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Bajo la superficie de la minería ilegal de oro en el Amazonas

BRASIL / 9 NOV 2022 POR KATIE JONES, JAVIER LIZCANO Y MARÍA FERNANDA RAMÍREZ ES

A medida que los precios del oro se han disparado, ha surgido un auge de la minería en toda la cuenca amazónica, dejando una profunda huella ambiental. La minería ilegal se ha convertido en uno de los principales motores de la deforestación en la Amazonía, sobre todo en Venezuela, Guyana y Surinam. Aunque también contribuye a la pérdida de bosques en Bolivia y Ecuador, no es el principal motor, por lo que este informe se centrará en la extracción de oro en los primeros países.

Hay tres formas de deforestación provocada por la minería en la cuenca amazónica: la minería de oro industrial a gran escala, la minería de mediana escala y la minería artesanal a pequeña escala (ASGM por sus siglas en inglés). Los datos más recientes de RAISG indican que hay al menos 4.472 explotaciones mineras ilegales en toda la región. Algunos sitios mineros abarcan varios kilómetros cuadrados.

La actividad sigue tres pasos principales: extracción, transporte y transformación/comercialización. En primer lugar, el oro es extraído por mineros mal pagados, que trabajan en condiciones rudimentarias. En muchos casos, trabajan bajo el control de los grupos armados no estatales. A continuación, se transporta el metal. Por el camino se lava o se “transforma”. El origen del oro venezolano ilícito se encubre al pasar por Guyana, Surinam y Colombia. Finalmente, el oro y otros metales llegan a los mercados internacionales, donde se venden legalmente. En septiembre de 2022 un kilo de oro llegó a costar $54.576.

Venezuela

En la región amazónica del sur de Venezuela, laminería del oro es uno de los principales motores de la deforestación y una fuente de pérdida de biodiversidad. Se trata de una importante economía criminal, sustentada en la corrupción, el uso de la violencia y la instrumentalización de las poblaciones locales por parte de los grupos armados no estatales. Actualmente, unas 70.000 hectáreas están afectadas por la minería ilegal en los estados amazónicos del país. Entre ellos se encuentran Bolívar (64.705 hectáreas), Amazonas (2.356 hectáreas) y Delta Amacuro (2.169 hectáreas).

VEA TAMBIÉN: Un comercio tóxico: la minería ilegal en la Amazonía peruana

En 2016, la minería en los tres estados tuvo un punto de inflexión cuando el presidente Nicolás Maduro introdujo el “Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco”, que regula el Arco Minero del Orinoco (AMO). Esto permitió la instalación de nuevas minas. Además, se incentivó a las instituciones públicas vinculadas al régimen a involucrarse en la minería.

Aunque Venezuela considera “legal” la minería a lo largo del AMO, Estados Unidos y las naciones aliadas que han sancionado al régimen de Maduro la consideran ilegal. Otros países —en particular los que siguen comerciando con Venezuela— consideran que la actividad minera del país es legal. También es importante señalar que conceptos como “legal” e “ilegal” pierden todo su significado a nivel interno. Existen escasas regulaciones para restringir la minería en Venezuela. Y aunque algunos grupos criminales operan de forma independiente, la mayoría de los involucrados en la minería tienen vínculos con el régimen de Maduro.

Expertos de una ONG que estudia los delitos ambientales en Venezuela revelaron que en el Amazonas cada miembro del régimen tiene acceso a una mina de oro, como administrador. Según los expertos, ellos eligen qué GANE les ayuda a supervisar su funcionamiento y a garantizar su seguridad.

En la actualidad, el oro se extrae, se transporta, se lava y se vende a través de los canales corruptos “formales” supervisados por funcionarios vinculados al régimen de Maduro, y de los canales “informales” dominados por los grupos armados no estatales.

