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La periferia de Ciudad de Guatemala se compone de barrios marginados, donde habitan millones de personas que se desplazan a trabajar en la capital. Estas llamadas “ciudades dormitorio”, durante mucho tiempo olvidadas por el estado y carentes de servicios básicos, se han convertido con los años en un violento territorio de reclutamiento de las pandillas. Pero los esfuerzos municipales, que combinan estrategias de vigilancia policial y prevención, prometen hacer parte de una solución a las pandillas y sus actividades extorsivas.

Sentado en un sofá de imitación de cuero en su espaciosa oficina junto a un muro de pantallas de televisión que muestran la grabación en vivo de la seguridad local, Neto Bran no es el típico alcalde. Llegando a los cuarenta y a cargo del violento y desperdigado municipio de Mixco, usa gel en el cabello y lleva la camisa abierta hasta la cintura, dejando ver un rosario plateado que le cuelga del cuello.

El alcalde de la segunda ciudad más populosa de Guatemala le relató a InSight Crime cómo entró en guerra con los extorsionistas, cubierto por los medios de El Salvador, desde que fuera elegido en 2016, en medio de un aumento en los homicidios de conductores de autobuses.

*Este artículo hace parte de una investigación sobre las respuestas estatales y comunitarias frente a la extorsión en Centroamérica, realizada por InSight Crime en conjunto con The Global Initiative. Vea la serie completa aquí.

“Empezamos viendo un homicidio diario [pero] el alcalde no tiene mucho por hacer respecto a la seguridad; no tiene fuerzas armadas”, comentó Bran, señalando la necesidad de intervención de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Entonces fui a una de las paradas de autobús donde habían abaleado a un conductor y dije, ‘no me muevo de aquí hasta que las autoridades competentes actúen’”.

Esa maniobra publicitaria en marzo de 2016 fue la primera de una serie de manifestaciones protagonizadas por Neto Bran, que incluyeron conducir un microbús en una ruta que se había cerrado por la extorsión, y sentarse en un escritorio en mitad del mercado central de Mixco.

“Obviamente, cuando los medios supieron que el alcalde de Mixco estaba sentado en un mercado esperando a los extorsionistas, el ejército y la policía nacional enviaron hombres a Mixco, porque habría sido muy mal visto que algo malo pasara.

“Estuve ahí por un mes con toda la seguridad, así que los extorsionistas probablemente decidieron que era mejor ir a otro lugar, porque aquí no se pagó ni un quetzal”, aseguró el alcalde.

“Eso causó problemas entre los pandilleros… porque no dejábamos que los pagos pasaran… entonces llegaron a dejar cadáveres… gente decapitada frente a mi casa y a mi oficina”.

Estas maniobras fueron sin duda más acrobacias publicitarias que esfuerzos antiextorsión a largo plazo, pero hicieron visible la magnitud del problema en el municipio.

También precedieron una estrategia más integral en torno al desarrollo de un destacamento armado en la policía municipal que se desplegó a los barrios más críticos de Mixco, junto con programas de prevención de la violencia. Esa misma estrategia parece estar dando resultados en Villa Nueva, el otro municipio importante que bordea la capital.

Ciudades dormitorio, terreno perfecto para el reclutamiento de las pandillas

Según admiten las mismas autoridades, tanto Mixco como Villa Nueva estuvieron descuidadas por el estado durante largo tiempo. Con una combinación de escasos ingresos en muchos hogares, débil presencia estatal y falta de servicios sociales básicos, estas zonas eran terreno fértil para que las pandillas callejeras echaran raíces y crecieran en ciertos barrios catalogados como “zonas rojas”.

Estos lugares son hervideros de las actividades de extorsión y microtráfico que constituyen el pan de cada día de las pandillas.

“Solo para darle una idea, hace unos diez años, la pandilla que operaba en Villa Nueva… recaudaba más de US$3 millones al año por extorsiones solo en el mercado central”, aseguraba Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva desde 2012.

Aunque esa cifra parece increíblemente inflada —la policía guatemalteca estimaba que la extorsión en todo el municipio generaba US$4 millones en 2007— es indudable que Villa Nueva sigue siendo un foco de extorsión. En 2015, ocupó el cuarto lugar por el número de denuncias municipales por extorsión en toda Guatemala. Mixco ocupaba el segundo lugar.

Estos puntos álgidos también son focos de reclutamiento, afirma Stu Velasco, subdirector general de investigación criminal.

“Nos dimos cuenta de que en Guatemala había una región geográfica en la Zona 12 [de Villa Nueva] que era el lugar de origen de un alto porcentaje de jefes y miembros de menor rango de las pandillas”, explicó Velasco.

“Los jóvenes que capturábamos habían nacido o vivían en esas zonas… que presentan características socioeconómicas, como pobreza moderada o extrema y hogares disfuncionales”.

Juan Alberto Sánchez, actual coordinador de seguridad de la policía municipal de Villa Nueva y exjefe de la policía de tránsito de Mixco, coincidió en que ambas zonas presentaban debilidades similares que las pandillas aprovechan. El agente de la policía municipal sostuvo que incluso la topografía de muchos barrios de Mixco y Villa Nueva favorecen a las pandillas y pueden confundir a la policía.

Sánchez también explicó que la demografía de Villa Nueva fue configurada durante décadas por oleadas de guatemaltecos que llegaban buscando oportunidades laborales en la capital o dejando atrás los destrozos dejados por desastres naturales. Esos flujos migratorios y la salida diaria de numerosos habitantes a trabajar en la capital limitaron el desarrollo de lazos de comunidad fuertes.

“Hay una falta de pertenencia en la comunidad”, añadió Sánchez.

