Investigación y análisis de crimen organizado
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Estados Unidos acusa de narcotráfico a exfuncionario de seguridad de México

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Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012

Las autoridades de Estados Unidos han detenido al principal funcionario de seguridad de México durante la administración del expresidente Felipe Calderón por cargos relacionados con drogas y por recibir sobornos de narcotraficantes, un explosivo hecho tras el juicio de “El Chapo” Guzmán.

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012, fue arrestado el 9 de diciembre en el estado de Texas. Los fiscales estadounidenses alegan que, a cambio de “sobornos multimillonarios”, García Luna le “permitió al Cartel de Sinaloa operar impunemente en México”, como se lee en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos con fecha del 10 de diciembre.

García Luna fue director de la policía federal de México durante seis años, en los cuales, según las autoridades estadounidenses, el Cartel de Sinaloa “pudo pasar sin inconvenientes sus cargamentos de drogas y obtuvo información sensible de los organismos de seguridad sobre las investigaciones en torno al cartel, así como información sobre carteles rivales”.

El economista y abogado mexicano Edgardo Buscaglia estima que en 2010, cuando García Luna estaba al frente de la policía federal, el Cartel de Sinaloa controlaba cerca del 45 por ciento del tráfico de drogas en México. Sin embargo, los miembros del cartel representaron solo alrededor del dos por ciento de los detenidos por cargos de crimen organizado entre 2004 y 2010, según un informe de The Economist en ese momento.

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Los fiscales supuestamente tienen pruebas de que, en al menos dos ocasiones, los intermediarios financieros del Cartel de Sinaloa entregaron sobornos a García Luna en maletines que contenían entre US$3 y 5 millones en efectivo. García Luna era millonario cuando se retiró del servicio público y se trasladó a Estados Unidos en 2012.

En caso de ser declarado culpable, García Luna enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

“Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho”, dijo el expresidente Calderón en Twitter como respuesta a las acusaciones. “Mi postura será siempre en favor de la justicia y la ley”.

Desde que Calderón inició la denominada “guerra contra las drogas” y los grupos del crimen organizado de México en 2006 —de la que García Luna fue el principal artífice—, unos 200.000 ciudadanos han sido asesinados, y decenas de miles más han desaparecido. La guerra continúa librándose en vano, incluso después de que su principal objetivo, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, fue condenado a mediados de este año a cadena perpetua por liderar un imperio del narcotráfico.

Análisis de InSight Crime

El arresto de García Luna es una prueba irrecusable de que las autoridades, al menos en Estados Unidos, se están enfocando en la corrupción generalizada al interior del gobierno mexicano, la cual salió a relucir durante el juicio de El Chapo en Estados Unidos.

Desde las primeras intervenciones, el equipo de defensa del ex narcotraficante llamó la atención sobre la corrupción rampante dentro del gobierno, que, sostenían ellos, facilitó las actividades de narcotráfico de su cliente. Jeffrey Lichtman, uno de los abogados defensores, sostuvo que los expresidentes Calderón y Peña Nieto recibieron “cientos de millones en sobornos” del líder del Cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”.

Además, el hermano menor de El Mayo, Jesús “El Rey” Zambada García, testificó durante el juicio que el Cartel de Sinaloa había entregado US$50 millones en sobornos a García Luna, quien respondió que aquello era mentira. Llegar al bolsillo de funcionarios de alto nivel como el jefe de la policía del país es esencial para que organizaciones como el Cartel de Sinaloa puedan operar con éxito.

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El arresto de García Luna genera varias preguntas interesantes, por ejemplo, si el expresidente Calderón sabía —y cuándo lo supo— de los estrechos nexos de su principal funcionario de seguridad no solo con la organización narcotraficante más poderosa del país, sino también con su máximo dirigente. Además, falta ver si otras personas que durante el juicio de El Chapo fueron nombradas por su supuesta participación en la corrupción generalizada, como el expresidente Peña Nieto, también enfrentarán consecuencias por sus presuntas irregularidades.

El arresto también pone en tela de juicio la fallida estrategia de seguridad del gobierno contra los grupos narcotraficantes mexicanos. Dicha estrategia no solo fue bastante defectuosa, sino que además —como lo sugiere el reciente arresto— los encargados de librar la guerra dormían en la misma cama con aquellos a quienes supuestamente debían perseguir.

Por último, el arresto deja claro que solamente en Estados Unidos los funcionarios mexicanos corruptos pueden ser enjuiciados por trabajar mano a mano con las organizaciones criminales. En México pueden operar a su antojo y a toda costa.

Macri entrega cargo en Argentina con balances contradictorios sobre crimen organizado

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Mauricio Macri se posesionó como presidente de Argentina en diciembre de 2015

Cuatro años después de su llegada al poder, Mauricio Macri de Argentina dejará la Casa Rosada con un balance contradictorio sobre seguridad y lucha contra las organizaciones criminales.

Aunque no puede negarse que la administración Macri se anotó importantes tantos, entre ellos el mejoramiento de la recolección de datos, la reducción de la tasa de homicidios, el aumento de los decomisos de narcóticos y bienes ilegales, y las medidas para enfrentar la corrupción en las fuerzas de seguridad, la expansión de los mercados de consumo de narcóticos plantea algunas preguntas importantes sobre el impacto real de la estrategia.

Datos, narcóticos y prisiones

Mauricio Macri asumió el cargo en diciembre de 2015 con una plataforma anticorrupción y fijó como una de sus prioridades la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Entre los avances más notables en los últimos años está la recopilación de datos referentes a los temas de seguridad, un aspecto por cuyo descuido se criticó a las administraciones anteriores.

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En 2017, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) publicó, por primera vez en casi una década, un informe detallado sobre el consumo de estupefacientes en todo el país.

El estudio reveló un pronunciado aumento en el consumo de cocaína y marihuana, en especial entre los jóvenes. Los datos del SEDRONAR también señalan el crecimiento de los mercados locales de drogas sintéticas, con un incremento de 200 por ciento en el consumo de éxtasis durante la última década.

Al confirmarse con datos las teorías por largo tiempo sostenidas de que Argentina había pasado de ser un país de transbordo a uno de producción y consumo internos, las autoridades dirigieron su energía y recursos a hacer arrestos y decomisos de narcóticos.

Al llegar a su tercer año en el cargo, la administración Macri anunció que había marcado récords históricos.

Entre 2015 y 2018, las fuerzas federales de seguridad detuvieron a más de 64.000 personas como parte de unos 60.000 operativos antinarcóticos, según cifras oficiales publicadas por Perfil.

Las autoridades también reportaron que la cantidad de cocaína incautada se duplicó entre 2015 y 2018. Los decomisos de marihuana aumentaron 26 por ciento y los de drogas sintéticas, 144 por ciento durante el mismo periodo.

