Perfil de Costa Rica

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Costa Rica ha sido considerada tradicionalmente como un refugio de seguridad en Centroamérica, una región asolada por la violencia. Sin embargo, en años recientes el país ha experimentado niveles récord de violencia, que según las autoridades se debe a su creciente papel como punto de transbordo de drogas.

Los grupos criminales locales no parecen representar una amenaza de seguridad importante. Sin embargo, a medida que se relacionan cada vez más con organizaciones criminales transnacionales que expanden sus operaciones en Costa Rica, es posible que la corrupción y la inestabilidad aumenten.

Geografía

Ubicada en el Istmo Centroamericano, Costa Rica limita al norte con Nicaragua, con una frontera de 309 kilómetros, y al suroeste con Panamá, con 330 kilómetros, y representa una zona de enlace y transición de los cargamentos de cocaína entre esos países.

A pesar de ser uno de los países más pequeños de la región, donde existen poco más de 51.000 kilómetros de agreste selva tropical, Costa Rica parece estar volviéndose más atractiva para los narcotraficantes transnacionales.

Con grandes extensiones costeras no patrulladas y varios puertos importantes tanto en el mar Caribe como en el Océano Pacífico, la geografía de Costa Rica les permite a los grupos del crimen organizado utilizar rutas terrestres, aéreas y marítimas.

Historia

A diferencia de muchos otros países latinoamericanos, Costa Rica ha logrado evadir en general los grandes conflictos armados y los períodos de gobierno militar. Las instituciones relativamente fuertes del país y su estable sistema democrático han evitado el desarrollo de grupos criminales poderosos en el país. Pero la geografía y la historia de Costa Rica les han permitido a las organizaciones criminales transnacionales establecerse en su territorio.

La presencia de grupos criminales internacionales en Costa Rica se remonta a mediados de los ochenta, cuando el país se convirtió en un puente importante de las drogas provenientes de Suramérica en su ruta hacia Estados Unidos a través de Centroamérica y México.

Dado que las autoridades estadounidenses endurecieron las medidas de seguridad con el fin de monitorear el tráfico de drogas que provenían de Suramérica y pasaban por el Caribe, los grupos criminales empezaron a aprovechar los vacíos en la seguridad de Costa Rica. Los puertos del país eran particularmente atractivos, ya que las redes criminales costarricenses los usaban para negociar el combustible subvencionado por el Gobierno intercambiándolo por drogas de los traficantes colombianos. Estos grupos locales traficaban y almacenaban las drogas localmente, recurriendo a funcionarios portuarios corruptos para exportar las drogas en contenedores comerciales. Los traficantes también usaban pequeños aeropuertos regionales, donde las fuerzas de seguridad eran fácilmente corruptibles, para transportar drogas por el país.

Además, los grupos de traficantes transnacionales utilizaban ciudadanos costarricenses para que les ayudaran a lavar sus dineros usando bancos locales y otras empresas legales. En gran parte debido a este antecedente, el país sigue siendo un importante centro para el blanqueo de dinero a nivel internacional.

La agresiva arremetida contra la corrupción a finales de los ochenta y comienzos de los noventa dio lugar a casos de corrupción que permitieron destituir varios altos funcionarios costarricenses, acusados de ayudar a los grupos criminales. Además, durante toda la década de los noventa y a principios del nuevo siglo, Costa Rica firmó una serie de acuerdos multilaterales para atacar la corrupción, el narcotráfico, el blanqueo de capitales y el tráfico de armas. La creación de nuevas instituciones gubernamentales destinadas a combatir el crimen organizado, así como la promulgación de nuevas leyes y reglamentos, contribuyeron a mejorar la seguridad en Costa Rica.

Sin embargo, en los últimos años, los antiguos logros de Costa Rica en la lucha contra el crimen y la corrupción han sido contrarrestados por las novedosas estrategias de los grupos del crimen organizado transnacional, cada vez más inclinados a corromper a las fuerzas de seguridad y cooperar con socios criminales locales.

A finales de 2011, la entonces presidenta Laura Chinchilla advirtió sobre la grave amenaza que representa el crimen organizado transnacional en Costa Rica. Y de 2010 a 2016, los homicidios aumentaron considerablemente. En 2017, el país tuvo el año más violento registrado en su historia.

Los funcionarios han señalado que el aumento de la violencia se debe a la creciente presencia de organizaciones criminales transnacionales —en particular las redes de narcotráfico— aunque es muy probable que las riñas entre los grupos criminales locales también estén contribuyendo a este aumento.

Sin embargo, hay pruebas contundentes de que el narcotráfico en Costa Rica ha incrementado en lo que va corrido de la segunda década de este siglo, fomentado por el auge de la producción de cocaína en Colombia. Y también hay fuertes indicios de que las organizaciones criminales transnacionales están expandiendo sus actividades en Costa Rica con una serie de grupos criminales locales cada vez más sofisticados.

