narcotráfico para el reconocido clan criminal Los Cachiros, por lo cual se le impuso una sentencia de prisión de tres años en Estados Unidos, como parte de un acuerdo de reducción de penas.

Como lo describió un fiscal estadounidense, Rosenthal “actuaba también como lavador de dinero para una organización narcotraficante de violencia despiadada”.

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La familia Rosenthal tiene conexiones de larga data con la política y el crimen organizado. El padre de Yani, Jaime, había iniciado la relación familiar con grupos criminales mucho antes de su muerte en 2019. Exvicepresidente y figura destacada del sector empresarial, Jaime vendió ganado y tierras a clientes como la familia Rivera Maradiaga de Los Cachiros, las cuales pagaron con ganancias de la droga, según documentos incluidos en el juicio por narcotráfico celebrado en Estados Unidos contra Juan Antonio “Tony” Hernández, exdiputado y hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández.

El primo de Yani, el exministro de inversiones Yankel Rosenthal, también admitió en 2017 que ayudó a narcotraficantes a lavar dinero mediante la “adquisición de propiedades en Estados Unidos, contribuciones a políticos en Honduras e incluso inversiones en un equipo de fútbol profesional”, según el Departamento de Justicia.

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a los tres Rosenthal en 2015 y los incluyó en su lista de “Traficantes de narcóticos especialmente designados”.

Análisis de InSight Crime

En Latinoamérica abundan casos que ilustran cómo las élites políticas están interconectadas con el crimen organizado. El actual panorama político en Honduras puede ser el ejemplo más flagrante de ello en este momento.

El presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, tiene nexos con redes de corrupción y está presuntamente implicado en una conspiración internacional de narcotráfico dirigida por su hermano, que incluía a Los Cachiros.

Es más, el probable elegido del Partido Nacional para suceder a Hernández, Mauricio Oliva Herrera, también ha resultado vinculado con Los Cachiros mediante varias propiedades que presuntamente adquirió de un oscuro socio de negocios.

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Antes de que el presidente Hernández llegara al poder, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, del Partido Nacional, supuestamente otorgó contratos del gobierno a varios miembros de Los Cachiros durante su periodo presidencial. Además, su hijo, Fabio Lobo, recibió una sentencia a 24 años de prisión en 2017 por las “enormes cantidades” de cocaína que traficó junto a Los Cachiros, todo usando las conexiones políticas de su padre para tener protección.

Sin embargo, el opositor Partido Liberal parece comprometido con ganar apoyos para un hombre que declaró abiertamente haber lavado dinero para Los Cachiros, uno de los grupos criminales más denostados del país.

Independientemente de si Yani termina lanzándose a la presidencia, el hecho de que tenga asegurado el respaldo de más de una docena de congresistas antes incluso de regresar al país luego de su permanencia en la cárcel es una evidencia irrecusable de la penetración de la narcopolítica en Honduras.

Honduras entierra el Caso Pandora y lo que quedaba de su lucha anticorrupción

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Manifestación contra la corrupción en Honduras.

Un tribunal hondureño exoneró a 22 de 26 implicados en una red de corrupción formada por funcionarios, políticos y organizaciones no gubernamentales que desvió al menos US$12 millones de fondos estatales a cuentas privadas y campañas políticas. La decisión es un golpe letal a la ya moribunda lucha anticorrupción en Honduras.

El 4 de agosto, un tribunal especial de apelaciones en Tegucigalpa dictó sobreseimiento definitivo (exoneración) a la mayoría de imputados en el caso, al que se conoce como Pandora, según informó el órgano judicial hondureño. El Ministerio Público (MP) adelantó que apelará la decisión.

Sobre la decisión judicial, que el MP consideró “generadora de impunidad”, el fiscal general Óscar Chinchilla aseguró en su cuenta de Twitter que es “inaceptable”.

La investigación del caso Pandora empezó en 2016, tras una auditoría que hizo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a raíz de una denuncia sobre el posible desvío ilegal de fondos de la Secretaría de Agricultura (SAG) del gobierno a entidades privadas.

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A partir de ahí, el MP, con la ayuda de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), condujo una investigación masiva que, en principio, halló el desvío de 282 millones de lempiras (US$11.7 millones) entre 2012 y 2013 a cuentas de organismos no gubernamentales y organizaciones fantasma relacionadas con diputados y líderes políticos.

Parte del dinero, que provenía de un fondo de la SAG supuestamente destinado a fondear proyectos de desarrollo agrícola, sirvió para financiar las campañas electorales de los dos principales partidos políticos de Honduras, el Liberal y el Nacional, este último el que llevó a la presidencia a Juan Orlando Hernández en 2013.

Entre los acusados sobreseidos hay cinco diputados, un exalcalde, un exgobernador, además del exesposo de la hermana del presidente, ya fallecida.

Análisis de InSight Crime

La inminente muerte judicial del caso Pandora parece ser el último clavo en el ataúd de la lucha anticorrupción en Honduras, que empezó a desvanecerse con la salida de MACCIH del país en enero de este año.

Al irse MACCIH, la fiscalía especial del MP que trabajó el caso Pandora, hoy conocida como Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción (UFERCO), se quedó sola con las investigaciones complejas que tocaban intereses políticos. Desde que MACCIH se fue, según comentó a InSight Crime un funcionario adscrito a esa unidad, UFERCO sufrió recortes de personal y presupuesto.

En su cruzada por disminuir a las instituciones que, como UFERCO, habían logrado algún nivel de independencia, las élites políticas hondureñas recurrieron, entre otras cosas, a reformas legales y a la complicidad del Poder Judicial para bloquear investigaciones o para reducir sentencias en casos de corrupción y narcotráfico.

