La Nueva Cara Política de los Grupos Narcotraficantes en Colombia

SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

La nueva generación de bandas criminales en Colombia, conocidas como BACRIM, tienen sus energías puestas en infiltrar la política local, siguiendo la tradición de sus predecesores, los paramilitares de las AUC. InSight Crime describe cinco tendencias para ver cómo avanzan para lograr este cometido.

La participación criminal en la política es una tradición en Colombia, que ha evolucionado con cada generación de narcotraficantes. Pablo Escobar fue representante suplente a la Cámara (diputado) en 1982, mientras que otro miembro del Cartel de Medellín, Carlos Lehder, trató de ser elegido senador cuatro años después. A mediados de los años noventa, los carteles de la droga estaban abiertamente enfocados en financiar su propia selección de candidatos, entre ellos el presidente Ernesto Samper (1994-1998). La década siguiente fue testigo del escándalo de la “parapolítica“, en el que las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) optaron por cultivar aliados políticos en regiones donde ya contaban con el apoyo de las elites económicas.

Ahora, los herederos del poder paramilitar, llamadas “bandas criminales” (BACRIM) por el gobierno, están entrando en la cuarta etapa de la evolución política del narcotráfico. Hay varias diferencias importantes entre cómo esta generación de narcotraficantes lucha por la influencia política, en contraste con las pasadas elecciones. A continuación, los puntos principales:

Las BACRIM tienen que ser mucho más sutiles que las AUC al cortejar aliados políticos.

Las AUC querían secuaces en el poder político por dos razones principales: acceso a los presupuestos municipales y la capacidad de influenciar a las fuerzas de seguridad y el poder judicial. Estos son aún incentivos importantes para las BACRIM, pero éstas carecen de las conexiones con las que contaban las AUC con los altos mandos del poder político. Tampoco han logrado tener la capacidad de controlar totalmente su territorio, luchando con otros grupos y con fuerzas guerrilleras como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En esencia, la falta de organización de las BACRIM y la estructura nacional requirió la configuración de acuerdos con varios grupos de políticos a la vez, como se vio en la firma de los pactos de Ralito y Pivijay por parte de las AUC.

En términos generales, las BACRIM han favorecido un modus operandi mucho más sutil que el de las AUC; operan vestidos de civil y por lo general optan por colaborar con las FARC en vez de luchar contra ellas. La falta de un conflicto abierto con las FARC permite a las BACRIM desviar la atención y concentrarse en su negocio principal, el narcotráfico. En contraste con las AUC, esta generación de bandas de narcotraficantes no se molestan en poner en una fachada política. Su ideología es ganar dinero, incluso si esto significa para la agrupación colaborar con las guerrillas, sus antiguos rivales.

No se puede negar que las BACRIM todavía necesitan aliados en el poder político para proteger sus intereses económicos. Pero, debido a sus propias debilidades estructurales, tendrán que buscar alcanzar sus objetivos de una manera más sutil – y a una menor escala – que las AUC.

Las BACRIM tienen más incentivos para centrarse en la infiltración de un cargo político local en lugar del gobierno nacional.

Los comandantes de las AUC estaban involucrados en la selección de los candidatos locales que querían postularse para cualquier cargo: alcaldes, concejales, miembros de las asambleas departamentales. Según Corporación Nuevo Arco Iris, las AUC respaldaron a unos 251 alcaldes y a unos 4.000 concejales en las elecciones regionales de 2003. También estuvieron involucrados fuertemente en la elección de los miembros del Congreso: casi un tercio de los candidatos al Congreso elegidos en 2006 fueron investigados por presuntos vínculos con paramilitares.

Decenas de senadores, diputados y gobernadores fueron investigados por la Fiscalía General de la Nación, juzgados por la Corte Suprema y, en al menos 25 casos, hubo verdaderas condenas. Pero ninguna de estas investigaciones ha sido replicada a nivel regional, involucrando a tribunales, jueces y fiscales locales. En gran medida, las BACRIM todavía pueden confiar en la impunidad necesaria para sobornar a políticos locales, quienes no tienen razones para temer ser investigados o condenados.

Las investigaciones de “parapolítica” han hecho un buen trabajo al arrestar a personajes importantes, como el primo del ex presidente Álvaro Uribe, Mario Uribe, o el jefe de la antigua agencia de inteligencia de Colombia, DAS, Jorge Noguera. Los políticos locales no han recibido la misma atención debido a los recursos limitados de la Fiscalía General. Esto puede proporcionar a las BACRIM facilidades para penetrar la clase política – pero, esta vez, sus objetivos son los rangos inferiores.

La zona más vulnerable a la “parapolítica” a cambiado, antes era el Caribe y ahora es el suroeste Pacífico.

Durante el auge del poder paramilitar, las AUC tenían su mayor zona de control sobre los políticos de los departamentos del norte, como Sucre, Córdoba y Bolívar. En 2011, el grupo criminal más poderoso, y lo suficientemente organizado para intimidar a la clase política, eran los Rastrojos, cuya base de poder se encuentra en el occidente del país y los departamentos del suroccidente: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Las rutas de tráfico de drogas y producción de coca se han movido, en parte, lejos de la costa del Caribe a esta área. Esto le da incentivos adicionales a los Rastrojos para conseguir la ayuda de políticos, para la protección de su territorio: necesitan garantizar el acceso a los cultivos de coca y las rutas marítimas de contrabando. Según un estudio gubernamental, Nariño y Cauca son algunos de los departamentos más propensos a vivir unas elecciones influenciadas por bandas criminales, con un total combinado de 45 municipios que se consideran en riesgo.