Aunque las autoridades han ejecutado más operativos en aeropuertos, y arrestado a pequeños traficantes que intentaban llevar droga a Europa, agentes del gobierno declararon a InSight Crime que la gran mayoría de los decomisos totales estaban dirigidos al mercado doméstico.

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En octubre de 2018, la ministra de seguridad Patricia Bullrich declaró en el Congreso que una tercera parte de las capturas por narcóticos en 2017 en Argentina estaban vinculadas al consumo personal.

Los delitos de drogas, como el consumo y el tráfico en pequeña y gran escala, son la segunda causa más común de encarcelamiento en toda Argentina, según datos oficiales. Estos delitos, con frecuencia no violentos, han aumentado a una velocidad mayor que cualquier otro desde que Macri llegó la presidencia.

Las mujeres se han visto especialmente afectadas. La población carcelaria femenina en Argentina se ha duplicado durante la última década, y crecido a mayor velocidad que la masculina, según la Procuraduría Nacional de Prisiones. La inmensa mayoría de mujeres están detenidas por delitos de drogas no violentos.

Martín Verrier, agente antinarcóticos del Ministerio de Seguridad Nacional, señaló a InSight Crime en el mes de junio que la estrategia era trabajar de “abajo hacia arriba”.

“Mirar quién suministra la droga al pequeño expendedor, y de esa forma, llegar hasta las organizaciones más grandes”, explicó.

La estrategia oficial, sin embargo, recibió muchas críticas.

Mariano Fusero, presidente de Reset, una organización que estudia las políticas de drogas en Argentina, comentó a InSight Crime que el incremento de los decomisos y arrestos no brinda una medida precisa de la efectividad del gobierno en la lucha contra el crimen organizado.

“El número de decomisos puede ilustrar muchas cosas: el aumento en la producción de estupefacientes en otros países de la región, fronteras más permeables, el hecho de que se ha facilitado el acceso a las drogas y un creciente mercado de consumo. A mayor demanda, más posibilidades de hacer más decomisos”, agregó Fusero.

Afirma que el gobierno no logró atacar las causas de la expansión del mercado de consumo.

“El gobierno invirtió la mayor parte de su presupuesto en tratar de reducir la oferta en lugar de atacar la demanda. Los programas centrados en el tratamiento y la prevención de adicciones no cuentan con recursos suficientes”.

Corrupción: élites y fuerzas de seguridad

Siguiendo otra de sus promesas de campaña, la lucha contra la corrupción en las élites se convirtió en otra prioridad para la administración Macri.

Se abrieron varias investigaciones contra altos funcionarios de las administraciones anteriores, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, algunos de sus mismos funcionarios están siendo investigados por cargos de corrupción, entre ellos el mismo Macri.

Se han descubierto nexos de empresarios y políticos con organizaciones criminales, como en los casos de Itatí, en la provincia de Corrientes, y Paraná, en Entre Ríos, dos ciudades con una ubicación estratégica en corredores de narcotráfico.

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Un área en la que ha sido históricamente difícil atacar la corrupción es entre las fuerzas de seguridad.

Miembros de los cuerpos de policía federal y provincial en toda Argentina han enfrentado, por décadas, acusaciones de colusión con organizaciones criminales.

Expertos consultados por InSight Crime señalaron que las organizaciones narcotraficantes, grandes y pequeñas, no podrían operar sin la participación activa de miembros de las fuerzas de seguridad locales y federales y de otros funcionarios, que facilitan las prisiones para que sirvan de “centros logísticos” para poderosas agrupaciones criminales.

En una medida para contrarrestar esto, la administración Macri implementó un programa para proteger a los funcionarios que desearan entregar información sobre corrupción y casos de colusión con organizaciones criminales dentro del organismo y una base de datos de funcionarios corruptos.

Desde 2015, casi 1.400 agentes de policía de la fuerza provincial de Buenos Aires fueron dados de baja del servicio y más de 27.000 tienen investigaciones abiertas.

Es cierto que no es tarea fácil atacar esos problemas tan arraigados y que las medidas oficiales han hecho algunos avances para empezar a resolver el problema. Sin embargo, parecen insuficientes, pues tienden a concentrarse en funcionarios individuales y no en las estructuras que permiten el florecimiento de la corrupción, incluidas, entre otras, las precarias condiciones laborales y los bajos salarios, que hacen del trabajo con organizaciones criminales una propuesta atractiva para muchos.

También es cierto que la estratégica ubicación de Argentina como punto de tránsito hacia el lucrativo mercado europeo, el crecimiento del mismo mercado de consumo doméstico y la dinámica local, donde muchos grupos pequeños controlan territorios con ayuda de gobernantes corruptos, le dan un cariz especialmente desafiante a la lucha contra el crimen organizado.

Y con el país inmerso en una profunda crisis económica que facilita el crimen, la nueva administración del presidente electo Alberto Fernández tendrá la ruta señalada. Los logros y fracasos de la administración Macri deberían ofrecer un plan de acción útil.

Región minera en Guyana, puerta abierta al crimen organizado de Venezuela

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La población minera de Etheringbang, en Guyana, en la frontera con Venezuela
La oblación minera de Etheringbang, en Guyana, en la frontera con Venezuela también afectada por los grupos criminales

Un informe reciente de la organización International Crisis Group explora la dinámica criminal en la región minera de Guyana, limítrofe con Venezuela, y revela cómo el caos y la violencia en el arco minero de Venezuela se desborda al su país vecino.

El informe pone el foco en la población minera de Etheringbang, en la región de Esequibo —considerado como una zona en reclamación por Venezuela—, en el oeste de Guyana. La población está situada en las orillas del río Cuyuní, en la frontera con Venezuela y es una vía clave para los flujos de contrabando y migrantes entre ambos países.

Al otro lado del río frente a Etheringbang, la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las mafias venezolanas conocidas como sindicatos se disputan el control de las minas de oro ilegal en Venezuela. Los mineros guyaneses realizan sus operaciones a la sombra de estos grupos armados.

El informe describe cómo los barcos que transportan suministros para las minas guyanesas deben pasar por tres puntos de control, en poder del ELN, los sindicatos y los organismos de seguridad venezolanos, respectivamente. En cada punto, se cobran cuotas extorsivas a punta de pistola.

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Con un ejército de solo 3.500 hombres, Guyana vive bajo el temor de una incursión armada. Los oficiales de seguridad guyaneses entrevistados para el informe expresaron su preocupación de que una intervención militar extranjera en Venezuela lleve a grupos criminales armados a trasladar sus operaciones al otro lado de la frontera, lo que desataría una crisis de seguridad en Guyana.

Ya en noviembre de 2018, los sindicatos allanaron una de las minas guyanesas, por lo cual se enfrentaron a tiros con los dueños de las minas locales. El ELN tiene un campamento casi a la vista de Etheringbang, desde donde hace casi dos años controla los movimientos entre fronteras.

