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Cuando la violencia aumentó abruptamente en Guatemala a principios de 2015, el entonces presidente Otto Pérez Molina supo cómo manejar la situación: culpó a las pandillas callejeras.

“Hubo un asesinato que se dio a uno de los grupos proveniente del otro grupo”, le dijo a la prensa. “y esto provocó en enero que más del 40 por ciento de los homicidios que se dieron son producto del pleito entre estas dos maras”.[1]

Pocos años antes, el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, había atribuido el aumento en la violencia a “organizaciones de tráfico de drogas” (OTD), diciendo que estaban “invadiendo” a su país.[2] Más adelante dijo que las OTD eran responsables de hasta el 60 por ciento de los homicidios.[3]

Estos presidentes no son los únicos que creen que la mayoría de los homicidios en la región están relacionados con pandillas y organizaciones de tráfico de drogas. En el año 2015, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo en una reunión en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, en la ciudad de Washington, que el 80 por ciento de la violencia en su país podía atribuirse al crimen organizado.[4]

Muchos funcionarios de Estados Unidos aceptan la idea misma. En una columna de opinión del Military Times en el año 2014, el general John Kelly, quien entonces se desempeñaba como jefe del Comando Sur, dijo que las pandillas y los carteles de la droga eran los mayores responsables de la creciente violencia en la región.

“Hay algunos funcionarios que sostienen que el 100 por ciento de la violencia actual no se debe al flujo de drogas hacia Estados Unidos”, escribió refiriéndose a los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador). “Y estoy de acuerdo, pero yo diría que tal vez el 80 por ciento sí”.[5]

En InSight Crime también hemos caído en esta trampa. Habitualmente citamos las palabras de estos funcionarios sin cuestionar sus fuentes o fundamentos para comprender la dinámica de la violencia. Prestigiosos académicos y organismos multilaterales suelen afirmar lo mismo. Un informe del Banco Mundial de 2011, por ejemplo, señala que “el narcotráfico es cuantitativamente mucho más importante que los otros factores de riesgo para la violencia.”[6] (Una crítica más detallada sobre esta declaración aparece más adelante en el presente informe).

descargaEl énfasis en las pandillas y en las organizaciones de tráfico de drogas tiene un impacto palpable en la manera como se asignan los recursos. En su análisis sobre la asignación de fondos a través de la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI por sus iniciales en inglés), el Servicio de Investigaciones del Congreso dijo que el 66 por ciento de los US$1.200 millones que CARSI administró en la región entre 2008 y 2015 fueron canalizados a través de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL por sus iniciales en inglés), la rama del Departamento de Estado de Estados Unidos que gestiona la asistencia de línea dura: programas de interceptación de drogas; equipo y mejoras de infraestructura para policías y militares, y formación y uso de unidades de policía especiales enfocadas en las pandillas y en el narcotráfico internacional. Otro 31 por ciento se asigna a través de la cuenta del Fondo de Apoyo Económico (ESF por sus iniciales en inglés), que en su mayor parte se canaliza a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).[7] Aunque la mayor parte de los fondos de USAID se dedican a ayuda de línea blanda, como prevención de la violencia y programas sociales y económicos, parte de estos dineros se invierten en programas de apoyo a la policía en países como Honduras. Finalmente, otros fondos de CARSI se han dedicado a la formación y el mantenimiento de unidades especiales antipandillas.[8]

El énfasis en las pandillas callejeras y en las OTD también afecta la asignación de recursos a nivel interno, un rubro que es más difícil de desglosar, aunque desde los primeros años del siglo XXI los países del Triángulo Norte han adoptado un enfoque de “mano dura” contra las pandillas. Las nuevas leyes, que incluían amplias definiciones de lo que son las “pandillas”, se utilizaron junto con redadas por parte de la policía para encarcelar a todo aquel que encajaba en esas amplias definiciones. Los nombres de estos programas han cambiado, pero el núcleo de la estrategia sigue siendo el mismo: encarcelar de manera masiva. Las poblaciones carcelarias han aumentado, pero, en lugar de frenar el crecimiento de las pandillas, esto ha llevado a que sus líderes se hayan reorganizado tras las rejas y hayan ampliado su gama de actividades criminales.