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El caso Pandora se había enfrentado a múltiples resistencias antes del fallo reciente. Incluso estuvo congelado durante varios meses luego de que una reforma al tribunal de cuentas imposibilitó al Ministerio Público continuar el caso penal mientras no se agotó una investigación administrativa.

Un fiscal que conoce de cerca el expediente Pandora dijo a InSight Crime en 2019 que las reformas al TSC estaban pensadas para “matar” investigaciones de corrupción de gran calado.

En un principio, el presidente Hernández mostró su apoyo público a las investigaciones del caso Pandora, pero eso no duró mucho.

Las investigaciones de Pandora determinaron que la campaña presidencial de Hernández en 2013 había sido financiada en parte con los fondos desviados ilegalmente. Hilda Hernández, hermana del entonces candidato, fue una de las arquitectos de ese desvío, según una investigación de Univisión. Un fiscal hondureño que participó en Pandora, y quien habló con InSight Crime desde el anonimato por razones de seguridad, confirmó las sospechas sobre Hilda, quien falleció en 2017 sin haber sido imputada.

El caso Pandora fue considerado, hasta la resolución del 4 de agosto, uno de los mayores logros del MP hondureño, que por primera vez en la historia reciente llevaba una investigación por corrupción que implicaba a políticos influyentes, incluidos algunos del círculo cercano al presidente Hernández.

El arresto de Uribe presagia más por venir del sistema de justicia de Colombia

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Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia

La detención e investigación sobre el expresidente Álvaro Uribe, un personaje en la política colombiana que ha sido presuntamente relacionado con el paramilitarismo, pone a prueba no solo la defensa de su legado en el país, sino la posibilidad de enfrentar cargos en su contra.

El 4 de agosto La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una orden de detención domiciliaria en contra de Álvaro Uribe Vélez, presidente del país entre 2002 y 2010, por una investigación sobre presunta manipulación de testigos que se adelanta sobre el hoy senador desde julio de 2018.

La investigación del alto tribunal contra Uribe, quien es actualmente senador de la república, inició en 2018 cuando consideró que existía evidencia de que pudo haber manipulado testigos que lo acusaban de crear grupos paramilitares con su hermano, Santiago Uribe.

Si bien la corte no ha presentado cargos penales contra Uribe, el sistema de justicia colombiano le permite ser detenido mientras continúa la investigación.

“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter, antes de que la Corte anunciara públicamente la decisión.

El 6 de agosto uno de los abogados de la defensa de Uribe, Diego Cadena, también recibió medida de aseguramiento por presuntamente manipular la versión de uno de los testigos para que declarara a favor de Uribe. En octubre de 2019, la Corte Suprema interrogó a Uribe en una audiencia de cerca de 7 horas.

Las acusaciones contra Uribe se derivan de una denuncia que él mismo presentó ante la Corte Suprema para que investigaran a su principal adversario político, el senador Iván Cepeda, por uno de los presuntos cargos que ahora enfrenta: manipulación de testigos. Cepeda, en un debate de control político, se dirigió al senado de Colombia en septiembre de 2014 y acusó al expresidente de tener vínculos con los paramilitares.

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Sin embargo, después de meses de estudiar el caso, y hacer seguimiento a varios de los testigos presentados por las partes, la Corte determinó que habría sido Uribe quien, a través de terceros, estaría cambiando las versiones de algunos testigos.

Bajo estas condiciones, la Corte decidió archivar la indagación preliminar sobre Cepeda y, en cambio, abrió una contra Uribe en 2018.

El anuncio de la detención de Uribe ha generado conmoción a través de Colombia, con sus partidarios marchando y haciendo caravanas sobre las principales calles de las ciudades en ciudades como Medellín o Barranquilla, según reportó la revista Semana.

Análisis de InSight Crime

Si bien Uribe ha logrado eludir una acusación penal formal por sus presuntos vínculos con paramilitares, incluso cuando aliados cercanos y familiares han sido condenados por delitos similares, la investigación de la Corte Suprema adopta un enfoque diferente, ya que no se trata tanto de sus actos pasados, sino de acusaciones actuales de obstrucción de la justicia.

El expresidente, los miembros de su familia y algunos de sus asociados más cercanos se han visto sujetos a investigaciones periodísticas y acusaciones de ayudar y financiar grupos paramilitares en la década de 1990.

Los grupos paramilitares quedaron enmarcados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y fueron los representantes del gobierno en una guerra paralela contra las guerrillas de izquierda en el país. Los paramilitares, quienes tenían amplios vínculos con el narcotráfico, cometieron masacres y aterrorizaron a la población civil, a veces desplazando pueblos enteros.

Uribe también ha sido objeto de escrutinio por parte de la Corte Suprema en el pasado. En el 2010, el tribunal superior abrió una investigación sobre una extensa red ilegal de escuchas telefónicas dirigidas a periodistas, políticos rivales, y defensores de derechos humanos mientras él era presidente. El proceso también se conoció como las “chuzadas”.

La jefe de la agencia de inteligencia del país para ese entonces fue sentenciada en 2015 a 14 años de prisión por espionaje ilegal.

Tal vez el testimonio que tiene las fichas en el lugar actual es el del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Comandante Víctor, quien, después de sostener versiones sobre visitas de Iván Cepeda a la cárcel en la que está recluido, bajo el argumento de incriminar a Uribe, cambió de historia y explicó que todo se trataba de pagos recibidos por los abogados de Uribe para mentir.

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Vélez reconoció, en entrevista con la revista Semana, que los abogados de Uribe, entre ellos Cadena, le habían dado hasta 40 millones de pesos (unos US$10.600) a través de los familiares del exparamilitar para mantener la versión sobre Iván Cépeda y para convencer a otros exparamilitares de hacer lo mismo.

