Fue en la noche del martes 14 de enero de 2020, después del “baño de sol”, cuando las autoridades de la prisión hallaron su cuerpo. Geraldo de Souza Pereira Neto, alias “Japonés”, estaba colgado de los travesaños de la celda número 47 en el bloque 2 de la prisión estatal de Dourados, ciudad del estado de Mato Grosso do Sul, oeste de Brasil.
Souza era líder del Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), la mayor pandilla carcelaria de Brasil. Souza, según noticias en la prensa, quería dejar el PCC, algo que es posible, pero puede ser difícil, especialmente para un líder de su talla.
Las autoridades de la prisión habían oído que Souza quería salirse y supuestamente le habían ofrecido trasladarlo a otra parte de la prisión por su seguridad. Se dice que él rechazó la oferta y, al final, su cadáver apareció colgado de una viga. Fue, aquella, otra señal del estricto control que el PCC puede ejercer sobre sus miembros tras las rejas.
*Esta historia es parte de una investigación de dos años del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos (CLALS) e InSight Crime sobre el PCC. Lea la investigación completa aquí. Lea el PDF completo aquí o descárguelo del Social Science Research Network.
El control de la pandilla carcelaria tiene estrecha relación con la explosión de la población carcelaria en Brasil. El sistema penitenciario del país ha tenido un crecimiento constante a una tasa de cerca de ocho por ciento anual durante los últimos 30 años: en 1990, uno de cada 1.666 brasileños estaba preso; para 2019, la cifra era de uno por cada 292. El país tiene actualmente la tercera población carcelaria más numerosa del mundo.
La mayoría de los reclusos son jóvenes: cerca del 75 por ciento tienen entre 18 y 29 años de edad. La mayoría son pobres, afrobrasileños, sin educación: una encuesta de 2016 mostró que el 14 por ciento eran analfabetas y el 51 por ciento no había terminado la educación básica, según un informe de junio de 2016 sobre el sistema penitenciario de la publicación Infopen. Un alto número de presos se encuentran recluidos en detención preventiva, y cerca de una tercera parte de los internos esperan juicio. El sistema les ofrece pocos servicios, como educación o capacitación laboral, con la consecuencia de que los presos por lo general pasan múltiples veces por el sistema carcelario. Los estimativos indican que las tasas de reincidencia se sitúan entre el 40 y el 70 por ciento.
Las condiciones de reclusión son propicias para el crecimiento y la expansión de pandillas carcelarias como el PCC. A nivel nacional, las prisiones albergan 720.000 presos en espacios diseñados para 368.000 individuos.
Esta era una realidad palpable en el sitio donde Souza fue asesinado. Cuando InSight Crime visitó la prisión de Dourados en octubre de 2019 —las autoridades autorizaron nuestra visita con la condición de que no citáramos a ninguna autoridad por su nombre o rango— había cerca de 2.700 presos en una estructura construida para contener a 780.
De estos, las autoridades carcelarias afirmaron que cerca de 800 pertenecían a las filas del PCC. Estaban apiñados en dos bloques de celdas. Brasil tiene un sistema carcelario “abierto”. Cuando InSight Crime visitó la cárcel, en compañía de guardias, los reclusos se mezclaban libremente en el espacio abierto, cada uno de los cuales tenía 30 metros por 100 de largo, o aproximadamente el tamaño de una cancha de fútbol americano, en dos pisos. En cada celda dormía un promedio de 21 presos, cuando es apta para siete, según las autoridades de la prisión.
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Las prisiones son por lo general el primer lugar donde se aplican recortes de presupuesto durante las crisis fiscales que con demasiada frecuencia ha atravesado Brasil, con la consecuencia de que se estira al máximo la capacidad y los servicios son de muy baja calidad. La vida en prisión es aburrida y peligrosa, con hacinamiento, malas condiciones de higiene y alimentos en mal estado. Los índices de infección de VIH y tuberculosis superan exponencialmente los de la población general.
Por otra parte, “estar encerrado es costoso”, como nos señaló un estudioso de este tema durante nuestra investigación de dos años sobre la pandilla carcelaria. Dada la extracción socioeconómica de muchos presos, es posible que sus familias no tengan dinero para tomar un autobús para las visitas carcelarias, proveer al preso de alimentos o medicamentos en forma regular o prescindir de su aporte económico.