En 2017, el diputado venezolano Williams Dávila visitó la isla Anacoco, en la parte guyanesa del río Cuyuní, cerca de Etheringbang. Su intención era proclamar la soberanía venezolana en la región de Esequibo, que Venezuela reclama y considera bajo ocupación guyanesa. La delegación fue detenida en un punto de control por guerrilleros del ELN fuertemente armados.

Para Bram Ebus, autor del informe del Crisis Group, el hecho fue una cruda demostración del verdadero balance de poderes en Esequibo.

“Fue un choque con la realidad para ellos saber que es el ELN quien realmente ocupa esa región”, comentó en entrevista con InSight Crime.

Análisis de InSight Crime

La vulnerabilidad de los mineros guyaneses se ve exacerbada no solo por la extrema lejanía de la región, sino también por el ambiguo estatus legal de sus mismas operaciones. Estos factores los empujan a establecer una incómoda relación simbiótica con los grupos armados del lado venezolano, lo que deja una puerta abierta para las economías criminales transfronterizas.

Aunque Esequibo es reconocida como parte de Guyana en el ámbito internacional, los reclamos territoriales de Venezuela han disuadido la inversión extranjera a gran escala en la región desde hace décadas.

Como resultado de eso, las operaciones mineras guyanesas tienden a ser pequeñas y aisladas, al carecer de recursos para desarrollar una infraestructura de suministros confiable. Por consiguiente, dependen de los grupos criminales que contrabandean insumos necesarios al otro lado de la frontera venezolana.

“Todos los mineros guyaneses consiguen su combustible de Venezuela, porque está más cerca y es mucho más barato”, comentó Ebus a InSight Crime. “Si toma una lancha desde Etheringbang, subiendo y bajando por el río, verá todas esas casas en la ribera del río con 50 tambores de combustible apilado en algún lugar. El mayor negocio en los tres puntos de control es cobrar impuestos a todos los tambores de gasolina”.

Explicó que aunque la mayoría de las minas guyanesas tienen algún tipo de título legal, la industria no tiene regulación formal, lo que le da muchas de las características de las operaciones ilegales. El uso de mercurio es tolerado ampliamente y la falta de supervisión significa que no hay claridad sobre hasta qué punto el oro venezolano ingresa a la cadena de suministros guyanesa o al contrario.

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Según Ebus, los informes de cotización del oro son confusos: algunas fuentes afirman que el metal puede conseguir mayores precios en Venezuela, donde el presidente Maduro depende cada vez más del recurso para mantener a flote su administración con un flujo de caja recortado. Otros alegan que Guyana es un destino conveniente para lavar el oro ilegal venezolano.

Sin controles fronterizos significativos entre ambos países, no hay mucho que impida que esta materia prima se introduzca ilegalmente en cualquier dirección, según los cambios en la demanda de los mercados criminales.

El desbordamiento de las economías criminales en Venezuela también atiza la proliferación de actores criminales en Guyana. Un ejemplo de ello es la trata de personas y la industria del explotación sexual que se nutre de refugiados venezolanos.

Aunque los mineros de Etheringbang son atendidos por venezolanas que venden “sexo de supervivencia” a cambio de pedazos de oro, el Cuyuní también es una vía de alto tráfico para una actividad mucho mayor y más lucrativa manejada por redes criminales a ambos lados de la frontera.

“En Georgetown, conozco a alguien que tiene un hotel, un guyanés”, relató Ebus. “Él envía mensajes a San Félix o Puerto Ordaz en el estado de Bolívar [Venezuela], diciendo: necesito tantas mujeres, de tales edades, y los venezolanos se las envían”.

Ebus es claro en afirmar que aunque esos flujos de tráfico pueden estar dirigidos por venezolanos, también dependen de tratantes guyaneses en los puertos a lo largo del Cuyuní, lo que fomenta la criminalidad y la corrupción en Guyana.

La corrupción también permea la policía guyanesa en ciudades como Etheringbang.

“Todos los mineros locales tienen que pagar en oro a la policía”, señaló Ebus. “La policía va por ahí en ropa de civil, tomando cerveza y usando grandes cadenas y anillos de oro. Una vez [vi] a un tipo de la Guardia Nacional Venezolana que pasaba a Guyana a tomar unas cervezas con los agentes locales”.

El ejército guyanés afirma que mantiene presencia a lo largo de la frontera, pero se mantiene a distancia segura, sabiendo que se verán superados sin esperanza por los ejércitos del lado venezolano. Incapaces de contar con la protección estatal, los dueños de minas guyaneses están recurriendo a contratistas de seguridad privada, lo que multiplica aún más los actores armados no estatales en la región.

“Ellos son como mercenarios guyaneses con armamento pesado, que tratan de defender los intereses mineros en la parte guyanesa”, explicó Ebus. Pero señaló que su tarea más importante es vigilar contra los robos menores, y duda que puedan brindar protección más que simbólica contra un ataque venezolano organizado.

“Por ahora, no veo la posibilidad de una gran escalada”, comentó. “Esta es no más que la nueva ley y orden en ese rincón del mundo”.

Histórica redada confirma boom de Chile como mercado para la marihuana

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El mercado chileno se ha convertido en uno de los predilectos de los traficantes colombianos de marihuana

El decomiso de un cargamento de más de cuatro toneladas de marihuana a mediados de noviembre en Chile es el más grande en la historia del país y confirma que el mercado chileno se ha convertido en un destino predilecto para los traficantes colombianos de marihuana.

El 19 de noviembre, la armada chilena incautó 4,2 toneladas de marihuana “cripy” en un barco frente a la costa de la región sureña de O’Higgins, cuyo valor en las calles se estima en unos US$25 millones. El cargamento, procedente de Colombia, y sus seis tripulantes colombianos quedaron a disposición de las autoridades.

Según el director de la policía de investigación de Chile, Héctor Espinosa, el alcaloide se distribuiría en todo el país, mientras que el jefe de fiscalías de O’Higgins, Javier von Bischoffshausen, señaló que las autoridades chilenas llevaban nueve meses tras la pista de esta red de traficantes.

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En los últimos años, Chile se ha adquirido preponderancia para los narcotraficantes colombianos, especialmente por su demanda de la potente cepa de marihuana cripy.

Los decomisos de marihuana han exhibido un crecimiento exponencial. En 2017, se decomisaron 426 kilogramos de cripy colombiana en Santiago, y en 2018, en Perú se hizo una incautación de 853 kilos de cripy con destino a Chile.

Con un consumo per cápita de cannabis de 15,1 por ciento de su población, Chile se sitúa en el primer lugar en Latinoamérica en y el quinto en el mundo por consumo, según las estadísticas más recientes de la ONUDD.