Recientemente, los gobiernos del Triángulo Norte han militarizado su estrategia, implementando varios estados de sitio en lugares donde había actividad de narcotráfico en Guatemala, decretando “medidas de emergencia” al interior de las cárceles y en departamentos particularmente problemáticos de El Salvador, y recurriendo a la policía militar en diversos lugares de Honduras. Estos tres enfoques parten del hecho de que las pandillas y las OTD se encuentran en el centro de la violencia, y son un ejemplo la creencia de que la única manera de detener sus actividades es mediante una fuerte presencia física para disuadirlos de que se maten entre sí o que asesinen a civiles inocentes. En el mejor de los casos, estas estrategias han tenido resultados diversos y parecen representar las soluciones a corto plazo para profundos problemas sociales y económicos.

Lo cierto es que no sabemos qué parte de los homicidios en el Triángulo Norte están relacionados con las organizaciones del narcotráfico y las pandillas. Evidentemente, las organizaciones criminales han proliferado en los últimos años en Centroamérica. Si bien incluyen desde pandillas y organizaciones narcotraficantes hasta mafias paramilitares, todas ellas comparten algunas características comunes: sacan provecho de las débiles instituciones gubernamentales para controlar los territorios; parecen crecer donde han surgido las nuevas economías criminales y donde pueden diversificar sus portafolios, y emplean la violencia, y la amenaza que ésta significa, para lograr sus objetivos, ya sean políticos, criminales o de otro tipo.

El impacto de esta actividad criminal en la región es profundo y genera violencia. Latinoamérica y el Caribe es la región más violenta del mundo actualmente. Durante cierto tiempo, los cinco países más violentos del planeta se encontraban en la región, y tres de ellos son los que conforman el Triángulo Norte.[9] Según un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Latinoamérica y el Caribe aumentaron los homicidios en un 12 por ciento entre 2002 y 2012; ésta fue la única región del mundo en donde aumentaron las tasas de homicidio.[10] Once países de la región registraron tasas de homicidio consideradas “epidémicas”, como lo señaló el informe del PNUD, y entre ellos se encuentran los países del Triángulo Norte.[11]

Dado el panorama incompleto que frecuentemente encontramos con respecto a la creciente presencia de las pandillas y las organizaciones del narcotráfico, y frente al aumento de la violencia en la región, la conclusión fácil es decir que estos eventos están relacionados, pero el hecho es que existen pocos análisis de los datos sobre los homicidios que nos permitan establecer quiénes son las víctimas, cómo han sido asesinadas, qué nos dicen las investigaciones oficiales sobre estos hechos criminales, y quiénes son los presuntos asesinos. Es casi imposible obtener pruebas concluyentes, dado que las tasas de impunidad en esos países son muy altas, y los datos son escasos, irregulares y mal administrados.

Además, las conclusiones preliminares publicadas rutinariamente por los políticos y los expertos parecen ignorar los estudios a nivel mundial y regional que indican que el homicidio es el resultado de un complejo conjunto de factores interrelacionados que pueden ser tanto personales como comunitarios.[12] Por ejemplo, el reciente Informe sobre Desarrollo Humano, elaborado por el PNUD, menciona cuatro generadores principales de la violencia.[13] En primer lugar, se señala la alta incidencia de los delitos que en el informe se denominan “delitos aspiracionales”, que el PNUD vincula a cuestiones sobre desigualdad (no sobre pobreza) y movilidad social. En segundo lugar, el informe habla sobre una teoría del “tejido social”, relacionada con transformaciones en los hogares: el número de hogares monoparentales se ha duplicado en los últimos 30 años, y ha habido cambios acelerados en la urbanización y la economía, vinculados con la liberalización del comercio y otros cambios macroeconómicos. En tercer lugar, el informe menciona los “generadores del crimen” —armas, alcohol y drogas ilegales. Finalmente, se hace referencia a la “debilidad institucional” en los países donde hay más violencia.