Inicialmente el abogado de Uribe, Diego Cadena, señaló que el dinero fue entregado a los testigos como “ayudas humanitarias” por la difícil situación que pasaban, hecho por el que decidió ayudarlos y añadió que el expresidente Uribe no tenía conocimiento de los pagos realizados.

Sin embargo, la defensa de Uribe emitió otra versión y explicó meses después que se trataba de un cobro extorsivo por parte del exparamilitar contra los abogados y que no había sido denunciado por las acciones que el condenado pudiera tomar en contra de los representantes del senador.

Como parte de la investigación, la Corte Suprema ahora considera ambas acusaciones sobre los pagos y pronto escuchará nuevas pruebas sobre la participación de Uribe

Mientras tanto, el expresidente permanecerá en una posición que siempre había esperado evitar: bajo arresto.

Tres consecuencias de la captura de “El Marro” en México

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El arresto de “El Marro”, cabecilla del Cartel de Santa Rosa de Lima, fue bien recibida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien necesitaba una victoria en materia de seguridad.

Esta captura, sin embargo, amenaza con deshacer los progresos hechos contra el robo de petróleo y quizá no logre sofocar la violencia en el estado que por mucho tiempo ha sido el más violento del país.

Conformado inicialmente por ladrones de petróleo de Guanajuato que se unieron para oponer resistencia a la invasión del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL) es un caso aparte en el panorama criminal de México.

Durante la última década, muchos de los grupos criminales más grandes y diversificados de México, como Los Zetas, el Cartel del Golfo o La Familia Michoacana, se fragmentaron en grupos más pequeños que competían por controlar las mejores tajadas del pastel criminal, y así contribuyeron a la creciente cifra de homicidios.

El CSRL fue quizá el primer grupo en restablecer el control suficiente sobre un área en particular para luchar contra una amenaza tan grande y poderosa como el CJNG. Y para ello recurrió a dos elementos: una base de poder hiperlocalizada y una infalible economía criminal: el robo de petróleo.

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Presente y futuro del Cartel de Santa Rosa de Lima

El CSRL tomó su nombre de Santa Rosa de Lima, un pueblo de pocos miles de habitantes de donde Yépez Ortiz es originario. Consolidó su control sobre municipios clave como Celaya, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande, los cuales ofrecen un fácil acceso a los oleoductos.

A pesar de sufrir incursiones del CJNG y repetidas operaciones gubernamentales, el CSRL mantuvo este control local, aunque realizó algunas operaciones de menor escala en estados vecinos como Querétaro e Hidalgo, y recurrió a la extorsión para diversificar sus fuentes de ingresos.

Es probable que el CJNG intente apoderarse de estos municipios dado el vacío de poder, es incierto si la captura de Yépez Ortiz significará el fin del CSRL.

Según El Universal, su padre y su hermano ya están compitiendo por el liderazgo del grupo, y han circulado publicaciones intimidantes en las redes sociales, al parecer con mensajes de venganza del CSRL.

Sin embargo, Eduardo Guerrero, especialista en seguridad de Lantia Consultores, considera que es poco probable que tengan éxito. “El Marro era un líder muy hábil, esquivo y estratégico y me parece que sus sucesores, que sin duda serán parientes suyos, no tienen las habilidades que él tenía para mantener a esta organización a flote”, dice Guerrero en un informe de The Guardian, y agrega que el cartel probablemente se fragmente en varios grupos más pequeños.

Huachicoleros imparables

Al principio de su presidencia, López Obrador estableció el ataque al desenfrenado robo de petróleo (conocido en México como huachicoleo) como una prioridad de seguridad nacional. Se desplegaron las fuerzas de seguridad para vigilar las instalaciones petroleras, se cerraron varios oleoductos importantes y rápidamente se tuvieron que encontrar medios alternativos para el transporte de gasolina, ya que numerosas partes del país se quedaron sin combustible.

En términos generales, este plan parece haber funcionado. La cantidad de petróleo robado disminuyó drásticamente en 2019, aunque el número total de intentos de robo de petróleo aumentó levemente. Y la petrolera estatal de México, Pemex, informó recientemente que el huachicoleo en Guanajuato había disminuido en 96 por ciento en el primer semestre de 2020, en comparación con 2018.

El resultado fue una explosión de violencia en Guanajuato debido a enfrentamientos entre el CSRL y el CJNG, y entre estos con las fuerzas gubernamentales. El estado fue el más violento de México en 2019 y en el primer semestre de 2020.

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Quizá los avances en la lucha contra el huachicoleo sean solo temporales, dado que los grupos criminales han perfeccionado sus técnicas. A pesar de las mencionadas disminuciones en el robo de petróleo, el robo de gas licuado de petróleo se ha disparado en el último año. Según la BBC, el CSRL ha participado activamente en el robo de gas, así como en el robo de crudo.

Dado que se ha estado vigilando más de cerca la infraestructura petrolera, los huachicoleros también han estado tratando de ocultar sus maniobras. El ejército mexicano informó en junio que había encontrado mangueras ocultas bajo tierra por las que circulaba petróleo robado de oleoductos en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León y Puebla.

Si bien la estrategia del gobierno contra el CSRL despojó al grupo de gran parte de sus ingresos por robo de petróleo, sus miembros son experimentados huachicoleros que probablemente continuarán drenando los oleoductos, independientemente de si la agrupación continúa existiendo o no. En su apogeo, el CSRL estaba supuestamente extrayendo millones de litros de crudo al mes. Ese tipo de experiencia no desaparece de la noche a la mañana.

El futuro de Guanajuato

Yépez Ortiz fue un factor importante que contribuyó al aumento de la violencia en Guanajuato en los últimos años.

