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Deforestación en la Amazonía colombiana: delimitación del problema

COCA / 1 SEP 2021 POR KATIE JONES Y MARÍA FERNANDA RAMÍREZ* ES

La deforestación es la cara más visible de los delitos ambientales en la Amazonía colombiana.

Desde 2016 aproximadamente, los bosques de la región comenzaron a registrar niveles acelerados de invasión y destrucción. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, en 2013, año en que la entidad comenzó a producir su informe anual sobre monitoreo de la deforestación, se habían destruido 120.933 hectáreas de bosque. Sin embargo, en 2017 se deforestó un récord de 219.973 hectáreas en Colombia, un 23 por ciento más que en 2016.

Desde entonces, las tasas de deforestación se han estabilizado, cayendo a 197.159 hectáreas taladas en 2018 y poco menos de 158.894 hectáreas perdidas al año siguiente.

*InSight Crime se ha aliado con el Instituto Igarapé —un centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica a temas actuales relacionados con el desarrollo, la seguridad y el clima—, con el fin de hacer una cartografía de los delitos ambientales en la cuenca amazónica. Las otras partes de la investigación se publicarán durante el mes de septiembre. Lea todos los capítulos aquí.

Sin embargo, en 2020 esta cifra volvió a aumentar en un 8 por ciento, ya que se destruyeron 171.685 hectáreas de bosque. La Amazonía colombiana sigue siendo blanco de quienes se benefician de la tala ilegal, el acaparamiento de tierras y los cultivos ilícitos. Entre 2012 y 2017, solo en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas, se destruyeron 359.223 metros cúbicos de árboles.

Cuatro de los departamentos más afectados por la deforestación en Colombia (Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo) se encuentran en la Amazonía, que alberga el 66 por ciento de los bosques del país. Mientras que en 2018 se destruyeron 138.176 hectáreas de bosque en toda la región, al año siguiente esta cifra bajó a 98.256 hectáreas.

En 2020, esta cifra volvió a aumentar, ya que se perdieron 109.302 hectáreas. Entre julio y septiembre de 2020, el 60 por ciento de la deforestación total que afectó a Colombia se concentró en su región Amazónica. Solo el departamento del Meta perdió 35.556 hectáreas de bosque en 2020, seguido de cerca por Caquetá, donde se perdieron unas 32.522 hectáreas.

El aumento de la deforestación en los departamentos amazónicos del país a partir de 2016 puede explicarse, al menos en parte, por la retirada de las FARC de las selvas de la región, como resultado del acuerdo de paz firmado con el gobierno.

Si bien este no ha sido el único factor causante del aumento de la deforestación, sí es bastante significativo. Antes de 2016, los guerrilleros impedían activamente las actividades que conducían a la destrucción de los bosques y del hábitat en el que se ocultaban y que les ofrecía ventajas estratégicas.

Sin embargo, a partir de 2016, las tropas guerrilleras comenzaron a retirarse, por lo que los territorios protegidos en toda la región Amazónica, como el Parque Nacional Natural Tinigua, quedaron abiertos para ganaderos y una nueva ola de colonos que lograron entrar con la disminución del conflicto en la región.

En algunos casos, los disidentes de las antiguas FARC que se negaron a desmovilizarse incursionaron en la tala ilegal y la apropiación de tierras para complementar los ingresos provenientes del tráfico de drogas. Esas actividades siguen generando deforestación.

Principales motores de la deforestación

El IDEAM reconoce siete motores de la deforestación en Colombia: 1) “praderización” o desbroce de tierras para pastos, 2) desarrollo irregular de infraestructura, 3) expansión de las actividades agrícolas a zonas vedadas, 4) ganadería extensiva, 5) cultivos ilícitos, 6) tala ilegal y 7) minería ilegal. Cada uno de los motores de deforestación reconocidos por el IDEAM —aparte de la tala ilegal y la minería— tiene fuertes vínculos con la apropiación de tierras.

