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Conclusiones

Como se ha expuesto en este documento, la participación de las mujeres en economías de crimen organizado ha cobrado mayor relevancia en la última década. Los estudios desarrollados en torno a este fenómeno, que han sido fundamentales para avanzar en su comprensión, son todavía pocos en relación con su importancia y magnitud.

Además, se han enfocado mayoritariamente en examinar la población carcelaria de mujeres asociada a labores menores dentro del narcotráfico y las victimizaciones ocasionadas por la explotación de las mujeres al interior de la trata de personas y el tráfico de migrantes, dejando abiertos otros horizontes de exploración analítica potencialmente complementarios y significativos. El espectro de participación de las mujeres en distintas dinámicas del crimen organizado en América Latina presentado en este documento constituye uno de ellos.

La caracterización de los roles que las mujeres desempeñan en las economías criminales abordadas en este documento —narcotráfico, tráfico de personas y trata de personas— tiene la pretensión de complementar el conocimiento existente. Aunque la participación de mujeres ha sido menor que la de los hombres, y se ha concentrado en roles subordinados en función de una división del trabajo criminal que privilegia y premia los comportamientos caracterizados como masculinos, se observa una creciente participación y un ascendente protagonismo en el crimen organizado, que ameritan ser analizados y matizados.

*Esta investigación del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario y de InSight Crime revela la complejidad de los roles femeninos dentro del crimen organizado y cuestiona la tendencia a presentar a las mujeres exclusivamente como víctimas o, en algunos casos, victimarias. Descargue el informe “Mujeres y crimen organizado en Latinoamérica: más que víctimas o victimarias” aquí.

Se ha argumentado que el lente de género es de gran utilidad para entender esta complejidad, ya que permite visualizar los arreglos de género vigentes al interior de las estructuras criminales. Estos asignan roles diferenciados y jerarquizados a hombres y mujeres, y exaltan los valores supuestamente masculinos, como ocurre en otras esferas de la vida social, pero también son transgredidos frecuentemente por parte de mujeres cuyos comportamientos se desvían de las reglas establecidas.

Sin duda, la construcción de un panorama más completo de la vinculación de las mujeres al crimen organizado, incluyendo los factores motivantes, los roles desempeñados al interior de las economías criminales y los mecanismos de movilidad dentro del espectro descrito aquí, es imperativo para diseñar políticas públicas para prevenir e intervenir más efectivamente esta problemática.

Recomendaciones

Los hallazgos de esta investigación permiten formular algunas recomendaciones de política pública para los gobiernos nacionales y autoridades locales. Dada la escasez de evidencias empíricas sistemáticas en torno a la participación de las mujeres en el crimen organizado, estas están orientadas mayoritariamente a diagnosticar mejor este fenómeno a partir de mediciones y lentes analíticos más sofisticados que permitan ahondar en su comprensión y solución.

De manera adicional, la investigación permite derivar algunas recomendaciones enfocadas en la prevención y atención a las poblaciones afectadas. Finalmente, se considera imperativa la aplicación de un lente de género en la formulación de políticas públicas para confrontar de manera efectiva y diferenciada el problema en la región.

1. Fortalecer los sistemas de información estadística relacionados con el crimen organizado y la participación de las mujeres en diversas actividades criminales —como víctimas y victimarias— con miras a robustecer la investigación académica y criminal, y a construir líneas de base susceptibles de alimentar la formulación y evaluación de políticas públicas específicas.

2. Construir estrategias diferenciales que den cuenta del carácter diferenciado de la participación de las mujeres en las economías del crimen organizado, cuya división del trabajo obedece a claros arreglos de género; es preciso introducir este lente como ha ocurrido en otros múltiples ámbitos de la política pública.

3. Comprender los factores que han impulsado a las mujeres a participar en la ilegalidad con fines preventivos. Aunque las motivaciones son variadas, un motor decisivo de la actividad criminal es la pobreza, la marginalización y las necesidades de sustento derivadas de ella. Las políticas de prevención deben estar enfocadas en la generación de alternativas económicas para las mujeres que se encuentran en situación de precariedad económica y habitan lugares con fuerte presencia de economías criminales. Disponer recursos para la prevención en edades tempranas por medio de los sistemas escolares o programas de inclusión en lugares de alta vulnerabilidad podría disminuir la captación de personas por parte de organizaciones de crimen organizado.

4. Mapear los roles múltiples y diferenciados de las mujeres en el crimen organizado, incluyendo otras economías ilegales cuya importancia en América Latina es ascendente, como la minería ilícita, el contrabando y la extorsión. Esto implica una revisión exhaustiva respecto de la ubicación de las economías criminales y su funcionamiento en distintos países de América Latina, la sistematización de las funciones que desempeñan las mujeres y la construcción de indicadores que permitan un monitoreo riguroso de la problemática.

5. Promover el empoderamiento de las mujeres, por medio de iniciativas colectivas que busquen proveer oportunidades a las personas que son vulnerables de ser reclutadas por el crimen organizado, como se ha visto en Colombia y Bolivia.

6. Generar mecanismos más robustos de trabajo articulado entre los gobiernos locales, regionales y nacionales de cada uno de los países de América Latina y entre estos, para que las sobrevivientes del tráfico de migrantes y trata de personas reciban la asistencia, acompañamiento, protección y reparación que les corresponda conforme a la ley de cada país.

7. Instar a los órganos policiales y judiciales latinoamericanos a aplicar un enfoque de género en sus investigaciones, incluyendo la designación de investigadores o fiscales que trabajen específicamente temas de género, y establecer medidas de acompañamiento diferenciales a las personas, especialmente las mujeres, que deciden denunciar las redes de trata de personas y tráfico de migrantes.

8. Procurar una articulación efectiva entre las instituciones de política social, económica y educativa con el fin de reorientar hacia la legalidad a aquellas mujeres especializadas en determinados roles —como los logísticos— dentro de las economías criminales, por medio de programas de reinserción focalizados. Esto, debido a que algunas habilidades específicas desarrolladas para la ilegalidad podrían ser reorientadas hacia el ámbito legal.

*Esta investigación del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario y de InSight Crime revela la complejidad de los roles femeninos dentro del crimen organizado y cuestiona la tendencia a presentar a las mujeres exclusivamente como víctimas o, en algunos casos, victimarias. Descargue el informe “Mujeres y crimen organizado en Latinoamérica: más que víctimas o victimarias” aquí.

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