Esta es la segunda entrega de una serie de tres partes sobre el Centro Histórico de San Salvador, eje de los mercados urbanos informales del país que por mucho tiempo ha sido bastión de las pandillas callejeras. Las historias aquí incluidas narran cómo las pandillas han utilizado su dominio del centro para expandir su poder en El Salvador. Esta parte analiza cómo las pandillas les han venido usurpado el poder político y económico a las asociaciones de vendedores informales.
El 27 de noviembre de 2018, agentes de la policía de El Salvador se sentaron en un restaurante de comida rápida de pollo en la capital, San Salvador. Le seguían el rastro a Vicente Ramírez, un comerciante que a la vez era líder comunitario, político y, según los investigadores, afín a las pandillas.
Como parte de las pesquisas, la Fiscalía General había interceptado el teléfono de Ramírez varias semanas antes de iniciar los seguimientos. Entre las personas con las que habló se encontraban miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13).
Con cerca de 30.000 miembros en El Salvador, la MS13 es la pandilla callejera más grande del país y tiene una fuerte presencia en el centro de la ciudad, donde opera Ramírez. En efecto, Ramírez se había forjado una carrera como defensor de la economía informal de El Salvador, lo que incluye miles de vendedores ambulantes que bordean las calles del Centro Histórico de la capital, el mayor mercado informal del país y un importante punto de confluencia de poder político y de las pandillas en El Salvador.
*Este reportaje se basa en investigaciones de campo realizadas a lo largo de dos años, que involucraron numerosas visitas de campo y decenas de entrevistas con funcionarios de policía, agentes de inteligencia policial, pandilleros, autoridades municipales y federales, vendedores ambulantes, trabajadores comunitarios, propietarios de negocios y trabajadores no gubernamentales, entre otras personas, en su mayor parte antes de la pandemia por coronavirus. Dado que se trata de un tema sensible, la mayor parte de las fuentes decidieron hablar con InSight Crime bajo condición de anonimato. Lea la investigación completa aquí y un artículo adicional sobre el pacto informal del presidente Nayib Bukele con las pandillas.
Ese día de noviembre, los investigadores enviaron agentes de la policía al centro comercial Metrosur en San Salvador, a pocas cuadras del Centro Histórico de la ciudad, para que observaran un encuentro entre Ramírez y sus supuestos interlocutores de las pandillas. Los agentes se sentaron en Pollo Campero, una popular cadena regional de comida rápida que tiene uno de sus restaurantes en el centro comercial, y allí, rodeados de muebles multicolores y dibujos animados de aves de corral, observaron cómo su objetivo interactuaba con dos personas afiliadas a la pandilla.
Más tarde, los investigadores identificaron a una de esas dos personas, Cristina Esmeralda Vásquez de Grijalva, como la “cuñada” de un pandillero, Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “El Diablito de Hollywood”, uno de los principales líderes de la pandilla en El Salvador. La otra persona con quien estaba Ramírez era Ricardo Antonio Lucha Ramírez, un miembro de la MS13 conocido por el apodo de “Guanaco de Maniacos Cusca”. Los investigadores tomaron fotos y escucharon la conversación de las tres personas.
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Para entonces, Ramírez ya había estado negociando con la pandilla durante años. Las pandillas del Centro Histórico les cobran extorsiones a los vendedores, pero además mantienen a raya a los ladrones y resuelven disputas. Con el tiempo, esta relación evolucionó, y los investigadores sostienen que Ramírez se había convertido en un socio de la MS13 más que en una víctima de las redes de extorsión.
Aunque el audio es distorsionado, las conversaciones interceptadas antes del encuentro en Pollo Campero dejan claro que los pandilleros creían que Ramírez no estaba siguiendo sus órdenes. Un pandillero incluso lo había amenazado con que la pandilla lo destituiría de su puesto como presidente de una asociación que representaba a los vendedores callejeros informales. Ramírez, claramente preocupado, les pidió a Vásquez de Grijalva y a Guanaco que fueran a Pollo Campero para que lo ayudaran a calmar los ánimos. El trabajo de toda su vida, y posiblemente su sustento, se le estaban escurriendo por los dedos.