Apropiación de tierras

La apropiación de tierras consiste en la compra o arrendamiento de grandes áreas de tierra por parte de entidades, como gobiernos o corporaciones, a menudo para facilitar la producción de alimentos. Si bien en algunos casos esta actividad se vale de vacíos legales, suele ser de carácter ilegal.

En la Amazonía colombiana, la apropiación de tierras afecta principalmente territorios que son propiedad inalienable del Estado (reservas forestales, parques nacionales, reservas indígenas), que no pueden ser apropiados legalmente. Los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá han sido los más afectados por esta actividad, con continuos casos de usurpación en el Parque Nacional Natural Tinigua, las sabanas del Yarí y la Reserva Natural Nacional Nukak.

La actividad se desarrolla mediante tres etapas: desbroce, ocupación y comercialización.

La etapa de desbroce generalmente comienza una vez se ha abierto una carretera en un lugar estratégico, como la vía ilegal de 138 kilómetros que conecta los municipios de Calamar y Miraflores, en Guaviare. Los habitantes de la región cortan y queman la flora en determinada área protegida cercana. A menudo, se utilizan varias motosierras de manera simultánea para despejar parcelas de selva Amazónica.

VEA TAMBIÉN: 5 razones por las que la deforestación en Colombia ha incrementado

Luego, las tierras reclamadas ilegalmente son ocupadas, o bien se establecen actividades productivas en ellas. Se levantan casas en parques nacionales como el Tinigua, se comienza a criar ganado en las reservas indígenas y se cultiva palma africana en reservas forestales protegidas para demostrar que la tierra está siendo “ocupada”. También se acostumbra sembrar coca en el territorio, como ha sido el caso de la Reserva Indígena Nukak Makú.

Una vez se demuestra que la tierra ha sido trabajada durante cierto tiempo, se reclama la propiedad sobre la tierra. Al legalizarse un reclamo inicialmente ilícito, la tierra se vende en gran parte de los casos.

Cultivos ilícitos

Por otro lado, los cultivos ilícitos en los departamentos de Vichada, Putumayo, Guaviare y Caquetá abastecen los canales internacionales de distribución de cocaína. La siembra y el procesamiento de dichos cultivos tienen un impacto ambiental perjudicial en toda la región, dado que los precursores químicos utilizados para procesar las drogas contaminan los ríos y se están despejando zonas boscosas para dar paso a las plantaciones de coca.

Los bosques de las tierras protegidas están siendo talados y quemados por la población local, que es empleada por grupos ilegales para abrir campos de cultivo. Los disidentes de las antiguas FARC liderados por Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, al parecer han estado pagando hasta cinco millones de pesos (poco más de US$1.400) por hectárea a las familias radicadas en el Parque Nacional Tinigua para que allanen terrenos para el cultivo de coca. Y luego les ordenan a los pobladores locales que siembren coca, como ha ocurrido en Tinigua.

Cuando se cosechan las hojas de coca, se transportan a laboratorios de procesamiento rudimentarios desperdigados por toda la Amazonía colombiana. Estas instalaciones son conocidas como “cocinas”; allí la hoja de coca se convierte en pasta base de coca, la materia prima para la producción de cocaína. En 2020, las autoridades del departamento de Caquetá interceptaron 267 laboratorios de este tipo. En esos sitios suelen incautarse productos químicos tóxicos, como gasolina y ácido sulfúrico, utilizados para el procesamiento de la droga.

La tala ilegal

Al igual que el cultivo de coca y la apropiación de tierras, la tala ilegal ocurre de manera descontrolada en las áreas protegidas. Los taladores saquean extensiones de bosque en territorios indígenas, parques nacionales y asociaciones campesinas en los departamentos de Putumayo, Amazonas y Caquetá.

Van tras todo tipo de árboles, desde maderas blandas de baja calidad, como el palo de vaca (Couma macrocarpa) y el carbonero (Licania spp) hasta especies de color oscuro escasas y lucrativas, como el cedro (Cedrus) y el achapo blanco (Cedrelingacateniformis).