En primer lugar, el oro y el coltán son extraídos por mineros que trabajan bajo el control de los grupos armados no estatales a lo largo del AMO. En Amazonas, las mafias de las ex-FARC están involucradas en la minería ilegal de oro en los municipios de Atabapo, Autana y Atures, según un experto con un profundo conocimiento de la minería ilegal en el estado. Los disidentes dirigen las explotaciones mineras ilegales junto con el contrabando de gasolina, añadió el experto. El coltán, un mineral metálico refinado para su uso en electrónica, también se extrae en Atures, cerca de la frontera entre Venezuela y Colombia. Allí, los miembros de las comunidades locales son empleados por los disidentes de las FARC para trabajar como mineros. A menudo se les paga en coltán.

El Parque Nacional Yapacana, situado en el oeste del estado de Amazonas, también está en el punto de mira de los grupos armados no estatales. El parque es una “isla natural en medio de la selva, rodeada de ríos y controlada por la guerrilla”, según los expertos de una ONG que estudia los delitos ambientales. “Es un paraíso para la minería ilegal, todo controlado por las ex-FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia”, explicó otro experto en minería.

La minería ilegal también se da en la frontera del estado con Brasil. Los mineros de Amazonas controlan los yacimientos ilegales situados en las zonas montañosas del Parque Nacional Serranía de la Neblina, situado cerca de la frontera. Utilizan a las comunidades indígenas, mantienen alianzas con las fuerzas armadas venezolanas, y pagan sobornos en efectivo u oro a otros grupos criminales para evitar disputas territoriales. 

Por su parte, la minería en Bolívar —donde se concentran las mayores minas de la región— se produce a través de dos canales. El primero es el “formal”, en el que las cooperativas mineras obtienen el permiso del gobierno venezolano para extraer oro.

El segundo es controlado directamente por los grupos armados no estatales que permiten la actividad minera en los territorios que controlan a cambio de pagos mensuales en efectivo u oro. Estos grupos también pueden controlar sus propias minas. El ELN, por ejemplo, extorsiona a los mineros en algunos casos y presiona a las poblaciones locales para que abran minas para ellos.

Para extraer el oro, se utiliza mercurio para separar las diminutas partículas de oro de los sedimentos. El mercurio se pasa de contrabando, por avión o barco, a Venezuela desde la vecina Guyana. El producto químico puede enviarse desde el interior de Guyana a Venezuela a través del río hasta Etheringbang, un diminuto puesto de avanzada guyanés en la selva, en la frontera con Venezuela. También puede enviarse a lo largo de la costa que comparten ambos países, aunque los datos al respecto son escasos, según el Comité Nacional de los Países Bajos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN NL).

Una vez extraído, el oro puede ser trasladado “formalmente” a través del Banco Central de Venezuela (BCV), el único comprador autorizado a adquirir oro venezolano por la Constitución de la nación. El oro suele enviarse desde el BCV a países africanos para ser refinado. Luego se vende en Turquía, Aruba, Emiratos Árabes Unidos y China. Sin embargo, se calcula que solo un tercio de todo el oro extraído en Bolívar pasa por el Banco Central. El resto sale del país de contrabando por rutas clandestinas.

El oro que sale de Bolívar y Amazonas es a menudo contrabandeado a través del municipio de      Puerto Inírida, en el departamento de Guainía, en los Llanos Orientales de Colombia. Otra parte del oro también es enviado a Brasil, donde se hace pasar como si hubiera sido producido legalmente.

En 2020, la Policía Federal de Brasil descubrió una red dirigida por un ciudadano libanés, que fundía el oro en el municipio venezolano de Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil. Desde allí era contrabandeado y vendido en Brasil.

Otra parte del oro extraído en el estado de Bolívar se transporta desde el aeropuerto Manuel Carlos Piar de Puerto Ordaz, ciudad situada en el municipio norteño de Caroní. Desde allí, el oro y otros productos son transportados por avión hasta la ciudad de Maiquetía, situada al norte de Caracas.

El oro se envía desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Caracas.

Es posible que se envíe a las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Bonaire, que se utilizan como puntos de tránsito. Según una investigación del periodista y criminólogo Bram Ebus, entre 2014 y 2019, unas 160 toneladas de oro venezolano fueron trasladadas a través de Aruba y Curazao. Desde estas islas puede enviarse a Europa, desde donde acaba llegando a países como los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, durante un viaje de campo realizado por InSight Crime en noviembre de 2021 a Curazao, no se registró ninguna incautación de oro en la isla.