En la medida en que crecían las pandillas, subían los homicidios en estas zonas. Y pese a una reducción de los homicidios en los últimos años, Mixco y Villa Nueva siguen padeciendo la reputación violenta de algunos de sus barrios: algunas ofertas de empleo prohíben de manera explícita las solicituds de habitantes de Mixco y Villa Nueva por temor a que se infiltren pandillas, lo que limita más aún las limitadas oportunidades económicas de los jóvenes y facilita la labor de reclutamiento de las pandillas.

El modelo colombiano: vigilancia policial y prevención

Comenzando con Villa Nueva desde 2012 y seguida por Mixco desde 2016, ambos municipios volvieron su atención hacia las historias de éxito en seguridad urbana en las ciudades de Medellín y Bogotá, e implementaron una estrategia integral que incluía acción policial y labores de prevención.

En un intento por tener mayor peso en la seguridad pública, los municipios desarrollaron dentro de sus cuerpos de policía locales una división armada con misiones similares a las de la PNC. En contraste, las policías municipales en Guatemala se han encargado tradicionalmente de la protección de edificaciones y el control del tráfico.

Ambos municipios invirtieron también en iniciativas dirigidas a prevenir la violencia y debilitar el reclutamiento de las pandillas, lo que incluyó programas educativos en fines de semana o espacios recreativos, como parques, gimnasios al aire libre y clubes deportivos. Villa Nueva también ha creado una oficina especial a cargo del municipio encargada de representar a los jóvenes desempleados y dirigirse al sector privado, incluso respondiendo por aspirantes de territorios controlados por pandillas.

El objetivo de los programas era doble. Primero, cada instante que los jóvenes pasan en entornos recreativos era tiempo que estaban lejos de las calles y de los intentos de reclutamiento de las pandillas. Todos los actores consultados por InSight Crime, tanto del sector privado como estatal, coincidieron en que centrarse en la juventud era clave para evitar el “relevo generacional” de pandilleros.

“Esto apunta a tres aspectos fundamentales”, señaló el alcalde de Mixco Neto Bran. “Prevención, protección de jóvenes y adolescentes, y protección para las mujeres”.

Segundo, los esfuerzos por poner en orden y retomar el control del espacio público buscaba generar un impacto en las percepciones de inseguridad.

“Si usted se siente seguro, porque ve a otras personas seguras caminando en el espacio que usted antes percibía como peligroso, su percepción cambia”, le comentó a InSight Crime el alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar.

“A fin de cuentas, es 95 por ciento percepción y 5 por ciento realidad”, insistió Escobar, describiendo el cóctel para reducir la inseguridad, como un tercio de presencia policial, otro tercio de prevención y una tercio más de gobernanza municipal, bajo el cual recae la recuperación de los espacios públicos.

Actores locales, un ingrediente clave de la solución

Las autoridades municipales son conscientes de su limitada capacidad. Mixco tiene una población de cerca de un millón de habitantes y un presupuesto de 400 millones de quetzales, de los cuales solo 5 millones (menos de US$700.000) se destinan a la policía municipal, aseguró Bran. El alcalde admite que los programas de prevención dependen en gran medida de la ayuda internacional.

A Villa Nueva no le va mucho mejor. “Tengo un presupuesto [municipal] de US$40 millones para 1,5 millones de habitantes. Es ridículo”, se desahogó Escobar con InSight Crime.

Debido a lo limitado de su capacidad, los actores locales insisten en lo crucial del trabajo de las autoridades nacionales.

“No estamos aquí para competir con la PNC”, aseguró Sánchez. “Por lo demás es contraproducente, lo que queremos es apoyar su labor”.

Su proximidad y los vínculos con la comunidad implica que los actores locales pueden tener una proyección y n impacto que complementen el trabajo de la PNC, incluyendo el mantener lazos y canales de comunicación con los integrantes de las pandillas. Eso puede servir para asegurar que las pandillas no ataquen los programas de prevención municipales, por ejemplo, a pesar del riesgo que estos plantean para el reclutamiento de estas a largo plazo.

“¿Por qué no estamos bajo amenaza directa? Porque algunos de ellos tienen hijos; la mayoría tienen hermanos pequeños; tienen padres, y todos esos lugares son para el servicio de ellos”, concluyó Sánchez.

Un miembro de Barrio 18 alguna vez le dijo a Sánchez que la pandilla no interferiría con los programas de prevención, ni siquiera con los que propendían abiertamente por debilitar el reclutamiento de las pandillas, siempre y cuando esos programas se realizaran con niños y adolescentes ajenos a la pandilla. Si los programas empezaban a apuntar los jóvenes que ya estaban en la estructura, las cosas acabarían mal, fue la advertencia que le hicieron a Sánchez

Este tipo de trabajo comunitario constante puede ofrecer a la policía municipal una perspectiva del problema de las pandillas muy distinta a la que han adoptado por lo general las fuerzas de seguridad nacional en todo el Triángulo Norte, las cuales en términos generales han intentado marginar a los pandilleros de la comunidad y de la sociedad. Parte del trabajo de Sánchez, por ejemplo, es dirigirse a los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODES) y coordinar con ellos. Y las más de las veces, estos están integrados por parientes de pandilleros.

“Mi objetivo no es librar a la comunidad de la pandilla”, dejó en claro Sánchez.

“La pandilla es parte inseparable de la comunidad. Mi objetivo es llevar a la pandilla a cometer menos actividades criminales”.

*Este artículo hace parte de una investigación sobre las respuestas estatales y comunitarias frente a la extorsión en Centroamérica, realizada por InSight Crime en conjunto con The Global Initiative. Vea la serie completa aquí.

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