Estas actividades representan el 10 por ciento de la deforestación general en Colombia, contribuyen a la pérdida de biodiversidad y son el principal causante de degradación forestal, cuyo efecto es cada vez más visible en la región Amazónica.

Se desarrolla en tres etapas: extracción, transporte y transformación. En primer lugar, los miembros de las comunidades locales talan árboles, sobre todo en los bosques ubicados en los departamentos de Amazonas y Putumayo.

Esta actividad se realiza en el punto de confluencia de los ríos Putumayo y Cotuhé en Amazonas; en el municipio de Puerto Nariño, ubicado en la ribera norte del río Amazonas, y en el municipio de Puerto Alegría, oeste de Amazonas. También se ha detectado tala ilegal en zonas fronterizas del departamento, incluso en el municipio de Tarapacá, sureste de Amazonas, cerca de la frontera entre Colombia y Brasil, y en la ciudad de Leticia, en la triple frontera de Colombia, Brasil y Perú. Algunas áreas protegidas, como el Parque Nacional Natural Amacayacu en el sureste de Amazonas, también han sido utilizadas como puntos de extracción.

En Putumayo, la tala ilegal ha afectado a varios sitios a lo largo del río Putumayo. Estos sitios se encuentran en la ciudad de Puerto Asís, ubicada en la margen oeste del río, en el suroeste del Putumayo; en el municipio de Puerto Caicedo, y en el municipio de Puerto Leguízamo, en su margen norte, cerca de la frontera sur del departamento con Perú. La actividad también ha afectado el municipio de Orito, al norte de la frontera entre Colombia y Ecuador, y el municipio de Villagarzón, en el noroeste de Putumayo.

Unas 186 especies de madera extraídas de la Amazonía colombiana se venden tanto legal como ilegalmente. Sin embargo, nueve especies codiciadas representan la mitad de toda la madera comercializada, cuando se mide en términos de volumen.

Los tres principales tipos de madera comercializada son la de tornillo o “achapo blanco” (Cedrelina catenaeformis), virola o “sangre de toro” (Virola sebifera) y palo de vaca o “perillo” (Couma macrocarpa).

Con el amparo de salvoconductos, se lleva la madera a centros de recolección en la región Amazónica primero, y luego a las ciudades más grandes de Colombia, viajando bien sea por tierra o a bordo de embarcaciones a lo largo de los ríos Amazonas y Putumayo.

Finalmente, se envía la madera a aserraderos primarios y a plantas de transformación secundarias, donde se ocultan sus orígenes ilegales en la Amazonía. En los aserraderos primarios, se corta la madera en tablas, vigas y tablones, y en las plantas de procesamiento secundarias se procesa hasta convertirla en un producto final, como mesas sillas, listas para su venta legal.

“Cuando la madera entra a los aserraderos, es prácticamente imposible determinar su origen ilegal”, afirma Rubén Darío Moreno, experto forestal de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del departamento de Risaralda, organismo público encargado de gestionar el uso de los recursos naturales, incluida la madera. “A partir de ese momento, la madera de origen ilegal se considera madera legal".

La madera procedente ilegalmente de la Amazonía colombiana llega a los mercados legales nacionales e internacionales, donde se utiliza en construcción o se vende en forma de muebles. Las especies de alta gama son particularmente apetecidas, ya que son más duraderas y resistentes a los ataques de hongos e insectos.

Más del 90 por ciento de la madera procedente de Colombia se utiliza a nivel nacional, aunque un pequeño porcentaje abastece a los mercados internacionales. En tales casos, la madera es llevada a puertos como Buenaventura en la costa del Pacífico. De allí se transporta a Estados Unidos, India y China, que es el mayor importador de madera del mundo.

Los principales productos de madera que se exportan del país son tablones y madera tropical aserrada. Esto ocurre a pesar de las regulaciones nacionales que prohíben la exportación de madera que no haya pasado por plantas de procesamiento secundarias.