El oro ilegal también sale de contrabando del Amazonas venezolano hacia la vecina Guyana, según Samuel Sittlington, experto en fraudes financieros y exasesor británico en el extranjero de la Unidad de Crimen Organizado Especial (SOCU) en Guyana. Sittlington añade que parte del oro cruza la porosa frontera que comparten los dos países, para ser vendido a mineros locales o a terceros. Estos terceros lo hacen pasar como si hubiera sido extraído en Guyana para venderlo en los mercados internacionales. Sittlington explica que por la frontera entre Venezuela y Guyana puede pasar hasta un millón de dólares en oro cada semana. Una vez allí, los intermediarios lo compran y luego le venden el metal a la Junta del Oro de Guyana, para poder venderlo en el mercado legal, según Sittlington.

Guyana

Tras hablar con numerosos expertos en temas ambientales durante una visita a Georgetown, la capital de Guyana, InSight Crime pudo comprobar que el país tiene dos enfoques con respecto a la Amazonía, los cuales parecen irreconciliables. El país tiene un enfoque “verde” que busca conservar la Amazonía, pero, simultáneamente, esto contrasta con las operaciones mineras en constante expansión que son responsables de casi el 90 por ciento de la pérdida de bosques.

El oro es la principal exportación del país. En Guyana hay seis distritos mineros establecidos: los de Berbice y Rupunini, al sur del país, y los de Potaro, Mazaruni, Cuyuni y Northwest, al noroeste. Se han detectado actividades mineras ilegales —sin los debidos permisos— en zonas protegidas, como la reserva natural del bosque de Iwokrama y el parque nacional de Kaieteur, en el centro del país, así como en la zona protegida de las montañas de Kanuku (KMPA), cerca de la frontera suroeste con Brasil.

También se han encontrado explotaciones mineras ilegales en Micobie, a lo largo del río Potaro, y a lo largo de la frontera noroeste de Guyana con Venezuela, a lo largo de las orillas del río Cuyuni y al oeste del río Essequibo.

La Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC por sus siglas en inglés), que administra las concesiones mineras en el país, emite tres escalas de concesiones mineras que se clasifican por superficie: pequeña (menos de 61 hectáreas), mediana (de 61 a 486 hectáreas) y gran escala (más de 486 hectáreas).

Las licencias de extracción de oro en Guyana son baratas, se renuevan automáticamente y se concentran en un número reducido de personas. En muchos casos, las propiedades con licencia se subarriendan a los pequeños y medianos mineros a cambio de una cuota, que suele ser del 10 por ciento del oro extraído.

“Los grandes bloques mineros no explotan ellos mismos. Subarriendan sus concesiones a los pequeños mineros”, afirma Trevor Benn, antiguo comisario de tierras y estudios de Guyana.

Esto implica un daño medioambiental que va más allá de la deforestación. Los pequeños mineros utilizan mercurio para extraer el oro, lo que aumenta la contaminación por mercurio. Estas operaciones mineras también pueden solaparse con los territorios amerindios, lo que crea confusión y conflictos entre las comunidades locales y los mineros del oro. Algunas comunidades amerindias afectadas por las operaciones mineras se encuentran en Port Kaituna, Mathews Ridge, Arakaka, Mabaruma —todas ellas en el norte de la Región Uno— y otras comunidades dispersas por la Región Nueve, en el sur, y las Regiones Cuatro, Siete y Ocho, en el norte.

El oro lo extraen sobre todo mineros guyaneses y brasileños que trabajan cerca de las fronteras con Venezuela y Brasil. Estos mineros utilizan excavadoras para limpiar el terreno en las orillas de los ríos y realizan actividades de dragado. Los mineros también cavan túneles para extraer oro, huyendo del lugar si las autoridades se acercan demasiado. En octubre de 2020, la policía cerró tres túneles utilizados para la minería ilegal en la cuenca del río Nuevo, en la región de Rupununi Sur, situada en el sur del país. No se encontró oro ni personas en el lugar.

