Homicidios en Guatemala: Análisis de los datos

En la última década, los homicidios en Guatemala han seguido un patrón constante. Ciudad de Guatemala y algunos de sus municipios circundantes registran el mayor número de homicidios. Otros departamentos, particularmente los que están ubicados en la frontera este, tienen las tasas de homicidio más altas. Entre ellos están los departamentos de Escuintla, Zacapa y Chiquimula. El departamento norteño de Petén, que abarca casi un tercio del territorio del país, habitualmente registra algunas de las mayores tasas de homicidio.^[1]

Hay varias explicaciones para esta distribución de los homicidios, pero no hay ningún consenso, y se dispone de pocos estudios sistemáticos para sustentar estas teorías. La primera teoría es que el narcotráfico se encuentra en el centro de la violencia en estas áreas. Un conocido estudio del Banco Mundial sobre la violencia en Centroamérica^[2] cita un documento inédito de Cuevas y Demombynes.^[3] Estos investigadores utilizaron un modelo econométrico sobre los niveles de delincuencia basado en las incautaciones de drogas; los factores demográficos que contribuyen a la violencia (gran población de jóvenes y de hogares de madres solteras); una clasificación de las áreas dependiendo de si fueron zonas de conflicto durante las guerras civiles, y datos socioeconómicos. Los autores descubrieron que el narcotráfico era el más importante de estos indicadores.

«Dentro de un país, al comparar con otros factores, las zonas de alta actividad de narcotráfico tienen tasas de asesinatos de más del doble con respecto a las zonas donde hay baja intensidad de narcotráfico», dice el informe del Banco Mundial. «Por ejemplo, un aumento del 10 por ciento en los hogares donde la mujer es cabeza de familia conduciría a un aumento del 1 por ciento en la tasa de homicidios. Del mismo modo, un aumento del 10 por ciento en la población comprendida entre los 15 y los 34 años daría lugar a un aumento de cerca del 9 por ciento en la tasa de homicidios. Por otro lado, un aumento lo suficientemente grande en el tráfico de estupefacientes como para llevar a que un área se convierta una zona de mucho narcotráfico produciría un aumento del 111 por ciento en la tasa de homicidios».^[4]

Sin embargo, el indicador utilizado para determinar dichas zonas de alta actividad de narcotráfico es cuestionable. En primer lugar, en todo Guatemala sólo se realiza un pequeño número de incautaciones de drogas. En 2015, por ejemplo, el gobierno de Guatemala incautó 7,25 toneladas, un número relativamente alto en este país, en comparación con años anteriores.^[5] No obstante, el gobierno de Estados Unidos cree que por Guatemala pasan cientos de toneladas de droga; y las autoridades guatemaltecas consideran que estas drogas se trafican a través de varios corredores donde se encuentran algunas de las áreas más violentas y algunas de las menos violentas.

Aún más, como Juan Carlos Garzón señala en un reciente estudio del Instituto Igarapé y la Fundación Ideas para la Paz, el indicador de las incautaciones de drogas nos llevaría
a suponer que Panamá y Costa Rica deben ser los países más violentos de Centroamérica, cuando en realidad son los menos violentos.^[6] Además, como dice Garzón, las organizaciones criminales pueden regular la violencia de la misma manera que la pueden causar.^[7] Un buen ejemplo de ello es Huehuetenango, uno de los departamentos menos violentos de Guatemala. InSight Crime ha hecho investigaciones sobre el principal grupo narcotraficante de la zona, conocido como Los Huistas.^[8] Éstos se esfuerzan por controlar los niveles de violencia en su zona de influencia, con el fin de ganarse la simpatía de las comunidades locales y para evitar llamar la atención de las autoridades.

En resumen, la actividad del narcotráfico no se limita a la parte oriental del país, donde tradicionalmente se concentra la violencia; entonces, ¿cómo podemos explicar los bajos niveles de violencia en la parte occidental del país? No es posible. Si bien existen teorías que señalan que las tierras altas occidentales, más «indígenas», son menos propensas a la violencia que los departamentos del este, más «ladinos»,^[9] estas teorías apenas están surgiendo y no son objeto del presente estudio.^[10]

La segunda teoría es que las pandillas callejeras son responsables de gran parte del aumento en las tasas de homicidio. Esto puede ser cierto en lugares como Ciudad de Guatemala y sus alrededores. Hay una percepción generalizada de que las pandillas y su depredadora economía criminal, como la extorsión, son motores claves de la violencia. Las encuestas de victimización parecen apoyar esta teoría.