Las cárceles son simplemente un lugar donde “se guarda” a los presos, en los que básicamente se les tira, y dentro de cuyos muros quienes mandan son los mismos reclusos. La corrupción y la intimidación a los guardias de la prisión son comunes, y tras las rejas, muchos internos tienen acceso a armas, teléfonos celulares y otras herramientas de la criminalidad.
Las autoridades carcelarias de Dourados declararon a InSight Crime que en la última requisa previa a nuestra visita hallaron 187 cuchillos y 80 teléfonos celulares. Las autoridades no especificaron dónde habían hallado las armas y los teléfonos, pero al lado y al frente del pabellón del PCC había otros bloques de celdas de igual tamaño, donde se encontraban, según las autoridades, rivales del PCC que tenían sus propios vigías, quienes montaban guardia cada noche para asegurarse de poder reaccionar si el PCC los atacaba, explicaron las autoridades de la prisión a InSight Crime.
Las autoridades preveían que el flujo de contrabando continuará; no hay una máquina de rayos X para revisar a los visitantes que ingresan a Dourados, dijeron las autoridades. Más aún, los muros son tan bajos que cualquier transeúnte puede arrojar objetos como baterías de teléfonos móviles envueltos herméticamente en plástico y cinta adhesiva. La seguridad es permisiva en el sistema penitenciario de Mato Grosso do Sul también en otros aspectos. El mismo Souza se escapó de la prisión de Campo Grande en 2016 y estuvo fugitivo por varios días antes de ser recapturado.
Hasta los 90, las descripciones de las cárceles indican que prevalecía la ley de la selva. Con la evolución de pandillas carcelarias como el PCC, las condiciones mejoraron: se reguló la violencia y se limitaron los abusos. El PCC hizo posible que las familias tomaran un autobús hasta las prisiones y garantizaron la seguridad de los familiares durante las visitas. Esto incluye a Dourados, que se encuentra a 18 horas en autobús desde São Paulo, el lugar de residencia de muchos miembros del PCC.
Por supuesto, la violencia colectiva y los amotinamientos eran posibles y no poco frecuentes, lo que aumentaba la posibilidad de violencia entre reclusos, así como de las autoridades hacia los internos. En 2019, por ejemplo, la violencia entre organizaciones criminales en las prisiones de Manaus y Altamira dejó muertos a 117 presos, y las consiguientes medidas represivas de las autoridades —entre ellas la intervención de una fuerza de tarea penitenciaria federal permanente— presuntamente derivaron en tratos brutales contra los presos, incluida la tortura.
De hecho, Juliana Gonçalves Melo y Natália Firmino do Amarante, en un artículo publicado en la revista O Público e o Privado, sostienen que la práctica de tortura fisica y mental es considerada un “procedimiento natural” para mantener el control en las prisiones.
En Mato Grosso do Sul, la base central del PCC era Dourados, según relataron las autoridades, pero la organización se había extendido también a otras prisiones, incluida la prisión de Ponta Porã, una pequeña ciudad a lo largo de la frontera entre Paraguay y Brasil, que también visitó InSight. Allí, según las autoridades carcelarias, la población pasó de 330 en 2015, a más de 700 en 2019.
Las autoridades creían que había unos 100 internos pertenecientes al PCC. Intentaban mantenerlos a raya, pero el espacio era pequeño y temían que sus esfuerzos fueran en vano. Aunque los reclusos estaban confinados en un pabellón específico, las autoridades comentaron que era fácil que se hubieran filtrado a otros pabellones, porque los miembros del PCC y sus afiliados no se declaran como tales.
“El mayor cáncer de Brasil son las prisiones”, se lamentó un funcionario carcelario de Ponta Porã en una charla con InSight Crime.
También señalaron lo poroso de la prisión, al mencionar específicamente el camión de alimentos que entraba y salía diariamente del establecimiento como fuente de contrabando, armas y teléfonos. De hecho, la incapacidad de las autoridades para impedir el flujo de las comunicaciones es un problema perpetuo. El modelo de organización criminal implantado por el PCC solo ha sido posible en muchas formas por su capacidad de comunicación efectiva entre distintos centros de reclusión, y entre las prisiones y las “calles”.
