Desde el desarrollo agrícola sin ningún control hasta el tráfico de vida silvestre, la corrupción engrasa los ejes de todos los delitos ambientales en la Amazonía peruana. Burócratas, fuerzas de seguridad, fiscales, reguladores y políticos regionales actúan como facilitadores para permitir el tráfico de tierras, la deforestación y la extracción ilegal, y el transporte, el procesamiento o la venta de madera, oro y fauna.
La agroindustria comienza con el control de la tierra, y la tierra en la Amazonía peruana es controlada por las Direcciones Regionales Agrarias (DRA). Las DRA tienen el poder de otorgar títulos de propiedad, lo que las convierte en los principales objetivos de la corrupción en lo que respecta a los proyectos de desarrollo agrícola. Específicamente, los funcionarios de las DRA suelen hacer parte de los esquemas de tráfico de tierras, mediante la emisión de títulos de propiedad de tierras a testaferros o asociaciones agrícolas, que luego venden las tierras a los agronegocios que impulsan la deforestación.
“El gobierno regional es finalmente el que da el visto bueno [el título de propiedad] y ahí es donde están todas las mafias y toda la corrupción”, dice Ricardo Fort, investigador de GRADE, un centro de pensamiento que se dedica al estudio de temas ambientales, económicos y sociales en América Latina.
El caso Cocha Anía ejemplifica este proceso. Múltiples medios informaron que el entonces director de la DRA de Ucayali trabajó con dos exdirectores de saneamiento y titulación de tierras a cargo del registro de tierras estatales, con el fin de otorgar los títulos de 128 propiedades a 121 personas que eran amigas y familiares de trabajadores de la DRA de Ucayali. Estas parcelas iban a ser vendidas a compañías de aceite de palma, incluido el Grupo Melka. Pero el acuerdo no se llevó a cabo y el director de la DRA fue arrestado.
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Hay corrupción en todas las etapas de la cadena de suministro de madera. En los niveles más bajos, se presenta corrupción menor; por ejemplo, en los puestos de control, los agentes de policía y los funcionarios de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) se suelen hacer los de la vista gorda frente a la madera de origen ilegal cuando cobran un soborno.
La corrupción se vuelve más sistémica cuando los reguladores les venden sellos de tránsito a los traficantes de madera que necesitan demostrar que su madera fue transportada a través de una ruta determinada. Esta práctica la ilustra un caso descrito recientemente por InSight Crime. Las redes de tráfico de madera tenían diferentes permisos de transporte (Guía de Transporte Forestal, GTF) sellados por un funcionario de las ATFFS. Esto les otorgó blindaje, pues podían demostrar que su madera de origen ilegal fue extraída de un territorio indígena que tenía permiso para tumbar la madera.
Más arriba en la cadena de las ATFFS, la corrupción cae en los regentes forestales, quienes tienen el poder de autorizar y aprobar los planes operativos anuales (POA) y las GTF. Un experto del sector forestal peruano, quien habló bajo condición de anonimato, explicó que, a cambio de un soborno, muchos regentes forestales ofrecen POA y GTF legítimos con información falsa.
“El problema es que los GTF no son falsos. Son documentos oficiales emitidos por la autoridad forestal, pero contienen información falsa”, afirma el experto forestal. “Así de fácil es ‘legalizar’ la madera de origen ilegal”.
Las autoridades judiciales también suelen ser corruptas. Diferentes expertos del sector forestal alegan que los fiscales manipulan o archivan las investigaciones de tráfico de madera a cambio de sobornos.
Los políticos también están involucrados en la corrupción sistémica, pues debilitan los esfuerzos regulatorios o brindan protección a los esquemas criminales. En los últimos años, por ejemplo, según diferentes expertos en el tráfico de madera en Perú, diversas figuras políticas que se benefician directamente del tráfico de madera han ejercido presión para debilitar los controles regulatorios sobre el sector maderero del país. Desde el caso emblemático de Yacu Kallpa, por ejemplo, a Osinfor se le han reducido sus fondos, e investigadores tenaces como Rolando Navarro, el exdirector de Osinfor, han sido destituidos. En 2018, el gobierno trasladó a Osinfor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Ministerio de Medio Ambiente (MINAM), lo que redujo su capacidad para investigar de forma independiente el tráfico de madera. Organizaciones de la sociedad civil como Global Witness y Environmental Investigation Agency (EIA) hicieron campaña para que esta decisión se revirtiera, y así fue. Sin embargo, muchos funcionarios de Osinfor renunciaron en este proceso.