Sin embargo, las pandillas de Guatemala siguen siendo un fenómeno muy urbano. La diferencia de percepción, por ejemplo, fue evidente en un reciente estudio realizado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. La encuesta —realizada en los departamentos de Guatemala, Petén, Quetzaltenango, San Marcos y Chiquimula— descubrió que al 40 por ciento de los encuestados en Guatemala les preocupaba bastante la extorsión, en comparación con sólo el 13 por ciento en otras áreas.^[11]

Se debe señalar, sin embargo, que las encuestas de victimización también suelen ser engañosas. Un estudio sobre la violencia en Guatemala realizado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) desde diciembre de 2007 demostró que las percepciones acerca de quién era el responsable de la inseguridad en los barrios de Ciudad de Guatemala cambiaron dramáticamente entre 2004 y 2007, pasando de las «pandillas» a «los ladrones comunes», a pesar de que la situación misma no había cambiado mucho. Según el informe, ese cambio estuvo relacionado en gran medida con la manera como los medios de comunicación presentaban el tema, así como como con las estrategias de seguridad implementadas por el Estado.^[12]

La tercera teoría tiene que ver con la disponibilidad de armas de fuego. En Centroamérica, el 73 por ciento de los homicidios ocurren con el uso de pistolas, en comparación con un promedio mundial del 41 por ciento.^[13] En Guatemala, esta cifra era del 75 por ciento en 2015, según datos de INACIF. La amplia disponibilidad de armas de fuego en Centroamérica también hace parte del estudio del Banco Mundial, que demostró que Guatemala tiene el mayor número de armas per cápita en la región (ver tabla abajo).^[14]

No es de extrañar entonces que el 49 por ciento de los homicidios sean clasificados como «desconocidos», y que el 37 por ciento sean clasificados como «venganzas personales», una categoría sin sentido y demasiado amplia, que no permite establecer qué o quién fue el culpable. A esta categoría le sigue la de las víctimas de robo o asalto armado, «víctima de robo», que representa el cinco por ciento del total. Debajo de estas categorías se encuentran las de las pandillas. Incluso si agrupamos tres tipos de actos violentos en una categoría única de «pandilla» («rivalidad entre pandillas», «víctima de maras» y «víctima de extorsión»), sólo representan el cuatro por ciento de los homicidios. Los otros homicidios, según la policía, son el resultado de diversos asesinatos relacionados con «narcotráfico», «balas perdidas», «riñas», «problemas de tierras» y «crímenes pasionales», entre otros (ver tabla abajo).

Llama la atención que, después de toda la discusión de los más altos funcionarios sobre los asesinatos relacionados con el tráfico de drogas, la PNC sólo reportó 25 homicidios relacionados con el tráfico de drogas en un período de tres años. Los defectos de esta metodología saltaron a la vista después del asesinato de nueve policías en junio de 2013 en Salcajá, Quetzaltenango. El móvil fue registrado como «en cumplimiento del deber», pero desde el principio estuvo claro que aquello fue el resultado de los enfrentamientos por el tráfico de drogas en la región. No está claro por qué la policía utilizó esta clasificación.

Identificar los homicidios relacionados con el tráfico de drogas ofrece un panorama todavía más absurdo. En el año 2012 hubo nueve homicidios relacionados con el tráfico de drogas en Ciudad de Guatemala; tres en Sanarate, El Progreso; uno en Moyuta, Jutiapa, y otro en Jalapa, Jalapa. En 2013 se registraron dos en San Miguel Petapa, Guatemala, y uno en Ciudad de Guatemala; uno en La Gomera, Escuintla; uno en Retalhuleu, Retalhuleu, y dos más en Quetzaltenango, Quetzaltenango. En 2014 se registraron dos en Mixco, Guatemala, y uno en Ciudad de Guatemala. En el año 2015 hubo uno. En conclusión, esta información carece de un patrón o una tendencia discernible.

Por otra parte, los homicidios relacionados con pandillas —es decir, las rivalidades entre pandillas, las víctimas de las pandillas, y la extorsión— mostraron una tendencia bastante constante (173, 163, 156 y 165), en términos del número de casos registrados por la policía durante estos años. Pero, así como con los homicidios relacionados con el narcotráfico, la cantidad atribuida a las pandillas estaba muy por debajo de lo que los funcionarios han registrado. Como se señaló anteriormente, la mayoría de los casos ocurrieron en Ciudad de Guatemala y en sus alrededores. En 2014, por ejemplo, entre 84 y 87 por ciento de la violencia atribuida a las pandillas ocurrió en el Departamento de Guatemala (ver tabla abajo).

