El asesinato de un prominente cantante de música folclórica en territorio guatemalteco puso al propietario de una discoteca nicaragüense en el centro de la atención pública y permitió conocer una red de tráfico de drogas ilícitas que se extendía desde Colombia hasta México. Esta red era facilitada por la policía de Nicaragua, un juez y un prominente abogado vinculado a la familia más poderosa del país.
El 19 de mayo de 2020, cuando todos los focos de la opinión pública estaban dirigidos hacia la pandemia del coronavirus, una jueza de Managua ordenó inexplicablemente, y sin estar facultada para eso, la expulsión de Nicaragua del ciudadano nicaragüense-estadounidense Hugo Mauricio Jaén Figueroa, uno de los últimos dos “peces gordos” que quedaban presos de una banda de traficantes de drogas y lavadores de dinero que operaba en Nicaragua con la complicidad de la policía y las más altas esferas del poder político.
Originalmente, Jaén Figueroa fue condenado como parte de esa banda de 23 personas en el caso de narcotráfico de más alto perfil en Nicaragua en las últimas dos décadas: Henry Fariñas, el empresario que era blanco del ataque en el que fue asesinado a balazos, el 9 de julio de 2011, en Guatemala, el icónico cantante argentino Facundo Cabral.
Fariñas y Cabral habían amanecido ese día en el mismo hotel en la ciudad de Guatemala y estaban manejando en el carro de Fariñas la corta distancia por el Bulevar Liberación hasta el aeropuerto cuando un vehículo grande se deslizó frente a ellos y les bloqueó el paso. Dos vehículos más se pusieron a cada lado y abrieron fuego con armas de grueso calibre, impactando el Range Rover de Fariñas por lo menos 18 veces, obligándolo a salir atropelladamente de la carretera. Fariñas quedó gravemente herido. Cabral murió en el lugar.
Indignada, la población guatemalteca salió a las calles a protestar contra el homicidio del conocido cantante. Pocos habían oído hablar del acompañante de Cabral, Fariñas, de 40 años en ese entonces, quien se había establecido en Guatemala luego de trasladarse allí en su juventud. Se había casado con la hija de un alto jefe militar guatemalteco, ya retirado, se ganaba la vida afinando pianos, y más adelante comenzó a trabajar con el club nocturno Élite, una cadena que operaba en varios países de Centroamérica.
*Este informe fue elaborado entre InSight Crime y Expediente Abierto y contó con la colaboración de periodistas nicaragüenses que, por la situación que pasa ese país, solicitaron que sus nombres fueran omitidos. El informe fue coordinado por Javier Meléndez. Steven Dudley y Hannah Stone contribuyeron también al reportaje y la edición. Lea los demás capítulos de la investigación aquí.
El gobierno guatemalteco respondió rápidamente. El día del asesinato, el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, anunció que lo más probable era que el objetivo fuera Fariñas, pues la mayor parte de las balas se dirigían al puesto del conductor del Range Rover. Y más adelante en la misma semana, el ministerio anunció que el ataque había sido ordenado por narcotraficantes porque Fariñas había robado un cargamento de drogas.
Las declaraciones de Menocal, un joven periodista guatemalteco que escribía sobre temas de seguridad y que se había convertido en ministro, cayeron como un terremoto en las autoridades nicaragüenses. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la jueza sandinista Alba Luz Ramos, dijo que Guatemala estaba difamando la reputación del nicaragüense: “¿Han dicho, las evidencias son estas? No, no lo han dicho. Han especulado, nada más, puras especulaciones, y ahí me parece que no es correcto porque se está ensuciando el nombre de una persona”.
Recuperándose de sus heridas, Fariñas dijo a los investigadores guatemaltecos que el asesinato había sido ordenado por su antiguo socio de negocios, un costarricense llamado Alejandro Jiménez. Pero señaló que el motivo no fue el robo de sustancias ilegales, sino que surgió de un negocio fallido en la venta de parte de la franquicia Élite a Jiménez. Este, conocido también como “Palidejo”, fue capturado cuando intentaba ingresar a Colombia en marzo de 2012, y fue extraditado a Guatemala para responder ante una corte por la muerte de Cabral.
El crimen de la leyenda de la música puso en el ojo del huracán a Fariñas tanto en Guatemala como en Nicaragua y obligó a las autoridades nicaragüenses, que lo protegían, a investigarlo. Fariñas tal vez era un oscuro empresario de clubes nocturnos, pero tenía fuertes nexos con altos jefes policiales, había sido patrocinador del equipo de fútbol de la liga primera de la policía y tenía en sus filas como defensor al mismísimo abogado de la familia más poderosa de Nicaragua, que gobierna el país con mano de hierro desde 2007.
Los investigadores también encontraron que Jaén Figueroa era el brazo derecho de Fariñas y en las oficinas de él hallaron actas de constitución de empresas elaboradas por el mismo abogado de la primera familia nicaragüense.
Tres semanas después de la captura de Jiménez, Fariñas y Figueroa fueron al aeropuerto internacional de Managua. Fariñas habría entrado y salido del país varias veces desde el ataque, según él, pero esa vez su destino era Guatemala, donde lo esperaban autoridades guatemaltecas y abogados de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente judicial con respaldo de las Naciones Unidas establecido para esclarecer crímenes como el de Cabral.
“En un país donde ya operaba la CICIG era un peligro dejarlo venir: imagínate a Fariñas cantando todo a un ente de investigación autónomo y financiado por Naciones Unidas”, dijo a Expediente Público un exfuncionario guatemalteco que fue parte de la investigación sobre el crimen de Cabral.
Las autoridades nicaragüenses pensaban lo mismo. Lo arrestaron en el aeropuerto y lo acusaron de tráfico de drogas y lavado de dinero.
El juicio que siguió en Nicaragua mantuvo entretenida a la opinión pública dado que los medios reportaron detalles que hasta entonces no se sabían sobre las andanzas del oscuro personaje en las altas esferas de la política y el empresariado local. Sin embargo, aunque el juicio terminó con el encierro de Fariñas, los investigadores no presionaron para ampliar su alcance, ni arrojaron una red más amplia para identificar a colaboradores de alto nivel. De hecho, el caso parecía cambiar de dirección cada vez que tocaba a figuras poderosas, lo que indicaba que los contactos de Fariñas podían ser apenas la punta del iceberg en términos de los nexos entre ciertas personas de las élites nicaragüenses y el crimen organizado.
Finamente, Fariñas fue condenado a 33 años y Jaén Figueroa a 29 años, pero luego un tribunal de apelaciones redujo las condenas de los dos a 18 años, y en mayo 2020 la jueza sexta de Distrito Penal y Vigilancia Penitenciaria, María Concepción Ugarte, dejó a Jaén Figueroa libre. La fiscalía de Nicaragua no opuso resistencia, aunque fue una decisión excepcional y hasta ilegal por parte de la jueza. Y de todos los involucrados, solo Fariñas sigue en la cárcel.
El presente estudio de caso es nuestro intento de investigar y dar a conocer la red de Fariñas. Este intento —dirigido por Expediente Público— revela no solo el tamaño y el poder de esta red, sino además la batalla interna dentro del gobierno para evitar revelaciones que en esos años podían destruir su imagen como el país más seguro de Centroamérica. Un elemento central de esa imagen es la de la policía, una institución que era parte integral de la red de Fariñas y quizá el árbitro de la actividad criminal en Nicaragua.
Élites en Nicaragua: girando en torno al caudillo
El caso Fariñas se centra en el partido de gobierno del país, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Este partido no hacía parte de la élite tradicional de Nicaragua. Con los años ha crecido hasta ocupar ese lugar, debido en mayor parte a su enigmático líder, el presidente Daniel Ortega. Todo el poder fluye desde el presidente. El exrevolucionario, que fue parte del grupo de guerrilleros que llevó a los sandinistas a la victoria, en la década de los setenta, sobre el dictador Anastasio Somoza, se ha convertido en la única voz de lo que queda del partido revolucionario que ayudó a fundar.