Según La Silla Rota, los sicarios que asesinaron a 26 personas en un centro de rehabilitación de la localidad de Irapuato en julio de 2020 dijeron que habían sido enviados por El Marro. En 2017, una posible alianza con el CJNG se disolvió al poco tiempo, después de que Yépez Ortiz supuestamente asesinara a dos de los emisarios de sus rivales, según dijo David Saucedo, experto en seguridad mexicana, en un informe de Aristegui Noticias.

El arresto de Yépez Ortiz puede significar una diferencia a corto plazo en el estado, pero la dinámica que subyace a la violencia en Guanajuato no gira en torno a un solo hombre. Si bien la violencia en el estado aumentó en un principio debido al señuelo del robo de petróleo, existen otras economías criminales que también juegan un papel importante.

En el estado se han incautado grandes cargamentos de drogas en su camino hacia Estados Unidos, y han aumentado los reportes de extorsiones. En 2018, la desbordada policía de la ciudad de Irapuato declaró que ya no buscaría luchar contra el robo de petróleo o el tráfico de drogas, dado que ya muchos agentes estaban muriendo por esta causa.

No se sabe cuánto durará el periodo de gracia generado por el arresto de Yépez Ortiz, o incluso si llegará a presentarse.

Ayuda humanitaria de Brasil fomenta mercado negro en Venezuela

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Embotellamiento en la frontera Venezuela-Brasil

El transporte de alimentos de Brasil hacia Venezuela, gracias a una ley que permite el paso de camiones con alimentos por razones humanitarias, ha fomentado el comercio en el mercado negro venezolano.

El 30 de junio, Brasil renovó un decreto, aprobado inicialmente en marzo, que impide a los venezolanos entrar al país debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el decreto hace una excepción para los camiones que cruzan la frontera entre ambos países por “razones humanitarias”, la cual ha sido utilizada por los distribuidores de alimentos en Venezuela como excusa para comprar productos en Brasil y venderlos en suelo venezolano a precios inflados.

El Pitazo informó en julio que en Brasil se estaban comprando alimentos y otros bienes, los cuales luego eran vendidos en el mercado negro en Venezuela.

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Funcionarios y habitantes de la ciudad de Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar, a solo 16 kilómetros de la frontera con Brasil, le dijeron a InSight Crime que por la frontera cruzan cada día decenas de camiones que transportan alimentos de Brasil. Los bienes incluyen productos básicos como arroz, leche en polvo, café, azúcar y mantequilla, así como salchichas, aceite de cocina, mostaza, mermelada y productos enlatados.

Un funcionario de la ciudad, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dice que la mayoría de los artículos se venden hasta tres veces por encima de sus precios originales.

“Un kilo de arroz cuesta 60 centavos de dólar en Brasil, pero se vende por US$2 en Santa Elena de Uairén”, afirma el funcionario.

Además, los conductores supuestamente están sobornando a los funcionarios fronterizos para que les permitan pasar tabaco y combustible, artículos que no están contemplados en el decreto, pero que se venden fácilmente en el mercado negro.

A pesar de que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, también se ha estado presentando el fenómeno del contrabando de gasolina de países vecinos. Un litro de gasolina cuesta menos de US$1 en Brasil, pero se vende por US$6 ó 7 en Santa Elena de Uairén, según dijeron habitantes de la región a InSight Crime.

Al parecer, las autoridades fronterizas también están tratando de sacar su tajada de este negocio. Según El Pitazo, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en un puesto de control en una carretera cerca de Santa Elena de Uairén están haciendo pruebas de coronavirus a los conductores de camiones, diciéndoles que dieron positivo y pidiéndoles US$100 a cada uno para emitirles un resultado negativo.

Análisis de InSight Crime

Venezuela sufre el doble embate de la escasez de alimentos debido a la crisis económica y ahora la pandemia del coronavirus, lo que ha llevado al aumento del comercio de bienes en el mercado negro.

El decreto tenía por objeto permitirles a los venezolanos acceder a alimentos de Brasil, pero ha favorecido principalmente a las autoridades gubernamentales, a los vendedores que tienen vínculos con funcionarios y a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, como afirma Ricardo Delgado, exalcalde del municipio de Gran Sabana, en la frontera con Brasil, en comunicación con InSight Crime.

Según Delgado, una gran parte de la comida ni siquiera llega al venezolano promedio. “Muchos de los productos son transportados a zonas estratégicas, como a las áreas mineras del estado Bolívar, con el fin de que la minería ilegal pueda continuar”, asegura.

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Este mercado negro también fomenta otras economías criminales de la región. “La compra de alimentos en Brasil está permitida, pero estos a menudo se pagan con (oro extraído ilegalmente). Así que esto también lleva a que el oro venezolano sea contrabandeado en Brasil”, explica Delgado.

Funcionarios brasileños en el municipio de Pacaraima, en la frontera con Venezuela, dijeron a InSight Crime que no han tomado ninguna medida para detener estas acciones.

“Lo que sucede en el lado venezolano no es problema del gobierno brasileño”, dijo un funcionario, quien habló bajo condición de anonimato debido a que no está autorizado para hablar sobre el tema.

EE. UU. omitió múltiples casos de corrupción de funcionarios antinarcóticos en México

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Expresidente Felipe Calderón (izquierda), Genaro García Luna (detrás) y Luis Cárdenas Palomino (derecha)

Una corte estadounidense imputó a tres altos funcionarios de la policía federal mexicana de recibir millones de dólares en sobornos a cambio de proteger las actividades criminales del Cartel de Sinaloa. Los imputados eran, se supone, encargados de liderar la guerra antinarcóticos con el apoyo de Estados Unidos, lo que pone en tela de juicio una vez más las fallas en la estrategia de seguridad de Washington y sus aliados.