El oro guyanés se comercializa a través de una empresa estatal llamada Guyana Gold Board (GGB), la cual cuenta con unos 12 agentes autorizados por la ley para comprar, vender y exportar oro. Estos agentes transportan y refinan el metal. A continuación, llega a los mercados internacionales, sobre todo a Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, Suiza y Estados Unidos.

El control de las operaciones mineras para detectar irregularidades en Guyana es un reto debido a la falta de presencia estatal. Janette Bulkan y John Palmer, autores de múltiples trabajos sobre la minería y el latifundismo en Guyana, afirman que unos 11 inspectores que trabajan para la autoridad minera de Guyana supervisan 9.000 minas en todo el país. Por su parte, los soldados desplegados en la selva prefieren no involucrarse, para evitar posibles conflictos con los actores criminales venezolanos que operan en la región, según International Crisis Group.

Surinam

Al igual que en Guyana, se sospecha que el oro venezolano también pasa por Surinam. Pero, del mismo modo, la Amazonía de Surinam también está marcada por la minería legal e ilegal.

El oro es una de las principales exportaciones legales de Surinam. El metal representó $2.040 millones de los $2.600 millones de las exportaciones totales del país en 2019. Su importancia para la economía nacional ha aumentado desde el estallido de la pandemia.

La pequeña minería en Surinam casi siempre se realiza sin permiso. En 2009, solo 115 de las decenas de miles de pequeños mineros de Surinam operaban legalmente con una concesión minera. Obtener una concesión minera es muy difícil para los pequeños mineros que carecen de conexiones políticas. La minería artesanal y de pequeña escala se concentra principalmente en el cinturón de piedra verde del este de Surinam, a lo largo de la frontera del país con la Guayana Francesa.

Allí se han detectado explotaciones ilegales de oro en el pueblo fronterizo de Benzdorp y en el municipio de Langatabiki, a ambos lados de la frontera entre Surinam y Guayana Francesa. Los mineros ilegales también trabajan en los campos de los alrededores de Nieuw Koffiekamp, un pueblo situado en la orilla noreste del embalse de Brokopondo.

Más al norte, en el distrito de Brokopondo, la población maroon (cimarrón) de Klaaskreek —descendientes de africanos que huyeron de los trabajos forzados en las plantaciones coloniales holandesas en Surinam y establecieron comunidades independientes en los bosques tropicales del interior— se ha dedicado a la minería ilegal. Y ello a pesar de que este territorio alberga una concesión de la corporación IAMGOLD.

La zona minera de Kriki Negi es otro lugar situado al noroeste del embalse de Brokopondo. También se han registrado incursiones de mineros incluso en el cercano Parque Natural de Brownsberg. En varias de estas zonas se han producido enfrentamientos entre los mineros locales y los de otras regiones o países.

La extracción de oro también se lleva a cabo desde hace más de 20 años en reservas protegidas, como el Parque Natural de Brownsberg (Brownsberg Natuurpark), un parque nacional de unas 12.000 hectáreas en el embalse nororiental de Brokopondo. La Fundación para la Conservación de la Naturaleza de Surinam (Stichting Natuurbehoud Suriname - STINASU) intentó en repetidas ocasiones expulsar a los pequeños mineros de esta reserva, además de incautarles maquinaria pesada. Esto hizo que los mineros demandaran a la fundación en 1999, para poder recuperar los equipos confiscados.

Después, el gobierno intentó colaborar con los mineros, con la condición de que no se utilizaran armas ni mercurio y no se practicara la caza furtiva. Sin embargo, estas medidas han sido ineficaces debido a la falta de aplicación de la ley.