Ortega ha tenido una carrera política increíblemente larga y variada. Gobernó a Nicaragua por una década luego de la toma del poder por el FSLN. Sobreestimando su base política, abrió la puerta a las elecciones presidenciales en 1990, las cuales perdió a pesar de que las encuestas preelectorales lo mostraban como el claro favorito. Luego de una aplastante derrota, Ortega retuvo su poder político mediante un control férreo sobre su partido y un escaño en el Congreso desde el cual medió acuerdos con sus rivales. Esos acuerdos prepararon las condiciones para su retorno a la casa presidencial en 2007, donde se mantiene en medio de críticas de que ejerce el control total sobre las demás ramas e instituciones de gobierno, y que ha cometido fraude electoral para mantenerse en la presidencia. Junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, Ortega es el responsable de asesinatos, encarcelamientos y persecuciones contra quienes percibe como sus opositores políticos, sobre todo después de las protestas contra el régimen iniciadas en abril de 2018 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó 325 muertos y más de 2.000 heridos.
Ortega es un miembro consumado de la élite política nicaragüense, en cuanto deriva su poder del control que ejerce sobre su partido y de las oportunidades y la riqueza que le ofrece. Pero también depende de la élite burocrática de Nicaragua. Él y su partido han colonizado casi todas las ramas del poder estatal desde su retorno a la presidencia en 2007. Mediante una serie de alianzas políticas sagaces, y un patente amaño de las normas, Ortega ha logrado cooptar o ganar el control de facto de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), que regula las elecciones.
Los orígenes de esta politización de las instituciones de gobierno datan de finales de la década de los noventa, cuando Ortega, entonces en la oposición, negoció un pacto con el presidente Arnoldo Alemán. Juntos, el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Alemán formaron una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional, que les permitió seleccionar candidatos para la Corte Suprema, el CSE y otros organismos, dividiéndose los escaños entre los leales al partido (este pacto fue parte importante del regreso de Ortega al poder, pues redujo a 35 por ciento el porcentaje de votos necesarios para ganar la presidencia, lo que le dio una ventaja de cinco puntos, que le permitió a Ortega ganar la presidencia en 2007 con 38 por ciento de la votación).
El pacto bipartidista perdió importancia cuando Ortega comenzó a acumular poder y Alemán quedó por fuera, sentenciado por cargos de corrupción a veinte años de prisión. Hacia 2010, cuando la Asamblea Nacional se negó a reelegir los magistrados del CSE en ejercicio, Ortega simplemente aprobó un decreto ejecutivo que les permitía a los funcionarios designados mantenerse en su puesto hasta la elección de sus reemplazos. Esto dejó a docenas de sus aliados en los primeros cargos en instituciones claves, y dependientes del presidente.
El presidente ejerce control rutinario de la rama judicial mediante la imposición de órdenes por medio de emisarios. Ortega da sus órdenes en todo el aparato de justicia por medio de los magistrados y magistrados de apelaciones. Antes de la deserción del exmagistrado Rafael Solís en enero de 2019, quien renunció por la represión masiva del régimen en 2018 contra los manifestantes, las órdenes eran dadas a este veterano militante sandinista; pero, ante el exilio de Solís, las orientaciones se han bajado por medio de varios leales al mandatario.
Ortega ejerce un control total de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces son nombrados por su lealtad al presidente. Una mayoría de los funcionarios judiciales en todo el país están afiliados al partido, según algunas fuentes. Ortega también ha designado comisionados que supervisan las acciones de los jueces en todo el país. En algún momento, ese lugar fue ocupado por Lenin Cerna, aliado cercano de Ortega que también fungió como jefe de seguridad del Estado en la década de los ochenta. El temible funcionario de inteligencia habría dejado ese cargo por diferencias con la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, pero continúa leal al partido y manejando información tras bambalinas. El poder judicial ha negado vehementemente todos los señalamientos de que está controlado por Ortega, pero luego de los eventos ocurridos tras las protestas ciudadanas iniciadas en abril del 2018 y la renuncia de Solís, no quedaron dudas en los ámbitos nacional e internacional de la subordinación absoluta de este poder del Estado a Daniel Ortega, su familia y sus operadores políticos.
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Las instituciones dominadas por los sandinistas le han permitido a Ortega pasar por encima de los límites constitucionales de ejercicio del poder para mantenerse en la presidencia. La Corte Suprema le allanó el camino y él se postuló para un segundo periodo consecutivo en 2011, pese al veto constitucional. Su candidatura fue aprobada sin más cuestionamientos por el CSE.
En las elecciones de 2011, muy criticadas por la falta de transparencia y por la politización del CSE que las presidía, el FSLN ganó una gran mayoría en la Asamblea Nacional, que le dio control sobre la legislatura y le permitió alterar la Constitución y designar funcionarios de manera unilateral.
Este proceso electoral se repitió en 2016, con una característica adicional: la esposa de Ortega, Rosario Murillo, fue su fórmula a la vicepresidencia. Los observadores nacionales e internacionales prendieron las alarmas de que el proceso electoral estaba nuevamente arreglado y faltaba transparencia. La Organización de Estados Americanos (OEA), en particular, asumió una postura muy crítica, bajo el liderazgo del uruguayo Luis Almagro.
Almagro, Ortega y sus equipos se reunieron en varias ocasiones luego de las elecciones y eventualmente redactaron un memorando de entendimiento en el que la administración Ortega y la OEA se comprometían a estimular “el proceso de perfeccionamiento de la democracia en Nicaragua”. Se requerirían tres años para eso, dijeron. Pero el plazo se venció en 2019 y no se llegó a un acuerdo luego de que el gobierno reprimiera violentamente las protestas sociales que comenzaron en 2018 y que dejó un saldo de más de 300 personas asesinadas, la mayoría a manos de la policía o paramilitares, según organismos de derechos humanos y un equipo de especialistas de la misma OEA.
El FSLN también se ha hecho al control de los gobiernos locales y regionales en una serie de elecciones muy amañadas. Luego de las municipales de 2008, sus opositores protestaron y un buen número de observadores internacionales señalaron que la votación carecía de credibilidad por causa de la violencia, las denuncias generalizadas de irregularidades y fraude, y la negativa del gobierno a invitar misiones internacionales de observadores.
Según organismos de observación electoral como Ética y Transparencia, con una trayectoria impecable observando elecciones, el FSLN hizo fraudes en 40 municipios incluyendo la capital Managua, la plaza política más importante del país. Los medios reportaron que el fraude fue tan burdo que hubo municipios donde al candidato del FSLN le adjudicaron más votos que los facultados para votar.
Cuando donantes como la Unión Europea y Estados Unidos anunciaron que retirarían la ayuda al país por el fraude electoral, Ortega simplemente replicó que sus aliados de Venezuela y Rusia compensarían el déficit.
Ortega también ha invertido mucho capital político y recursos para cooptar las fuerzas de seguridad. (En ese sentido, Ortega tiene mucho en común con opositores ideológicos, como Otto Pérez Molina, el exgeneral que en 2012 llegó a la presidencia de Guatemala y más adelante fue destituido en un escándalo de corrupción en 2015, y Juan Orlando Hernández, que se reeligió en su puesto como presidente de Honduras en 2017 con las mismas artimañas que lo hizo Ortega). Por ejemplo, ha designado en su gabinete a miembros retirados de la policía y el ejército —por lo menos 30 desde que llegó al poder entre 2007 y 2013— y ha engordado los fondos de pensiones de los oficiales retirados, mediante acuerdos comerciales criticados por la prensa nicaragüense.
La policía es igualmente importante en este esquema. La exdirectora de policía de Ortega, la celebrada Aminta Granera —también exguerrillera del FSLN—, se mantuvo en su cargo hasta meses después de la represión que comenzó en abril de 2018, a pesar de que su mandato venció en septiembre de 2010.
Granera fue sustituida por el consuegro de Ortega, el primer comisionado Francisco Díaz, un antiguo guerrillero sandinista que es suegro de uno de los hijos de Ortega.