Los Rastrojos también necesitan protección política con el fin de ganar ventajas frente a sus rivales, los Urabeños, quienes buscan establecerse a lo largo del Pacífico. En Cumbitara, Nariño, donde una facción ideológica de los Rastrojos está en una batalla campal con las FARC, esto podría explicar por qué los Rastrojos han sido especialmente agresivos al intimidar a los candidatos. Según La Silla Vacía, está célula de los Rastrojos ordenó recientemente a 74 líderes comunitarios a presentarse en su campamento para recibir instrucciones sobre qué candidatos podrían ser apoyados. Cuando algunos de ellos no aparecieron, los Rastrojos mataron y desmembraron a 4 personas.

Las BACRIM han expandido sus intereses económicos y quieren protegerlos.

El narcotráfico era apenas una de las fuentes de ingresos de las AUC. Otras incluían la desviación de fondos de contratos públicos y de regalías de minería y petróleo, el contrabando de gasolina y el cobro de cuotas de seguridad a multinacionales como Chiquita. Cooptar a los políticos era una forma de asegurar que la “para-economía” fuera fluida.

Las BACRIM también están manejando múltiples fuentes de ingresos y necesitan de aliados políticos para garantizar que lo puedan seguir haciendo. Las BACRIM pueden llegar a ser aún más dependientes de otras actividades delictivas, como la extorsión y el secuestro, si las fuerzas de seguridad continúan acorralando el tráfico de drogas. Existe cierta evidencia que indica que éstas están más profundamente involucradas en proyectos mineros ilegales que las AUC, en parte porque el aumento del precio mundial del oro ha hecho que esta industria sea mucho más lucrativa. Esto da a las BACRIM un incentivo especial para patrocinar a candidatos políticos en las zonas mineras de Colombia, incluyendo los departamentos como Antioquia, Norte de Santander y Bolívar.

Las BACRIM tienen otro interés fundamental para promover durante estas elecciones: asegurarse que el proyecto de restitución de tierras en Colombia se mueva tan despacio y con tanta sangre derramada como sea posible. Esto es especialmente cierto para los Llanos Orientales, donde se encuentran las mayores reservas de petróleo de Colombia, así como una gran cantidad de tierras fértiles sin desarrollar. Para la élite política que busca defender el status quo y procurando que el proyecto del Presidente Santos de reforma agraria sea retrasado, las elecciones de 2011 pueden ser la oportunidad perfecta para cultivar alianzas con las BACRIM.

Con un despliegue de partidos políticos nuevos y de candidatos independientes, las BACRIM cuentan con oportunidades frescas para seleccionar a los candidatos que no serán sujetos a verificaciones rigurosas.

La democracia multipartidista de Colombia es aún, relativamente, joven. Hasta 1991, el poder se rotaba entre los dos principales partidos políticos, el Liberal y el Conservador. Ahora hay siete partidos políticos principales y algunos otros más pequeños. Esto puede ser señal de una democracia saludable, pero el problema es que muchos partidos políticos siguen siendo débiles y no cuentan con la estructura interna para seleccionar adecuadamente a sus candidatos.

Varios partidos políticos han sido acusados de actuar como vehículos de los intereses de las élites económicas y sus aliados paramilitares. El Partido de Integración Nacional (PIN) es el ejemplo más conocido; otros partidos pequeños como Afrovides y el Movimiento de Inclusión y Oportunidades tienen una historia similar, en los que participan algunos de los mismos personajes sospechosos.

En otros casos, los políticos encarcelados por complicidad con las AUC han escogido a sus familiares como candidatos. Un caso preocupante de este año implica al hermano del paramilitar Carlos María Jiménez, alias “Macaco”, ahora extraditado, quien es candidato a la alcaldía de Dosquebradas, Risaralda.

Una nota final:

Las BACRIM carecen de la capacidad y el interés para replicar completamente el modelo de las AUC para ganar control político. Lo que es probable que veamos este año es un silencioso intento de las bandas criminales por vincularse con la clase política. Si los políticos contactan a los líderes de las BACRIM, es probable que haya intermediarios que sean enviados en su lugar. Si el dinero de los presupuestos públicos termina en los bolsillos de las BACRIM, seguir el camino de los fondos lavados podría tener más enredos que antes.

Las bandas criminales de Colombia nunca han sido tan furtivas con respecto a sus intereses políticos como durante las elecciones de 2011. De un modo cínico, esto podría interpretarse como una señal de progreso para la democracia en Colombia.

View Dosquebradas, Risaralda in a larger map

– Vea el análisis de InSight Crime sobre violencia contra los candidatos. 
– Vea el análisis de InSight Crime sobre los esfuerzos gubernamentales para mantener unas elecciones limpias. 

SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+