Nuestro trabajo con el Ministerio Público también fue frustrante. Solicitamos información sobre los crímenes y la categorización de estos crímenes por parte del Ministerio Público entre los años 2012 y 2014. Dicha información nos fue brindada, pero la clasificación era demasiado amplia como para permitirnos entender profundamente la dinámica de los homicidios.

Posteriormente solicitamos ver información sobre el tipo de armas que se habían utilizado para los asesinatos. Sin embargo, aparte de la diferenciación general entre arma de fuego, cuchillo o machete y elemento contundente, el MP no registra mayor información sobre este tema. En 2014, por ejemplo, el MP registró el uso de armas de fuego en sólo 592 de los 4.276 casos de homicidio. Aún más, en el 92 por ciento de los casos, el MP clasifica el tipo específico de arma de fuego como «no registrado». Esto tiene varias posibles explicaciones: la información no estaba disponible; ello no hace parte de su protocolo de acopio de información; la información no parecía relevante; la información era sensible o podría poner a los funcionarios en peligro (por ejemplo, si las armas tenían marcas que indican que provenían de la policía o de las fuerzas armadas).

Dadas estas limitaciones, enfocamos nuestra atención en dos áreas en las que consideramos que podríamos probar la hipótesis de que los asesinatos relacionados con el tráfico de drogas (Chiquimula) y los asesinatos relacionados con pandillas (Zona 18, Ciudad de Guatemala) están contribuyendo a las tasas de homicidios. A continuación se presentan nuestros resultados.

Análisis de los homicidios en Chiquimula

El municipio de Chiquimula es la capital del departamento del mismo nombre. Según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2015 tenía una población de unos 100.000 habitantes. Ubicado en la frontera con Honduras y El Salvador, Chiquimula es además un corredor importante para el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de personas y otras actividades ilegales.

Como puede verse en el siguiente mapa, Chiquimula se conecta con las rutas de contrabando más importantes de esos países, como Copán, Honduras; Ocotepeque, El Salvador; y Metapán, El Salvador.

Durante muchos años, los grandes traficantes han establecido su hogar y su área de operaciones en Chiquimula. Entre ellos se encuentra Byron Berganza, quien fue capturado, extraditado, declarado culpable y condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas; y Giovanny España, quien fue asesinado en 2010 por presuntos miembros de la organización criminal Los Zetas. Actualmente hay otros sospechosos de narcotráfico en el departamento, en particular la familia Chegüén, cuyo patriarca fue encarcelado recientemente y está a la espera de un juicio por asesinato.

Durante mucho tiempo, Chiquimula ha sido también uno de los lugares más violentos del país. Entre 2001 y 2014, el municipio tuvo un promedio de 78 asesinatos al año, según datos de la policía. Esta tasa de homicidios no siempre corresponde a la tasa de homicidios a nivel nacional. Mientras que la tasa de homicidios a nivel nacional comenzó a crecer en el año 2000, en Chiquimula disminuyó durante esos mismos años. Luego comenzó a subir de nuevo y alcanzó un punto máximo en 2009, al igual que en el resto del país. La disminución de los homicidios a nivel nacional en los últimos años no se ha correspondido con la tasa de Chiquimula, donde los homicidios aumentaron y han permanecido en niveles altos.

En todos los años, excepto uno (2003), la tasa de homicidios en Chiquimula ha sido superior a la media nacional. Sin embargo, en otros sentidos, sigue los patrones nacionales. La edad y el sexo de las víctimas son en general los mismos que el de las estadísticas nacionales. Y el tipo de armas utilizadas también es similar: el 78 por ciento de los asesinatos fueron cometidos con arma de fuego, el 16 por ciento con cuchillos, el 4 por ciento con un elemento contundente, y el 2 por ciento fueron estrangulaciones, según datos de INACIF.

InSight Crime obtuvo los informes policiales preliminares de casi todos los homicidios registrados en el municipio de Chiquimula durante 2014 y 2015, con el fin de identificar los móviles y los actores de los homicidios. Al igual que los datos nacionales proporcionados por las autoridades, estos resultados son fragmentados e incompletos. Sin embargo, podemos observar algunos patrones.