Al igual que con la rama judicial, Ortega tiene un enlace que usa para dar sus órdenes directamente a los comandantes de la policía y el ejército, muchas veces pasando por encima de sus jefes. Los agentes de Ortega incluyen a soldados retirados y a su esposa, según numerosas fuentes de dentro y fuera del gobierno. Entre tanto, el presidente Ortega administra sus propias estructuras de poder que operan en forma paralela a las instituciones formales. Los entes investigadores y los juzgados están conformados por agentes leales entrenados en la revolución sandinista, lo que da al presidente la capacidad de investigar a cualquiera de manera informal y de usar la información para su beneficio.
Para sorpresa de algunos, el régimen de Ortega también ha establecido alianzas con actores claves de la élite económica, a saber, los grandes agroexportadores, inversionistas extranjeros, en particular en el turismo y las telecomunicaciones, y líderes de firmas en el sector financiero. A cambio de rebajar impuestos y dar participación en la redacción de legislación relevante para sus intereses, los líderes del sector privado dieron su respaldo a Ortega hasta que el mandatario mandó a reprimir las protestas en 2018 que provocaron más de 300 crímenes y el descalabro de la economía.
Hasta antes de que una parte del capital rompiera con Ortega, el mandatario se reunía frecuentemente con la élite económica. En septiembre de 2013, después de una reunión con los hombres más ricos del país, un alto consejero para la influyente federación empresarial, Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), una federación de cámaras de comercio que representa una amplia variedad de intereses comerciales en Nicaragua, defendió al gobierno frente a las críticas de la sociedad civil, declarando que Nicaragua es una sociedad abierta que goza de libertad de expresión y un sistema electoral operativo.
El COSEP trabajó junto al gobierno en docenas de leyes aprobadas desde el 2009. Durante años hasta antes del rompimiento, los proyectos público-privados eran algo común y un medio por el que todos podían sacar provecho de la liberalidad del gobierno y la laxitud en la regulación de las prácticas comerciales, las leyes sobre el patrimonio y el sistema tributario.
Un buen ejemplo de la manera como la alianza gobernante de Ortega ejerce el control y cosechó beneficios es el grupo Albanisa. El grupo económico fue el filtro para los más de US$2.500 millones de ayuda que el Banco Central de Nicaragua dice haber recibido de Venezuela entre 2008 y 2013. En la superficie, Albanisa es una firma de importación y distribución de petróleo mediante la cual se canalizan todos los fondos venezolanos. El grupo hizo diversas inversiones en el país, incluyendo en la generación de energía, pero a raíz de las sanciones que le impuso el gobierno de Estados Unidos, se ha visto debilitado para hacer negocios abiertamente.
Pero muchos de esos fondos también se invirtieron en empresas privadas, que incluyen exportadoras agrícolas, hoteles y un canal de televisión, y algunos se canalizaron a programas sociales para construir la popularidad del presidente. Todo el dinero proveniente de Venezuela se mantuvo fuera del presupuesto nacional y lejos del escrutinio público, y gran parte de él se filtró a los bolsillos de esta alianza de la élite burocrática-económica gobernante, según afirma Douglas Farah, analista e investigador en temas de seguridad.
El presidente también forzó hábilmente sus nexos con las élites sociales, que sirven como interlocutores importantes con la población general y las élites económicas. Figuras emblemáticas de la Iglesia Católica, como el fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo —enemigo de los sandinistas en los ochenta— fue jalado al redil del gobierno. A cambio de su apoyo, Obando fue nombrado jefe de la comisión de reconciliación del gobierno, y uno de sus protegidos, Roberto Rivas, tuvo el apoyo del FSLN en su cargo como presidente del CSE, hasta que Estados Unidos lo puso en una lista negra y dejó su cargo.
El círculo de Ortega se ha mantenido frente a las demás facciones de la élite que compiten por el poder, eliminando a otros partidos políticos para que queden imposibilitados de competir electoralmente. Las reformas a la ley electoral introducidas por el pacto Ortega-Alemán permitieron llevar al país hacia un sistema cuasi bipartidista que dificulta aún más la competencia para los pequeños partidos. Muchos partidos minoritarios quedaron fuera de la competencia por las estrictas normas nuevas, entre ellas un requerimiento de que los partidos presenten las firmas del tres por ciento del electorado —que no haya firmado la petición de ningún otro partido— como requisito para registrarse. Más aún, la acreditación del partido queda en manos del CSE, que ha sido acusado de excesiva interferencia en líneas políticas.
El FSLN también ha marginado sistemáticamente a organizaciones no gubernamentales (ONG) de oposición y a la prensa. El gobierno los excluyó de importantes proyectos sociales, como el esquema Hambre Cero a favor de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), vinculados al FSLN, e intimidado a algunos grupos ligados a críticos, con la apertura de investigaciones penales y el allanamiento de sus oficinas. Ortega y sus aliados han silenciado continuamente a los críticos en los medios mediante calumnias y hostigamiento legal, así como con el retiro sistemático de publicidad estatal —fuente de financiación importante— de sus agencias de noticias.
Con alianzas en todos los niveles, y sin contrapesos o un organismo investigador independiente que cuestione la estructura de gobierno de Ortega, no era de sorprender que la investigación oficial del caso Fariñas cambiara de dirección cuando comenzó a tocar nombres ligados a la élite burocrática de los sandinistas.
La red Fariñas
Cuando los abogados defensores de la red de Fariñas miraron las pruebas que la Fiscalía estaba proponiendo para hallar culpables a sus defendidos, se quedaron sorprendidos. Jamás pensaron que se iban a mencionar nombres como el de José María Enríquez Moncada, el abogado de la familia presidencial en Nicaragua, y el de Guillermo Terán, un empresario perteneciente a una familia activamente involucrada en diversos negocios en ese país.
“Van a rodar cabezas”, dijo uno de los defensores cuando miró el informe. “Te aseguro que alguien se tiró las trancas, no tienen luz verde para llegar hasta el fondo de esto y los que están acusados son los perros más flacos”.
Henry Fariñas comenzó su vida delictiva en un trabajo peculiar: afinador de pianos. Nicaragüense de nacimiento, el aspirante a músico se mudó a Guatemala en su adolescencia y eventualmente dirigió sus esfuerzos a la reparación de instrumentos, en lugar de ejecutarlos. Su empleo le abrió las puertas de una nueva red social en los bares y clubes nocturnos. No es claro qué fue primero, pero en cierto punto, él comenzó a contratar y promocionar músicos y a facilitar las actividades del crimen organizado.
La red Fariñas eventualmente se expandió por Centroamérica, manteniendo una compleja red de operaciones, que incluían la producción de documentos falsos de identificación nicaragüenses, una extensa operación de lavado de dinero y una red de transportistas de drogas. Según el expediente de la policía, el grupo de Fariñas trabajaba junto con dos organizaciones criminales similares para trasladar narcóticos de Panamá a Guatemala.
Una de esas operaciones era dirigida por Alejandro Jiménez, costarricense conocido también como “Palidejo”. La sociedad comenzó luego de que el costarricense se trasladara a Nicaragua en 2008 y adquiriera una identificación nicaragüense falsa.
Jiménez dirigía sus operaciones desde una cómoda casa en lo que se conoce como la “Carretera Sur” en la capital nicaragüense, parte de la carretera panamericana que conecta a estos países, a pocos kilómetros de la casa de Fariñas. La cuenta bancaria de Jiménez apenas mostraba una renta modesta (usando su identidad nicaragüense falsa, Jiménez registró el movimiento de unos US$48.700 distribuidos en cinco cuentas en dos bancos nicaragüenses), pero le gustaban los autos de lujo, y con frecuencia sus empleados lo veían conduciendo un Audi y un BMW.
Fariñas era apenas uno de los socios de Jiménez. Un comunicado de la policía señalaba que, además de asociarse con grupos de transportistas, como la red de Fariñas, la organización criminal de Jiménez también vendía narcóticos a grupos mexicanos, guatemaltecos y hondureños, usando lugares en Costa Rica para el almacenamiento y como puntos de despacho. El grupo de Jiménez, que parece haber sido mucho más grande que la operación de Fariñas, justificaba el flujo de dinero simulando importar vehículos de lujo estropeados para restaurarlos en Nicaragua.
