Parte I: El surgimiento de los pequeños ejércitos de México*

México y Centroamérica se han convertido en unas de las zonas más peligrosas del planeta, fuera de las zonas que se encuentran en guerra. Actualmente, la región está enfrentando desafíos sin precedentes en la seguridad, provenientes de las pandillas callejeras, la creciente presencia de organizaciones criminales sofisticadas, y la corrupción endémica en todos los niveles de la policía y el gobierno. Estos retos no son nuevos, pero están creciendo en intensidad y visibilidad. A medida que aumentan los riesgos para la seguridad humana, también aumenta la vulnerabilidad de los migrantes que cruzan la región para llegar a Estados Unidos. Los peligros se han hecho palpables particularmente en México, donde un número desconocido de migrantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos han sido asesinados o han desaparecido, presumiblemente a manos de actores criminales o de funcionarios públicos corruptos. Muchos más son víctimas de extorsión, violación y otros crímenes.

La tasa de homicidios en Centroamérica es actualmente de un poco más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes —más del doble de la tasa de homicidios en México (18 homicidios por cada 100.000 habitantes), un país que recibe mucha más atención de los medios internacionales debido a los altos niveles de crimen y violencia. La mayoría de los homicidios en Centroamérica se concentran en los países del Triángulo del Norte —Guatemala, El Salvador y Honduras—, donde el promedio de la tasa de homicidios es de 58 por cada 100.000 habitantes (vea Figura 1).

Este artículo hace parte de una serie sobre la violencia contra los migrantes. Vea la serie completa aquí.

En comparación, en Estados Unidos la tasa de homicidios alcanzó un máximo de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1980, y actualmente se sitúa alrededor de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las estadísticas nacionales totales, sin embargo, ocultan importantes variaciones dentro de los estados. En el Distrito de Columbia (Washington, DC), la tasa de homicidios alcanzó un máximo de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1991, y en 2010 se ubicó alrededor de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes —mayor que en Ciudad de México, donde la tasa de homicidios era de 14 por cada 100.000 habitantes en 2010—. Los altos niveles de violencia en algunas áreas —en el caso de México, en las regiones fronterizas— aumentan los niveles nacionales.

VEA TAMBIÉN: Parte II: Pandillas, deportación y violencia en Centroamérica

Tanto en México como en Centroamérica, los grupos criminales parecen haber sobrepasado a las fuerzas de seguridad públicas, las cuales no cuentan con el personal suficiente. El control de las actividades ilegales en las áreas rurales y fronterizas, por donde los migrantes a menudo cruzan, es particularmente difícil. Por ejemplo, Olancho, un departamento hondureño (similar a un estado o provincia), cuenta con 250 oficiales de policía para cubrir un área aproximadamente del tamaño de El Salvador, y más grande que Bélgica o que el estado de Maryland en Estados Unidos [1]. El gobierno guatemalteco alistó recientemente a 800 soldados, incluyendo a 300 miembros de las fuerzas especiales Kaibil del país, que se especializan en combatir en la selva y en actividades de contrainsurgencia, para reforzar a la policía local, en la remota provincia de Petén, que limita con México. La corrupción de las fuerzas de seguridad pública —en algunos casos a niveles altos— complica aún más estos retos.

Figura 1. Tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes (Nótese *El Salvador, Honduras y Guatemala)

Fuente: Datos de homicidio reunidos por la Organización de Naciones Unidas; cálculos sobre población obtenidos de Population Reference Bureau. 

Por décadas, los migrantes centroamericanos que cruzan México para dirigirse hacia Estados Unidos han sido víctimas de crímenes violentos. (Lo mismo ocurre con los mexicanos que transitan hacia Estados Unidos.) A diferencia del pasado, cuando esta situación pasaba en gran parte desapercibida por las comunidades y el gobierno, actualmente hay creciente preocupación y atención en la región sobre los peligros que enfrentan los migrantes que cruzan México. A pesar de las amenazas e intimidaciones periódicas, los medios de comunicación mexicanos y centroamericanos ahora informan regularmente sobre los crímenes en contra de los migrantes. También es importante el hecho de que los funcionarios públicos ahora reconocen que el maltrato de los migrantes que cruzan la región no puede seguir siendo ignorado o considerado como un fenómeno aislado.

Este artículo se centra en el impacto que tienen los grupos criminales en México y el Triángulo del Norte de Centroamérica sobre los migrantes que se dirigen al norte. Estudia los orígenes y el crecimiento de las principales redes que operan en México y Centroamérica, y luego esboza lo poco que se sabe sobre cómo los grupos criminales se benefician del flujo de migrantes hacia el norte, y en algunos casos lo facilitan. La evidencia se basa tanto en investigación de campo como en información secundaria, incluyendo discusiones con funcionarios de México y los tres países del Triángulo del Norte.