Genaro García Luna, secretario de seguridad pública de México entre 2006 y 2012 fue acusado en un acta de imputación del 30 de julio de “participar en una empresa criminal continuada”, en la cual él y los exfuncionarios Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García estuvieron al servicio de uno de los grupos del crimen organizado más poderosos del país.

El ex alto funcionario de México “traicionó a quienes juró proteger al aceptar sobornos de miembros del Cartel de Sinaloa para facilitar sus delitos”, señaló el fiscal Seth DuCharme en el anuncio del 30 de julio. Se supone que en dos ocasiones por lo menos, miembros del Cartel de Sinaloa “entregaron personalmente pagos de sobornos [por millones de dólares]” a García Luna.

Durante más de una década, entre 2001 y 2012, los tres funcionarios acusados prestaron servicios de gran valor, como “comprometerse a no interferir” con cargamentos de drogas de varias toneladas de propiedad del Cartel de Sinaloa, dándoles acceso a “información policiaca sensible” que tenían las autoridades sobre ellos, “atacando a sus rivales” y “nombrando a otros funcionarios corruptos en cargos de poder” en las zonas controladas por el grupo, añade la imputación.

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Además del cargo de empresa criminal continuada —el mismo que se imputó al exjefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y por el que fue sentenciado a cadena perpetua— los exfuncionarios de policía enfrentan diferentes cargos de narcotráfico. García Luna presuntamente ayudó al Cartel de Sinaloa a traficar seis cargamentos de cocaína que sumaron 50.000 kilogramos hacia Estados Unidos entre 2002 y 2007.

García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 en el estado de Texas. Cárdenas Palomino y Pequeño García aún no han sido aprehendidos. De ser condenado, García Luna enfrenta penas entre 20 años de prisión y cadena perpetua. Los otros dos agentes enfrentan entre 10 años de cárcel y cadena perpetua.

Análisis de InSight Crime

Los cargos contra los principales adalides de la guerra antinarcóticos en México durante la administración del expresidente Felipe Calderón los ponen en los círculos de narcotráfico más importantes del país.

Aunque esos cargos vienen de autoridades estadounidenses, vuelven a poner en evidencia las fallas en la política de seguridad de Estados Unidos y la negligencia de México.

En la gestión de García Luna, Cárdenas Palomino fungió como director de operaciones regionales de la policía federal entre 2006 y 2012. Pequeño García encabezó la división antinarcóticos de la policía federal, que supervisaba la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU) bajo la veeduría especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, según un reportaje de ProPublica.

Sin embargo, esa vigilancia no se aplicaba a la cúpula de la unidad, de la que durante largo tiempo se rumoró que filtraba información privilegiada a los grupos criminales de México. Dos investigaciones de la periodista de ProPublica Ginger Thompson en 2017 develaron cómo esto llevó a por lo menos dos brotes de violencia que habrían podido evitarse fácilmente.

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En abril de 2010, Los Zetas secuestraron a cuatro personas de un hotel de la cadena Holiday Inn en el centro industrial de Monterrey y se presume que los asesinaron posteriormente.

ProPublica halló que se había filtrado un operativo encubierto de vigilancia de la DEA y la SIU para rastrear al jefe regional de Los Zetas en esa zona, Héctor Raúl Luna, alias “El Tori”.

El Tori supo del operativo y envió a los sicarios de Los Zetas al hotel para impedirlo. Los agentes evacuaron rápidamente la zona y dejaron a su suerte a quienes se encontraban en el hotel. Las autoridades estadounidenses tampoco cooperaron en la investigación subsiguiente, según ProPublica.

Ni siquiera intervinieron un año después, en marzo de 2011, cuando sicarios de Los Zetas irrumpieron en la ciudad de Allende, cerca de la frontera México-Estados Unidos. Ahí, secuestraron y masacraron a docenas de hombres, mujeres y niños en su búsqueda de quienes habían traicionado a los comandantes del grupo al cambiar de bando para cooperar con la DEA, según la investigación de ProPublica.

No es claro cómo pasó, pero se filtró una información enviada por la DEA  a la SIU, e hizo detonar la extrema violencia que siguió. No se ha vinculado a Cárdenas Palomino y Pequeño García con esas masacres, pero su caso pone aún más en evidencia la lamentable falta de vigilancia sobre esos funcionarios.

Un excomandante de la SIU, Iván Reyes Arzate, se entregó a las autoridades estadounidenses en 2017 luego de ser acusado de filtrar información a grupos criminales investigados por la DEA, y posteriormente también de tráfico de drogas.

“Es claro que Estados Unidos debió haber sabido que había algo muy mal o de veras sospechoso cuando la cúpula de la SIU no permitía que se la investigara”, señaló Vanda Felbab-Brown, investigadora asociada sénior de Brookings Institution, en intercambio con InSight Crime. “Debe haber habido cierta noción del grandísimo riesgo de problemas que podía haber, pero se tomó una decisión de que cualquier inteligencia que llegara valía la pena”.

Cierre de casinos en Argentina facilita el auge de redes de apuestas ilegales

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Cabecilla de Los Monos en prisión Ariel Máximo Cantero, alias “Guille”

En Argentina, las autoridades implicaron a la policía local y a varios fiscales en una red de extorsión y apuestas ilegales vinculada al grupo criminal Los Monos, lo que resalta cómo la pandemia del coronavirus ha abierto aún más espacio para la corrupción oficial.

Cinco personas fueron imputadas el 23 de julio en conexión con la red criminal, que operaba varios centros de apuestas ilegales en la ciudad de Rosario bajo la dirección del jefe de Los Monos en prisión, Ariel Máximo Cantero, alias “Guille”, como informó Rosario Plus

Entre los acusados se encuentra el exjefe de policía Alejandro Torrisi, quien fue arrestado saliendo de un casino ilegal con un sobre de dinero en la mano. Se presume que este ayudaba a conseguir la liberación de los miembros del grupo criminal presos, a la vez que administraba algunas de las casas de apuestas, según La Capital.