Los otros socios de Fariñas se conocían como “Los Charros”. Había, según las autoridades, una filial de la organización criminal mexicana, la Familia Michoacana. El jefe de Los Charros en Nicaragua era Gabriel Maldonado Siller, exagente de la policía federal mexicana, que más adelante sería capturado en Texas. Según el pliego de cargos nicaragüense revisado por Expediente Público, los traficantes mexicanos registraron empresas y compraron propiedades con ayuda de testaferros nicaragüenses, y transportaban estupefacientes en vehículos que habían sido registrados a nombre de iglesias evangélicas.
En esta extensa red, la tarea de Fariñas era doble: transportista y lavador de dinero. Los investigadores del gobierno nicaragüense declararon que Jiménez transportaba la cocaína suministrada por sus socios colombianos entre Panamá y Costa Rica; los agentes de Fariñas la transportaban desde allí hasta Managua; y el grupo de los Charros la llevaba a Guatemala. Las autoridades nicaragüenses dicen que Fariñas lavaba las ganancias de la red por medio de varias empresas, incluyendo la cadena de clubes nocturnos Élite, donde comenzó a trabajar en 2005. Los fiscales declararon que Fariñas era el propietario de la cadena, que se registró a nombre de testaferros, pero Fariñas y su familia niegan esto, y afirman que siempre fue solo un empleado de Élite en Guatemala.
El problema comenzó cuando la policía nicaragüense capturó a miembros claves de Los Charros en mayo de 2011. Viendo una oportunidad, el advenedizo Fariñas robó un cargamento de cocaína, que, según la acusación, planeaba vender por sí mismo en lugar de entregarlo a Los Charros. Esto, dicen los investigadores, puso en movimiento la cadena de sucesos que terminaron con la muerte de la leyenda popular argentina, Facundo Cabral, lo que eventualmente pondría en evidencia la empresa criminal.
Los nexos de Fariñas con las élites
Para llevar a cabo sus operaciones y proteger a sus miembros de procesos judiciales, el grupo de Fariñas construyó una red de contactos en las élites nicaragüenses. Estos incluían a algunos miembros de la policía y las autoridades judiciales. No todas esas alianzas se basaban en empresas ilegales (por ejemplo, Fariñas desarrolló nexos con miembros de la élite social, incluyendo a Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío, por su trabajo como promotor musical). Como en el resto de Centroamérica, en Nicaragua el crecimiento de poderosos carteles transnacionales de droga ha entretejido el crimen organizado con la economía legítima, borrando la línea entre las empresas legales y las ilegales y las redes en las que se desarrolla el negocio. Sin embargo, hay evidencia de peso del contacto directo entre el grupo de Fariñas y las élites.
Como lo declaró la jueza Adela Cardoza de manera sucinta en la sentencia de Fariñas: “Creemos que esta red estableció alianzas en los más altos escalones económicos”.
Fariñas y un subdirector de la policía
Algunos de los principales contactos para las actividades ilegales de Fariñas provenían de la policía nicaragüense. Como se señaló anteriormente, el papel de la policía nicaragüense va más allá de la primera línea de seguridad y defensa de la población civil. La policía es un importante actor social y político, y hasta las protestas iniciadas en abril 2018, un interlocutor de la sociedad civil. Además, tuvo un papel central en el esquema burocrático del régimen de Ortega, asumiendo roles que normalmente son reservados para otros cargos públicos, como la conducción de los programas de prevención de la violencia y la dirección de campañas contra el consumo de drogas.
Fariñas tuvo importantes contactos en los niveles más altos de la policía. En los días antes de que comenzara el juicio en abril de 2012, la familia de Fariñas le dijo a la prensa que él era amigo cercano de altos comandantes de la policía, entre ellos el subdirector de la institución, Carlos Palacios Linarte, un oficial de profesión, que había ocupado importantes puestos, como el de jefe de inteligencia. Desde ese cargo, tuvo entre otras funciones manejar los informantes de los casos relacionados con drogas. Él había llegado a los más altos puestos durante la administración de Granera y era considerado un comandante confiable, aunque irascible.
Anteriormente, Palacios había sido vinculado a personajes sospechosos. En 2006, la policía despidió al jefe de la policía de Managua, Carlos Bendaña, tras denuncias de que había aceptado sobornos de empresarios, entre ellos el propietario de un club nocturno y presunto narcotraficante, llamado Jerónimo Polanco, quien había sido asesinado. Los dos hombres condenados por el asesinato tenían conexiones personales con Bendaña: uno era su chofer y el otro era el hijo del amigo de Bendaña, y supuesto informante, William Calderón.
La familia de Polanco dijo que otros policías, entre ellos Palacios (entonces jefe de inteligencia), Francisco Díaz (consuegro del presidente Ortega y director general de la Policía Nacional) y Roger Ramírez (quien más tarde se convertiría en jefe de la policía de Managua) solían ir a sus clubes y también recibían dinero de Polanco. En la prensa se publicaron fotografías de los funcionarios con Polanco, y sobre ellos cayeron sospechas del asesinato de este último. Los medios de comunicación también informaron que Palacios había organizado una reunión de directores de inteligencia centroamericanos en el club nocturno de Polanco.
A pesar de sus vínculos con el caso Polanco, el entonces subdirector Palacios continuó ascendiendo en las filas de la policía nicaragüense, bajo la supervisión de la entonces directora de la policía, Aminta Granera. Es dudoso el hecho de que Granera lo hubiera nombrado subdirector, a pesar de saber sobre las dudas en torno a su conducta, como le dijo a InSight Crime una fuente de la judicatura que habló bajo condición de anonimato: «Aminta lo llenó de poderes. Cuando subió a la dirección general, Palacios era jefe de inteligencia y lo promueven estando ella y lo nombran subdirector y a tener la coordinación de todas las especialidades: drogas, auxilio judicial y las económicas, entonces uno se pregunta qué pasó con Aminta. El mando en la Policía es vertical y bastaba una orden de Palacios para que cualquier acción fuese detenida».
La relación exacta entre la familia Fariñas y Palacios, así como con otros funcionarios de la policía, no está clara. Por su parte, algunos miembros de la familia Fariñas han dicho que Henry Fariñas era padrino de uno de los hijos de Palacios. Además, dijeron que la discoteca Élite había pagado la costosa remodelación de una de las mayores estaciones de policía de Managua. Según la madre de Fariñas, la relación de la familia con el alto mando de la policía se remonta a la década de los ochenta, cuando su marido, Carlos, trabajaba como mecánico en el Ministerio del Interior. Jóvenes oficiales de la policía sandinista, entre ellos Palacios, solían ir al taller, y, con el paso de los años, ascendieron en las filas de la policía.
Un mes después de las declaraciones de la familia sobre su relación con Palacios, la policía anunció que este se retiraría. La directora de la policía, Granera, negó que la salida de Palacios hubiera tenido alguna relación con el caso y dijo que él recibiría una condecoración por sus servicios. Palacios también negó públicamente que su salida hubiera estado relacionada con el caso y dijo que había solicitado su jubilación un año antes. Añadió que él no era amigo de Fariñas y que este no era padrino de ninguno de sus hijos. Pero admitió que conocía a Fariñas por un equipo de fútbol en el que ambos jugaron, y que había conocido a su padre.
«Si yo tuviera información de una actividad ilícita de una persona, por supuesto que no tendría relación con ella», dijo. «Nosotros somos gente seria».
El alto jefe policial nunca fue investigado y tampoco fue llamado como testigo al juicio.
Las preocupaciones de EE. UU. sobre Palacios
Desde antes del crimen de Cabral, Washington ya había mostrado preocupaciones sobre el subdirector de la policía. Un cable diplomático de Estados Unidos en el año 2007, difundido por WikiLeaks, menciona una fuente sandinista que describe a Palacios como «un corrupto déspota del FSLN». Otro cable de diplomáticos estadounidenses en Nicaragua se refiere a Palacios como «un hombre leal a Ortega que tiene supuestos vínculos, aún sin comprobar, con el crimen organizado y la corrupción en Nicaragua«.
