Perfil de Argentina

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A pesar del prominente papel de Argentina como centro de lavado de dinero y punto de tránsito y consumo de drogas, el país no padece los altos niveles de violencia que afectan a otras naciones latinoamericanas. Aun así, la corrupción profundamente arraigada en varias ramas del Gobierno ha fomentado la criminalidad de manera persistente en el segundo país más grande de Suramérica.

Argentina no tiene grupos criminales propios con alcance internacional, pero las organizaciones criminales transnacionales han llevado a cabo durante mucho tiempo varios tipos de actividades ilícitas en el país. Además, hay indicios de que los grupos criminales del país han desarrollado lazos con actores transnacionales —aunque todavía relativamente a pequeña escala— y pueden estar creciendo en sofisticación y capacidad para la violencia.

Geografía

Argentina es el segundo país más grande de Suramérica después de Brasil. Sus fronteras no cuentan con buena vigilancia, lo que permite que al país entren drogas, armas y otros bienes ilícitos, o bien que pasen por su territorio con relativa facilidad.

La cocaína es traficada desde el vecino de Argentina al norte, Bolivia, por vía aérea y terrestre. La marihuana y la cocaína son traficadas por la frontera noreste con Paraguay, en especial por vía fluvial y en menor medida por aire. La frontera oriental de unos mil kilómetros con Brasil también es bastante porosa y se ha asociado con el tráfico de armas. El contrabando de personas y bienes ilícitos se da en ambas direcciones por la frontera occidental de 10.000 kilómetros entre Argentina y Chile.

Los más de 5.300 kilómetros de la costa Atlántica hacia el suroeste albergan numerosos puertos importantes, como el de la capital, Buenos Aires, a través de los cuales circulan cantidades significativas de bienes ilícitos desde y hacia los mercados internacionales.

Historia

Un siglo después de haberse independizado de España en 1816, Argentina empezó a emerger como uno de los países más ricos y desarrollados del mundo.

Durante gran parte de principios del siglo XX, Argentina prestó poca atención al crimen organizado, ya que el país fue acosado por una serie de golpes de Estado, dictaduras militares y brotes recurrentes de violencia política que fueron prioritarios para la agenda de seguridad.

El golpe de Estado de 1976 condujo al último período de dictadura militar en Argentina, que terminó en 1983. El Gobierno de la dictadura concentró los recursos de seguridad en la represión a la oposición política, lo que permitió que el crimen organizado arraigara silenciosamente de diversas formas.

El mercado nacional de drogas de Argentina comenzó a expandirse en la década de los setenta, y a finales de los ochenta y principios de los noventa, la policía en las zonas urbanas se coludió con el crimen organizado, estableciendo “zonas liberadas” —áreas en las que los organismos de seguridad les permitían a los grupos criminales operar a cambio de recibir una parte de sus ganancias ilícitas—. Esta práctica parece continuar hoy en día y facilita el crecimiento de las redes de microtráfico.

En 1989, Argentina aprobó una ley mediante la cual se penalizaba el consumo y la venta de drogas, y el tema del narcotráfico cobró mayor importancia a los ojos de los ciudadanos y del Estado durante la década de los noventa. En 1997, las autoridades de Buenos Aires incautaron 2,2 toneladas métricas de cocaína que el Cartel de Cali (Colombia) estaba a punto de enviar a través del país al puerto de Hamburgo en Alemania. Dos años más tarde, en 1999, los argentinos fueron sorprendidos por la noticia de que la esposa del difunto Pablo Escobar y sus hijos habían residido en secreto en su país, y se sospechaba que estaban blanqueando parte de los ingresos criminales del capo de la droga. Ese mismo año, Argentina realizó su primera encuesta oficial sobre el consumo de drogas, que mostró tasas de consumo de cocaína y marihuana considerablemente altas.

Las preocupaciones por el comercio de las drogas continuaron creciendo durante los primeros años del nuevo siglo. La producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles lo suficientemente altos como para satisfacer la demanda estadounidense, lo que significa que la cocaína producida en Perú y Bolivia comenzó a ser enviada cada vez más hacia el mercado europeo. Debido a su ubicación geográfica y a los fuertes lazos comerciales con los países europeos, Argentina se convirtió en uno de los principales puntos de tránsito y partida de las drogas andinas que se traficaban por el Atlántico.

A la vez que pasaba más cocaína por territorio argentino, las autoridades empezaron también a descubrir laboratorios de procesamiento de drogas. La introducción de pasta de cocaína parcialmente refinada a Argentina, junto con factores económicos, como la crisis financiera de 2001, contribuyó a que durante la primera década del siglo aumentara el consumo de “paco”, un derivado de la pasta de cocaína altamente adictivo y perjudicial.