VEA TAMBIÉN: Minería ilegal de oro depreda frontera entre Surinam y Guyana Francesa

La mayor parte del oro se extrae de estas zonas utilizando chorros de agua a alta presión para desprender la roca y mover los sedimentos. Para las operaciones de minería subterránea, los mineros cavan varios agujeros de unos dos metros de profundidad. A continuación se limpia la zona de árboles y otra vegetación. Luego, con jeringuillas de alta presión se remueven las capas de arena y arcilla hasta llegar a una capa portadora de oro. El lodo se bombea a través de una manguera de succión a una esclusa, donde se atrapan las partículas de oro y los minerales. Días o semanas después, la esclusa se “lava” con mercurio, fijando el oro y separándolo de otros minerales. Por último, el mercurio se separa del oro al calentar la amalgama.

A continuación, el oro se transporta, se procesa y se lava. A veces, el metal se vende en la propia mina, para ser transportado por un tercero para su exportación. Esto suele ocurrir en el muelle de la ciudad oriental de Albina.

Lo más habitual es que el oro se transporte a Paramaribo, la capital del país. Durante el trayecto, rara vez se realizan controles. En el raro caso de que se pidan papeles, se pueden pagar sobornos.

Una vez en Paramaribo, no es necesario mostrar ningún documento. Los compradores autorizados les pagan el oro a los mineros o a terceros en euros o dólares estadounidenses. Estos compradores lo venden luego a orfebres nacionales o a exportadores. La mayor parte se envía a Suiza. Si no, se envía a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) o a Bélgica. En los últimos años, los EAU han aumentado sus compras de oro a un ritmo más rápido que los países europeos.

Es importante señalar que no todo el oro que sale de contrabando de Surinam se extrae en el país. El oro de la Guayana Francesa se introduce en Surinam a través de la porosa frontera de 570 kilómetros que comparten ambos países. También entra de contrabando desde la vecina Guyana, a través del río fronterizo Lawa o por avión. Por otro lado, algunas tiendas de oro de Paramaribo les compran directamente a comerciantes de Venezuela.

Un negocio sucio: redes criminales y grupos armados no estatales ejercen la minería ilegal

En los países de estudio, diversos actores promueven las operaciones de extracción de oro. Los que más se benefician del oro ilegal a menudo no visitan las minas. En cambio, recurren a buenas conexiones, a la corrupción y a trabajadores sin alternativas económicas. Los actores implicados en esta actividad se dividen en tres grandes categorías: redes criminales corporativas, grupos armados no estatales y mano de obra barata.

Redes criminales corporativas

Algunos de los principales actores que impulsan la minería ilegal en los países de nuestro estudio son empresarios criminales, o líderes de redes criminales. Pueden ser élites políticas o económicas con capacidad financiera para comprar maquinaria de alto costo. A menudo tienen contacto con los grupos armados no estatales que operan en los centros mineros. Estos empresarios dirigen e inician las operaciones. Contratan a mineros y operarios locales y supervisan el establecimiento de nuevas minas.

Estas redes se apoyan en el trabajo de intermediarios para mover el oro y encubrir su origen ilícito. Cuanto más cambie de manos el metal, mejor.

Los intermediarios que trabajan para las redes criminales o en conjunto con ellas aceitan los engranajes de esta cadena de suministro. Compran y venden oro ilegal y también pueden trabajar en el comercio legal. En Guyana, los intermediarios venden lingotes de oro refinado a comerciantes que no cuestionan el origen del metal. Del mismo modo, en Surinam, los comerciantes de Paramaribo compran el oro sin cuestionar su origen.

Estas redes necesitan un amplio alcance geográfico para abastecer los mercados internacionales. Sus dirigentes y financiadores pueden estar situados lejos de las minas ilegales que explotan. En Surinam, los comerciantes de oro chinos que trabajan en la capital del país también envían a China una gran parte del oro que compran.

De lo contrario, se recurre a “exportadores” que tienen vínculos con mercados extranjeros. En Surinam, los exportadores hacen tratos con joyeros y comerciantes de oro localizados en Dubái, Europa y Estados Unidos, según un informe publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Antes del envío, los exportadores deben mostrar sus licencias y registrar la cantidad que van a transportar en la Comisión de Divisas del país.

Aunque los exportadores están obligados por ley a comprarle oro al Banco Central para enviarlo al extranjero, en la práctica esto no ocurre.

