Perfil de El Salvador

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El Salvador es un país que desempeña un rol relativamente pequeño, pero creciente, en el negocio del narcotráfico. Actúa como punto de recepción y de almacenamiento de drogas a lo largo de la Costa Pacífica. También es un puente a través de la Carretera Panamericana, el Golfo de Fonseca, y algunas carreteras que desde Honduras cruzan áreas relativamente despobladas.

Geografía

El Salvador es un país pequeño, con una densidad poblacional relativamente alta. Su terreno montañoso impide que los traficantes transporten sus productos por vía aérea; sin embargo, este tipo de terreno es el que ha facilitado el transporte terrestre de armas, personas, contrabando y, más recientemente, también de drogas. Las porosas fronteras con sus vecinos, Honduras y Guatemala, facilitan el movimiento de bienes ilegales en el país. Además, la corta costa del país les proporciona a los traficantes muchos lugares para descargar y empacar la droga en pequeñas cantidades para ser llevadas hacia el norte del continente, o quedarse para la venta dentro del país.

Historia

Después de más de una década de guerra civil, en la que más de 75.000 personas perdieron la vida, el gobierno salvadoreño y las guerrillas de izquierda firmaron un acuerdo de paz en 1992. Los acuerdos de paz fueron aclamados como un éxito por la comunidad internacional, particularmente por los esfuerzos para crear una fuerza de policía integrada, que incluía miembros de la coalición guerrillera, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, la violencia en El Salvador no se detuvo cuando terminó la guerra. En lugar de ello, los acuerdos abrieron un nuevo tipo de conflicto criminal violento, el cual ha dado lugar a la agitación política y social que amenaza con destruir lo que los acuerdos habían logrado.

Grupos criminales

 La primera fase de esta ola criminal posterior a la guerra involucró a exmilitares y excombatientes. Muchos exguerrilleros, por ejemplo, se mantuvieron al margen de los acuerdos, nunca entregaron sus armas, y no se reinsertaron a la vida civil, creando sus propias empresas criminales, como el robo de vehículos, el secuestro y el tráfico de personas.

La segunda fase se dio con la aparición de las pandillas callejeras, llamadas comúnmente “maras”. En El Salvador hay dos pandillas principales: la Mara Salvatrucha 13 (MS13) y Barrio 18. Hay miles de razones para que estas pandillas se hayan desarrollado, como la pobreza, la marginación, la falta de acceso a los servicios básicos y a oportunidades educativas, las familias disfuncionales, la urbanización rápida y no planificada en la región, la repatriación de pandilleros desde Estados Unidos, una cultura de violencia que precedió a su surgimiento, y el acceso a las armas que quedaron después de las guerras civiles en la región,

Ante la amenaza que representan las pandillas, el Estado respondió inicialmente con un enfoque de mano dura. Esta estrategia, sin embargo, no produjo los resultados esperados, y por el contrario sirvió para marginalizar aún más a la juventud del país, estimular el reclutamiento en las pandillas y duplicar la población carcelaria. Las maras han construido centros operativos dentro de los muros de las prisiones, donde sus organizaciones pueden llevar a cabo sus acciones criminales sin temor a la ley o a las pandillas rivales.

Las pandillas se dedican sobre todo a la extorsión, el secuestro y la venta de drogas a nivel local, lo cual incluye crack, cocaína, anfetaminas y marihuana, especialmente en los barrios pobres. También han sido contratadas por las grandes organizaciones criminales para cometer asesinatos u otras tareas específicas, y hay ciertos indicios de que las pandillas están buscando expandir su actividad a la distribución a gran escala y al tráfico internacional.

En marzo de 2012, el gobierno salvadoreño y la Iglesia llegaron a un acuerdo entre la MS13 y Barrio 18, garantizándoles concesiones a los líderes pandilleros encarcelados a cambio de una reducción en la violencia. Como parte de la tregua, el gobierno implementó las “zonas de paz”, áreas en las cuales las pandillas se comprometieron a poner fin a la actividad criminal y el gobierno prometió retirar al ejército. Después de su implementación, la tregua llevó a una reducción en la tasa de homicidios, pero la violencia volvió a crecer de nuevo en 2014, cuando la tregua comenzó a debilitarse. No obstante, hay cuestionamientos sobre la efectividad de la tregua, y hay quienes han considerado que la tasa de homicidios fue reducida artificialmente, debido a que las víctimas estaban siendo “desaparecidas” por los pandilleros.

La ruptura de la tregua contribuyó a una escalada de los niveles de violencia en El Salvador. En particular, durante 2015 las pandillas intensificaron los ataques contra las fuerzas de seguridad salvadoreñas, lo que algunos observadores consideraron como una manera de presionar al gobierno para que reabriera las negociaciones de la tregua y para que ofreciera ciertas concesiones a las pandillas. La violencia al interior de las pandillas —y entre ellas— también aumentó, y hacia finales de 2015 El Salvador tenía una tasa de homicidios de más de 100 por cada 100.000 habitantes —la más alta del mundo—.

La experiencia de la tregua también condujo al debate sobre la naturaleza de las pandillas. Específicamente, preocupaba el hecho de que la tregua les hubiera permitido a las pandillas cohesionarse aún más y volverse más sofisticadas. De hecho, ha habido informes de que los líderes de las pandillas se han reunido con grupos mexicanos como Los Zetas, lo que podría indicar que además están incursionando en el tráfico internacional de drogas. Sin embargo, los funcionarios en general consideran que las maras no tienen la disciplina ni la sofisticación suficientes para para establecer alianzas confiables.