Sin duda, la violencia en el Triángulo Norte es bastante compleja. En un informe sobre el crimen organizado en Centroamérica, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) dijo que la presencia del narcotráfico puede conducir a un incremento en la violencia, pero también puede conducir a una disminución del mismo. En otras palabras, hace parte de una serie de factores que contribuyen a los homicidios, pero no es su motor principal.

“El principal generador de la violencia no es la cocaína, sino el cambio: el cambio en las relaciones de poder al interior de las organizaciones, entre los grupos y de éstos con el Estado”, dice el informe. “Para poder avanzar, se debe tener en cuenta el riesgo de que se agrave la violencia en el corto plazo”.[14]

La pregunta acerca de cuáles son las causas de los homicidios en la región se produce en un momento muy importante. En diciembre de 2015, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Asignaciones Consolidadas, 2016”, mediante la cual se asignaron US$750 millones para ayudar a Centroamérica en su lucha contra el crimen y la violencia.[15] No es sorprendente que la mayor parte de esta ayuda esté dirigida al Triángulo Norte; lo sorprendente es que el proyecto de ley intenta inclinar la balanza hacia la asistencia en la línea blanda; la INL está administrando sólo el 30 por ciento de esta ayuda, y algunos de sus fondos se asignan a “tecnología forense” y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dos iniciativas que buscan combatir los problemas estructurales en lugar de los grupos criminales específicos involucrados en la violencia. Aun así, gran parte de esta ayuda estará dirigida a detener la violencia, por lo que es importante entender mejor la compleja combinación de factores que influyen en el aumento de los homicidios en la región.

VEA TAMBIÉN: Informe completo sobre homicidios en Guatemala

Este proyecto se estableció con el objetivo de empezar a llenar este vacío en la información. Nuestra intención consiste en diferenciar los motivos de los actores —con especial énfasis en las áreas controladas por las pandillas y en los corredores del narcotráfico— involucrados en los homicidios en Guatemala. El objetivo final es proporcionarles a las autoridades, a los especialistas en seguridad ciudadana y a otras partes interesadas, información más detallada sobre la dinámica de la violencia, para ayudarles a determinar estrategias de intervención en zonas con altos índices de homicidios y donde el nivel de violencia presuntamente relacionado con el tráfico de drogas y las pandillas también es alto.

La recolección de datos en estos países es irregular, y en muchos casos es inadecuada. Los gobiernos ponen poco énfasis o recursos para analizar la información que recopilan.

Estudiamos además la manera como las autoridades han obtenido y analizado la información proveniente de las escenas de los crímenes. La recolección de datos en estos países es irregular, y en muchos casos es inadecuada. Los gobiernos ponen poco énfasis o recursos para analizar la información que recopilan. El proyecto no sólo analiza la información que obtuvimos, sino que además permite comprender mejor los métodos y procesos de recolección de datos, así como otras dinámicas que limitan la recolección y el análisis de la información. Es importante tener en cuenta que éste no es un estudio sobre la impunidad, y, aunque nos referimos a los métodos de recolección de datos, tampoco es un estudio sobre buenas prácticas, sino que más bien busca identificar aquellas áreas en las que el sistema guatemalteco es deficiente.

Por lo tanto, hemos dividido este estudio en dos partes principales. La primera parte del análisis se centra en determinar, con tanta precisión como sea posible, cuántos asesinatos razonablemente podemos atribuir a las organizaciones de tráfico de drogas y cuántos a las pandillas en dos áreas específicas de Guatemala. Esta sección se fundamenta en el análisis de los informes de la policía sobre las escenas de los crímenes en una zona conocida como un corredor de tráfico de drogas y en otra zona con influencia de las pandillas. También utiliza numerosas entrevistas que hicimos a investigadores policiales, fiscales del gobierno y analistas de la Fiscalía General acerca de qué y quiénes pueden estar detrás de los homicidios, tanto a nivel local como nacional.