En cierto modo, las súplicas de Ramírez eran representativas de un cambio mayor que se estaba gestando. Las pandillas habían estado pasando de depredadores a socios. Y ahora estaban buscando dar los últimos pasos: querían ser propietarios.
Centro Histórico: la formalización de lo informal
De pelo cano y cejas tupidas, y de una estatura relativamente baja, Ramírez tiene un gran talento para la organización comunitaria. Durante décadas se dedicó a crear sindicatos como la Asociación Nacional de Trabajadores, Vendedores, Pequeños Comerciantes y Similares (ANTRAVEPECOS), la asociación que presidía cuando se reunió con la MS13 en Pollo Campero.
Estas asociaciones se oponen a los intentos estatales de formalizar los mercados improvisados donde los comerciantes informales se ganan la vida, en especial en el ajetreado y bullicioso centro de San Salvador. Conocido como el Centro Histórico, el centro de la ciudad es un área de siete kilómetros cuadrados donde se puede comprar casi cualquier cosa: desde cordones hasta jabón, camisetas, comida callejera y souvenirs, la mayor parte bajo los techos de estaño de los destartalados puestos que pululan en algunas de las principales vías de la ciudad. Otros vendedores son ambulantes, y ofrecen cargadores para teléfono, plátanos, baterías y agua potable, entre otros productos.
En total, se estima que hay unos 40.000 vendedores informales que, antes de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, acudían al centro de San Salvador todos los días de la semana para vender sus productos. Ninguno tiene permiso oficial, pero todos llevan el distintivo más importante del mundo: el derecho a ganarse la vida. En El Salvador, más del 60 por ciento de la economía es informal.
Los vendedores de la ciudad se organizan en unas 75 u 80 asociaciones, las cuales están lideradas por personas como Vicente Ramírez, expertos en protestas contra los intentos del gobierno de poner impuestos y desplazar a los vendedores, y cuya experiencia se remonta a la época en que los vendedores ambulantes llegaron a las principales ciudades de El Salvador. El país ha vivido un auge urbano. En 1970, casi el 40 por ciento de los salvadoreños vivían en las ciudades. En 2019, esa cifra era del 70 por ciento, según datos del Banco Mundial.
Con el tiempo, lo informal se volvió formal, y a principios de la década de 2000, miles de personas llegaron al Centro Histórico provenientes de todo el país para ganarse la vida, a menudo en las calles, vendiendo productos baratos, bienes de contrabando o artículos robados.
Muchos de ellos trajeron a sus hijos, quienes se vincularon a las incipientes pandillas que se estaban conformando en los barrios más pobres y en el centro de la ciudad. Estas bandas operaban bajo dos pandillas nacidas en Estados Unidos: la MS13 y Barrio 18. Ambas estaban dirigidas por criminales deportados de Estados Unidos y tomaron los nombres de los parques o calles de sus barrios.
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Eventualmente, los dos procesos se superpusieron: los vendedores se esparcieron por las calles, y las pandillas, específicamente la MS13 y una facción de Barrio 18, conocida como Revolucionarios, se esparcieron por el activo hampa del Centro Histórico.
Para los vendedores callejeros, esto significó un costo. Según múltiples entrevistas con pandilleros de MS13 y Barrio 18, vendedores, dueños de almacenes, asociaciones de negociantes y agentes de seguridad, en las áreas de la MS13, la pandilla les cobra a los vendedores del Centro Histórico que tienen un puesto fijo un promedio de US$1 al día, cantidad que puede variar ligeramente. Estas diferencias dependen de lo que algunos policías y asociaciones de negociantes denominan “flujo comercial”, o la percepción de cantidad de ventas. Los vendedores de ropa o calzado, por ejemplo, pueden llegar a pagar hasta US$10 por semana.
En las áreas de Barrio 18, el sistema de cobros se basa en el espacio ocupado, más que en el “flujo comercial”. Fuentes de inteligencia policial en el Centro Histórico le dijeron a InSight Crime que los vendedores deben pagar US$1 por metro cuadrado. Además, pagan US$2,50 diarios por metro cuadrado por “limpieza” y “seguridad”. Esto es administrado directamente por las asociaciones de vendedores, las cuales también rotan los colectores para despistar a las autoridades. Estas cifras fueron confirmadas por un vendedor que trabaja en el área bajo influencia de Barrio 18.