En primer lugar, hay numerosos incidentes —especialmente durante 2015— en los que las víctimas recibieron múltiples disparos o tienen signos de tortura, los cuerpos han sido movidos, se han utilizado armas de alto calibre, o en la escena del crimen se puede identificar un modus operandi que indica la presencia de una organización sofisticada, bien armada y con intenciones claras. Como se señaló en la sección sobre la metodología, estos son los indicadores que usamos para determinar si algo podría estar relacionado con la actividad del narcotráfico.

VEA TAMBIÉN: Informe completo sobre homicidios en Guatemala

Sin embargo, las dinámicas locales de la zona son de vital relevancia y nos llevan a una importante determinación preliminar: el narcotráfico es una manera incorrecta de describir la dinámica que existe detrás de esta violencia. Como se señaló, uno de los grupos que estuvo más activo en la zona durante este período era conocido como Los Chegüén. Su líder es Eduardo Chegüén Sagastume, y de él proviene su nombre. Él y otras ocho personas de su organización fueron detenidos en 2014,^[15] pero todos los funcionarios que hablaron con InSight Crime dijeron que ellos continúan operando desde la cárcel.

Uno de sus servicios es el tráfico de drogas, para lo cual utilizan una serie de compañías de buses intermunicipales de las cuales son dueños. Según la investigación del MP sobre la organización,^[16] los conductores de estas empresas son utilizados para «reunir información útil». Pero Los Chegüén tienen además un lucrativo negocio de préstamos en usura, y cuentan con un formidable negocio de sicarios a sueldo. Además, las personas que trabajan para ellos, como algunos abogados, también pueden llegar a ser sus víctimas, como al parecer ocurrió recientemente en Chiquimula,^[17] según fuentes policiales y judiciales de la zona.

El asunto es que hubo numerosos negocios ilegales que pueden estar en el centro de estos violentos crímenes, incluso si nos referimos a una sola organización criminal, algo que el exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, categorizó alguna vez como el «efecto cascada» del dinero del narcotráfico.^[18] Una revisión de los homicidios y de la información recopilada por la policía muestra cómo operan estas tendencias. En el período de dos años estudiado, fueron asesinados al menos seis conductores y un ayudante de bus. Al menos dos de estos conductores trabajaban para las compañías de Chegüén. En sólo uno de estos ataques al parecer se robó algo del autobús. En los otros casos, los ataques tenían indicios de que fueron premeditados y estaban dirigidos al conductor.

Hay también varios casos en que la palabra «préstamos» o «prestamista» surge en la investigación preliminar o en los informes de los medios de comunicación. Y una vez más, no se trata de robos. En un caso, por ejemplo, una mujer que había trabajado como prestamista abrió la puerta de su casa y fue asesinada a tiros. Y en otros casos, como el del abogado, parece que las víctimas pagaron el precio por haberse relacionado con la organización.

Las entrevistas con la policía y los fiscales locales permiten sustentar la idea de que los homicidios están relacionados con múltiples factores, y que sólo uno de ellos sería el «tráfico de drogas». Los fiscales entrevistados por InSight Crime dijeron que podían razonablemente atribuir hasta 25 homicidios a Los Chegüén en el periodo 2013-2015, pero que no podían identificar el móvil de todos los asesinatos debido a que la organización era diversa y además tenía un negocio de asesinato a sueldo. Y tampoco podían descartar el hecho de que algunos de sus miembros prestaran servicios independientes.

«Hay veces en que el asesinato es súper violento y algunas personas rumoran: ‘Sabemos que estaba involucrado en algo, pero no sabemos en qué’ [o] ‘dijeron que esta persona era un usurero'», como explicó uno de los fiscales de Chiquimula. «Esta misma red de los Chegüén se dedicaba a la usura. Recolectaban su dinero cada semana, y si no pagabas, te amenazaban, y después te asesinaban».

Los fiscales conectaron los actos criminales en los casos de Los Chegüén utilizando no sólo los testimonios, sino además la evidencia balística. Dicen que los sicarios de Los Chegüén utilizaron la misma arma para al menos ocho de los asesinatos. Hicieron la misma conexión mientras analizaban a otro grupo, al que apodaron «Los España», porque los asesinos y las víctimas eran de la misma familia, cuyo apellido era España. Sin embargo, la fuente de conflicto en el caso de los España era menos clara, aunque los investigadores creen que estaba relacionada con asuntos de tierra o herencias.

«En la mayoría de los asesinatos que hemos evaluado, se trata de una disputa por tierras. Hay muy pocos homicidios en los que se trata de una red criminal», dijo el director de la fiscalía de Chiquimula, Hugo Rosales. «Lo que pasa es que los límites no están bien definidos, y los vecinos no pueden llegar a un acuerdo, y por eso es que toman acciones violentas».