En primer lugar, es importante distinguir entre pandillas callejeras, grupos de crimen organizado, y organizaciones criminales trasnacionales:

• Las pandillas callejeras, que tienen sus raíces en la pobreza endémica y en la extendida urbanización, se cuentan por miles y se han beneficiado de las economías ilegales que florecen en los barrios más pobres de la región. En Centroamérica, varias pandillas callejeras predominantes surgieron en Estados Unidos y fueron traídas a la región por los deportados. Se componen principalmente de hombres jóvenes de comunidades marginadas, la mayoría de los cuales tiene antecedentes violentos y, a menudo, historias de abuso de sustancias psicoactivas. Las pandillas callejeras controlan los barrios y mercados locales, de donde obtienen sus rentas mediante extorsiones, aunque también se dedican al secuestro, el asalto y el asesinato por contrato. En algunos casos, como se describe a continuación, las pandillas callejeras han subcontratado sus servicios como distribuidores de contrabando o como sicarios al servicio de organizaciones criminales más grandes. Sin embargo, ellas carecen de la sofisticación y la estructura de los grupos de crimen organizado.

• Los grupos de crimen organizado son más grandes y más sofisticados que las pandillas, y en México y Centroamérica tienen su origen en desmovilizados de las fuerzas paramilitares, de inteligencia y el ejército. Tienen un alcance geográfico más grande y participan en actividades más lucrativas que las pandillas callejeras —principalmente el tráfico y la distribución de drogas y armas—. El gran margen de ganancia de estas actividades les ha permitido a los grupos de crimen organizado construir estructuras jerárquicas sofisticadas. Fortalecidos por un aumento en la cantidad de drogas ilegales que se trafican por México y Centroamérica, los grupos de crimen organizado tienen más recursos, controlan más infraestructura, tienen acceso a más “soldados” y armas, y tienen mayor control sobre las instituciones gubernamentales. Estas mismas organizaciones también han diversificado sus portafolios criminales, usando sus organizaciones y el control de las rutas ilegales de tráfico, como las utilizadas para el tráfico de personas.

• Las organizaciones criminales trasnacionales son grupos de crimen organizado que tienen una presencia operacional, y no simplemente transaccional, en varios países.

Aunque los gobiernos de México y Centroamérica buscan reducir la agresiva influencia de la criminalidad en sus sociedades, mediante la confrontación de los grupos involucrados en todo tipo de actividades ilícitas, sus esfuerzos se ven obstaculizados por la desinformación generalizada sobre la relación entre los grupos criminales y el movimiento de migrantes a través de la región. Poco se sabe sobre el papel de los grupos criminales en el tráfico de migrantes, sobre las organizaciones que participan en este mercado, ni sobre el grado de maltrato, extorsión y asesinato. Distinguir la realidad del mito es extremadamente difícil. La inteligencia sobre la estructura, evolución y operaciones de las pandillas callejeras y de grupos criminales más sofisticados depende a menudo de información imprecisa u obsoleta, proveniente de entrevistas y de la observación en el terreno. Es escasa la evidencia concreta para corroborar incluso los puntos de vista de los observadores más informados. Como resultado de ello, los argumentos presentados en este informe están inevitablemente basados en anécdotas. Sin embargo, ellos representan la mejor evidencia pública sobre los retos que enfrenta la región.

México: De los negocios familiares a pequeños ejércitos

En México, las grandes organizaciones criminales se originaron a finales de los años sesenta, cuando pequeños grupos familiares se dedicaban al tráfico de mercancía de contrabando, personas, drogas ilegales y otros productos hacia Estados Unidos. Este núcleo de contrabandistas adquirió mayor importancia cuando la cocaína de los Andes empezó a transitar por la región entre los años setentas y ochentas. Los proveedores colombianos usaban a las organizaciones criminales mexicanas para recibir y enviar sus productos hacia el norte, donde los esperaban cadenas de distribución locales.

Inicialmente, el tráfico fluía a través de México y era en pequeñas cantidades, pero el rol de los mexicanos empezó a ser más relevante una vez que Estados Unidos empezó a ejercer mayor presión sobre las actividades del Caribe, lo cual forzó a los traficantes de cocaína a optar por el camino a través del istmo.

Para los años noventa, gran parte de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos pasaba por México, y algunas organizaciones criminales mexicanas empezaron a tener una mayor parte de las ganancias, estableciendo sus propias redes de distribución en Estados Unidos. Estas incluyen los comienzos de las organizaciones que serían más tarde conocidas como los carteles de Sinaloa, Tijuana, Juárez y el Golfo.

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En un comienzo, los carteles mexicanos eran pequeñas organizaciones familiares que dependían de la corrupción de las fuerzas de seguridad estatales, las cuales les ofrecían protección para que no fueran perseguidos judicialmente al igual que sus rivales. No obstante, esto cambió una vez los carteles mexicanos se expandieron y empezaron a dedicarse a la distribución, con lo que aumentaron sus ganancias y sus operaciones. Los altos ingresos llevaron a una mayor competitividad entre las organizaciones, lo que las llevó a establecer sus propias fuerzas de seguridad para proteger sus mercados y ganancias. Este proceso alteró por siempre la manera en que las organizaciones criminales operaban en México (y luego en Centroamérica), y ha contribuido a la proliferación del secuestro de inmigrantes que se mueven a lo largo del país. 