La marihuana cripy se ha convertido en el nuevo éxito internacional para Colombia. Por mucho tiempo se produjo mayormente para uso interno, pero los decomisos recientes indican un cambio hacia mercados latinoamericanos, en Trinidad y Tobago, Centroamérica, Venezuela, Brasil, Bolivia y Chile.

Análisis de InSight Crime

La afluencia de cripy a Chile está creciendo rápidamente y parece que la tendencia se mantendrá. Este último decomiso en O’Higgins es casi diez veces más grande que el segundo mayor decomiso que se había hecho en el país hace solo dos años.

Esto indica que en los dos últimos años los traficantes colombianos pasaron de tener una posición segura en el mercado chileno a un control total, y ahora lo ven como un destino prioritario para sus cultivos, mucho más cercano que los mercados norteamericanos.

En un intento por frenar el alza del narcotráfico, recientemente el presidente chileno Sebastián Piñera desplegó soldados a la región limítrofe con Perú, Bolivia y Argentina. Pero el gobierno aún debe diseñar un plan para atacar específicamente el tráfico de marihuana colombiana. Y aunque anteriores gobiernos chilenos apoyaron la despenalización del consumo de estupefacientes, el de Piñera se opone resueltamente a la idea.

El consumo de marihuana por encima del promedio en Chile puede atribuirse a su boyante economía y al crecimiento de su clase media. Como el segundo país más rico de Latinoamérica, la marihuana cripy está en cierto modo más al alcance del chileno promedio que en otros países latinoamericanos. En Chile, los traficantes colombianos pueden vender la cripy hasta en US$5.000 por kilo, lo que les reporta ganancias mucho mayores que en casa.

Decomisos récord de cocaína en Brasil revelan puertos desbordados de droga

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Paquetes de cocaína hallados en un cargamento de café que saldría de un puerto en Brasil

Los decomisos de cocaína en Brasil batieron un récord este año, y de estos la gran mayoría de la droga se detectó en contenedores de carga en los puertos del país.

Entre enero y octubre de 2019, los decomisos de cocaína alcanzaron las 47,1 toneladas, un aumento importante en comparación con las 31,5 toneladas decomisadas durante todo 2018, informó el diario Globo. Las autoridades incautaron 85 por ciento de la cocaína, equivalente a 40 toneladas, en solo cuatro puertos brasileños.

El 22 de noviembre, el Puerto de Santos —el mayor del país— batió su récord de 2018, con el hallazgo de más de una tonelada de cocaína en un cargamento de chatarra que iba camino a Amberes, Bélgica, con destino al puerto de Rotterdam, en los Países Bajos. Las autoridades escanearon el contenedor y luego introdujeron perros antinarcóticos, que descubrieron la cocaína envuelta en aluminio y comprimida en bolsas plásticas.

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La semana siguiente, las autoridades de la localidad de Santos, en el estado de São Paulo, al sureste del país, descubrieron otra tonelada de cocaína, oculta en bolsas de azúcar en espera de ser enviadas a Marruecos. Este operativo dejó el saldo de los decomisos de cocaína en el puerto este año en 25,3 toneladas. Un pico anterior se reportó el año pasado, con 23,1 toneladas.

De igual modo, otros puertos brasileños han contado decomisos de cocaína récords. El puerto de Paranaguá —más al sur del puerto de Santos— capturó alrededor de 13,5 toneladas, y estuvo cerca de triplicar la cantidad la cantidad decomisada durante todo 2018. Los destinos para casi todos los cargamentos eran los puertos de Amberes y Rotterdam.

Las autoridades también decomisaron más de cuatro toneladas de cocaína en el puerto de Natal, el puerto más al este de Brasil y el más cercano a Europa. La cocaína iba oculta en un cargamento de fruta en dirección a Rotterdam. Construido en 1932, el puerto de Natal, nunca había visto un decomiso de narcóticos hasta este año, afirmaron las autoridades.

Análisis de InSight Crime

La cantidad récord de cocaína incautada en los puertos de Brasil indica tendencias enfrentadas: una intensificación de la vigilancia de las autoridades, pero también una gran corrupción por parte de los trabajadores portuarios y otros actores de la cadena de suministros.

El puerto de Santos, el más grande de Latinoamérica, maneja cerca del 40 por ciento de los despachos marítimos de Brasil, lo que lo convierte en un objetivo de valor para los traficantes. Hace cinco años, sin embargo, solo se incautó una tonelada de cocaína en este puerto.

Sin embargo, el importante aumento reciente es resultado de la mayor producción de cocaína en los países productores cercanos, especialmente Colombia, y la creciente demanda de cocaína en Europa, donde la droga ha resurgido con gran fuerzaalcanza un alto precio en las calles. Casi el 30 por ciento de la cocaína confiscada este año en el puerto belga de Amberes, importante entrada para las drogas a Europa, procedía de Brasil.

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Durante una reciente visita al puerto de Santos, algunos funcionarios declararon a InSight Crime que han mejorado los controles con nueva tecnología, que incluye el uso de equipos de escaneo avanzados, cámaras de vigilancia y algoritmos en computadores para identificar contenedores sospechosos. El puerto también cuenta con una unidad K-9 exclusiva, de beagles detectores de droga. La identificación de los grupos responsables de los grandes cargamentos de drogas, que muy probablemente actuaron de manera concertada, es más difícil, reconocieron los funcionarios.

La mayoría de los cargamentos de los contenedores se contaminan con drogas mediante una modalidad que se conoce como “gancho ciego”, que significa que la cocaína se introduce en contenedores de carga manipulándolos cuando están en el muelle. Esto se hace en gran parte sin conocimiento del dueño, y requiere la colusión de trabajadores, guardias de seguridad y agentes en la cadena de suministros, que saben cuáles contenedores deben cargarse y cuál es su destino. De igual forma, demanda trabajadores corruptos en los puertos de destino que recuperen las drogas.

De las casi 20 toneladas de cocaína destinadas a Amberes, en Bélgica, que se incautaron en los puertos brasileños, la gran mayoría se escondió a bordo de los contenedores de carga mediante la modalidad de gancho ciego, según el último informe anual del Centro Europeo de Monitoreo para Drogas y Adicción a Estupefacientes (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA).

En contraste, la cocaína en los cargamentos procedentes de puertos colombianos se encontró oculta en cargamentos legítimos, lo que indica que los narcóticos pudieron haberse introducido cuando se estaba cargando el contenedor, no después.

Investigan otra red de tráfico de órganos en Costa Rica

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Las autoridades de Costa Rica están investigando una red de tráfico de órganos en un hospital de San José

Los fiscales de Costa Rica se encuentran investigando una presunta red de tráfico de órganos en un hospital de la capital del país. Es la segunda vez en los últimos años que se descubre este tipo de red.