Este sistema de "rentas" tiene sus excepciones. Según vendedores, líderes de asociaciones de negocios y policías, los vendedores callejeros que son parientes de pandilleros generalmente no pagan. Los vendedores ambulantes y que no tienen puestos permanentes pueden pagar apenas US$0,25. Muchas fuentes afirman que los vendedores ambulantes son pandilleros o sus colaboradores, que son utilizados como medio para mantener el control y vigilar de cerca a los vendedores. La cercanía de los vendedores ambulantes con la pandilla puede hacer que estos se conviertan en interlocutores de facto cuando hay problemas entre los vendedores y las pandillas, como policías y tenderos narraron a InSight Crime.
Las pandillas se aseguran los pagos mediante diversas estrategias, como intimidaciones, palizas y amenazas de muerte a quienes no pagan. Como dice el director de una asociación de negociantes de la zona, se trata de una especie de “Estado paralelo”. No hay duda de que los ingresos son enormes, de más de US$40.000 al día, o alrededor de US$1 millón al año que llegan a las arcas de las pandillas.
Una relación simbiótica
Según Álvaro Rodríguez, fiscal especial de El Salvador para casos de extorsión, investigadores de la Fiscalía General escucharon las llamadas telefónicas de Vicente Ramírez con miembros de la MS13 y determinaron que estaba trabajando con las pandillas. Específicamente, dicen que estaba pasando mensajes entre los líderes de pandillas encarcelados y los líderes por fuera de las prisiones. En una llamada particularmente reveladora, se oye que Ramírez le dice a un presunto pandillero: "Que yo con la mara estoy colaborando de a galán, viejo".
Los investigadores afirman que Ramírez era uno de los líderes de las asociaciones que supuestamente les estaban ayudando a las pandillas a recolectar las extorsiones. Según inteligencia policial, vendedores y negociantes consultados para este informe, el sistema de recolección depende de los vendedores. Por ejemplo, para recaudar las extorsiones a los vendedores callejeros, los líderes de la MS13 designan a un delegado responsable de la gestión y administración de estas áreas.
Estos delegados trabajan a través de intermediarios, a menudo llamados “capitanes de cuadra”, los cuales tienen diversas relaciones con la pandilla: pueden ser miembros como tal, o bien parientes o conocidos, o incluso alguien completamente por fuera de la estructura de la pandilla. Pero una gran parte depende de la cantidad de influencia que la pandilla ejerza en las asociaciones de vendedores en esa área.
Las mismas fuentes narran que los vendedores enrollan bien el dinero antes de entregárselo al capitán de cuadra, el cual pone el dinero en una bolsa de plástico. Una vez que el capitán ha recogido todo el dinero, se lo entrega a un miembro de la pandilla designado para ello. No está claro si el delegado de la pandilla recibe el pago directamente de cada uno de los capitanes de cuadra, a través de un intermediario, o por medio de otros miembros de la pandilla. El capitán de cuadra puede ser fijo o rotar. Se prefiere que sea rotativo, dado que esto reduce los riesgos y hace que a las autoridades les sea más difícil entorpecer la actividad criminal.
De cierta manera, la existencia de un elaborado sistema que antes era controlado por los vendedores no fue un hallazgo sorprendente. Antes de la llegada de las pandillas al Centro Histórico, las asociaciones de vendedores les hacían cobros a sus integrantes. Los fiscales piensan que actualmente Ramírez, y otras personas, hacen estos cobros para las pandillas.
Aun así, discernir entre víctima y victimario puede ser difícil en estas situaciones que involucran la extorsión de las pandillas, especialmente en el caso de los vendedores informales del Centro Histórico. Rodríguez no duda en afirmar que personajes como Ramírez “no son representantes de la mayoría de los vendedores”, quienes están obligados a pagarles las extorsiones a las pandillas, sino que "responden a los intereses de las clicas de la MS13".