La segunda parte es un análisis de las formas en que la policía, la Fiscalía y otros organismos de lucha contra el crimen recogen y procesan la información que obtienen durante las investigaciones de estos homicidios. Esta parte busca específicamente demostrar dónde el sistema puede y suele fallar, lo que contribuye a la discusión sobre cómo mejorar estos procesos.

Metodología

Con base en las declaraciones de las autoridades mencionadas anteriormente, así como en docenas de entrevistas con funcionarios de la policía, fiscales y analistas del crimen, el proyecto partió de una hipótesis básica:

• La actividad relacionada con el tráfico de drogas y las pandillas es causante de la mayor parte de los homicidios en el Triángulo Norte. Las posibles consecuencias de esta hipótesis, en cuanto a las políticas, es que estos países pueden requerir, al menos inicialmente, más que una estrategia de establecimiento del orden, fortalecimiento de la policía y de los agentes judiciales, con el objetivo de desmantelar a estas organizaciones criminales.

Para probar esta hipótesis, nosotros:

• Identificamos un (1) corredor de tráfico de drogas[16] donde existía una tasa de homicidios por encima de la media nacional.

• Identificamos un (1) territorio controlado por las pandillas[17] (bien sea un barrio, un distrito o una jurisdicción similar y comparable), donde existía una tasa de homicidios por encima de la media nacional.

• Analizamos todos los datos sobre homicidios en esas áreas durante un período de dos años, lo cual implicó usar información de la policía y, en algunos casos esporádicos, información de unidades de medicina forense, la Fiscalía y otras agencias gubernamentales que les hacen seguimiento a los homicidios, así como de organizaciones no gubernamentales, universidades, centros de estudio y medios de comunicación;

• Evaluamos críticamente los hallazgos preliminares y corroboramos, cuando fue posible, las afirmaciones con respecto a los homicidios relacionados con el tráfico de drogas y las pandillas en esas zonas.

Siguiendo la clasificación estándar utilizada actualmente por los organismos de seguridad, distinguimos entre homicidios relacionados con el narcotráfico y homicidios relacionados con las pandillas, buscando en cada caso indicadores específicos que tienden a estar estrechamente relacionados con cada tipo de asesinato y que difieren de los homicidios asociados a la violencia personal, cultural o socioeconómica.[18] Estos indicadores incluyen las características de la víctima, el tipo de arma utilizado y el lugar de los hechos, y, cuando fue posible, corroboramos la información de los medios de comunicación o las fuentes oficiales. Cuando dos o más de estos indicadores están presentes, estimamos que existe una mayor probabilidad de que un evento específico puede estar relacionado con el tráfico de drogas o bien con las pandillas.

Los indicadores de asesinatos relacionados con las OTD incluyen:

1. Uso de armas de alto calibre o sofisticadas, particularmente rifles de asalto automáticos y semiautomáticos y armas de fuego de 9 mm.

2. Signos de tortura.

3. Desplazamiento del cuerpo tras la muerte, particularmente cuando es abandonado en un lugar altamente visible, que sugiere el deseo de que sea visible.

4. Presencia de mensajes amenazantes cerca del cuerpo de la víctima, o sobre éste, incluyendo mutilaciones simbólicas.

5. Evidencia directa o circunstancial de participación de la víctima en las actividades relacionadas con las OTD; por ejemplo, relaciones con la actividad criminal, antecedentes criminales y testimonios de testigos.

Los indicadores de homicidios relacionados con las pandillas incluyen:

1. Uso de pistolas de alto calibre y revólveres, así como de elementos contundentes.

2. Evidencia directa o circunstancial de participación de la víctima en actividades pandilleras, como tatuajes, relaciones con las pandillas, antecedentes criminales y testimonios de testigos.

3. Evidencia directa o circunstancial de vínculos de la víctima con actividades pandilleras, como el pago de extorsiones o su participación en actividades criminales.

Es posible que los homicidios relacionados con las OTD y los relacionados con las pandillas compartan uno o más de estos indicadores. También es posible que la evidencia directa o circunstancial de la participación de la víctima en actividades criminales no cumpla con las normas que serían necesarias para utilizarla en un juicio. Hemos tratado de superar estas limitaciones tanto como sea posible, mediante el análisis de los datos de cada caso, lo cual incluye escuchar declaraciones de testigos y corroborar los informes policiales y de los medios de comunicación. Además, en la medida de lo posible, les hicimos seguimiento a algunos de los casos, con ayuda de la policía y de investigadores del Ministerio Público.