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Para operar de manera efectiva, la minería ilegal requiere la complicidad y, a veces, la colaboración directa de los funcionarios públicos. En la Amazonía peruana, esta corrupción va desde policías rasos hasta gobernadores regionales que proporcionan los equipos, la documentación y el respaldo político necesarios para los procesos extractivos.
Existen funcionarios de nivel inferior que han sido implicados en casos de ayudas a la minería ilegal. En 2018, dos oficiales de la Marina fueron sentenciados a seis años de prisión por aceptar sobornos de traficantes que entregaban combustible a sitios mineros informales. Según el medio Inforegión, se les pagó más de US$9.000 para permitir que 26 embarcaciones contrabandearan gasolina a mineros de Madre de Dios. La magnitud de este caso fue excepcional, pero los hechos básicos no lo fueron. Sobornar a los oficiales de policía a lo largo de la carretera Interoceánica, una carretera que atraviesa la región minera de Madre de Dios, es una práctica común para los contrabandistas que transportan mercurio, gasolina y oro ilegal.
Otro caso emblemático al interior de Madre de Dios fue la detención de seis funcionarios de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos. Según el Ministerio Público, los funcionarios fueron acusados de aceptar sobornos de mineros ilegales a cambio de darles permiso para sus labores mineras.
Dentro del sistema de justicia penal también hay casos de funcionarios públicos que favorecen a los mineros ilegales. Ojo Público informó sobre un caso que involucra a dos exfuncionarios de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) que fueron investigados por malversación en 2018. Los fiscales supuestamente encontraron a cinco mineros que extraían oro ilegalmente. Sin embargo, presentaron un informe en el que solo los acusaban de intento de minería ilegal, un delito menor que tuvo como resultado una sentencia más baja. Según Ojo Público, este tipo de corrupción es frecuente.
Desde los funcionarios de aduanas hasta los que patrullan los mercados en las Direcciones Regionales de Producción (Direpro) están involucrados en una corrupción generalizada relacionada con el tráfico de vida silvestre. Según el periodista Eduardo Franco Berton, los sobornos son frecuentes. Y Carlos Perea, exfuncionario de las Direpro, afirma que los funcionarios responsables de las inspecciones en las zonas de extracción en las Direpro a menudo obtienen sus trabajos gracias a conexiones personales, y no a su experiencia o conocimiento profesional. En muchos casos, su principal interés es beneficiarse de los sobornos en lugar de regular el comercio de vida silvestre.
“Desafortunadamente, mucha gente llega a estos puestos del sector público no para hacer su trabajo como servidor público, sino para ganar dinero para sí mismos”, afirma Perea.
En términos generales, hay pocas repercusiones legales para los funcionarios corruptos. Un experto en tráfico de vida silvestre señala que los funcionarios de las Direpro y las ATFFS son despedidos si se descubre que son corruptos, pero pocos son enjuiciados. A veces, agrega el experto, las investigaciones son descartadas y los funcionarios vuelven a ser contratados.
Lo mismo ocurre con las empresas que son sorprendidas exportando vida silvestre de origen ilegal. Una investigación de InSight Crime descubrió que, aunque a la fiscalía fueron enviados dos casos en los últimos dos años, las empresas acusadas solo han tenido que pagar una multa, y no se han levantado cargos contra ellas. Los exportadores de peces y tortugas vinculados al tráfico de vida silvestre también gozan de protección política. Algunos funcionarios responsables de monitorear las exportaciones dijeron que habían sido presionados por un congresista de Loreto para que “se relajaran” en cuanto a las investigaciones en torno al comercio de vida silvestre.
InSight Crime se ha asociado con el Instituto Igarapé —centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica al estudio de temas actuales relacionados con desarrollo, seguridad y clima— con el fin de rastrear los delitos ambientales y los actores criminales que impulsan la deforestación en la Amazonía peruana. Vea la serie completa de seis partes aquí.
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