Durante el juicio surgieron nuevas evidencias de los vínculos de Fariñas con la policía, cuando Guillermo Terán, distribuidor de motos Harley Davidson en Nicaragua, quien fue declarado culpable de formar parte de la red de Fariñas, testificó que Fariñas había llegado a su distribuidora en un centro comercial de Managua, en enero de 2012, escoltado por un grupo de policías.
El gerente del club nocturno Élite en Managua, y mano derecha de Fariñas, Hugo Jaén Figueroa, también testificó en el juicio, diciendo que los empleados del club eran amigos de los policías, especialmente de los del Distrito 5, y que los solían invitar a bebidas cuando iban al bar.
En el mes de junio, la familia Fariñas publicó fotos de las hermanas de Henry Fariñas (Karla y Alicia) socializando con Luis Barrantes, director de la policía estatal y ex subdirector de la policía de Managua. La familia sostenía que tenía evidencias adicionales, como fotos y videos de jefes de la policía con el costarricense Jiménez, y que la policía estaba tratando de apoderarse de estas evidencias para evitar que se volvieran públicas.
En efecto, fuentes de la Fiscalía General de Nicaragua, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que al interior de la policía había una división interna enfocada en cómo responder a las acusaciones de la familia Fariñas. Una estrategia, según una fuente de la judicatura, consistía en intentar llegar a un acuerdo: a cambio de otorgarles clemencia a otros miembros de la familia, esta no revelaría más fotos públicamente. (Sin embargo, después de que Karla Fariñas fue enjuiciada, y condenada por «falsedad ideológica», por su papel en ayudar a proporcionarle a Jiménez una identificación nicaragüense falsa, no está claro si dicho trato se llevó a cabo).
Otra estrategia, según Henry Fariñas y su familia, consistía en amenazar directamente a Fariñas. Este dijo que dicho plan fue maquinado por una estructura paralela al interior de la policía, que, según él dijo, estaba relacionada con el traficante costarricense Jiménez. Dijo además que, cuando estaba bajo custodia, lo habían torturado, e incluso dio el nombre de un comandante de la policía que lo había amenazado con una «muerte lenta».
“Los intereses son obvios”, declaró al autor en una entrevista publicada en Confidencial. “Hay un trasfondo en todo esto, me han presionado, presionan a mi familia, imagínese usted quién es el beneficiado de que yo no haya declarado en Guatemala”.
El motivo de la disputa entre Jiménez y Fariñas que condujo al asesinato de Cabral pudo también haber estado relacionado con las conexiones de Fariñas con la policía. Una fuente de alto nivel de la policía nicaragüense que habló bajo condición de anonimato le dijo a InSight Crime que Palacios había participado en un plan con Fariñas para robar cargamentos de droga de otros narcotraficantes. Según la fuente, Fariñas arreglaba la compra de las drogas, y luego le decía a la policía dónde estaban los cargamentos. La policía confiscaba las drogas para luego venderlas y repartir las ganancias con Fariñas.
No hay documentos oficiales ni testimonios que permitan sustentar esta teoría. Sin embargo, los robos de droga, o «tumbes», como se conocen en la región, son comunes en Nicaragua y constituyen una constante fuente de fricción entre los grupos criminales. La policía y otras autoridades llevan a cabo tumbes por cuenta propia o en colaboración con grupos criminales de toda Centroamérica. En el caso de Fariñas, numerosos investigadores han vinculado las fricciones entre él y Jiménez al robo de un cargamento de droga, y este alto exoficial de la policía dijo que Palacios era un socio activo en dicho plan.
Pocos días después de las afirmaciones de Fariñas acerca de una estructura paralela al interior de la policía, las autoridades arrestaron a un juez suplente del Consejo Supremo Electoral (CSE), llamado Julio César Osuna. Su nombre había aparecido en la prensa más de tres semanas antes, como el socio de un líder de Los Charros, pero la policía no lo detuvo hasta después de que las acusaciones de Fariñas se hicieron públicas. Este arresto, como se muestra a continuación, fue otro aspecto crucial de esta historia y volvió la atención pública hacia Osuna, donde permaneció hasta que el caso desapareció totalmente del discurso público.
Fariñas y un magistrado del CSE
El Consejo Supremo Electoral (CSE) es una rama del gobierno que administra los procesos electorales y expide los documentos de identificación. Ha sido blanco de fuertes críticas en los últimos años por el control que ejerce el presidente Ortega.
Dicha relación fue particularmente evidente durante las elecciones locales de 2008, cuando el CSE desempeñó un papel central para asegurar el poder de Ortega. En vísperas de las elecciones, el CSE retiró el estatus jurídico de dos partidos de la oposición y retiró al líder de otro —el que había ocupado el segundo lugar en las anteriores elecciones presidenciales—. También tomó la deplorable decisión de negar la acreditación a grupos nacionales e internacionales de observación electoral. Además de todo, el CSE retrasó las elecciones en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) debido a daños causados por un huracán, lo cual, según los críticos, hizo parte de la estratagema sandinista para evitar perder el control de la región, donde el apoyo al gobierno había disminuido debido a deficiencias en las ayudas después del huracán.
Osuna era poco conocido en Nicaragua antes de su arresto. Su hermana María Haydee Osuna es una importante figura de la política, que por mucho tiempo fue aliada del expresidente Arnoldo Alemán, quien ascendió en el Partido Liberal Constitucionalista y se convirtió en su presidente poco antes de la detención de Osuna. En el año 2001, María Haydee le consiguió a su hermano Julio César un trabajo en la división del CSE encargada de expedir los documentos de identidad y, gracias a las influencias de ella, fue elegido juez suplente en el año 2005. A pesar de estos vínculos familiares, el nombre de Osuna solo llegó a estar en la arena pública cuando él fue vinculado a un escándalo, acusado de amenazar a un contratista del CSE y dispararle. (Más adelante, dicho contratista sería un elemento clave en una investigación de El Nuevo Diario, que presentó pruebas de que el presidente del CSE, Roberto Rivas, había sido parte de un plan para malversar dineros del gobierno).
Según las autoridades, las actividades criminales de Osuna mientras estuvo en el CSE consistieron en emitir documentos de identificación falsos y lavar dinero. Osuna dirigió una red que proporcionaba documentos de identidad nicaragüense falsos a extranjeros, con la ayuda de su hermano, José, su secretaria, Carolina González, y su abogado, Jorge Acevedo. Según el expediente, este grupo buscaba en los periódicos los nombres de personas cuya identidad podría ser robada, buscando específicamente los informes de la muerte de alcohólicos o de personas con problemas mentales. Además de proporcionarle un documento de identificación a Jiménez, Osuna probablemente les expidió identificaciones a otros grupos criminales, como las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (como ocurrió con las evidencias que apuntaban a la policía, los fiscales ubicaron las conexiones entre Fariñas y los insurgentes colombianos de las FARC, pero luego las abandonaron, por razones que no son claras).
Las FARC y el FSLN han tenido una larga relación, que se manifiesta, en parte, en los casos de expedición de identificaciones falsas para los guerrilleros. En 2008, una investigación de La Prensa presentó evidencias de que un miembro de las FARC, el ciudadano colombiano Alberto Bermúdez, alias «El Cojo», había adquirido en el año 2007 un documento de identidad nicaragüense con un nombre falso, mediante un amigo en la oficina de relaciones públicas del CSE. Dicha transacción fue discutida en las comunicaciones entre líderes de las FARC que se encontraron en las computadoras del comandante guerrillero Luis Edgar Devia Silva, alias «Raúl Reyes». El presidente del CSE, Roberto Rivas, prometió adelantar investigaciones, pero nadie fue acusado en este caso.