La Fiscalía General proporcionó pocos detalles sobre su investigación en torno al tráfico de órganos en el Hospital México, ubicado en San José, que es operado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), informó CRHoy. Aún no se han realizado arrestos y todavía están reuniendo pruebas, según la unidad a cargo de los casos de trata de personas.

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Esta no es la primera vez que un hospital de San José se ha visto implicado en el comercio de órganos. En 2017, el doctor Francisco José Mora Palma, exdirector de nefrología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, entidad de naturaleza pública, fue condenado después de que las autoridades lo acusaran de dirigir una red dedicada al tráfico de riñones a nivel internacional entre 2009 y 2013. Otros tres médicos, un empresario griego y un agente de la Policía Nacional fueron condenados en el caso. La red contaba con intermediarios mediante los cuales vendía riñones a receptores en Israel, Ucrania y países de Europa del Este.

Análisis de InSight Crime

Aunque Costa Rica es el primer gobierno latinoamericano en firmar un tratado internacional para combatir el tráfico de órganos humanos, este caso indica que no se han eliminado las condiciones que permiten que sus instituciones médicas sean vulnerables a la explotación.

En 2018, Costa Rica acordó hacer cumplir las leyes implementadas por el “Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos humanos”, que insta a los gobiernos a establecer como delito la extracción ilegal de órganos de donantes vivos o muertos. El tratado también hace posible que las víctimas reciban una compensación.

El país firmó el tratado después de que el primer caso se hizo público, y los expertos internacionales lo criticaron por crear condiciones hospitalarias para el tráfico de órganos.

Costa Rica se ha popularizado como destino de turismo médico, lo cual se ha visto acompañado por un aumento en el “turismo de trasplantes”, como dice Luz Estella Ortiz-Nagle, abogada colombiana experta en temas de trata de personas, en un informe publicado por La Nación después de que se descubriera la primera red de tráfico. El país había pasado de tener un rol secundario a convertirse en “epicentro” del tráfico ilegal de órganos, señaló la experta.

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El medio The New York Times señala en una investigación sobre el caso anterior que los médicos costarricenses “tenían un incentivo financiero para tratar a pacientes extranjeros debido al sistema médico público-privado del país”. Con salarios de unos US$7.000 mensuales en los hospitales públicos, los nefrólogos y cirujanos de trasplantes podían ganar mucho más haciendo trasplantes en horas extras en centros de salud privados.

Los receptores de riñones del mercado negro estaban pagando alrededor de US$140.000 por el procedimiento —un dinero caído del cielo para médicos e intermediarios—. En sus intentos por convencer a un cirujano retirado de que se uniera a su red, el doctor Mora Palma le prometió un pago de US$18.500 por dos trasplantes.

Los donantes pobres suelen ser explotados por pequeñas sumas de dinero a cambio de sus riñones, los cuales luego son vendidos a receptores ricos por miles de dólares. Además, las autoridades suelen encontrar obstáculos debido a la naturaleza consensuada de la venta de órganos y por la corrupción en muchos niveles que permite la existencia de este comercio.

Narcotráfico usa la isla de Margarita en Venezuela como puerta a Europa

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La idílica isla de Margarita ha pasado de ser un centro turístico a un corredor del narcotráfico

Una red de narcotráfico colombiana usaba una conocida isla turística de Venezuela para traficar droga a Europa y a otros países, una muestra más de cómo las organizaciones criminales han aprovechado cada rincón de la nación en crisis como puente hacia destinos más alejados.

Tras años de investigación, autoridades de Colombia y Estados Unidos desmantelaron una organización liderada por el colombiano Henry Carrillo-Ramírez, alias “Barriga”, que fabricaba cocaína en la región de Catatumbo para transportarla a través de la frontera con Venezuela y llevarla hasta la isla de Margarita, ubicada al noreste del país y en el sureste del mar Caribe.

Una vez en Margarita, la droga era cargada en pequeñas lanchas que navegaban a coordinadas marítimas específicas donde se encontraban con barcos pesqueros contratados por el colombiano para mover los cargamentos hacia Puerto Rico, España, República Dominicana y Estados Unidos.

Carrillo-Ramírez, un reconocido empresario de la ciudad de Cúcuta, fue capturado en 2017 y extraditado a Estados Unidos, donde el pasado 4 de noviembre se declaró culpable por tráfico de cocaína ante la Corte Federal de Boston. La investigación contó con participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingles) y de la Guardia Civil de España.

A la organización que opera desde 2013 le fueron incautadas aproximádamente 2,2 toneladas de cocaína, y autoridades de Colombia extinguieron una serie de bienes a Carrillo-Ramírez valuados en al menos 5.000 millones de pesos colombianos (US$1,5 millones).

Análisis de InSight Crime

Venezuela ha probado ser una plataforma ideal para el narcotráfico con su frontera con Colombia y el mar en su costa, lo que convierte a esta isla, conocida como la “perla del Caribe”, en una de las varias puertas para el tráfico de droga hacia un amplio abanico de opciones.

En primer lugar, la red liderada por Carrillo-Ramirez encontró las condiciones perfectas en la frontera entre Colombia y Venezuela para producir cocaína en el municipio Tibú de Norte de Santander, en laboratorios custodiados por el guerrillero colombiano Víctor Ramón Navarro Serrano, alias “Megateo”, una alianza que probablemente facilitó el transito de la droga por la frontera.

VEA TAMBIÉN: Narcotráfico en el régimen venezolano: El “Cartel de los Soles”

En suelo venezolano también encontró condiciones favorables para el narcotráfico gracias al Cartel de los Soles. Se puede suponer que Carrillo-Ramírez pagó a oficiales venezolanos para la protección de los cargamentos, ya que el recorrido hasta la isla de Margarita, que está al otro lado del país, solo se puede hacer en ferry, avión o lancha, todas vías que cuentan con puntos de control de las autoridades.

Alias Barriga no ha sido el único narcotraficante en usar a Margarita como punto de tránsito. La isla ha sido una parada común para los cargamentos de droga en las últimas décadas, e incluso fue el refugio del capo del cartel del Norte del Valle, Jaime Alberto Marín alias “Beto Marín” capturado allí en 2010 y el lugar de encuentro entre el actor estadounidense Sean Penn y uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015.

Esta no es la única isla venezolana de la que recientemente se ha conocido su uso en el narcotráfico. Según denuncias de un diputado de la Asamblea Nacional, el archipiélago de Los Roques, una zona dedicada al turismo, estaría siendo usado para trafico de oro y drogas hacia el Caribe.

Seminario de InSight Crime analizó tendencias y perspectivas del crimen organizado en Latinoamérica

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La Universidad del Rosario fue la sede del II Seminario Internacional de Crimen Organizado Transnacional en las Américas de InSight Crime

InSight Crime y la Universidad del Rosario reunieron, por segundo año consecutivo, a los más destacados académicos y expertos en el campo del crimen organizado en Latinoamérica este 3 de diciembre en Bogotá, Colombia, para discutir las principales tendencias y perspectivas de este terrible flagelo en América Latina y el Caribe en 2019.