Las mujeres intermediarias que tienen vínculos indirectos con estas redes desempeñan un papel más importante en este negocio una vez el oro es extraído. Según Kuntala Lahiri-Dutt, investigadora de la Universidad Nacional de Australia, en Surinam las mujeres del sector minero están tradicionalmente asociadas a tareas como el transporte y el procesamiento, mientras que los hombres trabajan en las minas.

Grupos armados no estatales (GANE)

En Venezuela, los grupos armados no estatales controlan las explotaciones mineras y las rutas del oro. Participan sobre todo en la fase de extracción. Extorsionan a los pequeños mineros, a menudo con la anuencia de políticos y autoridades corruptas. Los grupos armados no estatales también pueden recibir dinero u oro como pago por cuidar las minas que pertenecen a grandes redes criminales. Algunos de estos grupos armados dirigen las minas ellos mismos.

En Venezuela, los grupos armados no estatales han pasado en gran medida de extorsionar a los mineros de la región amazónica, a ejercer un control directo sobre las minas ilegales.

Las bandas criminales venezolanas dedicadas a la minería ilegal —conocidas como “sindicatos” o “megabandas” mineras— se han beneficiado durante mucho tiempo de la actividad ilícita. Aunque algunos de estos grupos, como la Megabanda de Johan Petrica y el Sindicato de El Perú, están involucrados en otras actividades ilegales como el microtráfico, su principal fuente de ingresos es la minería ilegal.

Estos grupos suelen tener más de 100 miembros. Extorsionan a los mineros artesanales y supervisan las operaciones mineras en el estado Bolívar, donde se han creado alianzas entre los políticos locales y estos grupos.

La megabanda de Johan Petrica —liderada por Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”— opera en las minas de Las Claritas, en el municipio de Sifontes, ubicado en Bolívar. Al igual que otras bandas mineras locales, su modus operandi se centra en la organización y “tributación” de la extracción, procesamiento y tráfico ilegal de oro.

El Tren de Guayana también opera en el estado. Anteriormente, el grupo utilizó contactos políticos para incursionar en la minería ilegal, llegando a controlar minas en los municipios de Roscio y El Callao, en el oriente de Bolívar. Su modus operandi consiste en cobrar “impuestos” sobre la extracción y el procesamiento informal de oro. En la actualidad, el grupo ha perdido su protección política. Sin embargo, sigue utilizando la corrupción en su beneficio, ya que miembros de alto rango de su organización pueden eludir las penas de prisión.

El Sindicato de El Perú —un grupo armado no estatal basado en las minas de El Perú, en el municipio de El Callao del estado Bolívar— opera de manera diferente. Al igual que otras bandas mineras locales, su modus operandi se basa en la organización y “tributación” de la extracción y el procesamiento ilegal de oro. Sin embargo, es la única banda minera que sobrevive en Bolívar y que opera sin ningún tipo de apoyo gubernamental.

Desde 2016, otros GANE se han involucrado en la minería a lo largo de la región amazónica venezolana. Los yacimientos pertenecientes al régimen de Maduro son supervisados por los GANE sobre el terreno. Por lo demás, las minas están controladas por dichos grupos.

En el estado Amazonas, el Frente Acacio Medina, un GANE conformado por disidentes de las FARC liderados por Miguel Díaz Sanmartín, alias “Julián Chollo,”, supervisa la minería ilegal en el municipio de San Fernando de Atabapo, localizado en la triple frontera donde confluyen Colombia, Brasil y Venezuela.

El Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN, dirigido por Wilmer Albeiro Galindo, alias “Alex Bonito”, también ha estado cada vez más involucrado en la actividad desde 2016.

Por su parte, los GANE venezolanos se han introducido en la minería ilegal de Guyana. Los sindicatos les cobran a los mineros que trabajan en la frontera guyanesa una cuota a cambio de protección. Los barcos que llevan suministros a las minas guyanesas deben pasar por puestos de control controlados por el ELN, los sindicatos y las fuerzas de seguridad venezolanas. Durante el proceso, los cobros de las extorsiones se hacen amenazando con armas. Los mineros guyaneses realizan sus operaciones a la sombra de estos grupos armados.