Un factor que hizo de Argentina un lugar atractivo para el procesamiento de drogas fue su industria química, que sustentaba los robustos sectores petroleros y farmacéuticos. La disponibilidad de gasolina relativamente barata —un ingrediente clave en el procesamiento de la cocaína— y de sustancias químicas precursoras permitieron el surgimiento no solo de laboratorios de procesamiento de cocaína sino también de operaciones ilícitas para la producción de drogas sintéticas. Sin embargo, la demanda de tales drogas en Argentina aumentó por encima de la capacidad de los productores nacionales, y los surtidores europeos entraron a llenar el vacío.

A principios del nuevo siglo, las redes criminales también aprovecharon la industria química de Argentina para obtener precursores en el mercado negro regional, en particular la efedrina y la pseudoefedrina, utilizadas en la producción de metanfetamina en México e importadas de Asia bajo el pretexto de las necesidades de la industria farmacéutica argentina. Entre 2004 y 2008, Argentina importó unas 48 toneladas métricas de efedrina, 41 de las cuales se cree que fueron desviadas al mercado de la producción ilegal de drogas. Aunque el tráfico de precursores en Argentina ha disminuido considerablemente desde 2008 debido a las estrictas regulaciones y a la disminución de la demanda, no ha desaparecido del todo.

También a comienzos del siglo Argentina continuó desarrollando su papel como centro de lavado de dinero. En un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos filtrado en 2009 se describe a Argentina como un país “maduro para la explotación” por parte de intereses criminales, debido a lo que se considera “ausencia casi completa de la ley, junto con una cultura de la impunidad y la corrupción”. En 2010, el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (FATF por sus iniciales en inglés) criticó enérgicamente la estrategia de lucha contra el blanqueo de dinero en Argentina e incluyó al país en una “lista gris”, como advertencia de que debía hacer mejoras en este sentido. El grupo de acción financiera sacó a Argentina de la lista gris en 2014, después de que el país mejorara su labor contra el blanqueo de capitales, aunque el tema sigue siendo una prioridad para los funcionarios actuales.

Dado que las fronteras del país son poco vigiladas y que existe un nivel de vida relativamente alto, a finales de la primera década de este siglo Argentina también se convirtió en un centro regional para el contrabando y el tráfico de personas. El país aprobó una ley contra el tráfico de personas en 2008, por lo que en los años posteriores se dio un gran aumento en el número de víctimas rescatadas y en los cargos levantados contra los tratantes. Pero a pesar de estos esfuerzos, el problema dista mucho de ser erradicado.

Las mismas características que hicieron de Argentina un centro del tráfico de seres humanos también llevaron a que se convirtiera en un atractivo refugio para criminales extranjeros (las oportunidades para lavar dinero y comprar protección de funcionarios locales corruptos también sirvieron como incentivo). Por ejemplo, el capo criminal Henry de Jesús López, alias “Mi Sangre”, fue arrestado en 2012 en Buenos Aires, donde según las autoridades había estado viviendo por dos años, viajando con frecuencia por toda la región y haciéndose pasar por un empresario venezolano.

Además de utilizar a Argentina como refugio, los grupos criminales extranjeros empezaron a reforzar su presencia allí durante la segunda década de este siglo. Las autoridades descubrieron operaciones de grupos mexicanos, colombianos y de otras nacionalidades, que estaban vinculados a la creciente violencia en torno al comercio de drogas de Argentina en ese momento.

A comienzos de la segunda década del siglo, las organizaciones criminales del país también se hicieron más sofisticadas y violentas. Uno de los grupos más emblemáticos de esta nueva generación del crimen organizado argentino fueron Los Monos, una pandilla que surgió del negocio de la droga en Rosario. En el año 2012 comenzó una disputa interna en el grupo, conformado en su mayor parte por miembros de una misma familia, lo que desató un baño de sangre que se extendió por varios años y convirtió a la ciudad en el símbolo del aumento de la violencia relacionada con el comercio de drogas en todo el país.

Movidas por fuertes presiones públicas, las autoridades se resistieron a recurrir a políticas militarizadas, pero enviaron mensajes contradictorios acerca de cómo planeaban hacer frente al creciente problema. La violencia de las pandillas dedicadas al tráfico de drogas iba en aumento, y los grupos criminales locales estaban diversificando sus carteras e incursionando en actividades como el secuestro. Además de todo esto, la corrupción siguió plagando muchos niveles del Gobierno, el sistema judicial y los organismos de seguridad.

La recolección de datos fue irregular durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner, quien ocupó la presidencia en periodos sucesivos de 2003 a 2007 y de 2007 a 2015, respectivamente. Pero a pesar de la falta de datos confiables —o quizá debido a ello—, las percepciones sobre la creciente violencia y la adicción a las drogas asociada con el crimen organizado ayudaron al candidato de mano dura, Mauricio Macri, a ganar las elecciones presidenciales de Argentina en 2015.

Tras la posesión de Macri iniciaron cambios importantes en la política de Argentina frente a la seguridad y las drogas, ya que la nueva administración buscó rápidamente implementar políticas de seguridad más duras —algunas de las cuales fueron criticadas por su tinte militarizado—.