El seminario internacional Crimen Organizado Transnacional en las Américas: tendencias y perspectivas 2019-2020 abordó temas como el estado del crimen organizado en México en ausencia del exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, así como la creciente criminalidad en el Estado venezolano y los “GameChangers” (ganadores criminales) del crimen organizado en América Latina, según InSight Crime.

La primera parte del evento comenzó con un discurso inaugural y un panel en torno a los crecientes vínculos entre las redes criminales y los poderes políticos en Venezuela.

Douglas Farah, presidente de IBI Consultants, compañía que ofrece consultoría en materia de seguridad nacional, comenzó por referirse a la creciente importancia de lo que él denomina “los intermediarios” (en inglés “brokers”), tanto locales como de mayor peso, que son cruciales para la supervivencia de las redes de crimen organizado que operan en Venezuela.

En relación con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Farah señaló que las élites políticas cuentan con una red de intermediarios y empresas —localizadas en todo el mundo, desde El Salvador y Nicaragua hasta Hong Kong, y están aliados con el régimen del presidente Nicolás Maduro— con el fin de blanquear dinero para beneficio propio y de los altos funcionarios del Estado.

Venezuela: Crimen organizado desde el Estado

Tras la presentación de Farah, siguió un panel también sobre Venezuela, donde los expertos Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime; Verónica Zubillaga, investigadora de la Universidad Simón Bolívar; el periodista Roberto Deniz, de Armando Info, y el exdirector general de Actuación Procesal de Ministerio Público venezolano Zair Mundaray Rodríguez, analizaron la estrecha relación entre las redes criminales y el régimen de Nicolás Maduro.

“Las instituciones [estatales] venezolanas se han convertido en plataformas para planificar y ejecutar crímenes transnacionales”, dijo Mundaray Rodríguez durante el debate.

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Por su parte, Zubillaga presentó una investigación sobre la evolución de las pandillas venezolanas en la capital, Caracas, que se han convertido en verdaderos grupos de crimen organizado, gracias a pactos establecidos con funcionarios de alto rango del Gobierno venezolano.

Sobre ese punto McDermott puntualizó: “Las facciones y feudos de poder de los líderes gubernamentales venezolanos necesitan actores ilegales como las ‘megabandas’, las Ex-FARC mafia y los ‘colectivos”.

Debido a que las instituciones estatales se han quedado sin timón y los casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno han alcanzado proporciones “escandalosas”, en palabras de Roberto Deniz, de Armando Info, la criminalidad ha ido logrando una profesionalización que ha influido aún más en la decisión de millones de habitantes de huir del país.

Crimen organizado y medio ambiente

El crimen organizado ha tenido un tremendo impacto en el medio ambiente. En el segundo panel del día, el codirector de InSight Crime, Steven Dudley, conversó con Juan Carlos Garzón, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), e Inge Valencia, de la Universidad ICESI, de Cali, sobre la depredación del medio ambiente por parte del crimen organizado.

La manera como las organizaciones criminales están diversificando sus portafolios criminales fue el tema central de la presentación de Dudley, quien se refirió a una investigación que InSight Crime adelanta sobre el tráfico ilegal de plantas y vida silvestre.

Al igual que Farah, Dudley señaló que los llamados “intermediarios” también son muy importantes para reunir a los actores ilegales involucrados en la extracción, el procesamiento, el transporte y la comercialización de madera ilegal. El crecimiento de dicho tráfico ha tenido consecuencias devastadoras en toda América Latina. “Desde 2005, Honduras ha perdido al menos el 30 por ciento de sus bosques naturales”, señaló Dudley.

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El turno fue luego para Inge Valencia, de la Universidad ICESI, y para Juan Carlos Garzón, de la FIP, quienes explicaron cómo la diversificación de las economías criminales también ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente en Colombia tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como parte del acuerdo de paz con el gobierno en 2016.

“Las FARC regulaban lo que sucedía en las áreas protegidas del país y establecían reglas y límites acerca de cuánto se podía talar”, dijo Garzón, con la aclaratoria de que su comentario no constituye un elogio para esta guerrilla, solo se trata de mostrar una realidad. Explicó que los nuevos actores que han surgido no tienen interés en proteger el medio ambiente. Tienen menos integrantes y menor capacidad que la que tenían las FARC.

Por otra parte, quienes se han dedicado a defender el medio ambiente de los intereses criminales también han sido atacados. “Casi 400 líderes sociales han sido asesinados después de la firma del acuerdo de paz en Colombia, la mayoría de ellos en áreas clave para la minería ilegal y los cultivos ilícitos de coca”, afirmó Valencia.

México sin “El Chapo” y los ganadores criminales de 2019

Después de abordar el tema del impacto del crimen organizado sobre el medio ambiente, el seminario pasó a discutir el tema de la evolución del crimen organizado en México en ausencia de El Chapo, con una presentación de Ioan Grillo, periodista y experto en temas del narcotráfico.

Grillo se refirió al importante control político que tienen actualmente los grupos del crimen organizado de México, así como a la diversificación de sus actividades criminales, aparte de sus economías tradicionales como el narcotráfico. Aunque la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que en México ya no hay guerra contra las drogas, Grillo argumenta que el solo hecho de decir eso no significa que no exista tal guerra.

“El conflicto en México es de tal magnitud que no hay palabras para definirlo. Los grupos del crimen organizado y la guerra de las fuerzas de seguridad contra ellos han dejado más de 150.000 muertos”, recordó el experto.

El seminario culminó con la presentación de la serie que InSight Crime publica anualmente sobre el crimen organizado, conocida como “GameChangers”, que en 2019 aborda temas que van desde la naturaleza cambiante del panorama criminal de México hasta la proliferación de la minería ilegal en la región, el crecimiento y expansión de los principales grupos criminales de América Latina, y la penetración del crimen organizado en los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.

La serie completa podrá descargarse de nuestro sitio en los primeros meses de 2020.

Ola de asesinatos en un pequeño municipio cocalero al norte de Colombia

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76 homicidios se han registrado este año en la población fronteriza con Venezuela

Los asesinatos han aumentado en una ciudad al norte de Colombia que limita con Venezuela, hogar de grupos armados y gran abundancia de coca, una combinación explosiva.

De acuerdo con un reporte del diario La Opinión, entre enero y noviembre de 2019 han sido asesinadas 76 personas en Tibú, un pequeño municipio en el departamento de Norte de Santander sobre la frontera con Venezuela al nororiente de Colombia.

