La respuesta integral del Estado para una Colombia sin FARC

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La desmovilización de las FARC como actor armado representó un enorme reto y también una oportunidad única para el Estado colombiano. Recuperar los territorios que por décadas han sufrido las consecuencias humanitarias del conflicto y el abandono estatal es una tarea esencial para lograr una paz duradera.

Los intentos del Gobierno por implementar los acuerdos de paz y  proporcionar una estrategia integral, con un componente militar y otro enfocado en el desarrollo, ha pasado por una serie de obstáculos en las regiones. Si no se encuentra la manera de resolver estos problemas, será muy difícil evitar que la violencia, alimentada por economías ilegales y grupos armados, vuelva a ser una realidad en estos territorios.

Seguridad

La aproximación estatal desde el lado militar se centró principalmente en la implementación del Plan Victoria. El objetivo primordial de esta estrategia consistía en ocupar los territorios que habían dejado las FARC antes de que otros grupos criminales del país entraran a adueñarse de ellos. Las Fuerzas de Tarea Conjunta, ubicadas en departamentos estratégicos para el conflicto armado y el crimen organizado como Guaviare, Caquetá, Nariño, Chocó, Antioquia y Norte de Santander, son uno de los mecanismos principales para cumplir con este objetivo.

De esta manera, sobresale la labor de la Fuerza de Tarea Hércules, que se encarga de controlar la delicada situación de orden público en el Pacífico nariñense, una zona de gran importancia para el narcotráfico por sus cultivos de coca y rutas de exportación a mercados internacionales. La Fuerza de Tarea Omega, por su parte, se encarga de enfrentar una de las mayores amenazas para el suroriente del país: las disidencias del Frente 1 y 7 de las FARC. Finalmente, la Fuerza de Tarea Titán centra sus operaciones en Chocó, un departamento que se ha caracterizado recientemente por las graves violaciones a los derechos humanos que se han presentado en su territorio.

No obstante, un año después de la desmovilización de la antigua guerrilla, a muchos lugares que tenían presencia de este grupo armado no ha llegado la Fuerza Pública y la entrada de nuevos actores como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Urabeños fue una realidad que marcó muchas de las dinámicas criminales del país durante el 2017. Otro de los grandes problemas a los que se ha enfrentado la Fuerza Pública es la aparición de la mafia de las ex-FARC. Aunque, dependiendo de la región, este fenómeno se manifiesta de diferentes maneras, en el sur del país las disidencias del Frente 1 y 7 son el ejemplo más representativo de este flagelo por su fortalecimiento y consolidación en el territorio. La respuesta militar a este nuevo problema se complicó aún más por la necesidad de clasificar las disidencias como Grupos Armados Organizados Residuales (GAO), una categoría que les permite atacarlos militarmente sin violar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Todos estos factores llevaron a que el comandante de las Fuerzas Militares, el general Alberto José Mejía, afirmara la necesidad de ajustar el Plan Victoria para enfrentar las nuevas amenazas a las que se vio enfrentado. El mundo criminal colombiano ha cambiado rápida y significativamente desde la desmovilización de la guerrilla, y por lo tanto las Fuerzas Militares tienen el gran reto de adaptarse ágilmente a este panorama altamente dinámico.

Erradicación y sustitución de coca

Otro grave problema que ha experimentado Colombia tras la salida de las FARC es la lucha contra los cultivos ilícitos, un componente esencial de los Acuerdos de Paz. El Punto 4 establece la necesidad de brindar una solución al problema de las drogas en el marco de la Reforma Rural Integral. En otras palabras, se busca mejorar las condiciones de pobreza de los campesinos dedicados al cultivo de coca para transformar el campo en un polo de desarrollo legal, que no sea vulnerable a la tentación de la siembra de cultivos ilícitos.

Durante los últimos años, Colombia ha vuelto a ocupar el primer puesto en la producción de cocaína en el mundo. Según cifras de Naciones Unidas, los cultivos ilegales aumentaron 50 por ciento de 2015 a 2016. Es decir, el país pasó de tener 96.000 a 146.000 hectáreas de coca. Para acabar con este problema, el Gobierno optó por establecer una estrategia mixta entre programas de sustitución voluntaria y operativos de erradicación forzada para cumplir con una meta de 100.000 hectáreas de cultivos menos para el final del 2017 (un objetivo que el Gobierno afirmó haber alcanzado, pero cuya veracidad ha sido debatida por expertos).

