La impunidad es el primer reto para Alejandro Giammattei en Guatemala

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Alejandro Giammattei, un médico de 63 años relacionado con las élites de la derecha política, se convirtió en presidente de Guatemala casi por sorpresa.

Llegó hasta el palacio presidencial después de empezar muy por debajo en las encuestas, en un escenario marcado por la anulación judicial de otras candidaturas presidenciales más populares y por la acumulación final del voto de derecha ante la falta de otras opciones. Hoy es presidente y ante él se despliega un escenario complicado en los temas de seguridad, corrupción y combate al crimen organizado.

Las complicaciones empiezan con él mismo, con su historia.

Una de las partes más oscuras de la historia de Giammattei empezó entre 2005 y 2006, cuando él era el director del sistema penitenciario. En aquellos años, durante la administración del expresidente Óscar Berger, ocurrieron dos masacres en cárceles guatemaltecas en las que siete reos resultaron muertos.

En 2010, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) llevaron adelante un caso en el que acusaron a varios miembros de la administración Berger de participar en ejecuciones extrajudiciales, entre ellos a Giammattei, quien pasó 10 meses en prisión pero finalmente fue absuelto.

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El currículum del nuevo gobernante arroja ahora dudas sobre las políticas públicas de seguridad que hará efectivas desde la Casa Presidencial. Por un lado está su pasado, que lo liga a una política de Estado en la que las ejecuciones judiciales eran toleradas y avaladas, y por otro está su retórica de campaña, que dice privilegiar la prevención social para atender problemas acuciosos como el de las pandillas.

A esto hay que sumar los supuestos vínculos de algunos de los principales operadores políticos de Giammattei en la actualidad con los llamados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), los entes paramilitares y parapoliciales que se enquistaron en la fuerza pública guatemalteca desde los años 80, y a los que se les atribuyen varios crímenes.

Una investigación de El Periódico reveló, por ejemplo, que Luis Enrique Ortega Arana, quien será diputado por el partido de Giammattei y es cercano al nuevo presidente, es hijo de Francisco Ortega Menaldo. Una investigación de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ubica a Ortega Menaldo como uno de los líderes de “La Cofradía”, un grupo de exmilitares “asociados con crímenes comunes y corrupción administrativa”.

A partir de enero de 2020, Alejandro Giammattei, el exjefe de cárceles que estuvo preso y se ha movido cerca de algunos operadores políticos de mala reputación, llevará la batuta en su país. En seguridad pública y combate al crimen estos son tres de sus principales retos.

1 – La impunidad

Giammattei será el primer presidente en una década que gobernará sin la sombra de la CICIG, el ente internacional adjunto al Ministerio Público que acusó a tres expresidentes de actos de corrupción, dirigió la investigación que terminó con uno de ellos -Otto Pérez Molina- en la cárcel y acusó al actual presidente, Jimmy Morales, de financiamiento electoral ilícito.

CICIG también fue clave en dar a los fiscales guatemaltecos protección política en investigaciones, también por corrupción, que involucraron a varios de los grandes conglomerados empresariales del país. El gobierno de Morales inició en 2017 una cruzada política por expulsar a CICIG del país, la cual al final tuvo éxito: el mandato de la comisión en Guatemala termina en septiembre próximo.

A Morales lo acompañaron, en su afán por deshacerse de CICIG, la cúpula empresarial y algunos de los grupos de exmilitares que hoy están cerca del presidente electo. En una de sus primeras entrevistas tras ganar la segunda vuelta electoral, Giammattei reiteró que la CICIG no va más y ofreció otro tipo de soluciones para combatir la corrupción de gran calado, como la creación de una comisión especial ligada al Ejecutivo.

En un Estado en el que las últimas cuatro presidencias han estado atadas a acusaciones por corrupción y acciones ilegales, y el que empezó a limpiarse solo con la llegada de una comisión internacional, una solución interna contra la impunidad parece poco probable.

2 – El combate al narcotráfico

El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a citar a Guatemala en 2019 entre los principales países productores o de tránsito de estupefacientes. La década pasada, el país se convirtió en el primer lugar de Mesoamérica en el que los grandes cárteles mexicanos buscaron abrir plaza, es decir mandar operadores propios para competir con los transportistas locales, lo cual generó enfrentamientos violentos y, en el campo político, nacionalizó la influencia del dinero proveniente del tráfico ilícito.

A principios de esta década, pugnas sangrientas entre grupos de narcos e investigaciones del MP y la CICIG debilitaron a los principales grupos de narcotráfico locales, mientras que los mexicanos optaron por abandonar la idea de instalar plazas. El flujo de cocaína, no obstante, continúo durante toda esta década a través de las rutas tradicionales del sureste del país y en las selvas del altiplano en el norte y el occidente.

En los últimos meses, reportes de prensa dan cuenta del aumento de vuelos de narcoavionetas en pistas clandestinas esparcidas por todo el país. En julio de este año, InSight Crime escribió: “Amplias extensiones de tierras inaccesibles propicias para el uso de pistas clandestinas y los débiles sistemas de control aéreo han hecho de Guatemala una plataforma de aterrizaje y punto de tránsito para los narcoaviones cargados de cocaína.”

En 2018, los Estados Unidos cuestionó el uso de pertrechos militares donados a Guatemala para el combate al narcotráfico, los cuales fueron utilizados para vigilancia política. A Giammattei, sin embargo, Washington ya lo felicitó por su elección como presidente. Falta hoy ver si el nuevo mandatario, sin la contraloría internacional que ejercía CICIG, es capaz de debilitar los nexos políticos que han permitido al narcotráfico operar a sus anchas en Guatemala.

3 – Las pandillas

Guatemala es, de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, el país con la menor tasa de homicidios. La tendencia a la baja en este indicador se ha mantenido estable a lo largo de la década, incluidos los años de la administración Morales. La extorsión, no obstante, es uno de los principales problemas de seguridad pública en el país. Buena parte de los homicidios y las extorsiones son atribuidas por las autoridades a las pandillas callejeras Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.

A diferencia de los vecinos Honduras y El Salvador, en Guatemala el control territorial de las pandillas se limita a barrios marginalizados en las periferias de ciudades grandes, sobre todo en la capital. Sin ser uno de los problemas más importantes, el de las pandillas sigue siendo un tema relevante. El nuevo presidente ha ofrecido, en su plan de gobierno, abordar el asunto pandillero con una combinación de acciones preventivas, reorganización policial y organización comunitaria.

En ese mismo plan de gobierno, Alejandro Giammattei reconoce que el Estado guatemalteco ha sido permeado del todo por la corrupción: “A tan lamentables condiciones (de seguridad) debe sumarse el grave flagelo de la galopante corrupción política y administrativa, y el mal uso, falta de austeridad y despilfarro de los recursos del Estado”, dice el documento.

De acuerdo con información del mismo Organismo Judicial y Ministerio Público, dice el plan de Giammattei, menos del 5 porciento de los homicidios que se comenten en Guatemala llegan a condena. Ese parece ser el gran reto del nuevo presidente de Guatemala: la impunidad, la misma que CICIG intentó combatir en las esferas más altas del poder. Con la presidencia Giammattei, CICIG no estará más.

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