¿Ocultos tras las sombras? Los actores que promueven la deforestación

En cada etapa, los delitos ambientales como la apropiación de tierras, el cultivo de coca y la tala ilegal cuentan con la participación de varios actores. Están involucrados diversos grupos e individuos que tienen motivos variados, desde agricultores locales que talan árboles en el patio de sus vecinos, hasta gobernadores ricos que financian la tala de bosques en los parques nacionales.

No todos los delitos ambientales que promueven la deforestación en la Amazonía colombiana son perpetrados por grupos criminales organizados. No obstante, es innegable que el crimen organizado es el promotor de dicha actividad.

Los actores involucrados pueden dividirse en cuatro categorías principales: redes criminales y emprendedores; GANEs, mano de obra y facilitadores/actores legales.

Redes criminales y emprendedores

Las redes criminales y emprendedores suelen ubicarse en la parte superior de la cadena, financiando y orquestando la tala ilegal y la apropiación de tierras de principio a fin. Ejercen la mayor influencia y poder económico en determinadas actividades y a menudo actúan desde las sombras como “invisibles".

Estos actores suelen formar redes poco cohesionadas dedicadas a actividades criminales. Quizá no ejercen control sobre el territorio y no se les reconoce necesariamente como una estructura criminal con nombre propio. Las figuras en la parte superior de estas redes financian y orquestan la operación de determinada actividad delictiva en sus diferentes etapas.

La apropiación de tierras en áreas protegidas de la región Amazónica colombiana es financiada y orquestada principalmente por empresarios criminales invisibles llamados “apropiadores".

En algunos casos, alcaldes, gobernadores y funcionarios del gobierno asumen este rol. En 2019, el exgobernador de Guaviare Nebio Echeverry Cadavid, un gran terrateniente y otros dos “empresarios” fueron acusados de apropiación de tierras en el departamento, supuestamente presionando a familias campesinas para que vendieran sus tierras, para luego usar esos terrenos para el cultivo de aceite de palma.

Estos actores suelen ser élites económicas o políticas del nivel nacional, regional o local que están al frente de la apropiación de tierras en áreas urbanas como Bogotá, Bucaramanga y Arauca. Emplean a una variedad de actores ubicados cerca de los terrenos que quieren apropiarse en los departamentos de la Amazonía colombiana.

Los apropiadores reciben la colaboración de otro tipo de empresarios, incluidos proveedores y terratenientes intermediarios, que facilitan el desbroce y la ocupación ilegal de territorios protegidos.

Los proveedores proporcionan motosierras y otras herramientas necesarias para talar y ocupar franjas de bosque amazónico. También proporcionan el ganado que se utiliza para ocupar la tierra.

Los terratenientes intermediarios son empleados por apropiadores, así como por grupos armados no estatales, para ocupar tierras que son reclamadas ilegalmente, cuidar el ganado y sembrar cultivos en el territorio.

Por otro lado, los intermediarios locales, conocidos en las comunidades de la Amazonía colombiana como “patrones “o “gasteros”, orquestan la tala ilegal. Esos actores financian la actividad ilícita y facilitan la venta de madera.

Para blanquear la madera de origen ilícito, los patrones obtienen permisos forestales emitidos por las corporaciones autónomas regionales para el desarrollo sostenible (CAR), que son supervisadas por Minambiente. Las CAR son organismos públicos regionales, responsables de administrar el uso de los recursos naturales en su área de jurisdicción y promover el desarrollo sostenible en todo el país. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonia) se encarga de llevar a cabo estas funciones en la región Amazónica.

El uso de la documentación “adecuada”, incluso si contiene información falsa, es la clave para blanquear la madera de origen ilegal. “Los funcionarios de la CAR les venden planes de manejo (forestal) a los patrones. Estos planes son necesarios para talar la madera”, dice un experto en temas forestales. “Los patrones también usan planes de manejo forestal clonados o descargan planes de otros países por internet”.

René López Camacho, experto en temas forestales y profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, explica cómo trabajan los patrones más allá de los límites de los permisos forestales obtenidos legalmente: les ordenan a otras personas que extraigan especies codiciadas no reconocidas en la documentación, en zonas que están fuera de los límites de los madereros y en cantidades muy superiores a las permitidas.