Aun así, durante mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos ha considerado al FSLN más como un oportunista que como un ideólogo cuando se trata de las relaciones con actores ilícitos. En la década de los ochenta, el régimen Sandinista le dio refugio a Pablo Escobar luego del asesinato de un alto funcionario colombiano, y permitió el transporte de cocaína por su territorio a cambio de pagos en efectivo para el gobierno. Dicho acuerdo llegó incluso a los altos funcionarios del régimen: mediante una cámara oculta, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) obtuvo videos de Escobar con funcionarios del Ministerio del Interior cargando drogas en un avión (por lo que para los sandinistas fue difícil refutar estas afirmaciones).
Cuando WikiLeaks divulgó cables diplomáticos de Estados Unidos que contenían estas alegaciones, los sandinistas los rechazaron. El fallecido exministro del Interior, Tomás Borge, quien fue mencionado en uno de los cables por haber coordinado el envío de cargamentos de droga de Escobar, dijo que dichas afirmaciones buscaban desacreditar al partido. «Esas son informaciones que pasan embajadores que contratan personal para que pasen ese tipo de información», dijo. «Es información dirigida a hacerle daño al Frente Sandinista».
También hay información —según se afirma en otro cable de la Embajada de Estados Unidos en 2006—, en que se ha señalado al FSLN de haber utilizado ganancias de drogas incautadas para comprar jueces. Las sumas de dinero eran sustanciales: el cable menciona un caso de una incautación de US$609.000. También señala que los sandinistas aceptaron contribuciones para sus campañas de parte de narcotraficantes internacionales, a cambio de veredictos de «no culpabilidad» en los casos que involucraban a los emisarios de los traficantes. Estos casos también tocaron a los altos funcionarios del régimen: según el cable, el mediador de estos negocios era Lenin Cerna, exdirector de seguridad estatal del régimen de Ortega, a quien le fue leal por mucho tiempo. Tras la publicación de los cables, varios funcionarios y exfuncionarios del partido sandinista dijeron que los cables no tenían fundamento y que hacían parte de un intento por desacreditar el régimen.
Específicamente, con respecto a las conexiones del caso Fariñas con el CSE, es difícil establecer el alto nivel de participación del FSLN. Las autoridades nicaragüenses dicen que Osuna le consiguió un documento de identidad al traficante costarricense Jiménez, exsocio de Fariñas, quien dio la orden de asesinarlo. Pero cómo se dio el proceso de verificación del documento de identidad sigue siendo un misterio. Uno de los testigos que supuestamente confirmó la identidad de Jiménez ante la corte en el año 2008 era un pescador analfabeto que vivía en un rancho en medio del lago de Managua, el cual le dijo a los reporteros que él nunca había comparecido ante ningún tribunal. Otro testigo, Leonel Treminio Jarquin, quien aparece como el padre de Jiménez, había de hecho muerto 50 días antes de su supuesta comparecencia ante la corte, una táctica que concuerda con el ya mencionado modus operandi de Osuna y sus socios.
Sin embargo, el caso involucró a otras personas además de Osuna. Guillermo García, un juez de orientación liberal conocido de la familia Osuna, dio el visto bueno para el documento de identificación de Jiménez. Karla, la hermana de Fariñas, también aparece como testigo en el proceso del documento de identificación de Jiménez en la corte de García, pero dijo que hizo su declaración en la oficina de Osuna. García fue finalmente destituido de su cargo después de que las autoridades revelaron que había expedido un certificado de nacimiento con el nombre falso de Jiménez. Al igual que Palacios, el comandante de la policía, García no fue procesado ni tampoco testificó en el juicio.
El documento de identificación que Osuna y García le expidieron a Jiménez fue muy útil para el traficante. Los registros de aduanas muestran que utilizó su identidad falsa, «José Fernando Treminio Díaz», para entrar y salir del país 42 veces entre 2009 y 2012. En 16 de esas ocasiones llegó por el aeropuerto internacional de Managua.
Las actividades de lavado de dinero de Osuna son también reseñadas en el expediente. Las autoridades dicen que Osuna viajaba a Costa Rica dos veces al mes y que le entregó al menos US$700.000 en efectivo a un panameño que hacía parte de la organización de Fariñas. Durante la investigación, un funcionario de fronteras en la oficina de migración de Peñas Blancas identificó a Osuna y dijo que el magistrado viajaba con un hombre conocido como «Don José» —identificado más tarde por la policía como el narcotraficante José Reyes Gamboa, alias «Chaperón»—. Osuna y su chofer Francisco Somarriba organizaban el viaje. Los dos se reunían a menudo en Guanacaste —la misma plaza comercial en la que se encontraba el almacén de motos de Guillermo Terán— antes de partir hacia el sur para hacer la entrega. Somarriba también fue declarado culpable.
Osuna tuvo estrechos vínculos con otros narcotraficantes además de Fariñas y Jiménez. El magistrado suplente era amigo cercano de Chaperón y socio de la esposa de este, Angélica Leticia Sánchez, en una empresa llamada Yihad S.A., a través de la cual el grupo de Fariñas lavaba dinero. Las autoridades descubrieron que Osuna y Sánchez tenían una cuenta de ahorros en compañía, en la que tenían unos US$27.000. Osuna también era socio de dos miembros de Los Charros, David Patrón Arce y Manuel de Jesús Herrera, en una empresa llamada América Central, América del Norte Importaciones y Exportaciones S.A.
A pesar de estas posibles alianzas con otros operadores de las élites, los fiscales y la policía presentaron a Osuna como un lobo solitario y no investigaron otras pistas en torno al CSE. El día después del arresto de Osuna, el presidente del CSE, Roberto Rivas, y otros altos funcionarios de la institución tomaron distancia del magistrado, diciendo en una conferencia de prensa: «Nosotros no tenemos por qué estar metidos en un problema que no es nuestro. Si la policía tomó por sorpresa a un magistrado suplente, es un problema del magistrado suplente, no es un problema nuestro».
Por su parte, Aminta Granera, la directora de la Policía Nacional de Nicaragua, afirmó días después que la red criminal de Osuna fue un caso aislado y que «el crimen organizado va a seguir luchando por penetrar una base social y las instituciones, pero yo no diría que ha penetrado las instituciones de Nicaragua. Creo que los que se han dado son casos aislados».
Pero las evidencias permiten suponer que Osuna necesitó tener algunos cómplices por fuera de su oficina en el CSE con el fin de poder operar tales sofisticados esquemas por tanto tiempo. Él y su conductor hicieron varios viajes a Costa Rica en un vehículo oficial del CSE, y dichos viajes fueron autorizados. En al menos un caso, los investigadores encontraron un documento en el que el mismo Rivas, ahora ya fuera de la institución, autorizó que el vehículo del CSE saliera del país (entre los papeles de Osuna, los investigadores encontraron el documento, fechado el 16 de septiembre de 2009, en el que Roberto Rivas autorizó que el vehículo Toyota Prado saliera de Nicaragua).
Rivas tenía conexiones con los más altos niveles del régimen sandinista, y está entre los que permanecieron en sus cargos después de que terminó su mandato, gracias a un decreto presidencial del año 2010. Además, ha enfrentado acusaciones de corrupción. La prensa lo ha analizado durante años, en parte por lo que los medios de comunicación caracterizan como su riqueza inexplicable. El presidente del CSE era además un protegido del cardenal Miguel Obando, un aliado clave de Ortega hasta su fallecimiento. Estas conexiones permiten explicar cómo Rivas ha evadido las investigaciones.
Hay más razones para sospechar de teorías de conspiración por el hecho de que Osuna fue detenido antes de ser despojado de su inmunidad. En circunstancias normales, el Congreso habría celebrado una audiencia pública para considerar quitarle su inmunidad. Dicha audiencia hubiera abierto la posibilidad de que Osuna diera su versión de los hechos.
Otros críticos de la investigación sobre el CSE van más allá. «Pareciera muy probable que estén más personas involucradas dentro del CSE», dijo en su momento Rosa Marina Zelaya, expresidenta del CSE.
Fariñas y el ‘operador’ del régimen de Ortega
El círculo de negocios de Fariñas incluía personajes de las élites económicas. Estas élites están conectadas a los más altos niveles políticos y, en un caso, estuvieron involucradas en acuerdos entre entidades privadas. Además, dicha red está sorprendentemente cercana al presidente Ortega, y ello se suma a la intriga que rodea el caso.