Los investigadores policiales apoyan esta tesis. Ellos le dijeron a InSight Crime que no se cuenta con formas claras de mediar en las disputas por tierras, que es lo que genera la violencia. Y cuando el miembro de una familia toma la vida de otro, eso puede dar pie a una cadena de venganzas que puede durar años. Estos casos son más fáciles de distinguir de los demás, según dicen la policía y los fiscales, por el lugar donde ocurren (las zonas rurales) y el tipo de arma utilizada (elementos contundentes, cuchillos o machetes).

Los grupos de autodefensa también son comunes, como afirman los fiscales y la policía. Por ejemplo, no hay indicios de que las pandillas estén presentes en Chiquimula. El dicho popular en la localidad es «marero visto, marero muerto». «Cuando un pandillero aparece [en la ciudad], lo matan», le dijo un investigador policial a InSight Crime.

Distinguir entre estos diversos actos criminales se hace aún más difícil por el hecho de que los investigadores locales no resuelven los casos, por lo que abunda la especulación, incluso por parte de ellos mismos. De los 198 casos de asesinato que se registraron en el municipio entre 2013 y 2015, sólo tres se han resuelto. (El caso de Chegüén, que incluye cargos de asesinato, fue enviado a la unidad de crimen organizado en Ciudad de Guatemala, por lo que no cuenta). Hay muchas razones para esta baja tasa de casos sin resolver, pero ése no es el tema de esta investigación. Los fiscales dicen que tienen sobrecarga laboral. Un fiscal le dijo a InSight Crime que en ese momento tenía más de 7.000 casos de todo tipo, no sólo homicidios. También mencionan el miedo, la falta de recursos, la incompetencia y la burocracia.

El resultado final es que, para comprender la dinámica de los homicidios desde una perspectiva analítica, tenemos que confiar en los informes preliminares de la policía. Como se señaló en la sección de recopilación de datos, estos informes no están bien organizados. En efecto, faltan los datos de julio y diciembre de 2014. Es más, no hay ningún indicio de casos vinculados a las organizaciones del narcotráfico, a no ser que utilicemos este término para referirnos al grupo de Los Chegüén. Es por eso que para caracterizar este diverso mundo criminal, hemos optado por la expresión «crimen organizado,»^[19] incluso si usamos los mismos criterios para denominar estos homicidios clasificados como «relacionados con el tráfico de drogas» en la sección de metodología.

De los 143 casos de asesinato en Chiquimula registrados por la policía durante 2014 y 2015, clasificamos 40 homicidios (aproximadamente el 28 por ciento) como posiblemente relacionados con el crimen organizado. En otros 49 homicidios, o el 34 por ciento, no podemos afirmar con seguridad que tengan alguna relación con el crimen organizado. Y 54 homicidios, o el 38 por ciento, son desconocidos, lo que significa que podrían estar relacionados con el crimen organizado o no, pero no podemos afirmar con seguridad ni lo uno ni lo otro (ver figura abajo).

La razón para ubicar la mayoría de estos asesinatos bajo la categoría de crimen organizado tiene que ver sobre todo con el modus operandi. Los factores más destacados tienen que ver con el lugar donde ocurrieron los asesinatos (muy a menudo, en lugares públicos), los medios por los cuales fueron ejecutados (usualmente en motocicletas), el tipo de arma empleada (pistola de alto calibre o rifle de asalto), y el número de balas utilizadas. En algunos casos, el cuerpo había sido movido después de una evidente ejecución con múltiples disparos. Eliminamos la posibilidad de que se tratara del crimen organizado después de analizar de cerca el arma empleada, el lugar donde se llevó a cabo el asesinato, y los pocos testimonios disponibles, bien sea de los informes de la policía o de los informes de prensa que pudiéramos utilizar para corroborar la información.

En términos generales, es necesario mencionar otros aspectos importantes. En primer lugar, como lo señalan los fiscales y la policía, el tipo de arma utilizada en el asesinato también varía un poco con respecto a la media nacional. En sólo el 47 por ciento de los casos la policía estableció claramente que se había utilizado un arma de fuego para matar a las víctimas. Este número podría obviamente aumentar de manera significativa después de las autopsias; en casi la mitad de los 104 casos analizados, la policía se abstuvo de hacer hipótesis sobre el arma empleada. Sin embargo, la policía informó que hay un número significativo de víctimas cuyas lesiones parecían infligidas más bien con un elemento contundente que con un arma de fuego (ver figura abajo).