Uno de los casos más conocidos ocurrió a finales de septiembre cuando el candidato a la alcaldía de esa población, Bernardo Betancurt, fue acribillado en frente de la comunidad cuando se disponía a viajar a la región de La Gabarra para presentar su programa de gobierno.

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El coronel Fabián Ospina, comandante de la Policía de Norte de Santander, aseguró a La Opinión que 80 por ciento de los crímenes en esta población están relacionados con ajustes de cuentas entre grupos armados ilegales por temas de narcotráfico.

De acuerdo con el más reciente informe de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Tibú es el lugar con más hectáreas sembradas de coca en el país.

Análisis de InSight Crime

Tibú muestra cómo una pequeña región rural a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia puede ser arrastrada a un conflicto mayor, sin que las autoridades puedan explicar el derramamiento de sangre.

Tibú, que tiene poco más de 51.000 habitantes, ha registrado 76 homicidios entre enero y noviembre, 21 más que en el mismo período del 2018. En el departamento de Norte de Santander, solo Cúcuta la ciudad fronteriza más grande de la región ha registrado un número mayor de asesinatos.

Aunque los conflictos por el cultivo de coca en la región no son nuevos, líderes comunitarios han informado que el repentino aumento de los asesinatos ha sido provocado al parecer por la llegada de un nuevo grupo armado, el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Ex-FARC mafia).

Pero los asesinatos no se limitan a los miembros de grupos criminales conocidos. 30 migrantes venezolanos han sido asesinados en la región, en comparación con los 10 casos que se presentaron el año pasado.

Las autoridades afirman que los venezolanos han sido asesinados por su participación en actividades criminales, incluyendo la cosecha de hojas de coca y la producción de cocaína.

Un funcionario anónimo afirmó que los residentes que se cree han colaborado con las autoridades se encuentran entre las víctimas de asesinato, informó La Opinión.

En varios casos han aparecido cuerpos con carteles que indican que la víctima era un ladrón, un traficante de drogas o un informante de la policía.

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Las diferentes razones que han dado las autoridades respecto el aumento de los asesinatos pueden ser un reflejo de su capacidad de investigación.

De acuerdo con Medicina Legal, entidad encargada de recoger e identificar a las personas fallecidas, uno de los factores que más contribuye a que estas acciones queden en la impunidad es que las muertes ocurren por lo general en zonas rurales de difícil acceso, lo que dificulta las investigaciones.

En junio de 2018, el presidente Iván Duque anunció que reforzaría el pie de fuerza en la región con más de 5.000 hombres del Ejército, que llegarían para restaurar el orden precisamente en lugares controlados por grupos armados.

Sin embargo, con apoyo militar adicional, los residentes de Tibú continúan desprotegidos. Miembros de la comunidad le aseguraron al diario La Opinión, que incluso donde hay presencia de Ejército y Policía, los criminales siguen manteniendo el control.

Grupos de ‘transportistas’ expanden operaciones en Costa Rica

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Autoridades de Costa Rica detienen a miembro de un grupo que manejaba logística a traficantes

Un grupo criminal costarricense recibió más de US$100.000 por apoyo logístico a narcotraficantes, una evidencia de que los servicios de los “transportistas” en el país centroamericano son hoy más lucrativos que nunca.

Las autoridades desarticularon el grupo a mediados de noviembre después de estar durante un año investigando sus operaciones de montaje de pistas de aterrizaje clandestinas en Guanacaste, región al norte de Costa Rica sobre la costa Pacífica, como informó el Diario Extra. Entre los 17 detenidos se encontraba el líder del grupo, Raúl Rodríguez Castillo, alias “Tío Tony”.

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El grupo cobraba entre US$100.000 y US$150.000 por sus servicios, los cuales incluían la construcción de pistas aéreas para aterrizajes de narcoaviones, recarga de combustible de aviones y preparación para su despegue a otros países, explicó Walter Espinoza, director general del departamento de investigaciones de Costa Rica. El grupo trabajaba de forma independiente, prestando sus servicios a varias organizaciones narcotraficantes internacionales. También supuestamente tenía nexos con un exjefe de policía de Costa Rica, que purga una sentencia de 10 años por narcotráfico fuera de Guanacaste.

En noviembre, también fue capturada la cabeza de un segundo grupo transportista, aunque no se le imputó ningún delito. Espinoza comentó que el hombre era dueño de un hotel y “pieza clave” en una red de tráfico dirigida por el colombiano identificado únicamente con su alias de “El Ingeniero”, según información de CRHOY. Desde su propiedad en Bahía Drake, pequeña bahía en la costa suroeste de Costa Rica, suministraba alimentos, combustible y bodegaje a la organización traficante.

Análisis de InSight Crime

Con el mayor posicionamiento de Costa Rica como centro de recepción, almacenamiento y trasiego de narcóticos, no solo a Estados Unidos, sino también a Europa, los grupos transportistas de ese país encontrarán mayor demanda para sus servicios.

Aunque el fenómeno no es nuevo, estos grupos surgirán “debido a la demanda del mercado”, sentenció Espinoza después de los operativos de noviembre.

En agosto, las autoridades identificaron más de 100 extensiones de tierra usadas para ofrecer pistas aéreas para narcoaviones, un salto aparentemente enorme en comparación con las 33 identificadas en 2016.

El ministro de seguridad pública Michael Soto manifestó preocupación por el alquiler de tierras de cultivo privadas a grupos criminales que trafican narcóticos desde Suramérica, y señaló que las leyes de la propiedad privada bloquean la capacidad de las autoridades de ingresar a dichas propiedades.

También recientemente las autoridades de Costa Rica desmantelaron grupos involucrados en el tráfico marítimo. Este año dos pescadores locales fueron detenidos por usar flotas de barcos para transportar narcóticos costa arriba en el Pacífico.

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Aunque el tráfico con lanchas rápidas y semisumergibles sigue siendo el método más usado para trasegar cocaína a lo largo de las costas ticas, el creciente uso de pistas de aterrizaje clandestinas puede ser resultado de las trabas al trasiego por vía marítima gracias a la colaboración sostenida entre guardacostas estadounidenses y costarricenses.

De manera similar, Guatemala ha experimentado un repunte de narcoaviones este año, con la detección de por lo menos 30 aviones en los primeros meses de 2019. La mayoría de ellos aterrizan en pistas clandestinas a lo largo de la zona limítrofe con México.

Al igual que gran parte de Centroamérica, Costa Rica goza de una ubicación estratégica para las organizaciones transportistas, pues sirve de puente a los países cocaleros suramericanos y Estados Unidos. Su industria naviera también brinda amplias oportunidades a los traficantes para ocultar narcóticos en cargamentos de frutas con destino a Europa.

‘Zar de las esmeraldas’ colombiano acepta cargos por narcotráfico en EE. UU.