En el mes de marzo, Argentina clausuró sus casinos legales en medio del confinamiento frente al coronavirus, una medida que parece haber llevado a los apostadores a buscar alternativas ilícitas, según la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA).

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Durante la investigación, La Capital informó que los fiscales también develaron mensajes de WhatsApp entre un miembro de la red criminal y un funcionario oficial desconocido adscrito a la Fiscalía General, quien presuntamente entregaba información sobre uno de los miembros del grupo arrestados

Alias Guille supuestamente envió a miembros del grupo a extorsionar negocios legales e ilegales en Rosario. El dinero obtenido se invirtió en las casas de apuestas, que operaban con ayuda de la corrupción oficial.

“Comenzamos a ver evidencia de que era posible que este grupo hubiera tomado el control de este negocio mediante extorsión y con [la ayuda de] exagentes de policía. […] Enfrentamos un problema mayúsculo”, declaró el secretario de seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, a medios locales.

Las recientes revelaciones se derivan de una investigación en curso por un tiroteo ocurrido en enero en el casino City Center de Rosario por el que se ha señalado al miembro de Los Monos, Maximiliano Díaz, alias “Cachete”, quien también fue acusado en el caso de apuestas ilegales y extorsión. Las autoridades creen que el tiroteo en el casino más grande de la ciudad tiene relación con las actividades extorsivas de la banda, según Clarín.

Análisis de InSight Crime

El centro regional de juegos de azar de Rosario ha creado las condiciones ideales para que la corrupción oficial siga creciendo en medio de la pandemia por el coronavirus.

Con el cierre de los casinos legales por las restricciones impuestas a los negocios para intentar frenar la propagación del virus, las casas de apuestas ilegales operadas en parte por Los Monos están ganando popularidad.

Las apuestas ilegales son un magnífico negocio en Argentina. En 2016, se estimaba que generaban anualmente unos 50 mil millones de pesos argentinos (cerca de US$3 mil millones) solo en la provincia de Buenos Aires. Ese mismo año, nuevas regulaciones impusieron penas más severas para quienes manejaran operaciones ilegales de apuestas, y las autoridades comenzaron a allanar casinos clandestinos en todo el país. Pero ahora que esos medios legales de juegos de azar se mantienen cerrados, los juegos ilegales nuevamente están en auge.

“Sin juego legal, crece el juego clandestino. Por ejemplo, sin loterías en Argentina, el juego ilegal trabajaba con la Quiniela de Montevideo (capital de Uruguay), que no se detuvo… pero con la flexibilización de la cuarentena en muchas ciudades los denominados garitos volverán a funcionar”, declaró a La Nación el secretario del sindicato argentino de trabajadores de los juegos de azar, Ariel Fassione.

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La corrupción oficial en Rosario no ha hecho más que contribuir al fenómeno. Son notorios los bajos salarios en la policía de la ciudad y con frecuencia el organismo se ha visto implicado en narcotráfico y otras modalidades de crimen organizado. En 2018, nueve agentes de policía fueron sentenciados por hacer parte de Los Monos. Al año siguiente, seis policías más, incluido el jefe de la policía federal de Santa Fe, fueron acusados de narcotráfico.

Dicho esto, el más reciente operativo contra la red ilegal de extorsión y juegos de azar se presenta en un momento en que las autoridades buscan activamente la depuración del organismo policial.

Cuando Sain asumió su cargo en diciembre pasado, La Nación informó que encabezó una “purga” de la policía de la provincia, en la cual despidió a los 31 jefes de policía locales. Ahora, encabeza una serie de reformas de seguridad con el fin de reorganizar y profesionalizar la policía y nombrar un inspector general y un tribunal disciplinario.

Red Amapola México, una mirada a las comunidades marginadas en la cadena del opio

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La caída de los precios de la heroína en Estados Unidos y su devastador efecto económico en las comunidades cultivadoras de amapola en México han sido temas de amplias discusiones. La situación suele atribuirse al auge de alternativas químicas de menor costo, como el fentanilo.

Un nuevo proyecto internacional de investigación plantea la hipótesis de que los verdaderos problemas y las eventuales soluciones a esta crisis son mucho más profundas. Romain Le Cour y Cecilia Farfán-Méndez, de Noria Research, lideran la Red Amapola México, lanzada en julio de 2020, que se propone ofrecer un panorama completo, basado en datos, sobre la economía del opio en México para contribuir a guiar el debate público.

InSight Crime habló con los dos investigadores a discutir qué tan complejas e incomprendidas son realmente las dinámicas que determinan los problemas de la economía del opio en México.

InSight Crime: En 2019, Noria Research analizó la economía actual del opio en México y las presiones a las que se ha visto sometida debido al auge del consumo de fentanilo en Estados Unidos. Un año después, lanzan la Red Amapola México. ¿Qué factores llevaron a emprender este proyecto de investigación y por qué es necesario hoy?

Romain Le Cour: En 2019, publicamos un informe sobre lo que llamamos la “crisis del opio” en México, para referirnos a la crisis económica de la producción de opio y heroína. Habíamos estado documentando esto en el trabajo de campo. Queríamos ofrecer una dosis de realidad a las enormes cifras económicas asociadas con la discusión sobre las sustancias ilegales.

Oímos del opio en México en términos de narcotráfico, violencia y seguridad interior. No oímos mucho sobre las realidades sociales, políticas y económicas de las regiones que subsisten con la economía del opio.