La edad promedio de las víctimas, 35 años, concuerda con el del departamento en general, pero también difiere de la media nacional. Esto no nos dice mucho, aparte del hecho de que las víctimas son mayores que las víctimas de homicidio en contextos urbanos, donde muchos mueren violentamente al final de su adolescencia o unos pocos años después (ver figura abajo).

En cuanto a la ocupación, el trabajo más frecuente de las víctimas es el de pequeños agricultores —lo cual también concuerda con los testimonios de los fiscales y policías, quienes creen que gran parte de los homicidios están relacionados con disputas por tierras o enfrentamientos familiares de vieja data—. A éste le siguen «ama de casa», «estudiante», «ayudante de conductor» y «tendero». Muchas de las ocupaciones de las víctimas se desconocen, aunque ello podría ser importante para comprender la dinámica de la violencia. Aun así, dada la variedad de profesiones, es difícil identificar algún patrón principal aparte quizá de la naturaleza rural de la violencia (ver figura abajo).

En resumen, después de analizar los informes de dos años, se puede obtener un complejo panorama de Chiquimula, que es similar a la complejidad observada en toda la región. Si bien existe un número considerable de homicidios que parecen estar relacionados con el crimen organizado, también hay un gran número que no lo está. Quizá lo más importante es que existe una considerable proporción de casos en los que no podemos determinar el móvil ni el actor. Una conclusión similar se puede extraer en una zona más urbana, controlada por las pandillas, como lo hacemos en la siguiente sección.

Análisis de los homicidios en la Zona 18

Con más 300.000 habitantes, la Zona 18 es una de las áreas más pobladas de Guatemala. También es una de las más pobres y violentas. Ubicado en la punta norte de la ciudad, el barrio presenta una plétora de actividad criminal. Allí operan pandillas callejeras y grupos criminales más organizados. Todas las organizaciones criminales se aprovechan de los reducidos espacios que tienen para circular la población local y las fuerzas de seguridad, y controlan los puntos de ingreso y de salida para los múltiples microbarrios o “colonias”, como se los conoce, que conforman la zona. También se aprovechan del acceso directo a las zonas rurales, municipios vecinos y dos de las principales vías de comunicación norte-sur que salen de la ciudad hacia centros importantes (ver mapa abajo).

Las dos principales pandillas del país, Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13), operan ambas en la Zona 18, aunque Barrio 18 controla un territorio mucho más extenso, según fuentes de la policía. Los ingresos criminales de ambas pandillas se centran en la extorsión y el microtráfico. Ambos son muy territoriales, y son conocidas por atacar y asesinar por las transgresiones más insignificantes o desaires percibidos.

Los actuales límites establecidos entre las pandillas son muy estáticos. Y las áreas de mayor tensión entre ellos parecen relacionadas con rutas de autobuses, zonas comerciales o puntos de distribución de drogas de gran afluencia. Para citar apenas un ejemplo de por qué es tan importante esto, la policía señala que el ingreso por la extorsión de una sola ruta de bus en el barrio conocido como Maya puede llegar a US$1.000 al mes; y por el barrio circulan docenas de rutas de autobuses.

Las zonas más golpeadas entre 2014 y 2015 fueron las colonias San Rafael, El Limón, Maya y los Paraísos (Paraíso I y Paraíso II), según datos preliminares del informe de la policía sobre homicidios que compilamos (ver mapa abajo). Estas son zonas de mucho tránsito con actividad comercial y paso de servicios de autobús. Estos puntos candentes se mantienen extraordinariamente estables de un año a otro, según la policía y el MP, pero es más difícil identificar las tendencias cuando se estudia los homicidios caso por caso.

La edad promedio de las víctimas de homicidio en la Zona 18 fue de 28 años, según datos de la policía, mucho menos que en Chiquimula. La edad de las víctimas de homicidios relacionados con pandillas, como lo determinó nuestro análisis de los datos de homicidios de la policía, fue de 24 años (ver figura abajo). Esto corresponde a lo que los funcionarios dicen sobre las víctimas de las pandillas y sobre los mismos pandilleros, que con frecuencia son las víctimas en estos homicidios. Las diferencias de edad revelan la gran diferencia en las dinámicas de violencia en estos dos lugares.

