La instalación de una torre de radar en la Isla del Coco de Costa Rica anunciaba una nueva era para controlar la pesca ilegal en una de las regiones oceánicas más biodiversas del mundo.
Ricas en peces de arrecife, atún y otras codiciadas especies, las aguas de la isla han sido por años blanco de pescadores ilegales.
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El “radar fue una manera de decir que hasta aquí llega el control y protección del país”, declaró la abogada ambientalista Haydée Rodríguez, exviceministra de aguas y mares de Costa Rica entre 2018 y 2021, en conversación con InSight Crime.
La torre de radar debía ser la primera de 11, para formar una red de vigilancia como no se había visto en Latinoamérica. Hoy se erige sola, un faro de las dificultades que enfrentan los países pequeños para emplear nuevas tecnologías de vigilancia en sus extensas aguas.
Ascenso y caída del sistema de radares en Costa Rica
El sistema de radares se propuso por primera vez en un estudio de 2012 sobre estrategias de control para proteger el territorio marítimo de Costa Rica, 11 veces mayor que el área terrestre del país. La Isla del Coco, a unos 550 kilómetros de la costa Pacífica, era el punto ideal para exhibir el primer proyecto de radar, con un costo de unos US$3,4 millones.
Declarado patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO, el Parque Nacional Isla del Coco contiene selvas tropicales, arrecifes coralinos, cascadas y montañas verdes. Sus aguas, con una abundancia de peces, rayas, tortugas y tiburones, incluidos los tiburones tigre y los tiburones martillo, se han comparado con un Parque Jurásico submarino.
La construcción de la torre se inició en 2015. Un video promocional muestra los rigores de la construcción de la torre de 100 pies en la parte más elevada de a isla. Los suministros y obreros llegan por barco. Las poleas y manivelas arrastran los materiales por la mitad de la selva.
Un sistema hidroeléctrico y un cuarto de control, llenos de paneles solares y telecomunicación satelital, se construyeron para mantener el radar en funcionamiento y ofrecer capacidad de monitoreo permanente.
“En esa época, era el Ferrari de los radares”, señaló Mónica Gamboa, de la organización conservacionista Costa Rica por Siempre, en entrevista con InSight Crime.
Poco después de la implementación del radar en 2017, Oswaldo Rosero, especialista en control y vigilancia marítima, observó una reducción radical de la pesca ilegal.
“Fue casi mágico. De inmediato los barcos comenzaron a respetar los límites de la zona, porque sabían que íbamos a verlos”, dijo Rosero a InSight Crime.
Pero cuando la oceanógrafa Sylvia Earle visitó la estación de guardaparques en la Isla del Coco en mayo de 2017, oyó las primeras inquietudes.
“Estamos viendo muchos barcos pesqueros ilegales”, le comentó un guardaparques, según una bitácora de viaje que publicó su organización Mission Blue sobre el viaje. Pero sin barcos patrulla o gasolina, “solo los vemos y no podemos hacer nada”, decía.
El mantenimiento y la reparación del radar también eran difíciles. Las instituciones a cargo de mantenerlo en funcionamiento no tenían las capacidades logísticas para hacer seguimiento a un sistema de tecnología tan avanzada, señaló Gamboa.
Cuando la crisis de la deuda golpeó al país en 2017, las otras torres planeadas quedaron en el limbo.
“Fue una herramienta muy útil”, concluyó Gamboa. “Pero al final del día, era una herramienta sin todo lo demás que se requería, y no daría los resultados que podía dar”.
Los desafíos que enfrenta Costa Rica
La pesca ilegal sigue siendo una amenaza creciente e importante para la vida marina en la isla del Coco. Un informe publicado por la organización no gubernamental Amigos Isla del Coco (Faico) halló que los decomisos de pesca ilegal, la interceptación de barcos y los procesos abiertos eran mínimos.
Damián Martínez, director de conservación en la Federación Costarricense de Pesca (Fecop), comentó que las instituciones judiciales carecen de la capacidad y el conocimiento para investigar y procesar los barcos infractores.
“Hay mucha impunidad”, le comentó a InSight Crime.
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A finales del año pasado, un informe de Global Marine Commodities llamó la atención sobre la inacción del gobierno para proteger los tiburones, atunes, peces espada y otras especies de aguas profundas, a pesar de haber presentado un plan para hacerlo.
La extracción de aletas de tiburones sigue presentándose en Costa Rica, gracias a la no implementación de las leyes, señaló el informe. En 2021, el país centroamericano tuvo el cuatro por ciento del total de exportaciones mundiales de aletas de tiburón, según la base de datos de comercio internacional Abrams.
Una segunda oportunidad para los radares
No se sabe si el radar sigue funcionando, pero entre tanto el refugio marino alrededor de la isla se ha extendido a 159.500 kilómetros cuadrados de océano, tres veces el área de Costa Rica continental.
Tras las duras lecciones, vuelve a contemplarse el radar para proteger las reservas marinas del país, pero con la conciencia de que debe estar enmarcado en una estrategia integral y rentable.
Gamboa señaló que Costa Rica ha sido considerado líder mundial en iniciativas conservacionistas, y advirtió que eso debe aplicarse también a los océanos.
*Michelle Soto contribuyó a la investigación y realizó entrevistas para este artículo.
Este informe hace parte de la primera entrega de una investigación de nueve capítulos sobre la pesca INDNR, desarrollada en conjunto con el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University. La segunda entrega, “El saqueo de los océanos: la pesca ilegal en los mares de Suramérica”, se puede ver aquí.
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