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Horacio Triana, el zar esmeralda de Colombia, se declaró culpable en un tribunal estadounidense

Horacio Triana, conocido como “el zar de las esmeraldas”, aceptó haber enviado cocaína a Estados Unidos y asesinar testigos en su contra ante una corte del sur del estado de Florida. Además, se comprometió a colaborar con las investigaciones judiciales de su caso.

En agosto de 2017 Estados Unidos pidió en extradición a Triana junto con José Rogelio Nieto y los hermanos esmeralderos Pedro, Omar y Gilberto Rincón, asociados con grupos paramilitares señalados de conspirar para traficar drogas hacia territorio norteamericano por medio de una red que se extendía a Colombia, Venezuela, México, Haití y República Dominicana. Cuatro de ellos se encontraban recluidos y uno se desempeñaba como concejal de Maripí, Boyacá.

Pedro Rincón, alias “Pedro Orejas”, socio principal de Triana, está recluido en una prisión en Estados Unidos desde agosto de 2018. Luego, en enero de 2019, Horacio Triana fue extraditado al mismo país para finalmente responder ante la justicia norteamericana, en donde el pasado 15 de noviembre admitió cargos.

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Luego de la muerte del antiguo líder del negocio de las esmeraldas en Colombia, Víctor Carranza en 2013, Triana se convirtió en el nuevo “zar de las esmeraldas”. En 2016 fue capturado en Boyacá por homicidio agravado y porte ilegal de armas, después de que se comprobó que estuvo detrás de un atentado contra Hernando Sánchez, uno de sus rivales esmeralderos.

Análisis de InSight Crime

Horacio Triana es el primer esmeraldero extraditado a Estados Unidos que acepta cargos por narcotráfico y conspiración en contra de la nación norteamericana. La alianza de los esmeralderos con el paramilitarismo y el narcotráfico surgió por la necesidad de seguridad luego de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) invadieran el territorio minero, antes de firmar el acuerdo de paz.

Durante décadas, los grupos criminales han sido atraídos por la industria esmeraldera de Colombia, dado que está poco regulada por el Estado y proporciona una fácil manera de lavar dinero del narcotráfico.

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A finales de la década de 1990, Horacio Triana, pieza clave del clan Rincón  —grupo que controlaba varias minas en la zona esmeraldera— hizo parte de una negociación en donde, a cambio de seguridad, vendieron pequeñas participaciones en sus minas para que los narcotraficantes lavaran su dinero proveniente de las drogas.

Según el diario El Espectador, ante la llegada de las FARC y el cobro de vacunas tanto a narcos como a esmeralderos, Pedro Nel Rincón decidió tomar medidas drásticas pidiendo ayuda a socios aliados con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Este acuerdo entre los Rincón y las AUC permitió la exportación de miles de kilogramos de cocaína desde Colombia para su eventual importación a Estados Unidos”, señala el diario.

Esta es la segunda vez que Colombia extradita a un importante líder del violento negocio esmeraldero, después de Pedro Orejas. Aunque su proceso judicial en Estados Unidos no confirma sospechas de acciones ilegales en torno al comercio de las esmeraldas, esto puede, posiblemente, dar pie a una nueva cadena de acusaciones para los esmeralderos en el futuro.

La permanente violencia es un signo de que la industria de las esmeraldas sigue estando invadida por intereses criminales y lejos del control del Estado. El primer jefe esmeraldero desapareció hace mucho tiempo, pero a Colombia le queda mucho trabajo para lograr recobrar el control de la industria en el país.

¿Soldados armados son la solución a males del café en El Salvador?

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El Salvador despliega más de 3.000 efectivos para proteger las fincas cafetaleras

Representantes de gobierno de El Salvador han anunciado el despliegue de más de 3.000 soldados para proteger del robo a las fincas cafeteras, extraña medida si se tiene en cuenta que el robo de plantas no se considera una de las principales amenazas a la industria cafetera en el país.

El ministro de justicia y seguridad pública Rogelio Rivas anunció en noviembre el Plan Nacional de Seguridad del Café 2019-2020, que llama al despliegue de 1.600 policías y 1.700 soldados para combatir el robo, el asalto y el contrabando de granos de café en bruto, informó La Prensa Gráfica. Los delegados del gobierno dicen que la fuerza protegerá también a unos 50.000 trabajadores —incluidos dueños y cafetaleros— de la extorsión y otras amenazas, como lo informó Seguridad 360.

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Desde su posesión en junio, el presidente Nayib Bukele ha emprendido varias políticas de línea dura contra el crimen organizado. Con un valor de US$31 millones, su Plan de Control Territorial puso a 2.500 patrulleros y 3.000 soldados en San Salvador y otras ciudades para recuperar el territorio ocupado por las pandillas en 17 municipios.

Análisis de InSight Crime

La medida tomada por la administración Bukele de desplegar soldados en las fincas cafetaleras no tendrá mucho efecto sobre las verdaderas amenazas a la industria cafetera en El Salvador.

Hace cinco años, el robo de café le costó a los cafetaleros cerca de US$400.000, informó La Prensa Gráfica. Pandillas armadas asaltaban las fincas durante la noche, y atacaban los camiones que transportaban los granos. Cerca del tres por ciento de la producción total de esa temporada fue robada, según estimativos de la Asociación Cafetalera. Orestes Ortez, entonces ministro de agricultura, admitió el problema en ese tiempo, y envió a agentes de la policía a proteger las fincas y rastrear a los compradores de grano robado.

Pero en los últimos tiempos no ha habido denuncias importantes de robo de café.

El problema que ha persistido en las fincas cafeteras es la extorsión, incluida la extorsión por medio de nómina: las pandillas obligan a los agricultores a crear empleos ficticios para sus miembros. Pero es improbable que la presencia de organismos de seguridad adicionales ayude en estos casos.

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La mayor preocupación de los cafetaleros no es la actividad criminal, sino la pérdida de productividad debido al cambio climático y el hongo de la roya, así como al endeudameinto masivo. Los precios del grano también han sido golpeados recientemente, hasta que en abril de 2019 tocaron su promedio mensual más bajo en unos 13 años, según la Organización Internacional del Café.

La decisión fuera de lugar de desplegar soldados para proteger el café parece una continuación de las políticas de “mano dura” de Bukele, una estrategia que le está valiendo respaldo de la opinión. Una encuesta aplicada por la Prensa Gráfica en agosto de 2019 mostraba que un gran porcentaje de salvadoreños dicen sentirse seguros en los lugares que frecuenta, como sus barrios y supermercados, como informó AS/COA. Además, según la misma encuesta dos terceras partes de los ciudadanos también tienen una opinión positiva de la policía. La administración de Bukele está aprovechando esta situación para mostrar que está reforzando la seguridad.

Sin embargo, es sorprendente que se desplieguen más de 3.000 efectivos para proteger los cafetales cuando el país enfrenta peores amenazas a la seguridad en todo el territorio.