VEA TAMBIÉN: Cómo los reguladores colombianos se convirtieron en proveedores de madera ilegal

Según Rubén Moreno, “como no existen mecanismos para rastrear la madera, los patrones violan fácilmente las restricciones establecidas por los permisos”. De esa manera, logran ocultar el origen ilícito de la madera desde el momento en que es cortada.

Después de “lavar” la madera talada ilícitamente, los patrones se la venden a mayoristas ubicados en centros de distribución y procesamiento en la Amazonía, como el municipio de Puerto Asís, al sur de Putumayo, y en ciudades grandes como Bogotá, Cali y Medellín. Los patrones gestionan el tráfico de madera en cada etapa, lo que los convierte en los actores más importantes e influyentes en este comercio.

Además de los patrones existen otros actores, empresarios intermediarios que coordinan principalmente los envíos y las ventas de madera a través de redes sociales como WhatsApp. “Algunas transacciones de madera se manejan a través de esta aplicación”, afirma César Rey, experto en el sector forestal de Colombia. “Un cliente le escribe al intermediario que necesita cierta cantidad de madera de tornillo, por ejemplo, y dicho intermediario se encarga de buscarla por toda la región".

Luego los intermediarios supervisan el transporte de la madera ilegal procedente de la Amazonía colombiana. Utilizan permisos de tránsito para transportar la madera a través de regiones y en volúmenes que no están autorizados por estos permisos. Dentro de los camiones, la madera ilegal se mezcla con madera de origen legal mientras es transportada.

Grupos armados no estatales (GANE)

En el contexto de los delitos ambientales, los GANE trabajan con redes criminales y con empresarios para supervisar el funcionamiento de las economías criminales que promueven la deforestación en la Amazonía colombiana.

Los GANE están claramente definidos como asociaciones criminales organizadas, tales como milicias y grupos guerrilleros, que se financian principalmente mediante actividades ilícitas. Estos grupos tienen cuatro características definitorias: un nombre conocido, unos mandos definidos, control territorial y miembros identificables. Estos grupos incluyen disidentes de las FARC y descendientes de grupos paramilitares.

En cuanto a la Amazonía colombiana, los GANE están compuestos en gran parte por disidentes de las disueltas FARC que utilizan la violencia y la capacidad militar en su beneficio.

Los disidentes de las antiguas FARC de los Frentes 1º y 7º tienen su base en Guaviare, el sur del Meta y en Caquetá, y orquestan la apropiación de tierras en la Amazonía colombiana. Estos grupos suelen utilizar violencia y amenazas para reclamar y ocupar zonas protegidas y entregárselas a apropiadores ricos, a cambio de un pago.

Los GANE también participan en el cultivo y el procesamiento de coca en la región: el Frente Acacio Medina y el Frente 16 de las antiguas FARC, liderados por Géner García Molina, alias “John 40” (Vichada); el Frente 1° de las disueltas FARC, liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”; el Frente 7° de las antiguas FARC, liderado por Gentil Duarte (Guaviare y Caquetá); el Frente 62 de las antiguas FARC (Caquetá). El Frente 1° (Putumayo) supervisa cada etapa de la producción de coca, desde el cultivo de la hoja de coca hasta su procesamiento y la posterior venta de pasta base.

La Constru, una red derivada de grupos paramilitares de derecha, también mantiene una fuerte presencia en Putumayo, después de haberse aliado con el Frente 48 de las antiguas FARC y conformar una nueva organización llamada Los Comandos de la Frontera.

Estos actores conectan a los pequeños agricultores que cultivan coca en un municipio pobre de la Amazonía colombiana con los mercados nacionales e internacionales de cocaína. Pero, al igual que en otras actividades que impulsan la deforestación, son los grupos armados no estatales los que más se benefician.

Grupos armados no estatales como los Frentes 1y 48 de las antiguas FARC no parecen estar directamente involucrados en la tala ilegal en la región. Sin embargo, cobran por el transporte de madera a través de los territorios que controlan.

