La extorsión en El Salvador no perdona ni a hombres ni a mujeres. Pero las mujeres sufren de una forma de extorsión más insidiosa basada en la amenaza de la violencia sexual, que difumina las líneas entre la extorsión, la esclavitud y la trata de personas.
María* tenía 23 años la primera vez que buscó, en 2010, al jefe de la pandilla de su barrio como último recurso contra la extorsión.
“El padre de su hijo perdió su empleo, así que ya no podían pagar la extorsión, la cuota diaria que había que pagar para vivir en la zona”, relató Celia Medrano, jefa de operaciones de Cristosal, organización sin ánimo de lucro de defensa de los derechos humanos.
*Este artículo hace parte de una investigación sobre varios tipos de extorsión en Centroamérica, realizada por InSight Crime en conjunto con The Global Initiative. Vea la serie completa aquí.
“La pandilla empezó a amenazarla con matar a su compañero, entonces esta bella joven con un pequeño de 18 meses fue a quejarse ante la autoridad local: el jefe de la pandilla”.
En una decisión sorpresiva, el jefe de la pandilla se mostró comprensivo. Pero lo que empezó como un respiro de la extorsión hasta que su esposo se recuperara se convirtió en una pesadilla de explotación sexual que se prolongó durante años.
“Después de un tiempo, el jefe se apareció en la casa exigiéndole que lavara su ropa, y poco a poco empezó a quedarse allá, y eventualmente se mudó a la casa. El compañero tuvo que irse, María tuvo que quedarse con su hijo y su madre, y él [el jefe de la pandilla] tomó su lugar como dueño de la casa y como su ‘esposo’”, dice Medrano, al describir el caso que Cristosal presentó ante la Corte Suprema de El Salvador.
María soportaría casi tres años abuso físico y sexual. Dos veces logró escapar. Dos veces la pandilla le siguió la pista y la obligó a regresar amenazando con hacerles daño a su hijo y a su madre.
Violencia sexual: la amenaza
Una gran mayoría de víctimas de extorsión en El Salvador son hombres, pero las mujeres de ningún modo se libran. Algunos estimativos indican que hasta el 85 por ciento de los hogares salvadoreños son de madres solteras, lo que indica que la carga económica de la llamada “renta” (extorsión sistemática por residir en territorio de pandillas) es, en la gran mayoría de los casos, asumida por mujeres.
Pero además de este perjuicio económico, las mujeres también son sometidas a la violencia de naturaleza sexual, tanto en el marco de la extorsión como en otros aspectos, pues las pandillas han llegado a explotar la amenaza y uso de la violencia sexual como instrumento en su lucha por el control territorial.
“Los cuerpos femeninos se han convertido en campo de batalla”, afirmó Miriam Bandes, responsable del programa ONU Mujeres en El Salvador, quien recuerda que las pandillas atacan a mujeres relacionadas con pandillas rivales, bien sea como miembros directos o, con mayor frecuencia, como parejas.
Bajo la amenaza permanente de la violencia sexual, se dice que las mujeres en barrios controlados por pandillas adaptan su comportamiento para mitigar el riesgo. La evidencia indica que las mujeres modifican su conducta diaria, desde minimizar su presencia en el transporte público y los espacios comunitarios, hasta quedar embarazadas a propósito para evitar que un pandillero las reclame, o adelantándose a lo que consideran inevitable, buscando una relación estable con un pandillero de mayor rango.
Bandes asegura que es común que las pandillas amenacen con violar a la hija de una víctima de extorsión, por ejemplo, para garantizar que se entregue un pago. Y el temor a la violación ha motivado una amplia variedad de tipos de extorsión en los que la amenaza es la violencia es sexual. El pago puede variar desde ofrecer aseo de la casa o servicios de cuidado de niños hasta cobrar dinero de extorsiones de otras víctimas o esconder las ganancias.