Realizamos esta investigación en Guatemala, donde hay cuatro fuentes de datos sobre los homicidios: la Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el Ministerio Público (MP) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La PNC registra los datos de las escenas de los crímenes. La policía mantiene información sobre las víctimas de la violencia, tanto de los muertos como de los heridos (como sexo, edad aproximada y, en un menor grado, profesión), así como dónde ocurrió el acto criminal y el tipo de arma utilizado (cuchillo u otro elemento contundente, a mano, o con un arma de fuego). En general, las cifras de homicidios de la PNC son más bajas que las del INACIF porque éste recibe los cuerpos de los heridos mientras la policía explora la escena del crimen, y algunos de ellos mueren en los hospitales.[19]

Por otra parte, en algunos casos el INACIF ha sobreestimado la violencia homicida porque el instituto suele incluir los casos de suicidio y accidentes en sus conteos de homicidios.[20] Además, el INACIF no informa acerca del lugar donde han ocurrido los crímenes, sino dónde se llevó a cabo la autopsia, que es generalmente en su sede central en Guatemala, o bien en sus sedes regionales, lo que hace muy difícil situar el lugar de los homicidios utilizando estos datos.

En principio, el MP tiene los datos más confiables sobre los homicidios porque es el organismo que registra toda la información sobre los casos y puede evaluar todas estas fuentes para determinar si la persona fue asesinada, o si murió por causas naturales o por un accidente.[21] Además de la información que poseen sus investigadores, el MP recibe datos de la PNC y el INACIF. En el caso del MP, sin embargo, éste se basa en las denuncias de los crímenes, que a menudo se inician en el momento del crimen o poco después de ocurrido, para comenzar una investigación sobre homicidio. Por su parte, el INACIF utiliza las autopsias que están “posiblemente relacionadas con actos criminales que están siendo investigados”, pero dispone de pocos datos sobre los posibles motivos o actores de los homicidios. Los datos de la PNC distinguen entre homicidios, suicidios y accidentes. Sin embargo, ninguna de estas fuentes cuenta con análisis profundos o con información sobre los motivos o actores de los homicidios. (Más adelante se hace referencia a este proceso y a los resultados de nuestra investigación).

El INE es el organismo responsable de recopilar y organizar esta información. Sin embargo, este instituto también genera sus propios datos, llamados “Estadísticas vitales”, siguiendo el protocolo establecido por la 10ª edición de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades. El INE obtiene la mayor parte de su información a partir del Registro Nacional de las Personas (RENAP), que certifica las muertes e indica si se trataron de un homicidio, un suicidio o un accidente. Sin embargo, esta fuente no incluye información sobre el móvil o los responsables de los homicidios.

El proyecto intentó resolver estos problemas obteniendo información de las escenas del crimen como tal, con la esperanza de observar ciertos patrones que nos permitieran establecer que los crímenes estaban relacionados “con las pandillas” o “con el tráfico de drogas”, las dos maneras como las autoridades suelen describir los homicidios. Específicamente, buscamos información en dos áreas que según funcionarios del Ministerio de Gobernación se ajustaban a nuestros criterios: Chiquimula, caracterizada como un “corredor de narcotráfico”, y la Zona 18 de Ciudad de Guatemala, caracterizada como una “zona de pandillas”. Esto se hizo con base en criterios de funcionarios policiales y de inteligencia en estas áreas, cotejados en el Ministerio de Gobernación.

Durante varios meses, les solicitamos derechos de petición relacionados con datos nacionales y regionales a la PNC, el INACIF y el MP, sobre los homicidios, sus posibles móviles y otros datos relevantes que nos permitieran establecer el motivo y los actores involucrados en los homicidios en esas dos áreas y en el país en general. Sin embargo, los datos que recibimos sólo nos dieron una idea superficial de los móviles y los actores.