La relación entre las pandillas y los vendedores callejeros puede ser parasitaria, o incluso también simbiótica. En primer lugar, las pandillas reducen al mínimo otras formas de delincuencia depredadora y hacen que los sistemas de pago y protección sean sencillos para sus contribuyentes. Esto lo han hecho prohibiendo cualquier tipo de competencia en sus áreas de influencia, así como la actividad depredadora de quienes operan en dichas áreas. Los infractores, tanto de dentro como de fuera de sus organizaciones, son castigados severamente.
Sorprendentemente, vendedores ambulantes informales, propietarios de tiendas, integrantes de asociaciones comerciales y policías le dijeron a InSight Crime que en el Centro Histórico había muy pocos robos, o prácticamente ninguno, ni atracos a las propiedades. También se reportan pocos asaltos. La policía encargada de rastrear delitos menores le dijo a InSight Crime que las pocas víctimas de asaltos en el Centro Histórico son personas que visitan la zona, no las que trabajan allí regularmente. Quienes se benefician de este sistema no son solo los vendedores informales, sino también los formales, la policía y, en última instancia, la propia alcaldía, pues puede reportar bajas tasas de criminalidad.
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Las pandillas actúan además como intermediarios en las disputas entre vendedores informales que se pelean por el espacio en este competitivo entorno, según le dijeron los vendedores a InSight Crime. Y los vendedores del sector formal dicen que las pandillas resuelven disputas cuando, por ejemplo, los vendedores informales bloquean sus entradas u orinan cerca del frente de las tiendas.
Tal vez lo más importante es que las pandillas han contribuido a lograr la meta que por mucho tiempo se ha propuesto la alcaldía, que consiste en desplazar masivamente a los vendedores y formalizar la economía del Centro Histórico, y así mantener a raya a los recaudadores de impuestos y a los reguladores. Esto se debe a que las pandillas se han convertido en un gran enemigo político, en parte debido a su relación con vendedores como Ramírez.
Un sitio en la mesa
Para el éxito y la supervivencia de los líderes de las asociaciones de vendedores, como Ramírez, es crucial saber cómo aprovechar el capital político de la economía informal, con el fin de aumentar su poder de negociación frente al Estado.
Esto no es nada nuevo. Al principio, las asociaciones se dieron cuenta de que, además de la influencia económica, ejercían una considerable influencia política. Los vendedores provienen de casi todos los rincones del país, por lo que cualquier partido político que interactúe con ellos en San Salvador también podría llegar a esos lugares para obtener votos.
Entre los políticos se encuentran alcaldes, asambleístas de nivel nacional e incluso candidatos presidenciales. Ramírez supuestamente recibió un salario que le pagó un congresista local durante un tiempo, según cuentan fuentes de inteligencia policial y un líder de la asociación de vendedores rival. Otros suelen reunir votos directamente entre sus partidarios e indirectamente con su presencia en las calles.
Los partidos pueden además movilizar a los vendedores en masa, como lo harían con cualquier sindicato. Y los vendedores no temen enfrentarse con las autoridades y bloquear el transporte público si no están conformes con alguna política pública. Sus protestas a menudo han terminado en actos de violencia, como lanzamiento de piedras y la quema de neumáticos, lo que en una ocasión llevó a Ramírez a la cárcel por amenaza agravada y desorden público después de una asonada en un municipio a las afueras de la capital.
Esta competencia por el espacio y el poder se agudizó después de la llegada de las pandillas. En un corto periodo, la MS13 y Barrio 18 empezaron a tener influencia política. Ello comenzó en gran parte en las cárceles, adonde llegaron en masa a partir de principios de la década de 2000. Los disturbios coordinados y la violencia obligaron a las autoridades a separar a las pandillas. A esto le siguieron las interacciones con organizaciones no gubernamentales, líderes eclesiásticos y partidos políticos. En 2009, las pandillas realizaron su primera huelga colectiva en más de una docena de prisiones, exigiendo mejores tratos y condiciones al interior de las prisiones.