Todos los expertos consultados por InSight Crime —incluyendo agentes de policía y funcionarios judiciales— coincidieron en afirmar que la naturaleza forzada de la participación de muchas mujeres en actividades criminales en pandillas debe tenerse en cuenta en los procesos judiciales. Pero la realidad no refleja esto, pues los castigos no se adaptan a mujeres que han sido coercionadas para cometer delitos o ser cómplices de ellos. En lugar de eso, las autoridades pueden haber comenzado a perseguir especialmente a sospechosas en su afán de desvertebrar estructuras extorsivas.
El padecimiento de María continuó, esta vez a manos del estado. La primera vez que acudió a las autoridades en 2016, con ayuda de Cristosal, la fiscalía general de El Salvador consideró que María era una criminal arrepentida en lugar de una víctima.
“Como ella había pasado tres años inmersa en la estructura criminal, le dijeron que solo podrían ayudarla si aceptaba declarar bajo la figura de una negociación de pena. Y comenzaron a interrogarla para que entregara toda la información que tenía sobre los pandilleros en la zona”, explica Medrano.
Coercionadas por todos los lados, las mujeres tienen pocos recursos institucionales a su alcance. El Salvador ha creado centros oficiales llamados ciudad mujer, que agrupan servicios desde presentación de una denuncia oficial ante la policía hasta servicios financieros y atención médica. Pero el representante de la ONU dijo que los recursos son demasiado limitados y que la coordinación interinstitucional también es débil para tener un impacto real.
El problema también suele estar profundamente arraigado en mentalidades ultraconservadoras en la raíz. Las trabajadoras sexuales, por ejemplo, extorsionadas financiera y sexualmente por las pandillas y por elementos de las fuerzas de seguridad por igual, contaron a InSight Crime que por lo general se les negaba el acceso a esos centros de atención por el estigma de su trabajo.
Violencia sexual: el pago
Aunque la violencia sexual constituye una amenaza potente y efectiva en un esquema extorsivo, también constituye el pago obligado, como en el caso de María. Y su padecimiento no es una historia aislada. Medrano comentó que Cristosal actualmente lleva el proceso de otros cuatro casos similares, denominados “los casos de las novias”.
“El problema aquí es cómo, cuando no puede pagarse la extorsión [monetaria], comienzan negociaciones para ver qué otras obligaciones pueden pagarse. Y desde nuestra perspectiva, eso configura trata [de personas]”, sostuvo Medrano.
El término “extorsión sexual” no tiene ningún peso legal, confirmó un juez salvadoreño que lleva años manejando casos de extorsión. Pero sirve para describir una situación en la que se obliga a una persona a actuar de una forma que va en detrimento de su integridad sexual.
La noción también viene a la mente cuando se consideran denuncias anteriores, en 2010, de que Barrio 18 había amenazado a los padres para que entregaran a sus hijas menores, quienes eran llevadas a prisiones donde eran explotadas sexualmente por jefes de las pandillas por cierto tiempo antes de devolverlas a sus hogares. El escándalo que rodeó la revelación de estos crímenes llevó al entonces ministro de gobernación Carlos Menocal a restringir las visitas de menores de edad a las prisiones.
Casos como el de María o el rapto de niñas puede pasar al ámbito criminal de la esclavitud y la trata de personas, en especial desde una perspectiva judicial. El caso de María, por lo tanto, fue llevado por Cristosal ante la Corte Suprema como un caso de trata de personas, aunque la fiscalía general de El Salvador lo presentó como un caso de agresión sexual y secuestro. Pero representan dolorosos recordatorios de que la extorsión puede revestir un carácter más insidioso al infligirse a mujeres.
*Se cambió el nombre de la víctima para proteger su identidad.
*Este artículo hace parte de una investigación sobre varios tipos de extorsión en Centroamérica, realizada por InSight Crime en conjunto con The Global Initiative. Vea la serie completa aquí.
Crédito fotografía: AP
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