Un investigador del tráfico de madera que trabaja para Neotropical Primate Conservation (NPC), organización dedicada a la conservación de los primates y sus hábitats, señala que “los ríos y las carreteras están controlados por grupos ilegales, por lo que para mover madera [a través de río o carretera] se debe pagar una especie de peaje al grupo que controla el territorio".

Estos GANE también prestan servicios de seguridad para garantizar el tránsito de los cargamentos de madera fuera de la región, especialmente cuando se ocultan drogas en su interior. Según un experto forestal de una organización internacional, la madera es un escondite perfecto para la cocaína que los GANE quieren transportar, ya que es pesada, difícil de manipular y difícil de inspeccionar.

Mano de Obra

Los miembros de las redes criminales y los GANE rara vez aportan el trabajo físico necesario para llevar a cabo los delitos ambientales. Suelen emplear o amenazar a los habitantes de las poblaciones para que haga este trabajo.

Las personas de regiones socioeconómicamente desfavorecidas, que constituyen una “mano de obra”, se ven arrastradas hacia los delitos ambientales en la Amazonía colombiana por falta de oportunidades económicas o porque se ven amenazadas por grupos criminales locales. Se encuentran en el peldaño inferior de la cadena de suministro de cada actividad y proporcionan el trabajo manual para tareas básicas como la tala de árboles o la siembra y la cosecha de los cultivos de coca.

Pueden ser empleados —y no necesariamente miembros— de redes criminales y grupos armados, o pueden ser contratistas o trabajadores independientes que interactúan con los actores criminales que operan más arriba en la cadena de suministro. La mano de obra suele estar constituida por trabajadores informales y no por criminales. Pueden además ser víctimas de los actores criminales mediante trabajo forzado, trata de personas o extorsión.

En el peldaño más bajo de la cadena de apropiación de tierras están los “desbrozadores”, habitantes de las regiones empleados para talar los bosques. Estos proporcionan el trabajo manual necesario para la apropiación de tierras. Los desbrozadores a menudo actúan bajo amenaza o por necesidad económica. Los GANE o los apropiadores les pagan para que corten y quemen bosques, para luego ocupar ilegalmente las zonas protegidas.

Los cocaleros y raspachines trabajan de forma independiente o para los GANE, a menudo dentro de territorios protegidos como el Parque Nacional Tinigua. Los agricultores que forman parte de la fuerza laboral también pueden procesar la coca de los GANE hasta convertirla en “base”, la cual luego es transformada en cocaína cristalizada, ya sea individualmente o agrupando sus cosechas, a menudo bajo la vigilancia de los GANE.

Por su parte, el tráfico de madera cuenta con el trabajo manual de monteros y corteros, que generalmente son habitantes de la región e indígenas a cargo de conseguir, identificar y cortar las codiciadas especies de madera en toda la Amazonía colombiana. Aunque sus actividades son ilícitas, estos actores no son delincuentes. Talan árboles a instancias de las redes criminales, a menudo en condiciones de trabajo deplorables. Es importante tener en cuenta que las poblaciones locales también suelen talar bosques en áreas cercanas para su subsistencia económica.

La mano de obra es la parte que menos gana en todas las actividades de los delitos ambientales, pero es la que está en mayor riesgo de ser capturada por las autoridades. Esta situación es transversal a otras actividades como la minería ilegal.

Facilitadores/Actores Legales

Los facilitadores/actores legales son individuos o redes que usan la corrupción para garantizar el funcionamiento de los delitos ambientales. Pueden ser autoridades estatales o empresas legalmente constituidas.

El rol de los facilitadores/actores legales en estos crimenes será explorado más adelante, en el capítulo de corrupción.

*InSight Crime se ha aliado con el Instituto Igarapé —un centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica a temas actuales relacionados con el desarrollo, la seguridad y el clima—, con el fin de hacer una cartografía de los delitos ambientales en la cuenca amazónica. Las otras partes de la investigación se publicarán durante el mes de septiembre. Lea todos los capítulos aquí.

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