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El 7 de noviembre de 2018, la noticia tomó por sorpresa a las autoridades bolivianas cuando realizaron un operativo en La Paz para desmantelar una red ‘gota a gota’ que como es habitual estaría integrada por colombianos; pero esta vez los capturados fueron tres venezolanos.

Nuevos datos en Guatemala revelan que casi la mitad de las llamadas telefónicas extorsivas se originan en un lugar: la prisión más grande del país.

Representantes de gobierno de El Salvador han anunciado el despliegue de más de 3.000 soldados para proteger del robo a las fincas cafeteras, extraña medida si se tiene en cuenta que el robo de plantas no se considera una de las principales amenazas a la industria cafetera en el país.

Unos agentes de policía en una salida de patrullaje en Guatemala fueron atacados cuando investigaban a algunos de sus colegas por el presunto cobro de pagos de extorsión a pandilleros locales, lo que pone de relieve el alcance de la extorsión en el país centroamericano.

En Zulia, un estado de Venezuela en la frontera con Colombia, los grupos criminales han tomado medidas extremas contra los comerciantes que se niegan a pagar sus extorsiones: atacan sus establecimientos con granadas.

Aunque el Cartel de Santa Rosa de Lima se ha llevado la peor parte en la guerra contra el robo de combustible emprendida por el gobierno de México, ha usado el poder que le queda en el estado de Guanajuato para echar mano de otra lucrativa economía criminal: la intimidación y la extorsión.