La extorsión genera violencia en los países del Triángulo Norte, que de manera permanente tienen algunas de las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica. Pero también es destructiva de otras insidiosas maneras.
Pérdidas económicas
La extorsión afecta a casi todas las empresas de la región: desde los negocios familiares de pupusas hasta las multinacionales. Y como resultado, las economías de estos países se ven perjudicadas.
El Banco Central de El Salvador estima que en 2014 la extorsión le costó a la nación US$786 millones, más del tres por ciento del PIB del país. Es probable que esta cifra sea más alta ahora que las redes de extorsión de las pandillas son más metódicas y están más arraigadas.
La cámara de comercio de Guatemala dijo en 2017 que las empresas pagan US$30 millones anuales por las extorsiones. En Honduras, la extorsión dejó pérdidas por US$200 millones en 2015, según la cámara de comercio del país. El sector comercial de Honduras les pagó US$27 millones a los grupos criminales.
Influencia política
La creciente influencia de las pandillas callejeras también está relacionada con su capacidad para controlar las empresas formales e informales por medio de la extorsión.
En la capital de El Salvador, las pandillas controlan el territorio de los laberínticos y congestionados mercados callejeros del centro. A la vez que extorsionan a los vendedores, las pandillas también les proporcionan seguridad frente a otras bandas, ya que las autoridades a menudo se niegan a entrar en estas zonas. Cuando el entonces alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quiso modernizar el mercado central y construir una nueva área para dicho mercado, optó por negociar con las pandillas. Según una investigación de El Faro, la administración Bukele permitió que Barrio 18 tomara decisiones con respecto a los permisos para las ventas en el nuevo mercado de Cuscatlán, uno de los principales proyectos bandera de Bukele, quien ahora es el presidente electo de El Salvador.
Fue a través de tales acuerdos que el entonces alcalde pudo intervenir en las principales plazas de la capital, según dice el informe.
Tanto en El Salvador como en Honduras, los partidos políticos deben a menudo hacer algún tipo de desembolso —a veces en efectivo, otras veces en forma de beneficios—, para que las pandillas los dejen hacer campaña en ciertos territorios bajo su control.
Escuelas amenazadas
Las escuelas en los tres países del Triángulo Norte también son objetivo de los extorsionistas.
Por el simple hecho de poder llegar a sus aulas todos los días y trabajar sin ser importunados, los maestros han sido extorsionados por hasta US$40 de su salario mensual. Tal extorsión es tan común, que los directores son incluso obligados a recolectar el dinero para las pandillas. Las amenazas se hacen por teléfono, pero más frecuentemente por medio de notas que los pandilleros les dejan a los administradores de las escuelas.
Según un estudio, en los distritos al sur de San Salvador 60 por ciento de los maestros estaba pagando algún tipo de extorsión.
Las amenazas extorsivas también han llevado a que algunas escuelas sean cerradas, y los propios estudiantes a menudo se ven obligados a pagarles a sus compañeros de clase que son miembros de pandillas.
El costo es más que económico. Los jóvenes se ven privados de la educación, ya que cada año miles de estudiantes deben cambiar de escuela o desertar por completo.
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