En sus primeros meses en el cargo, el Gobierno de Macri lanzó operaciones contra los grupos mafiosos chinos, las barras de fútbol conocidas como “barras bravas” y diversas figuras importantes en el comercio de drogas a nivel nacional. La administración también puso más énfasis en reunir datos e inteligencia con el fin de guiar la formulación de políticas en materia de seguridad, y tomó algunos pasos iniciales para comenzar a tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública en lugar de un tema criminal.

Sin embargo, los logros de la administración Macri hasta el momento han sido a corto plazo, y hay abundantes pruebas de que los grupos criminales tanto internacionales como nacionales se han adaptado para seguir operando diversos esquemas criminales sofisticados y lucrativos.

Una de las principales razones de la persistencia del crimen organizado en Argentina es la corrupción profundamente arraigada. Las organizaciones criminales de todo el país han establecido fuertes relaciones con altos funcionarios locales, y la ineficiencia y la corrupción en el sistema judicial han contribuido a la impunidad en muchos casos. Hay algunas señales alentadoras de que las autoridades están comenzando a abordar este problema más seriamente, pero la administración Macri no ha cumplido en general sus promesas más progresistas en este sentido. Además, dadas las experiencias previas de militarización en la región, así como la oscura historia de abusos policiales en Argentina, sigue habiendo serias preocupaciones en cuanto a las preferencias políticas de mano dura de Macri.

Grupos criminales

Hay pocas evidencias de la existencia de grupos criminales originarios de Argentina con alcance nacional o internacional. Sin embargo, hay algunos poderosos grupos criminales locales, como el mencionado grupo de Los Monos en la ciudad de Rosario, que a menudo se estructuran alrededor de lazos familiares. Estos grupos han logrado infiltrarse en varias instituciones políticas y de seguridad, entorpeciendo la justicia durante largos períodos de tiempo, a la vez que ejercen un fuerte control sobre ciertos barrios.

Se sabe que las barras bravas se dedican a diversas actividades delictivas, y algunos sindicatos poderosos también han desarrollado carteras criminales. Los grupos del crimen organizado descritos como “mafia china” han surgido en las comunidades inmigrantes asiáticas en Argentina, y al parecer tienen lazos con estructuras más grandes en China.

Los grupos criminales transnacionales de otros países suramericanos también operan en Argentina, como el grupo mexicano Cartel de Sinaloa, que en muchos casos cooperan con socios locales. Según algunos expertos, la mayor pandilla de Brasil, el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) está buscando expandir su presencia en Argentina.

Fuerzas de seguridad

Las fuerzas policiales de Argentina tienen el papel principal en la lucha contra el crimen. Según Naciones Unidas, en el año 2015 el país contaba con casi 350.000 policías —una tasa de más de 800 policías por 100.000 ciudadanos, la proporción más alta entre los países de la región—.

El Ministerio de Seguridad supervisa las fuerzas desplegadas a nivel nacional, incluyendo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval, la  Policía Federal y la Gendarmería.

Además, las provincias y los municipios de Argentina tienen sus propias fuerzas policiales, en muchas de las cuales existe una profunda corrupción. Por ejemplo, la policía provincial de Buenos Aires, conocida como la “bonaerense”, ha sido denominada como una “mafia” asociada a abusos de autoridad y connivencia con elementos criminales. La policía de las regiones fronterizas también ha sido acusada en repetidas ocasiones de connivencia con traficantes y otros criminales.

Sistema judicial

Al igual que las fuerzas de seguridad, el sistema judicial argentino está dividido en entidades federales y provinciales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina es la más alta autoridad judicial del país. De ella dependen los tribunales de apelaciones y las cortes distritales y territoriales. Cada provincia tiene su propia Corte Suprema, así como varios tribunales menores.

El Informe Global de Competitividad 2016-2017, del Foro Económico Mundial, clasificó a Argentina en el puesto 121 de 138 países con respecto a la independencia del poder judicial. La injerencia política en los procesos judiciales es común, especialmente en los casos que involucran intereses de las élites.

Prisiones

El sistema penitenciario argentino opera ligeramente por encima de su capacidad, y el hacinamiento es peor en algunas instituciones que en otras. Más de la mitad de los casi 69.000 presos del país se encuentran recluidos en detención preventiva, lo que significa que no han sido condenados.

Las leyes relacionadas con las drogas han sido uno de los factores generadores de los aumentos en la población carcelaria de Argentina en los últimos años. En 2009, la Corte Suprema dictaminó que castigar el consumo personal de drogas violaba el artículo 19 de la Constitución de Argentina, que protege la privacidad de las personas. Y la ley antidrogas fue actualizada en 2016, con el fin de moderar los castigos por el consumo personal de drogas cuando “no afecta a otras personas”, aunque no llegó a despenalizar el consumo personal. A pesar de una serie de propuestas legislativas sobre este tema, los crímenes relacionados con drogas siguen siendo la segunda razón más común de encarcelamiento en Argentina.

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