Las armas usadas para cometer los homicidios son consistentes con las estadísticas del país: 70 por ciento de los homicidios se cometieron con arma de fuego en la Zona 18, según datos preliminares de la policía (ver figura abajo). En lo que respecta a los homicidios que pueden tener relación con las pandillas, este número aumenta a 86 por ciento. Hubo un elevado número de armas “desconocidas”. Esto podría tener relación, en parte, con el hecho de que algunos de los homicidios de la Zona 18 que ocurren en la cárcel local también aparecen en los informes policiales preliminares. Estos homicidios dentro de la prisión son cometidos en su mayoría con armas improvisadas, no con armas de fuego.

En términos de la ocupación de las víctimas, no hay un patrón diferenciable y un gran número de “desconocidos”. El mayor número de víctimas fueron conductores, pero estos eran una mezcla de conductores de taxi, de mototaxis y otros, como conductores de camiones de gas propano. Se sabe que los conductores de taxi y de mototaxis trabajan como vigías para las pandillas, pero solo podríamos atribuir a las pandillas tres de los doce casos de homicidio (ver figura abajo).

En total, con base en los informes de los agentes de reacción y en los informes de los medios de comunicación,^[21] determinamos que 63 de los 154 homicidios de los que hallamos informes policiales preliminares en el periodo 2014-2015 en la Zona 18, o 41 por ciento, podían tener relación con la pandillas; 27 casos no tuvieron relación; 10 casos se atribuyeron al crimen organizado; 54 casos fueron desconocidos (ver figura abajo).

Esto está de acuerdo con lo que dice el MP. En entrevistas con InSight Crime, analistas de la fiscalía atribuyeron alrededor del 40 por ciento de los casos de homicidios en las áreas de pandillas a la actividad pandilleril. Citaron los móviles como “vendettas”, “extorsión” y “sicariato”. Por su parte, la policía no atribuyó un porcentaje al número de homicidios asociados a la actividad de pandillas en la zona, pero citaron los siguientes móviles, que coinciden con la actividad pandilleril: vendettas por venta de drogas o extorsión en “territorio enemigo”, o quedarse con dinero de extorsiones que debía entregarse al jefe o a otros. Había tantos homicidios recientes ligados a extorsiones que en 2015, el MP creó una unidad especializada en la división de homicidios dedicada exclusivamente a casos relacionados con extorsiones.

De estos móviles, las vendettas y el sicariato son las explicaciones más comunes usadas por los agentes. Ambas pueden tener relación con las pandillas, pues supuestamente son las pandillas las que cometen los homicidios. Pero ambos podrían también asociarse a los servicios prestados por las pandillas a otros por razones ajenas a la actividad de las bandas, o a disputas internas dentro de las pandillas o entre ellas que poco o nada tienen que ver con la actividad de las pandillas. En ambos casos, se necesitan más detalles para determinar con mayor precisión la manera como estos se relacionan con las actividades pandilleras, si las tienen. Como se hace con los homicidios relacionados con el crimen organizado, también debe haber la determinación de si poner los homicidios cometidos por pandilleros, pero que no tienen relación con las actividades de las pandillas, en la categoría de homicidios relacionados con las pandillas.

El reclutamiento de menores como sicarios es una tendencia, dicen los agentes, que en parte obedece a que las sentencias por homicidio son mucho más bajas para los menores de edad que para los adultos. Cuando son capturados, los menores reciben una pena máxima de seis años en prisión, según la legislación guatemalteca. En julio de 2015, por ejemplo, arrestaron a un menor de 17 años por matar a tiros a dos mujeres. El menor estaba en su cuarto mes de libertad condicional de una pena de dos años por posesión ilegal de armas. En marzo de 2016, fue sentenciado por homicidio y sentenciado a seis años de prisión. El juicio por el segundo homicidio está pendiente, pero a pesar de eso su máxima sentencia será de seis años.^[22]

El control de una de las pandillas sobre una zona específica tiene un efecto en los homicidios, señalan los agentes. La MS13 tiene fama de ser una organización un poco más “respetuosa”, menos propensa a la violencia. Esto puede ser en gran parte anecdótico, pero puede tener impacto en los niveles de violencia en lugares como la Zona 18, donde la actividad de pandillas está dominada por Barrio 18. Los agentes comentaron, por ejemplo, que el número total de casos cayó en 2015, luego de varios arrestos de miembros importantes de Barrio 18. Por su parte, los analistas del MP señalaron que el barrio Limón, donde era más común el sicariato, está controlado por Barrio 18. Otras zonas propensas al crimen son los barrios Los Paraísos, Alamedas y San Rafael, así como Las Ilusiones, según un agente de la comisaría 12, barrios todos bajo el control de Barrio 18.