En 2010, para protestar aún más contra las propuestas de leyes antipandillas de mano dura, las pandillas organizaron una huelga general desde la cárcel, y paralizaron los servicios de transporte público y comercial del país durante dos días. Al mismo tiempo, comenzaron a negociar con el gobierno para liberar a algunos de sus líderes que se encontraban en una prisión de máxima seguridad. Este proceso dio lugar a una tregua secreta, aunque efímera, entre las tres principales facciones de las pandillas del país, la cual comenzó en marzo de 2012 y condujo a una drástica reducción de los homicidios durante los casi 18 meses que continuó siendo promovida por líderes pandilleros en las cárceles y por policías por fuera de estas.
Entre los que estaban al frente de la tregua se encontraban líderes pandilleros que tenían intereses comerciales en el Centro Histórico, como Henríquez, el mismo Diablito de Hollywood Locos Salvatrucha cuyo emisario se había encontrado con Ramírez. En parte, la influencia de los líderes provenía de los enormes ingresos que obtenían mediante las extorsiones a los vendedores informales.
A esto se le suman los ingresos derivados de la extorsión a negocios legítimos e instalados en locales, así como de los cobros que hacen a las ventas ilegales de drogas y alcohol, la prostitución y la venta de objetos robados. La presencia de la clica de Hollywood en el centro de la ciudad, por ejemplo, se remonta a décadas atrás, cuando, a principios de los noventa, él robaba carros y los revendía o los desmantelaba y vendía sus partes en la zona.
Las pandillas también aprovecharon los contactos de los vendedores informales con funcionarios. Ramírez, al igual que otros líderes de asociaciones de vendedores, se convirtió en interlocutor clave entre funcionarios de la ciudad y las pandillas, cuando la administración del alcalde Nayib Bukele estaba intentando implementar planes de desarrollo empresarial en el Centro Histórico, según un exfuncionario que participó en ese equipo de trabajo en la alcaldía.
Ramírez y otros líderes de asociaciones utilizaron ese apalancamiento para conseguir un valioso sitio en la mesa con funcionarios de la ciudad durante este complejo proceso. La alcaldía logró trasladar pacíficamente a miles de vendedores y revitalizó importantes sectores del Centro Histórico. Las pandillas aumentaron su capital político, y Ramírez y otros líderes de asociaciones protegieron a sus contribuyentes para que no les quitaran los lucrativos mercados y puntos de venta.
El proyecto de revitalización también le ayudó a Bukele a postularse para un cargo superior. El alcalde, quien había dejado su partido político durante su periodo en la alcaldía, estaba iniciando una carrera por el palacio presidencial. Y con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, la relación simbiótica entre vendedores informales como Ramírez y las pandillas se profundizaría aún más.
Campañas informales
Entre los alegatos contra Ramírez, según contó la Fiscalía General a InSight Crime, se encuentra la acusación de que el líder sindical hizo parte de la cadena de comunicaciones entre la llamada ranfla histórica —el grupo de líderes de la pandilla— y el exterior de las cárceles. La ranfla histórica opera actualmente desde la prisión de Zacatecoluca. “Zacatraz”, como se le llama eufemísticamente en referencia a la clausurada prisión estadounidense en la Bahía de San Francisco, es la única prisión de máxima seguridad de El Salvador.
Esta comunicación es esencial para los líderes de las pandillas. La utilizan para coordinar esquemas criminales, tales como extorsión, venta de drogas y robo de automóviles, o para administrar sus clicas, emitir “luz verde” para asesinatos, resolver disputas internas y distribuir los ingresos; y para mantenerse en contacto con sus familias extendidas, las cuales, como se ilustra en el caso de El Diablito de Hollywood, pueden desempeñar papeles clave en sus operaciones.
En 2010, el régimen penitenciario bloqueó los canales de comunicación de la pandilla, y una de las exigencias de la ranfla durante la tregua entre pandillas de 2012 era que los trasladaran temporalmente a otra prisión desde donde pudieran restablecer el mando y el control sobre integrantes dentro y fuera de las prisiones. Después de que la tregua terminó y los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las pandillas se intensificaron, los líderes de la pandilla fueron enviados de nuevo a Zacatraz, donde las comunicaciones con el exterior se convirtieron de nuevo en un reto.
Los investigadores dicen que fue en ese momento cuando personas como Ramírez entraron en escena, ayudando a transmitir mensajes de los ranfleros, cuyo miembro más prominente es El Diablito de Hollywood, dirigidos a la clica Centrales Locos Salvatrucha, la célula más poderosa de la MS13 que opera en el Centro Histórico.