Fariñas construyó su red económica alrededor de sus negocios lícitos, especialmente en torno al club nocturno Élite y sus actividades de promoción de conciertos. Según la fiscalía nicaragüense, dicho club estuvo íntimamente implicado en las actividades de la red ilegal de Fariñas. Por ejemplo, el estadounidense Gerald James Shackelford, propietario de Élite y radicado en Panamá, fue nombrado en la misma acusación que Fariñas y acusado de crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de drogas. El juez del caso le ordenó a la policía que intentara arrestar a Shackelford a través de Interpol. Sin embargo, el diario panameño La Estrella informó en abril de 2012 que no había ningún proceso legal ni ninguna orden de captura contra él en ese país, y las autoridades nicaragüenses retiraron los cargos dos años más tarde, en mayo de 2014, por razones que se desconocen.
En Nicaragua, en los círculos de Fariñas participaba Walter Zavala, el difunto presidente del Riding Club, de Nicaragua. Después del ataque en la ciudad de Guatemala en el que murió Cabral y Fariñas quedó herido, Zavala defendió a Fariñas y dijo que no estaba involucrado en ningún crimen. La policía detuvo más tarde al hermano de Fariñas, Pedro, el presunto segundo al mando de la red, en la casa de Zavala.
La conexión más prominente de Fariñas con las élites de ese país fue con José María Enríquez Moncada. Descrito a menudo en la prensa como un «operador» de Ortega, Enríquez Moncada trabajó alguna vez para una compañía de electrodomésticos llamada Comercializadora Panamericana S.A. (Copasa) y fue el director de un equipo de béisbol de Managua, Los Indios del Boer. En 2009, una empresa de telecomunicaciones rusa, Yota —de la cual Enríquez Moncada era un socio local—, ganó un contrato del gobierno para ofrecer servicios de banda ancha en Nicaragua. Hubo sospechas de que el proceso de licitación fue manipulado, dado que se sabía que el otro socio nicaragüense de Yota, José Mojica Mejía, era empleado de los Ortega y socio cercano de la familia.
El negocio de Yota fue uno de los tantos que tuvieron Enrique Moncada y Mojica. Ambos estuvieron vinculados al imperio de negocios de Ortega mediante un acuerdo que involucró a la mayor gasolinera del país, la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP). El grupo económico venezolano financiado por el régimen de Ortega, Albanisa, le compró DNP al consorcio suizo Glencore en el año 2009, y el gobierno dijo que estaría dirigida por la gasolinera estatal Petronic. Sin embargo, una investigación de La Prensa en el año 2012 reveló que Albanisa había transferido sus acciones a Enríquez Moncada y Mojica, quien a su vez había formalmente delegado el poder sobre la empresa a Yadira Leets Marín, nuera de Ortega. En efecto, se alegaba que ambos actuaban como testaferros, permitiendo que la familia del presidente controlara a DNP tras bambalinas.
Enríquez Moncada y Mojica también aparecen como representantes legales de estaciones de televisión a cargo de los hijos de Ortega. Enríquez Moncada figura como el representante de Celeste, la compañía que administra Canal 13, dirigida por tres hijos de Ortega: Luciana, Camila y Maurice. Mojica es el representante de la Televisora Nicaragüense, la compañía que administra Canal 8, dirigida por el hijo de Ortega, Juan Carlos, que se cree que fue adquirida por la familia con dineros del petróleo venezolano.
Según los investigadores, los vínculos de Enríquez Moncada con Fariñas fueron directos y abundantes. La Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) descubrió que Enríquez Moncada había participado en la creación de 7 de las 15 empresas a través de las cuales el grupo de Fariñas lavó US$39,9 millones entre 2005 y 2012. Enríquez Moncada fue el abogado que supervisó la creación de cinco de las empresas. Era socio de otra, llamada Servicios Profesionales (Sepro), y aparece como signatario alterno de dos cuentas bancarias en otra, Multiservicios Integrales. Estas dos empresas fueron creadas con la ayuda de la abogada de Enríquez Moncada, Reyna Anais Socorro Araica, quien también supervisó la transferencia de DNP a la nuera de Ortega. Según datos obtenidos de la policía, Multiservicios Integrales registró movimientos por US$2.154.752 en el Banco de Finanzas (BDF).
CUADRO
Después de que se supo, en mayo de 2012, que Enríquez Moncada había sido el representante legal en la creación de J&E Entertainment, la entidad legal que administraba a Élite, Enríquez Moncada negó cualquier vínculo con el promotor de la discoteca y le dio a la prensa comentarios despectivos sobre Fariñas: «No tengo nada que ver con ese rollo», dijo, como señaló Confidencial. Enríquez Moncada dijo que había hecho el trabajo legal en J&E Entertainment a nombre de Guillermo Terán.
Terán, un descendiente de una de las familias que en los años noventa era uno de los grupos empresariales más importantes del país, tenía un concesionario de Harley Davidson en Managua y testificó acerca de los contactos de Fariñas con la policía. Fue acusado de haber jugado un papel clave en la red de Fariñas y condenado a seis años de prisión por crimen organizado —pero fue absuelto de lavado de dinero y tráfico de drogas—. Empezó a cumplir su sentencia bajo arresto domiciliario, debido a problemas de salud, pero fue liberado varios meses más tarde, después de una apelación.
Y así como las autoridades no lograron llevar la investigación hasta los vínculos de Fariñas con la policía y la comisión electoral, tampoco investigaron el papel de Enríquez Moncada en la red criminal. La jueza Adela Cardoza, una fiel militante del FSLN, rechazó una petición del abogado de Fariñas para que Enríquez Moncada fuera llamado a testificar en el caso, y señaló que era responsabilidad de la Fiscalía General decidir si levantaba cargos contra Enríquez Moncada.
En septiembre de 2012, Henry Fariñas fue declarado culpable de lavado de dinero, tráfico de drogas y crimen organizado. Fue condenado inicialmente a 30 años de prisión, aunque la sentencia fue reducida más adelante a 18 años, después de una apelación. De los 24 acusados en el caso de Fariñas, 23 fueron declarados culpables, entre ellos Osuna. Solo un miembro del grupo, William Vargas Conrado, gerente de Élite, fue declarado no culpable. Muchos otros —como hemos visto— ni siquiera fueron interrogados.
Conclusiones – Control desde arriba
Nicaragua ha sido señalada como un refugio para la corrupción y la violencia del narcotráfico que afecta a otras partes de Centroamérica. La muerte del folclorista argentino Facundo Cabral expuso más esa imagen, dando pie a una investigación que, al menos en parte, permitió revelar los fuertes vínculos entre las élites y el crimen organizado. Aún más, las evidencias examinadas en este estudio de caso permiten suponer que, así como el FSLN como partido gobernante ha puesto todas las ramas del poder en Nicaragua bajo su control, también puede controlar el crimen organizado.
En esencia, la investigación en torno a Fariñas indica que los operadores del hampa en Nicaragua pueden estar dentro del mismo gobierno. En el caso de Fariñas, ello incluye las altas esferas de la policía, una parte clave de la élite burocrática en Nicaragua. Aunque el gobierno nicaragüense lo encubrió, la relación de Palacios y Enríquez con la red de Fariñas era estrecha y puede haber ido más allá de simplemente encubrir sus actividades y cobrar pagos para el grupo. De hecho, al menos un expolicía dijo que Palacios administraba el esquema de tumbe, como el que condujo al asesinato de Facundo Cabral.
La forma en que las autoridades judiciales manejaron la información con respecto a las acusaciones en el caso también plantea la posibilidad de que haya encubrimientos en los más altos niveles, y muestra el estado operativo de la rama judicial del gobierno. En primer lugar, las autoridades no arrestaron a Fariñas cuando él regresó a Nicaragua tras el asesinato de Cabral. Y por otro lado, se eliminó la información y se ignoraron los posibles testigos. La más evidente omisión consistió en no llamar a Palacios y a Enríquez a testificar.