Quizás la estadística más alarmante de los informes preliminares de policía de la Zona 18 fue que el 26 por ciento de las víctimas presuntamente caídas por actividades de las pandillas fueran mujeres, muy por encima del promedio nacional de 11 por ciento.^[23] Los representantes del MP dicen que han observado un aumento sostenido del reclutamiento forzado de mujeres en las pandillas, que representa un aumento del arresto de mujeres pandilleras y en el número de homicidios que involucran a mujeres. El MP dice que está estudiando minuciosamente a las víctimas mujeres en estos casos para ver si puede establecer las razones que expliquen estas diferencias, pero no ofreció conclusiones preliminares.

El MP atribuyó el 60 por ciento restante de los casos de homicidio a la violencia intrafamiliar, o riñas callejeras, entre otras razones sociales o domésticas. Nuestro cálculo difiere ligeramente del suyo en este punto: hubo varios homicidios que podrían atribuirse con razón al crimen organizado. Esto revela la mezcla de actividad criminal en la Zona 18, y la necesidad de diferenciar entre las dos organizaciones criminales. Los agentes no mencionaron esto como factor en la Zona 18, pero eso podría deberse a que las pandillas mismas están copiando el modus operandi del crimen organizado y los agentes no diferencian entre homicidios relacionados con las pandillas y con el crimen organizado. Con seguridad el método preferido en estos homicidios asociados al crimen organizado involucra el uso de armas de fuego, pero la policía dijo a InSight Crime que también se ha desmembrado a algunas víctimas, por lo general para dejar un mensaje para alguien más de un grupo rival o para asustar a víctimas posibles o reales. En el análisis de caso, donde hubo desmembramiento de cuerpos o donde se envolvió los cadáveres en plástico u otros materiales, InSight Crime atribuye estas muertes al crimen organizado, pero puede haber algunos elementos en común con homicidios relacionados con las pandillas y se necesitaría más investigación para determinar con mayor precisión si las pandillas sí están adoptando técnicas del crimen organizado.

Como sucede en Chiquimula, el miedo y las amenazas tienen impacto en las investigaciones en estas zonas urbanas. En febrero de 2014, un analista del MP tuvo que dejar el país y solicitar asilo en otro país por amenazas que recibiera de pandilleros después de rendir testimonio en la corte. El MP informa que este caso no es una excepción. Un abogado señaló la dificultad de investigar los casos por la renuencia de los testigos a declarar por temor a represalias en la forma de amenazas directas o atentados contra su vida. Como resultado de esto, el MP ha tratado de depender menos de las declaraciones de testigos, y más de la evidencia científica. También ha adoptado el hábito de tomar testimonio juramentado ante un juez antes del juicio (lo que se conoce como declaración como anticipo de prueba), porque se sabe que los testigos huyen cuando llega el momento del juicio. Estas declaraciones se guardan en archivos sellados, pero siguen siendo válidas para el caso.

En suma, la imagen que se forma de la Zona 18 es una en la que la violencia de las pandillas es un factor importante, si no el principal, en los homicidios. Esto coincide con las afirmaciones de las autoridades. Sin embargo, como sucedió en Chiquimula, tenemos una gran zona gris, en la que no puede determinarse con precisión cuáles fueron los actores o los móviles de la violencia. Esta tendencia problemática tiene relación directa con el tratamiento que las autoridades dan a la información que recopilan para investigar los casos de homicidio, un tema que trataremos en la parte que sigue.

*Este proceso, que requirió un trabajo increíblemente intensivo, fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional vía Democracy International. Se desarrolló bajo la dirección de Steven Dudley, codirector de InSight Crime. En un inicio trabajó con Carlos Mendoza, anteriormente en la Iniciativa Empresarial Centroamericana; Mendoza está ahora en el Ministerio de Finanzas. Julie López trabajó incansablemente la última cuarta parte del proyecto en la compilación de datos y las entrevistas a analistas y policías. López y Victoria Dittmar analizaron y catalogaron los cientos de informes preliminares de policía que se recopilaron de Chiquimula y la Zona 18. Steven Dudley redactó el informe, con ayuda de Mendoza y López. Jaime López-Aranda, exfuncionario del gobierno mexicano y especialista en recolección y análisis de datos, revisó e hizo comentarios a la metodología y los borradores del informe.  InSight Crime desea agradecer a la PNC, el MP y el Ministerio de Gobernación de Guatemala por su ayuda en este proyecto. Lea el informe completo aquí.

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