La implementación de la estrategia mixta generó mucho malestar en la población, pues mientras a unos campesinos les ofrecían subsidios para abandonar sus cultivos ilícitos, a otros, que también buscaban acogerse al programa, les llegaba la Fuerza Pública a sus fincas a erradicar plantaciones. Esto refleja una falta de coordinación interinstitucional, pues mientras el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) se encontraba en la etapa de socialización y firma de los acuerdos de sustitución en los territorios priorizados, la Fuerza Pública tenía órdenes que presionaban a iniciar cuanto antes la labor de erradicación para cumplir con la ambiciosa meta de destrucción de cultivos. La aparente arbitrariedad en la priorización de los cultivos escogidos para la sustitución y la erradicación generó enfrentamientos entre los cocaleros y los erradicadores en algunos territorios del país. Las fuertes protestas tuvieron su momento más álgido en octubre de 2017, cuando se dio la masacre de varios agricultores que protestaban en Tumaco, el municipio con mayor cantidad de cultivos de coca de Colombia.

Actualmente, de los 183 municipios priorizados, el PNIS inició el programa en los 32 que concentran el 52 por ciento del total de las áreas cultivadas. Esto implica que 28.660 familias ya comenzaron a recibir el subsidio mensual de 1 millón de pesos para suplir sus necesidades mientras se da el proceso de sustitución. Sin embargo, esta estrategia alternativa tampoco ha logrado resolver el problema, pues se ha demorado mucho en las etapas de socialización e implementación inicial.

En un principio, se creía que el PNIS se diferenciaba de los anteriores intentos de sustitución porque corregía los problemas esenciales a los que se enfrentaron esos programas. Pero la falta de unas políticas claras de comercialización y el atraso en la restitución de tierras y de proyectos de infraestructura son problemas que persisten y que desalientan a los campesinos que piensan que, en unos años, cuando se termine el dinero de los subsidios, los cultivos legales no serán rentables y volverá la economía de la coca.

Además, el hecho más preocupante está relacionado con la seguridad de las comunidades. En el 55 por ciento de las zonas donde se inició el programa hubo un aumento de los asesinatos en un 33 por ciento. Varios líderes sociales que le apostaban a la sustitución han sido amenazados o asesinados por su intento de cambiar el statu quo. Un agravante para esta situación es que, en algunos lugares del país, como Guaviare, la presión de las disidencias de las FARC en contra del programa ha atemorizado a algunos campesinos que buscan acogerse al proceso.

Desarrollo rural

Los problemas asociados al abandono del campo por parte del Estado y a la concentración de la tierra en manos de unos pocos fueron una de las raíces más profundas del conflicto armado colombiano. Por este motivo, el desarrollo de las regiones es una condición fundamental para brindar garantías de seguridad duradera. Una economía más robusta no solo desincentiva a que la población se dedique al narcotráfico o la minería ilegal, sino que también disminuye la influencia de los actores armados. El primer punto del Acuerdo de Paz busca una transformación estructural del campo en un periodo de 10 años. El objetivo es lograr la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de las instituciones estatales y su capacidad de gestión en las zonas rurales. Para esto, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son la principal herramienta del Gobierno para traer inversión a 170 municipios priorizados en las 16 subregiones más afectadas por el conflicto armado y con alta presencia de economías ilegales. El programa contempla programas de educación, salud, vivienda, infraestructura, propiedad de tierras y servicios básicos.

A pesar de la promulgación del Decreto Ley 893 de 2017, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) ha tenido una gran cantidad de obstáculos para implementar los PDET. Uno de los mayores inconvenientes está relacionado con las elecciones de 2018 y la Ley de Garantías, que dificulta el acceso a recursos de inversión. Además, a muchos de los territorios priorizados no han llegado capacitaciones para la administración local, para que aprenda a formular y aprovechar al máximo estos programas, lo que aumenta la sensación de incertidumbre y posible incumplimiento. Aunque los PDET y el desarrollo del campo son parte de una política pública de largo plazo para lograr una paz duradera en los territorios, la implementación de los PDET un año después de la salida de las FARC se encuentra en una etapa embrionaria, que contribuye al estado actual de vulnerabilidad de varios municipios del país.

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