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Ha habido una evolución en la economía del opio, que va desde una época muy rentable durante 15 o 20 años, en especial 5 a 7 años, donde los precios llegaron a su pico más alto. Ahora esos precios bajaron. Lo que documentamos el año pasado fue que la evolución de esta economía del opio no se conocía realmente en México.

La Red Amapola México busca llenar ese vacío. No tenemos suficiente información sobre lo que sucede en estas zonas rurales marginadas de México. Y eso significa que somos menos capaces de proponer soluciones viables en materia legislativa.

IC: ¿Por qué piensan que han fallado en México las políticas públicas encaminadas a abordar una reducción de los cultivos de amapola o reducir la violencia asociada a este cultivo? ¿Por qué puede tener éxito la Red donde otros han fallado?

Le Cour: Las acciones emprendidas por las autoridades sobre la producción de opio en México nunca han cambiado realmente. Desde los años treinta hasta hoy, la prioridad siempre ha sido destruir los cultivos. La respuesta ha sido la militarización, combinada con campañas de destrucción y fumigación.

Pero estas medidas nunca buscaron eliminar por completo la economía del opio. Esta es demasiado importante para la supervivencia de estas regiones. La economía del opio no solo mantiene a narcotraficantes y agricultores. Sostiene la economía local y sirve al sistema político, que depende de ella para ganar dinero y gobernar estas regiones de México.

El objetivo nunca fue reducir la violencia, que no es un obstáculo para el poder político en México. Por ende, los gobiernos, incluido el actual, criminalizan a los campesinos y erradican las plantas de amapola, pero lo hacen sin proponer situaciones económicas, sociales y políticas reales. La economía del opio se mantendrá, pues tiene el incentivo de la demanda externa, principalmente de Estados Unidos.

Debemos estudiar estas cuestiones por medio de ópticas culturales, económicas, políticas y sociopolíticas. Eso es lo que queremos lograr en Noria Research y la Red Amapola México. No buscamos la solución milagrosa en términos de políticas públicas. Queremos producir conocimiento sólido basado en la evidencia sobre el estado de la economía del opio en los estados de Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Cecilia Farfán-Méndez: Las políticas públicas deben basarse en la evidencia. Una de las funciones claves de la red es producir información que permita orientar las decisiones legislativas. Como sucede en otros lugares del mundo, la decisión de cultivar opio no se basa únicamente en los precios. Tenemos que entender qué factores son incentivo para que un agricultor ingrese a la economía del opio. Hasta que no tengamos esta información, los datos sobre la destrucción de cultivos ofrecerán una imagen incompleta.

IC: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el desarrollo de estrategias económicas alternativas para las comunidades rurales que dependen de la producción de amapola?

Le Cour: Los programas de sustitución de cultivos han mostrado resultados en todo el mundo, pero pueden usarse como una solución simple a un problema complejo. Los campesinos nos han dicho que se han especializado en el cultivo de amapola exclusivamente a lo largo de 20 años. En un tiempo se dedicaron a cultivos legales, como café, maíz o melón en ciertas zonas, pero luego se especializaron en la amapola de opio, porque les daba mayores ganancias.

Y la generación más joven ha trabajado siempre con la producción de amapola de opio exclusivamente. Es difícil para ellos pensar en cultivar otra cosa. El conocimiento ha desaparecido. Ese es el primer desafío.

El segundo es que las políticas de fumigación y erradicación han traído consigo un uso desmedido de químicos. Y posteriormente los agricultores han usado fertilizantes aún más fuertes para contrarrestar el impacto de la fumigación y la erradicación. Eso ha tenido un efecto ecológico catastrófico. La tierra se ha contaminado con todo eso.

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Y no pueden brindarse alternativas reales sin apoyo de las autoridades públicas, lo que es otro problema. Algunas de estas zonas aisladas han terminado más marginadas por políticas de estado, como la militarización. Es preciso reintegrarlas a las economías formales mediante inversión pública y el ofrecimiento de alternativas. El hecho de que la amapola de opio no sea tan rentable como antes podría facilitar esto. Si el Estado tuviera la voluntad política para llegar y ofrecer soluciones, este sería el momento de hacerlo. Pero no vemos esa voluntad política.

Farfán-Méndez: Las estrategias de desarrollo no pueden ser iguales para todos. Un área de interés de la red es comprender mejor la participación femenina en la economía del opio. En México, el 15,2 por ciento de las familias que dependen de las industrias agrícola y pesquera tienen a mujeres como cabezas de hogar. Saber qué otras tareas realizan (como labores domésticas y atención a personas a cargo), hará también posible diseñar estrategias de desarrollo que incluyan a estas mujeres.

Sin embargo, abundan las experiencias previas que ofrecen lecciones como el que los monocultivos no son una alternativa viable.

IC: La Red Amapola México señala que lo que se sabe de la dinámica social de la producción de opio se deriva del cubrimiento de los medios locales. ¿Por qué piensan que estas dinámicas no han recibido la misma atención en el ámbito internacional que, por ejemplo, la dinámica de la producción cocalera en Colombia?

RLC: Tenemos muy buen cubrimiento de los medios e investigación académica sobre la dinámica de la amapola de opio en México, pero no existen datos sistemáticos sobre los parámetros estructurales de la economía del opio en las diferentes regiones productoras. No tenemos datos confiables, no tenemos perspectivas históricas sobre lo que sucede en regiones específicas y las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas en la economía del opio.

Uno de los principales objetivos de la Red Amapola México es en primer lugar la recopilación de la información que ya tenemos, sistematizarla y producir mucho más conocimiento sólido basado en evidencias para compararlo con otros países cultivadores de amapola, como Colombia, Myanmar y Afganistán.

