En 2010, el entonces ministro del ambiente de Perú, Antonio Brack, anunció que su país se había trazado la meta de parar la deforestación en la selva del Amazonas para 2021. Hoy, el país no puede estar más lejos de alcanzar esa meta. Perú está viviendo los niveles de deforestación más altos de su historia, con la pérdida de un total de 203.272 hectáreas de selva en 2020, 37 por ciento más que en 2019. El presidente Pedro Castillo ha reconocido la importancia de mitigar los delitos ambientales. En su primera alocución, después de su posesión en 2021, el mandatario mencionó que su administración promovería la protección de la Amazonía y trabajaría para poner freno a la deforestación.
*InSight Crime se ha asociado con el Instituto Igarapé —centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica al estudio de temas actuales relacionados con desarrollo, seguridad y clima— con el fin de rastrear los delitos ambientales y los actores criminales que impulsan la deforestación en la Amazonía peruana. Vea la serie completa de seis partes aquí. También puede descargar el PDF completo aquí.
Sin embargo, aún no se observan señales de una política coherente capaz de frenar los delitos ambientales y la corrupción que los facilita, por no hablar de acciones en esa dirección. Parte de esto se debe al caos político en el que ha estado sumido Perú en los últimos años. Los escándalos de corrupción han salpicado las esferas más altas del gobierno. En 2020, Perú llegó a tener tres presidentes en una semana. Esa inestabilidad política ha relegado las iniciativas para combatir los delitos ambientales que devastan la Amazonía peruana y la empujan mucho más abajo en la confusa lista de prioridades del gobierno. La pandemia, por otro lado, ha dificultado aún más las iniciativas de protección de la Amazonía.
El presente estudio se centra en los delitos ambientales en la Amazonía peruana. Es producto de un año de investigación en campo y fuentes de dominio público, lo que incluyó investigación de escritorio, entrevistas telefónicas y en persona con expertos ambientales, funcionarios de gobierno, autoridades y académicos, entre otros, en Perú. La información recogida ha servido para desarrollar una imagen de cómo se perpetran los delitos ambientales, así como qué actores participan y cómo se superponen con las economías legales y otras actividades criminales. El informe también pasa revista a las acciones del gobierno peruano para frenar la deforestación y los factores que la promueven, y cierra con algunas oportunidades de intervención.
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En los últimos años, las estructuras criminales han aprovechado los delitos ambientales como una oportunidad de generación de rentas, con alto potencial de ganancias y bajo riesgo. Las ganancias generadas por los delitos ambientales complementan las ganancias de otras economías criminales, como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Perú, que se cuenta entre los diez países con mayor biodiversidad del mundo, brinda un sinnúmero de oportunidades para diversos delitos ambientales. Su extensa selva tropical alberga cerca del 10 por ciento de las especies de flora del planeta y miles de animales, como aves exóticas y jaguares. Además, en la Amazonía peruana abundan los depósitos auríferos.
Los productos derivados de la minería ilegal, el tráfico de madera y el tráfico de vida silvestre en Perú han inundado los mercados nacionales e internacionales. La mayoría de las actividades relacionadas con delitos ambientales se concentran en los departamentos de Loreto, Amazonas y San Martín al norte del país, y en Ucayali y Madre de Dios, al este en límites con Brasil, junto con otros diez departamentos de la región de la Amazonía. Algunas de esas actividades han proliferado gracias a la propagación de otras actividades ilegales, en especial la producción de coca. Pero mucha parte de la destrucción de la Amazonía peruana puede situarse en la prioridad que han dado sucesivos gobiernos al desarrollo agrícola a gran escala, pasando por encima de la protección del medio ambiente. La corrupción extendida y sistemática alimenta las actividades legales e ilegales que están acabando con la biósfera en la región.
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Los principales responsables de los delitos ambientales en la Amazonía peruana pueden dividirse en tres categorías. En la punta de la pirámide están los actores legales, como autoridades gubernamentales corruptas o empresas legalmente registradas, que facilitan los ambientales. A continuación, se ubican diversas clases de redes criminales con proyectos grandes y pequeños que contribuyen a la financiación de estos delitos y los coordinan. En la base, se encuentra la mano de obra que desempeña tareas de bajo nivel, como la tala de árboles, criban oro o capturan animales. Todos estos actores comparten la culpa, pero algunos deben ser objetivos prioritarios para los gobiernos por encima de otros, en especial quienes están en la cima, que destruyen grandes porciones de la Amazonía.
El presidente Castillo se enfrenta a una tarea gigantesca: mitigar los delitos ambientales y contener los niveles récord de deforestación, todo en el contexto de la crisis económica agravada por la pandemia y el caos político que vive Perú desde hace unos años. En el corto y mediano plazo, el gobierno debe combatir la corrupción que aceita los engranajes de los delitos ambientales en la Amazonía peruana. En el largo plazo, debe tomar la difícil decisión de dar prioridad a la defensa de la Amazonía con regulaciones adecuadas y una atenta consideración de cómo proteger el medio ambiente sin dejar de promover el desarrollo económico.