"O sea que digamos que, si los ranfleros de Zacatecoluca enviaban un mensaje, lo enviaban por medio de la esposa, o la compañera de El Diablito de Hollywood, este se lo daba a la hermana de ella y ella se reunía con Vicente Ramírez y ahí es donde se pasaba la comunicación", narró el fiscal especial Rodríguez en comunicación con InSight Crime.
Atiborrada de comerciantes callejeros y con un activo mercado de armas ilícitas y cigarrillos falsificados, la zona no es solo una mina de oro para la extorsión, sino además una fuente de tramas financieras y capital político para Centrales Locos Salvatrucha y sus líderes, quienes además han escalado hasta los rangos superiores en la jerarquía de la pandilla. Según la policía, Centrales está conformada por al menos 50 clicas con cientos de miembros a su disposición.
En otras palabras, Ramírez aparentemente se había convertido en un intermediario entre los miembros más poderosos de la MS13 en las prisiones y una de las clicas más importantes de la pandilla en un área fundamental para sus finanzas y sus operaciones ilícitas.
Las interceptaciones telefónicas y las cámaras de vigilancia también permitieron establecer que Ramírez era un “intermediario entre las pandillas y personajes de la alcaldía, o personajes que ya estaban en una etapa previa a elecciones de gobierno central”, como dijo Álvaro Rodríguez a InSight Crime.
Entre las supuestas reuniones de Ramírez con estos "personajes de la alcaldía" se encuentra una en el exclusivo sector de Santa Elena en San Salvador, en la noche del 18 de diciembre de 2018, en vísperas de las elecciones presidenciales de febrero de 2019. Esa noche, mientras agentes policiales observaban, Ramírez y otros socios se encontraban al interior de un minimercado en una gasolinera, y justo después de las 6:30 p.m. llegó una camioneta Toyota negra junto con otros dos autos y estacionaron en el mismo lugar.
Los pasajeros de la Toyota se bajaron del auto, entraron al minimercado y se acercaron a Ramírez y a los demás. Entre tanto, los agentes de policía buscaron el vehículo en sus bases de datos, como consta en los registros judiciales de la Fiscalía General contra Ramírez (bajo registro N.° 11-9(4) del Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador). El auto pertenecía a Ernesto Sanabria, quien en ese momento era asesor de prensa del equipo de campaña presidencial de Nayib Bukele. Actualmente es secretario de prensa presidencial.
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Los agentes de policía continuaron observando a los dos grupos mientras conversaban y cuando subieron a sus autos de nuevo y se dirigieron a una casa en un barrio cercano. Una vez que la Toyota llegó a dicha casa, los agentes tomaron fotos a los pasajeros que se bajaron de la camioneta, incluido Sanabria, e ingresaron a la casa, junto con Ramírez y los otros miembros del convoy.
¿Perdiendo el control?
La Fiscalía General no le reveló a InSight Crime lo que Sanabria discutió con Ramírez esa noche; solamente dijo que el objetivo de la reunión era buscar apoyo para las elecciones. Y Sanabria no respondió directamente a la solicitud de InSight Crime de comentar acerca de la reunión.
Tampoco era claro si Ramírez estaba actuando a favor de su asociación o a favor de la pandilla, o ambas cosas. Para entonces, según extractos de algunos documentos judiciales facilitados por la Fiscalía General, Ramírez había organizado reuniones y llamadas telefónicas con candidatos de varios partidos. Su objetivo, dicen los investigadores, era intercambiar votos por beneficios para su asociación de vendedores, lo que incluía conseguirle a un aliado un puesto en el Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador. No está claro si ese aliado consiguió el puesto.
Pero, para los fiscales, aquello era un patrón de actividad ilegal. La reunión en Pollo Campero mostraba lo profundo que Ramírez había caído en manos de la MS13. Luego se obtuvieron más pruebas. En noviembre de 2018, según el mismo documento judicial de la Fiscalía General, un miembro de Centrales Locos Salvatrucha llamó a Ramírez para decirle que había encontrado posibles candidatos para la junta directiva de ANTRAVEPECOS, la asociación que Ramírez dirige.