Los comisionados de policía de alto nivel consultados para este informe dijeron que los intentos del gobierno por controlar el flujo de información fueron un esfuerzo directo de la administración Ortega para evitar que la colusión entre los traficantes y los altos funcionarios públicos se hiciera del dominio público. Hasta antes del levantamiento ciudadano de abril de 2018, la policía seguía siendo un medio muy importante de recopilación y mantenimiento de capital social en el país, y empañar su reputación podía tener enormes implicaciones.
Por su parte, Aminta Granera, la exdirectora de la policía, no se pronunció mucho sobre el caso de Fariñas hasta junio de 2012. En una entrevista con InSight Crime en Washington DC, Granera confirmó que Palacios y otros de sus funcionarios de mayor confianza tenían vínculos con Fariñas, el hombre acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero. La exdirectora de la policía dijo que Fariñas había patrocinado a la selección de fútbol de la policía y que sus hermanas habían salido con varios oficiales, pero negó que ello significara que la policía estaba implicada en las actividades criminales de Fariñas.
«Hay otros jefes de policías que visitaban el club Élite como lo visitaban empresarios nicaragüenses, como lo visitaban editores de medios de comunicación. Lo visitaban funcionarios del gobierno, del Ejército», dijo. «¿Solo porque vas al Club Élite significa que eres un criminal que trabaja con Henry Fariñas?», preguntó ella. «No necesariamente».
Los comentarios de Granera resonaron por toda Nicaragua, mientras la ciudadanía trataba de entender el caso. En un lado estaba Fariñas, un supuesto traficante y blanqueador de dinero, que junto con su familia hacía duras acusaciones sobre corrupción y colusión de la policía. Y en el otro lado estaban las autoridades policiales y judiciales, que al parecer intentaban desviar la atención pública de estas acusaciones. En gran parte, el régimen de Ortega lo logró: el caso de Osuna hizo que la atención se desviara de Palacios y de la policía. Las acusaciones de Fariñas y su familia se debilitaron, el caso dejó de resonar y prácticamente la gente lo olvidó.
El régimen de Ortega también impidió una investigación más profunda sobre Palacios y el magistrado Guillermo García, quienes abandonaron sus puestos, pero no enfrentaron cargos criminales ni interrogatorios. La investigación se interrumpió cuando tocó a un abogado que tenía vínculos estrechos con el presidente: José María Enríquez Moncada. Nunca se estableció si el problema de Osuna se limitó al personal que laboraba para él, o si también estuvieron involucrados otros magistrados. Ni Enríquez Moncada, ni Rivas, ni García fueron llamados a declarar en el juicio de Fariñas. Como resultado, el proceso dejó muchas preguntas sin respuesta, incluyendo el tema de la profundidad de los vínculos de Fariñas con la policía, el grado de corrupción en el Consejo Supremo Electoral y el papel que desempeñó el socio de Ortega, Enríquez Moncada, para establecer el esquema de lavado de dinero de Fariñas.
Al final, la lección parece ser que en Nicaragua —donde el presidente controla la policía y el sistema de justicia y donde no hay ninguna oposición política efectiva— el partido gobernante puede impedir las investigaciones en torno a miembros de la élite acusados de tratos con el crimen organizado. Parte de este control surge de la naturaleza centralizada del régimen de Ortega. Este régimen puede garantizar la impunidad para sus aliados gracias a su control sobre todas las instituciones del Estado, en particular la policía y los tribunales. El sistema centralizado tiene la capacidad de cooptar incluso a sus críticos acérrimos.
El resultado del control del sandinismo sobre los tribunales es que la justicia funciona regularmente cuando se trata de los ciudadanos del común, mientras que los intereses del FSLN entran en juego en casos que involucran intereses económicos o políticos sensibles, como lo señalaron los expertos consultados para este informe. «Los poderes fácticos determinan qué podés ser «, dijo Roberto Courtney de Ética y Transparencia, el capítulo nicaragüense de Transparencia Internacional. «Las cortes están allí para los roba-gallinas y para los que no tienen padrino. Si no estás robando gallinas y tenés padrino, las cortes pueden o no estar ahí para procesar tus fechorías. Son cosas típicas en el mundo. La igualdad ante la ley es de los primeros principios que se vulneran».
Las revelaciones en el caso de Fariñas también presentan una paradoja con respecto a la violencia. Las tasas de homicidio de Nicaragua han diferenciado al país de sus vecinos. Pero parte de este logro, según se desprende del caso Fariñas, puede también estar relacionado con el control vertical de la violencia desde el ejecutor más poderoso de Nicaragua: el Estado. Los grupos del crimen organizado que tienen un control absoluto suelen ejercer menos violencia en ese territorio, dado que la violencia es contraproducente para sus negocios y porque pueden obtener el apoyo de la comunidad si mantienen bajos niveles de delincuencia. Lo mismo podría decirse de cualquier gobierno. Y en el caso de Nicaragua, la violencia es contraproducente para el negocio más grande de todos: el negocio de gobernar.
En otras palabras, la red criminal descubierta en el caso Fariñas demuestra que la violencia relacionada con la actividad criminal transnacional puede estar controlada por medios más infames. Específicamente, las relaciones entre los comandantes de policía de alto rango y una importante red de tráfico indican que esta relativa tranquilidad se puede deber no solo a una efectiva función de las fuerzas de seguridad, sino también a algún tipo de arreglo, es decir, mantener un bajo nivel de violencia a cambio de la tolerancia oficial de las actividades de narcotráfico o de ejercer algún papel en esas actividades.
Es difícil determinar de qué manera esto podría funcionar en la práctica, pero el caso Fariñas ofrece al menos una posibilidad tentadora: un comandante de la policía se alía con un narcotraficante para concertar una incautación, que es en realidad un robo que se transforma en beneficios para las diferentes partes involucradas. El interés del gobierno por ocultar los hechos de este y otros casos demuestra que tiene una alta tolerancia ante la corrupción policial, como dijeron los agentes de la policía consultados para este informe.
Por su puesto, este alto nivel de tolerancia se da a cambio de mantener la violencia en niveles bajos. Este quid pro quo se remonta al menos a la administración de Edwin Cordero, predecesor de Aminta Granera, durante cuya gestión se presentaron varios escándalos, incluyendo el caso Polanco, que fue ilustrativo de su mandato. El caso de Fariñas, al parecer, es el Polanco de Granera. Al menos para uno de los funcionarios, aunque quizá los dos comandantes de la policía tenían motivaciones diferentes, ambos siguieron el protocolo establecido por la élite burocrática del partido Sandinista y de su propia institución.
En ambos casos, los comandantes de la policía han seguido el ejemplo de sus superiores. Como señala Courtney, el carácter centralizado del Estado así lo exige. «Uno puede decir que esto tan sistémico e histórico solo puede ser así si es del agrado y conveniencia de los que manejan el país», dijo.
En síntesis, este caso demuestra que la extrema centralización del poder en Nicaragua puede facilitar la formación de vínculos entre actores del crimen organizado y grupos de élite que están cerca del centro del poder y quizá cuentan con la protección de las autoridades judiciales. En un sistema tan centralizado, los vínculos entre los grupos de élite y el crimen organizado deben ser en cierta medida aprobados en los niveles más altos del poder. En esta situación, una baja tasa de violencia puede indicar no la ausencia de vínculos entre las élites y los criminales, sino más bien la naturaleza profundamente establecida e institucionalizada de estos vínculos. Un gobierno fuerte y con pocos controles sobre su autoridad, que tiene un estricto control sobre las instituciones de gobierno, puede controlar el crimen organizado manejando la criminalidad por su propia cuenta.
*Este informe fue elaborado entre InSight Crime y Expediente Abierto y contó con la colaboración de periodistas nicaragüenses que, por la situación que pasa ese país, solicitaron que sus nombres fueran omitidos. El informe fue coordinado por Javier Meléndez. Steven Dudley y Hannah Stone contribuyeron también al reportaje y la edición.