IC: La estrategia de Estados Unidos contra la cocaína ha sido financiar campañas de erradicación de coca, pese al gran volumen de evidencia de abusos contra los derechos humanos y a las dudas fundamentadas sobre su efectividad. ¿Cómo se compara esto con la presión impuesta a México por la amapola?

RLC: La estrategia estadounidense en México ha sido la misma que ha aplicado en otros países. Ha habido intensa presión en México para que erradique la amapola. Ha habido presión política y económica, así como apoyo material para la erradicación y cooperación en la ubicación de los cultivos.

Esta presión para erradicar cultivos ilícitos ha existido por décadas y no funciona. Hay más producción de cultivos ilícitos por donde quiera que se mire. De nuevo, el modelo no se basa en hacer desaparecer estas economías, se basa en promover la guerra antinarcóticos. Si estas economías desaparecieran, la guerra antinarcóticos desaparecería. Ese no es el objetivo.

Todo el mundo sabe dónde se encuentran los sembrados de amapola en México y cómo se transforma la amapola en heroína. No existe voluntad política para erradicar por completo esta economía ilícita.

Farfán-Méndez: No creo que esa sea la explicación completa, pero históricamente hay precedentes de campañas de erradicación en México que han tenido consecuencias negativas para los consumidores de drogas en Estados Unidos. Además, yo no afirmaría que la heroína por sí sola ha sido la amenaza tanto como la heroína contaminada con otras sustancias sintéticas, como el fentanilo y los análogos del fentanilo. Por lo tanto, la erradicación no suprimiría el problema.

IC: El fentanilo y la popularidad de las drogas sintéticas ha incidido en parte en la caída de los precios del opio, pero no es demasiado simplista considerar que es la única razón para esa baja?

Le Cour: La economía del opio en México es más frágil que antes y las drogas químicas son una razón importante para explicar el fenómeno, pero no son el único factor. También ha habido una sobreproducción importante en México en los últimos años.

Se ha dicho que las drogas químicas reemplazarán a las biológicas, pero no estoy seguro de que sea un juego de suma cero. Es cuestión de cohabitación entre la producción de narcóticos naturales y químicos; estos se ven afectados por un mercado complicado en continua evolución.

La Red Amapola México quiere documentar esas variaciones en las economías ilícitas. Sabemos muy poco sobre eso, pero queremos ir más allá de la narrativa simplista del reemplazo de las drogas biológicas por químicas. Es demasiado pronto para decir eso.

Farfán-Méndez: Los mercados de narcóticos son más complejos que meras reducciones de costo de parte de la oferta. Aunque podamos ver un auge de otras drogas sintéticas, no creo que nos alejemos del todo. Existe una parte consumidora que no entendemos por completo y esto tiene la misma relevancia para las diferencias de precio que la manera como cambian los costos por cuenta de la producción de sintéticos.

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IC: El actual gobierno mexicano ha anunciado iniciativas para intentar ofrecer alternativas económicas a los cultivadores de amapola en Guerrero. ¿Hay alguna evidencia de que esto pueda hacer una diferencia?

RLC: El actual gobierno mexicano ha hecho esos anuncios en Guerrero y en otros lugares del país, pero no los hemos visto; por el contrario, estas comunidades están muy marginadas social y económicamente; así ha sido por décadas y eso no ha cambiado con la actual administración.

En este momento, no podemos decir que el gobierno esté haciendo algún cambio en esas zonas. La crisis del COVID-19 ha exacerbado esas dinámicas.

Estas regiones están increíblemente aisladas y muy distantes del alcance del Estado. La presencia estatal allí por lo general se observa en la presencia de maestros y soldados y eso no ha cambiado. No hemos visto un plan que afecte realmente estas economías criminales, solo más militarización.

IC: La economía del opio ha sido una fuente importante de ingresos para los grupos criminales en zonas como Tierra Caliente, Guerrero, pero con el agotamiento de esta, es posible que recurran a otras formas de ingreso. ¿Qué reacción han notado con la adaptación de estos grupos frente a la caída de los ingresos derivados de la heroína?

Le Cour: En Tierra Caliente puede haber otras economías como el narcotráfico, pero este proyecto busca ir más allá de Tierra Caliente. Solo en Guerrero, hay tantas realidades diferentes a Tierra Caliente, hay tantas realidades entre Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit. Tenemos que adentrarnos en esas distintas realidades para entender las economías políticas de la producción del opio en México. Eso va más allá de los grupos criminales y las “narconarrativas”.

La economía del opio en México se basa en el poder y el control políticos. Los grupos criminales padecerán por la crisis económica de la producción de opio, pero el impacto en el poder político será mucho más amplio y más complejo. Los criminales no son autónomos del poder político, ese nunca ha sido el caso. No es que un grupo criminal simplemente pase del narcotráfico a la extorsión. Si un grupo se está cambiando a la extorsión es porque tiene la protección política para hacerlo. La interacción entre los mundos legal e ilegal en ese nivel es muy interesante. Debemos entender esas relaciones.

IC: Y aunque estamos en los inicios de la Red Amapola México, ¿tienen idea de cuánta amapola se necesita cultivar para sostener el fentanilo que se produce y luego se mezcla con heroína?

RLC: La Red Amapola México quiere conectar la producción de opio en México con el consumo en México y Estados Unidos. Queremos realizar una investigación sobre la parte productora en México, incluyendo el tráfico, y hacer lo mismo en la parte del consumidor en Estados Unidos. Queremos llegar a un nivel de colaboración con investigadores y analistas sobre el consumo y el tráfico en Estados Unidos. Mediante estas conexiones, seremos capaces de atar todos los cabos.

Hablamos tanto sobre la economía del opio, pero en realidad es muy poco lo que sabemos de ella.

*Esta entrevista se editó para hacerla más clara y concisa.