Dadas las limitaciones de estos hallazgos, solicitamos acceso a los informes preliminares de la policía sobre los casos de homicidio en Zona 18 y Chiquimula, solicitud que nos fue concedida. Estos archivos no están digitalizados, por lo que tuvimos que ir a las estaciones de policía, buscar los archivos físicos y tomar fotografías de los informes. También solicitamos acceso a los archivos del Ministerio Público sobre estos casos de homicidio. Esta solicitud fue concedida, pero sólo para los casos que ya estaban concluidos. Desafortunadamente, estos datos representan sólo una fracción de los casos que encontramos en los archivos de la policía, y por lo tanto no nos fueron de utilidad.

Con el fin de llenar los vacíos de información o corroborar lo que estábamos encontrando en los informes de la policía en lo relativo a la dinámica de la violencia en estas áreas, así como a nivel nacional, hablamos con investigadores policiales y con analistas del Ministerio Público. La mayoría de estas entrevistas fueron confidenciales, pero representan una importante muestra que permite entender lo relativo a la violencia en Guatemala. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se trata de las percepciones de estas personas y no representan un análisis o un estudio sistemático de la información disponible.

En general, registramos la manera como las diferentes agencias recopilan y procesan los datos. Estudiamos la cantidad de recursos que dedican a registrar esta información en papel, para luego ingresarla en computadores, muchos de los cuales son bastante obsoletos. Fuimos a la sede donde almacenan sus datos para observar cómo canalizan y organizan la información, y entrevistamos a las personas que trabajan en estos centros de recolección de datos o han estado al frente de los planes para mejorar y consolidar este proceso a nivel local y nacional. Como veremos más adelante, este no es un proceso adecuado y ha llevado a que se pierdan numerosas oportunidades de utilizar la información.

Hallazgos principales

• No pudimos razonablemente atribuirle el móvil ni asignarle la culpa a ningún grupo criminal en más del 35 por ciento de los casos.

• En el corredor de narcotráfico, pudimos razonablemente atribuir el 28 por ciento de los homicidios a actividades relacionadas con el crimen organizado; esto es menos de lo que las autoridades suelen atribuirle públicamente al crimen organizado.

• En el área de pandillas, pudimos razonablemente atribuir el 41 por ciento de los homicidios a actividades relacionadas con las pandillas. Esto está en consonancia con lo que las autoridades dicen en Guatemala.

• Hubo algunas diferencias en la dinámica de los homicidios en las dos áreas estudiadas. Ambas áreas difieren en cuanto a la edad de las víctimas. Hubo un mayor número de homicidios con arma de fuego en la zona de pandillas que en la zona de tráfico de drogas.

• En ambas áreas, la información proveniente de las autoridades era fragmentada, desorganizada y a veces incompleta.

• La recopilación de datos se ve afectada por:

• Burocracias múltiples y contradictorias, que no hablan el mismo idioma, o no adiministran los datos en las mismas plataformas o formatos.

• Diferentes criterios en cuanto a la manera de clasificar los datos.

• Deficiente capacitación y poco énfasis a la importancia de la recolección y el análisis de los datos.

• Cierto grado de deficiencias tecnológicas, como computadores viejos y falta de servicio de internet.

• Una cultura que prioriza la información estadística de importancia política por encima de la información que realmente permita resolver los casos o les dé a las autoridades la capacidad de analizar la dinámica criminal.

*Este proceso, que requirió un trabajo increíblemente intensivo, fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional vía Democracy International. Se desarrolló bajo la dirección de Steven Dudley, codirector de InSight Crime. En un inicio trabajó con Carlos Mendoza, anteriormente en la Iniciativa Empresarial Centroamericana; Mendoza está ahora en el Ministerio de Finanzas. Julie López trabajó incansablemente la última cuarta parte del proyecto en la compilación de datos y las entrevistas a analistas y policías. López y Victoria Dittmar analizaron y catalogaron los cientos de informes preliminares de policía que se recopilaron de Chiquimula y la Zona 18. Steven Dudley redactó el informe, con ayuda de Mendoza y López. Jaime López-Aranda, exfuncionario del gobierno mexicano y especialista en recolección y análisis de datos, revisó e hizo comentarios a la metodología y los borradores del informe.  InSight Crime desea agradecer a la PNC, el MP y el Ministerio de Gobernación de Guatemala por su ayuda en este proyecto. Lea el informe completo aquí.