La última fase de este periodo violento y tumultuoso en El Salvador incluye el surgimiento de grupos de transportistas cada vez más sofisticados. Estos grupos se originaron durante la guerra civil, cuando transportaban bienes de contrabando por las fronteras con Honduras, Nicaragua y Guatemala. Los transportistas siguen utilizando estas rutas para traficar migrantes y cargamentos de mercancías de contrabando, bienes piratas, precursores químicos y drogas ilegales.

Estas redes de transportistas operan a menudo con la ayuda de funcionarios corruptos del gobierno, de la policía y del ejército. Las dos principales redes de transportistas de El Salvador son Los Perrones y el Cartel de Texis. Aunque los transportistas no están vinculados directamente con determinadas organizaciones de tráfico de drogas, son contratados por carteles colombianos y mexicanos, como los poderosos grupos mexicanos del Cartel de Sinaloa o los Zetas. Si bien los transportistas son los responsables de las drogas que pasan por el país, las pandillas son las principales causantes de la mayor parte de la violencia en El Salvador.

Fuerzas de Seguridad

El Salvador cuenta en sus fuerzas armadas con 16.000 oficiales activos, y la Policía Nacional Civil (PNC) tiene otros 16.000 agentes. Ser oficial de policía en El Salvador es un trabajo muy peligroso, y los agentes generalmente ganan menos de US$500 al mes. A comienzos de 2014, las fuerzas de seguridad se convirtieron en blanco de los ataques de los pandilleros, lo que generó deserciones al interior de la PNC. Para suplir la reducción en el número de efectivos, así como la falta de recursos, El Salvador suele recurrir al ejército para que ayude en las funciones de la PNC.

Dado que la violencia de las pandillas de El Salvador ha crecido, ha habido indicios de que los miembros de las fuerzas de seguridad han cometido asesinatos extrajudiciales de supuestos criminales.

Sistema Judicial

La inseguridad general en El Salvador se ve exacerbada por un débil sistema judicial que promueve la impunidad. De hecho, la mayor parte de los crímenes no se resuelve; se sospecha que las tasas de impunidad son cercanas al 90 por ciento, y los sospechosos pueden pasar años tras las rejas antes de enfrentar un juicio.

La corrupción al interior del sistema judicial de El Salvador es otro tema clave. Se suele encontrar que los policías son actores o cómplices de la actividad criminal, y las armas de fuego de reservas del gobierno se encuentran regularmente en el mercado negro o en las manos de los criminales. También se ha descubierto que los jueces aceptan sobornos de los grupos del crimen organizado a cambio de recibir favores. En 2012 se dijo que el 80 por ciento de los jueces del país estaban bajo investigación por denuncias presentadas contra ellos. Sin embargo, muchos funcionarios no tienen más remedio que cooperar con los delincuentes, debido a las amenazas de muerte y otras formas de intimidación.

Ha habido cierta presión de la comunidad internacional para que El Salvador establezca un organismo similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo apoyado por las Naciones Unidas, con el fin de compensar sus deficiencias judiciales. Sin embargo, los dirigentes políticos de El Salvador se han negado a tomar dicha acción.

El débil sistema judicial de El Salvador también ha contribuido al fenómeno de los escuadrones de la muerte, y ha habido casos de ciudadanos (y posiblemente de policías) que realizan “limpieza social” de los criminales y otras personas consideradas indeseables.

Prisiones

Las cárceles de El Salvador son notoriamente insuficientes, peligrosas y hacinadas. Años de duras legislaciones contra las pandillas han llenado a las 24 instituciones penales del país, con espacio para unos 8.500 reclusos, con 325 por ciento de su capacidad (aproximadamente 33.000 internos). Este hacinamiento se ha visto agravado por el uso de la detención preventiva, que puede llevar a que los sospechosos permanezcan en las cárceles durante meses, o incluso años, antes de su primera audición con un juez.

Las cárceles de El Salvador se han dividido por pandillas, y los miembros de diferentes pandillas son enviados a diferentes cárceles. Esta práctica ha permitido que MS13 y Barrio 18 establezcan una completa hegemonía en las prisiones que controlan, lo que las ha convertido en centros de reclutamiento, operaciones criminales y consolidación de las pandillas —de hecho, han llegado a ser sedes de las pandillas—. Esto se facilita por las instalaciones insuficientes y con pocos recursos, los que significa que la función de los guardias de las prisiones se limita a solamente vigilar las paredes de las prisiones y dejar a los internos en el control de la vida cotidiana de las mismas.

La dinámica entre los dirigentes encarcelados y los miembros de las pandillas que permanecen en las calles es crucial para entender el fenómeno de las pandillas en El Salvador. Los pandilleros libres deben proveer suministros y dinero a aquellos que están tras las rejas, y con frecuencia los líderes pandilleros encarcelados dirigen actividades criminales en las calles mediante teléfonos celulares y mensajeros. Esta relación simbiótica se basa en parte en la lógica según la cual todos los miembros de la pandilla deberán, en un momento u otro, pasar tiempo en la cárcel y, una vez allí, tendrán la protección de la pandilla para sobrevivir —una forma de “seguro carcelario”—. Los dirigentes de MS13 y Barrio 18 han estado tradicionalmente recluidos en cárceles de máxima seguridad, como la conocida cárcel de Zacatecoluca.  

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