Por esa razón, gran parte de los esfuerzos de las autoridades contra el PCC se han concentrado en cortar esos canales de comunicación. La tecnología de teléfonos celulares permitió a la organización coordinarse de manera más eficiente, de modo que de tiempo en tiempo las autoridades han bloqueado o interceptado las señales de teléfonos móviles.
También estaban usando los abogados como “palomas mensajeras” en sus visitas a las prisiones, por lo que en 2016 las autoridades llevaron a cabo la Operación Ethos, en la que detuvieron a más de una veintena de abogados del PCC. En las prisiones federales, es rutina grabar y transcribir las conversaciones de los abogados con altos cabecillas de grupos criminales, y se prohíbe el contacto físico entre abogados y presos.
Aun así, las comunicaciones siguen fluyendo. En 2018, varios jefes del PCC recluidos en la prisión estatal Presidente Venceslau de São Paulo fueron descubiertos planeando una fuga, en la que se emplearían mercenarios africanos, helicópteros, lanzacohetes y armamento pesado. Pero con todo el drama cinematográfico de los planes de fuga, quizá lo más creativo fueron los mecanismos para comunicar esos planes. Los agentes hallaron que se estaban pasando notas por las cañerías de la prisión. También capturaron mensajes que la esposa de un cabecilla del PCC sacaba de la prisión después de una entrevista con su esposo, en los que se ordenaba el asesinato de un funcionario de la prisión y de un fiscal.
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Desde entonces, las autoridades brasileñas han trasladado a muchos de esos cabecillas a las cinco prisiones federales, incluida una en el estado de Mato Grosso do Sul, que InSight Crime también visitó. Esta era mucho más pequeña que la de Dourados y estaba ubicada fuera de Campo Grande, la capital del estado. Al momento de nuestra visita, en octubre de 2019, las autoridades de la prisión afirmaron que había nueve líderes del PCC en las distintas prisiones federales, incluyendo algunos en la instalación de Mato Grosso do Sul.
Esta prisión parecía una penitenciaría de máxima seguridad en Estados Unidos. Había varias entradas con barrotes y puertas de acero. Los guardias debían usar sus huellas dactilares para pasar por ciertas áreas, y la instalación misma estaba construida con varias capas de concreto, al parecer para impedir el tipo de planes de escape de película como la que alguna vez planeó el PCC.
Los parientes solo tenían permitidas tres horas de visita y los abogados no más que una hora por semana. Todas las comunicaciones eran monitoreadas, según dijeron las autoridades, y los presos se mantenían aislados unos de otros. Más aún, cada pocos meses eran trasladados a otra prisión federal, señalaron las autoridades.
Pero aunque esto podía limitar la capacidad de comunicarse con la organización, las comunicaciones en las prisiones estatales siguen siendo porosas y frecuentes. Los planes de las autoridades estatales de bloquear las señales de teléfonos celulares muchas veces desatan motines y violencia. En Ceará, uno de esos planes ocasionó al menos 13 ataques a las oficinas del estado, y se halló un carrobomba fuera de la asamblea estatal con una nota que contenía una queja por ese plan. En Rio Grande do Norte, un plan similar fue recibido con más de cien ataques contra instituciones públicas, comandados por el Sindicato do Crime, rival del PCC.
Por su parte, las autoridades de Ponta Porã tuvieron un bloqueador de señales de teléfonos celulares hasta 2017, pero lo retiraron, porque según las autoridades los costos eran demasiado altos. Los abogados también pueden ir y venir con frecuencia. Las visitas de cónyuges y parientes están cobijadas por la ley. La red de comunicaciones del PCC sigue siendo resiliente y fuerte, lo que indica que la única esperanza de las autoridades es usarla como fuente de inteligencia, y no como un intento de cortar contacto completamente.
El resultado es el control de facto del PCC sobre las actividades dentro y fuera del sistema penitenciario. Souza lo sabía, y esa quizás fue la razón por la que se resignó a su suerte y se negó a pasarse del pabellón del PCC. Simplemente, podría haber pensado, no había escapatoria.
*Esta historia es parte de una investigación de dos años del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos (CLALS) e InSight Crime sobre el PCC. Lea la investigación completa aquí. Lea el PDF completo aquí o descárguelo del Social Science Research Network.
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