 

[1] G. Contreras, “Presidente Otto Pérez justifica violencia,” Prensa Libre, 3 de febrero de 2015. Disponible en: http://prensalibre.com/noticias/justicia/Presidente-justifica-violencia-rivalidad-pandillas-inseguridad_0_1297070292.html

[2] Geoffrey Ramsey, “Guatemala Warns of Drug Gang Invasion,” InSight Crime, 26 de mayo de 2011. Disponible en: http://insightcrime.org/news-analysis/guatemala-warns-of-drug-gang-invasion

[3] Carlos Mendoza, “¿Cuál es la relación entre violencia homicida y narcoactividad en Guatemala? Parte I,” Plaza Pública, 19 de mayo de 2014. Disponible en: https://plazapublica.com.gt/content/cual-es-la-relacion-entre-violencia-homicida-narcoactividad-en-guatemala-parte-i

[4] Ver el discurso de Hernández en: http://wilsoncenter.org/event/ProsperityHonduras

[5] Gen. John F. Kelly, “SOUTHCOM chief: Central America drug war a dire threat to U.S. national security,” Military Times, 8 de julio de 2014.

[6] Rodrigo Serrano-Berthet y Humberto López, “Crime and Violence in Central America,” World Bank, 2011. Disponible en: https://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/FINAL_VOLUME_I_ENGLISH_CrimeAndViolence.pdf

[7] Peter J. Meyer y Clare Seelke, “Central America Regional Security Initiative:

Background and Policy Issues for Congress,” Congressional Research Service, 17 de diciembre de 2016, p. 17. Disponible en: https://fas.org/sgp/crs/row/R41731.pdf

[8] Ibid.

[9] “Global Study on Homicide 2013: Trends, Context, Data,” United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), marzo de 2014.

[10] “Citizen Security with a Human Face,” United Nations Development Programme (UNDP), noviembre de 2013.

[11] “Epidémicas”, en este caso, significa que las tasas estaban por encima de 10 homicidios por cada 100.000 personas.

[12] Ver: Etienne G. Krug, et al. (eds.), “World report on violence and health,” World Health Organization, 2002.

[13] UNDP, op cit.

[14] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) “Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean: A Threat Assessment,” septiembre de 2012, p. 13. Disponible en: https://unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_english.pdf

[16] En términos generales, definimos esta área como una zona utilizada para traficar drogas ilícitas en grandes cantidades. Sin embargo, no hay ninguna definición estándar para este tipo de área. El indicador que se utiliza para determinarlo suelen ser las incautaciones, pero en Guatemala las incautaciones son pequeñas y aparentemente al azar, por lo que es casi imposible utilizar este indicador.

[17] Definimos esta área como una zona donde las pandillas mantienen un monopolio o un cuasimonopolio en el uso de la fuerza. Sin embargo, no hay ninguna definición estándar para este tipo de área. El indicador que se utiliza para determinar una zona controlada por pandillas es normalmente las denuncias de extorsión de empresas con 50 empleados o menos, o de cooperativas de autobuses y taxis, y denuncias de propietarios de pequeñas tiendas y de individuos. Pero Guatemala no lleva ninguna contabilidad sistemática de estas denuncias.

[18] El proyecto se basó en un criterio similar desarrollado por el gobierno mexicano durante la administración de Felipe Calderón. Jaime López-Aranda, un exfuncionario de la agencia mexicana que desarrolló esta metodología, participó como consultor en este proyecto.

[19] Entrevistas de inSight Crime con personal del Ministerio de Gobernación que gestiona el servicio de recolección de datos entre las diversas dependencias, Ciudad de Guatemala, agosto y septiembre de 2015.

[20] Ibid.

[21] Ibid.

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