Minutos más tarde, el mismo pandillero volvió a llamar a Ramírez, esta vez para pedirle detalles sobre los pagos que este último estaba administrando dentro de la asociación de vendedores. Casi al mismo tiempo, la pandilla también amenazó a Ramírez porque pensaban que estaba haciendo cobros sin su autorización, como se lee en los informes de la Fiscalía General.
Ramírez tampoco estaba conforme. En las llamadas telefónicas interceptadas, hay evidencia de que este le expresó a la "cuñada" de El Diablito de Hollywood su descontento por los problemas que estaba teniendo con la pandilla.
De hecho, este pacto con Diablito ya había tenido costos significativos para Ramírez y muchas otras asociaciones de vendedores que, ya sea por amenazas o por intereses propios, habían llegado a acuerdos similares con las pandillas.
Por todo el Centro Histórico, tanto la MS13 como Barrio 18 se han infiltrado constantemente entre los líderes de las asociaciones de vendedores, han usurpado los principales puntos de venta, han establecido restaurantes y han invadido la lucrativa economía del contrabando. Y los vendedores, propietarios de tiendas y autoridades del Centro Histórico dicen que las pandillas ya están “incrustadas” en las asociaciones de vendedores.
Según varias fuentes de inteligencia policial, líderes de asociaciones empresariales locales y exfuncionarios de la alcaldía, en algunos casos las pandillas asignan posiciones de liderazgo a sus propios miembros, parientes y asociados. Eso era exactamente lo que parecía estar sucediéndole a Ramírez al momento de esa reunión en Pollo Campero.
Pero él no era el único. Al menos otro líder de una asociación compartía oficina con un pandillero, como le dijeron fuentes a InSight Crime. Otras están dirigidas por representantes de pandillas. Y en conversaciones privadas con InSight Crime, varios líderes de asociaciones de vendedores han comenzado a preguntarse si es solo cuestión de tiempo antes de que las pandillas se tomen el control total de las asociaciones.
En abril de 2019, durante una operación de la Fiscalía General y la policía con el fin de desarticular las estructuras pandilleras que operan en San Salvador y en otras partes del país, el mismo Ramírez fue arrestado y acusado de pertenecer a grupos ilícitos, junto con otros 211 detenidos por su supuesta participación en homicidios, extorsiones y tráfico de drogas. Ramírez se encuentra a la espera de juicio, y podría enfrentar entre tres y cinco años de prisión por su presunto papel como colaborador de las pandillas, según el fiscal especial Rodríguez.
Tanto Ramírez como su abogado, Jorge González, han negado los cargos en su contra, y este último afirma que todas las reuniones de su cliente tuvieron lugar dentro de los límites de la ley. Pero sus problemas legales son una clara señal de que la importancia de las pandillas como actores políticos en el Centro Histórico ha llevado a los vendedores a estar cada vez más en manos de estos grupos criminales.
*Informes adicionales de César Castro Fagoaga y Juan José Martínez d’Aubuisson.
**Esta es la segunda entrega de una serie de tres partes sobre el Centro Histórico de San Salvador, eje de los mercados urbanos informales del país que por mucho tiempo ha sido bastión de las pandillas callejeras. Las historias aquí incluidas narran cómo las pandillas han utilizado su dominio del centro para expandir su poder en El Salvador. Esta parte analiza cómo las pandillas les han venido usurpado el poder político y económico a las asociaciones de vendedores informales.
Este reportaje se basa en investigaciones de campo realizadas a lo largo de dos años, que involucraron numerosas visitas de campo y decenas de entrevistas con funcionarios de policía, agentes de inteligencia policial, pandilleros, autoridades municipales y federales, vendedores ambulantes, trabajadores comunitarios, propietarios de negocios y trabajadores no gubernamentales, entre otras personas, en su mayor parte antes de la pandemia por coronavirus. Dado que se trata de un tema sensible, la mayor parte de las fuentes decidieron hablar con InSight Crime bajo condición de anonimato. Lea la investigación completa aquí.
Foto Principal: Salvador Meléndez
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