Grupos criminales

Además de colaborar con los grupos transnacionales en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, las organizaciones criminales de Costa Rica participan en una serie de empresas delincuenciales, como el narcotráfico, el tráfico sexual, el tráfico de órganos y la minería y la tala ilegales, así como en el tráfico de personas y el contrabando. En el país también se han descubierto operaciones de lavado de dinero altamente sofisticadas.

Se sabe que diversos grupos criminales transnacionales operan en Costa Rica, a menudo en colaboración con socios locales.

En los últimos años ha habido numerosos indicios de que poderosos grupos mexicanos, como el Cartel de Sinaloa, tienen presencia en Costa Rica, principalmente para facilitar el transbordo de drogas. Los funcionarios incluso han acusado a las organizaciones criminales mexicanas de enviar sicarios costarricenses al extranjero para ofrecerles entrenamiento especializado.

Las autoridades costarricenses también han advertido sobre los grupos criminales colombianos —entre los que se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya en proceso de desmovilización— que se dedican al tráfico de armas y drogas, así como al lavado de dinero en el país.

Los narcotraficantes de otros países centroamericanos también han usado a Costa Rica como base de operaciones y como refugio. En noviembre de 2016, el líder del grupo hondureño Cartel del Atlántico, Wilter Neptalí Blanco Ruíz, fue arrestado en Costa Rica pocas semanas después de haber huido de su país de origen. Y en 2015, un tribunal costarricense condenó al capo de la droga nicaragüense Agustín Reyes Aragón a 12 años de prisión por cargos de narcotráfico. Reyes Aragón afirmó que había huido de su país de origen debido a un complot de asesinato por parte del Gobierno.

Algunos grupos criminales transnacionales de Europa, como ‘Ndrangheta —el principal importador y mayorista de cocaína de Italia— también han sido relacionados con el narcotráfico en Costa Rica.

Funcionarios costarricenses han advertido acerca de la presencia de las pandillas más poderosas de Centroamérica, Barrio 18 y MS13, pero ha habido pocos indicios de que estos grupos supongan una verdadera amenaza de seguridad.

Fuerzas de seguridad

Costa Rica no ha tenido ejército desde que este fue abolido por la Constitución de 1948. El país cuenta con un cuerpo de policía denominado Fuerza Pública, controlada por el Ministerio de Seguridad Pública, la cual se encarga de garantizar la seguridad en las zonas rurales, así como en las fronteras del país. En el año 2017, el Ministerio de Seguridad Pública tenía un presupuesto de cerca de US$450 millones.

El poder judicial tiene una fuerza policial aparte, conocida como Policía Judicial, que depende del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y se encarga de investigar los crímenes y arrestar a los sospechosos. El OIJ está adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, que en el año 2017 tenía un presupuesto de unos US$230 millones.

El aparato de seguridad de Costa Rica ha recibido un importante apoyo de Estados Unidos en los últimos años, y en 2016 se anunció la transferencia de un paquete de ayuda en seguridad de US$30 millones.

En los últimos años, las encuestas han demostrado que la policía de Costa Rica es percibida en general como una institución más confiable y menos corrupta que la de muchos de sus países vecinos. Sin embargo, ha habido numerosos casos recientes de vínculos de la policía con el crimen organizado, lo que ha generado el temor de que los grupos criminales estén logrando cada vez más penetrar en las fuerzas de seguridad. Además, como respuesta a los crecientes niveles de criminalidad y violencia, las autoridades han propuesto medidas policiales que podrían ser contraproducentes, como acortar el período mínimo de formación de los agentes.

Sistema judicial

El poder judicial de Costa Rica constituye una rama independiente del Gobierno y se rige por un sistema de derecho civil que es común en toda Latinoamérica. Está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Apelaciones y los Juzgados de Distrito. La Corte Suprema tiene una sala de audiencias específica que atiende los casos criminales.

El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial son los dos órganos judiciales más importantes de Costa Rica; el primero se encarga de determinar el alcance de las investigaciones, y el segundo se ocupa de las investigaciones criminales. La Fiscalía General es el órgano más alto del Ministerio Público.

En general, se considera que Costa Rica tiene uno de los niveles más bajos de impunidad en la región.

Prisiones

El sistema penitenciario de Costa Rica está controlado por el Ministerio de Justicia y Paz y es administrado por la Dirección General de Adaptación Social; por otra parte, la Defensoría del Pueblo supervisa las condiciones de las prisiones y presenta informes sobre las mismas.

Las prisiones de Costa Rica se encuentran en general hacinadas, sobre todo por el uso de la detención preventiva; a finales de 2014 estaban aproximadamente a 140 por ciento de su capacidad. El país está tomando algunas medidas iniciales para reducir su alta tasa de encarcelamiento.

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