Empresas legales

Varias empresas mineras de exportación han sido acusadas de comerciar con oro venezolano ilegal.

La empresa Dorado Trading es una de las principales exportadoras de oro autorizadas en Guyana. Vende oro a refinerías internacionales en Canadá y Suiza. A finales de 2020, la Guyana Gold Board (GGB) investigó las acusaciones de que Dorado Trading había estado comprando oro a grupos criminales venezolanos. La empresa negó estas acusaciones; sin embargo, la Real Casa de la Moneda de Canadá (RCM) anunció que dejaría de comprarle oro a la exportadora hasta nuevo aviso.

Del mismo modo, varias refinerías internacionales reconocidas y otras empresas “legales”, como compañías de transporte, han sido sorprendidas comprando oro venezolano. Como informó InSight Crime en junio de 2021, el propietario de Transvalue, empresa de transporte del sur de Florida, fue acusado de “facilitar una operación transnacional de contrabando de oro de $140 millones” Una declaración juramentada que fue desclasificada señala que el oro quizá estaba siendo “extraído ilegalmente y contrabandeado desde Venezuela.” A su llegada a Estados Unidos, Transvalue trasladó el oro a una refinería de Florida perteneciente a NTR Metals, una filial con sede en Miami de Elemetal, una de las mayores empresas de comercio de oro de Estados Unidos. Finalmente, fue comprado con dinero “limpio” por socios que ganaban comisiones al conseguir el producto ilícito para NTR Metals, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Otras refinerías de los países de nuestro estudio han sido acusadas de blanqueo de dinero y oro. Esto ha sido más evidente en el caso de Surinam, cuya Casa de la Moneda Kaloti Suriname (KSMH), respaldada por el gobierno, ha enfrentado durante años acusaciones de blanqueo de dinero y de compra de oro procedente de zonas en conflicto.

La KSMH es una empresa conjunta entre el Kaloti Jewelry Group de Dubái, el gobierno de Surinam, y los comerciantes de oro de Surinam. Según funcionarios del gobierno, la KSMH se fundó en 2014 para purificar todo el oro que exporta Surinam e impulsar la industria del oro del país. También pretendía ampliar los servicios a otros países de la región. El expresidente Dési Bouterse se unió al presidente de Kaloti, Munir Kaloti, en un comunicado de prensa en el que afirmaba que la KSMH transformaría a Surinam en un “centro de excelencia para la industria del oro y los metales preciosos de la región”. Según una investigación del Center for a Secure Free Society, un grupo de expertos en seguridad, Bouterse siguió apoyando la refinería durante su mandato.

Tras iniciar su actividad en 2015, la KSMH fue tachada como “riesgosa” por mezclar los ingresos procedentes del oro y las drogas. En un informe de 2017 del Center for a Secure Free Society, la refinería fue calificada como un “proyecto ficticio”. Tras realizar entrevistas con comerciantes de oro y visitar el propio lugar, la organización “confirmó que no había ninguna refinería ni se estaba refinando oro en el KSMH.” En consecuencia, según el informe, el gobierno podía certificar la exportación de cualquier cantidad de oro, real y ficticia, “desde una refinería que solo existe sobre el papel”. El informe concluye que, por un precio, los grupos de delincuencia organizada transnacional podían utilizar la certificación estatal “para blanquear cantidades casi ilimitadas de dinero en efectivo como si fuera oro”. El consultor de seguridad Douglas Farah añade que la refinería supuestamente certificaba exportaciones inexistentes y oro procedente de Venezuela como originario de Surinam. El gobierno de Surinam se unió a Kaloti para negar estas acusaciones.

Varios expertos y periodistas consultados por InSight Crime, que han seguido de cerca el sector minero de Surinam, pero prefirieron permanecer en el anonimato, sostuvieron que es probable que KSMH esté involucrada en el lavado de oro. Las investigaciones anteriores sobre la KSMH lo corroboran.

Un informe de 2020 elaborado por el periodista y criminólogo Bram Ebus llega a algunas conclusiones interesantes. Ebus señala que el “gobierno de Surinam no promovió la importación de oro de sus vecinos y el proyecto aún no ha dado beneficios”. Según el gerente de la refinería, Ryan Tjon, la KSMH procesó entre 15.000 y 20.000 kilogramos de oro en 2019. Tjon admite que el tráfico de oro es un problema, pero le dijo a Ebus que “no somos nosotros, la agencia, los que investigamos de dónde viene realmente el oro. No somos la policía”. Tjon concluye que, si un exportador dice que el oro es de Surinam, la KSMH asume de buena fe que eso es cierto.

En 2021, un periodista surinamés visitó la KSMH. La describió como una “oficina gubernamental abandonada”, con un aparcamiento vacío y persianas cerradas. Al parecer, tres soldados vigilan el edificio permanentemente desde una torre de vigilancia situada en una esquina. Uno de ellos le dijo al periodista que nunca había entrado en el edificio y que no sabía lo que ocurría dentro. Sin embargo, confirmó que el edificio sigue perteneciendo a Kaloti. Actualmente, todos los días entran y salen carros, pero las ventanas nunca se abren ni se ve luz, según un residente local.

El sucesor de Bouterse, el presidente Chan Santokhi, ha ordenado una investigación sobre el papel de la refinería en Surinam.

Mano de obra barata

La población local o los inmigrantes en busca de oportunidades económicas suelen ser contratados como mineros para extraer oro. Se sitúan en la parte más débil de la cadena, recibiendo la menor compensación económica por su actividad. Estos mineros viven en campamentos improvisados y trabajan en condiciones peligrosas. Pueden extraer oro, coltán o cobre bajo la vigilancia de los GANE o de los miembros de las redes criminales. Aunque estos mineros actúen de forma ilegal, difícilmente se les puede clasificar como delincuentes consagrados.

En países como Venezuela, los migrantes de otras regiones o países invaden territorios protegidos para trabajar como mineros. Los pequeños mineros brasileños, o “garimpeiros”, también han migrado a través del Amazonas en busca de oro. La mayoría de los pequeños mineros de Surinam son emigrantes brasileños que envían remesas de la extracción de oro a sus países de origen.

Los inmigrantes chinos y brasileños también trabajan como mineros tanto en Guyana como en Surinam.

La inversión china en el sector de la minería del oro de Guyana ha traído consigo supuestas operaciones privadas a pequeña escala que operan bajo distintos niveles de legalidad. Entre tanto, la comunidad de inmigrantes chinos de Surinam es en general ignorada por la fuerza pública, a pesar de la supuesta implicación de algunos individuos en la minería ilegal. Según el doctor Evan Ellis, experto en grupos criminales chinos en América Latina, “el nivel de penetración de las FDS [Fuerzas de Defensa de Surinam] y de la policía surinamesa es prácticamente nulo en estas comunidades chinas”. Al parecer, estos actores operan cerca de las zonas de extracción de oro en el interior de Surinam, como la ciudad fronteriza de Albina, al oriente del país.

Ya sean locales o inmigrantes, los mineros suelen vivir y trabajar en condiciones peligrosas y duras. En Venezuela, trabajan bajo el control de los grupos armados no estatales. Allí, los indígenas y los migrantes temporales de otros estados extraen oro para sobrevivir económicamente. Ante la actual crisis sociopolítica y económica del país, muchos no tienen más remedio que extraer con la aprobación de los sindicatos. Sin embargo, se enfrentan a constantes riesgos de seguridad. Si roban, cortar sus manos puede ser el costo si son atrapados. Los mineros de la región amazónica del país también han sido víctiamas de masacres.

*Luisa Acosta, Nienke Laan, Julian Lovregio, y Scott Mistler-Ferguson contribuyeron al reportaje.

InSight Crime se ha asociado con el Instituto Igarapé —centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica al estudio de temas actuales relacionados con desarrollo, seguridad y clima— para rastrear los delitos ambientales y los actores criminales que impulsan la deforestación en toda la Amazonía. Vea la serie completa aquí.

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