El desarrollo del ala militar de estas organizaciones es significativo por varias razones. La primera representa un quiebre con respecto al modelo de organizaciones familiares pequeñas del pasado. Esta transformación fue profunda. Los nuevos ejércitos paramilitares adoptaron la terminología y la lógica militar y de sus entrenadores militares, algunos de los cuales eran mercenarios extranjeros [2]. Las organizaciones empezaron a designar “tenientes” y a crear “células”, las cuales incluían unidades responsables de recopilar inteligencia. Estos nuevos “soldados” llevaron a cabo entrenamiento y adoctrinamiento obligatorio, para luego unirse a la lucha para evitar que otros carteles incursionaran en su territorio. Junto con su nueva cara militar, la infraestructura de los carteles también creció. Para este entonces contaban con refugios, equipos de comunicación, carros y armas —el mismo tipo de infraestructura necesaria para cualquier actividad criminal sofisticada, desde un robo hasta un secuestro, incluso hasta el contrabando de mercancía—.

Además de asegurar su propio territorio, los carteles empezaron a competir por los territorios estratégicos, o plazas, como se les conoce. En el mundo de la delincuencia mexicana, el control de una plaza significa cobrarle un impuesto (algo así como un peaje) a cualquier actividad llevada a cabo por cualquier grupo criminal que opere en ese territorio. El llamado piso suministra un flujo de ingresos, ya que el grupo al mando se lleva más de la mitad de las ganancias por el contrabando que pasa a través de su corredor —ya sean armas, personas o droga—. Las fuerzas de seguridad corruptas participaron en algún momento en esta parte del negocio, pero con el tiempo los grupos criminales usurparon ese control.

A su vez, la lucha por las plazas depende del número de soldados que mantiene cada cartel. En el caso del Cartel de Tijuana, la familia Arellano Félix comenzó a trabajar con la Pandilla de la Calle Logan de San Diego, capacitándolos en el uso de armas, tácticas y en recolección de inteligencia. El Cartel del Golfo contrató a miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) de México, que adoptó el nombre de Los Zetas en honor a los códigos que usaban por radio sus comandantes militares. El Cartel de Juárez contrató a policías y expolicías para formar el grupo que se conoce como La Línea; y más tarde a una pandilla callejera conocida como los Aztecas en El Paso. El Cartel de Sinaloa designó a una facción de su grupo, la Organización Beltrán Leyva, para crear un pequeño ejército que le hiciera frente a sus rivales (apoyados por varias pandillas callejeras más pequeñas), en lugares donde el cartel opera a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México.

Los nuevos "soldados" tienen una característica común: no son parte de la estructura familiar original, que otrora se encontraba en el núcleo de las organizaciones criminales mexicanas [3]. Antes las organizaciones criminales mexicanas eran relativamente pequeñas, y en su mayoría estaban compuestas por familiares del estado de Sinaloa, donde habían trabajado en campos de cultivos de amapola y marihuana. (Vea en el Apéndice 2 un mapa de los estados mexicanos).

La pertenencia a los grupos se daba por lazos de sangre, matrimonio o afecto —hasta que las fuerzas del mercado requirieron que estas uniones tradicionales se profesionalizaran y permitieran la admisión de extranjeros con el fin de seguir siendo competitivos—.

En un principio, los líderes de estos grupos les concedían a los “forasteros” poca autoridad o poder discrecional. Algunos líderes, como Ramón Arellano Félix, del Cartel de Tijuana, y Osiel Cárdenas Guillén, del Cartel del Golfo, controlaban directamente sus nuevos ejércitos, exigiendo su lealtad a toda costa. Con el tiempo, sin embargo, esto resultó ser un mal modelo a seguir, dado que tan pronto un líder fuerte era eliminado (como en el caso de Arellano Félix en 2002) o detenido (como en el caso de Cárdenas en 2003), las lealtades individuales se desintegraban y estos ejércitos comenzaban a romper con el comando central del cartel. La lealtad se convirtió en una mercancía sujeta a la dinámica de los precios del mercado, en lugar de ser una obligación “familiar” o tradicional.

Los nuevos ejércitos privados eran costosos en todos los niveles, y los líderes de los carteles empezaron a buscar formas de reducir costos, incluso a medida que continuaban su expansión y la profesionalización de sus operaciones. Pese a que la evidencia es escasa, los informes indican que desde finales de los noventa, de forma gradual, de mala gana y violentamente, los carteles desplazaron la responsabilidad financiera y el control operativo hacia sus lugartenientes —un proceso que únicamente fue evidente cinco o seis años más tarde—. Con esta autonomía recién adquirida, muchas células ampliaron sus operaciones a los servicios de seguridad e incursionaron en la extorsión de negocios legales y, más adelante, en el secuestro.

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Este cambio en la toma de decisiones financieras y operativas representa una segunda transformación profunda en la forma como operan los carteles mexicanos. De un momento a otro, en lugar de una organización criminal centralizada, había numerosas células exigiendo piso por actividades criminales como el contrabando y el tráfico de personas, y compitiendo, a menudo violentamente, por el territorio y los mercados. Los ingresos por tráfico de personas son importantes. De acuerdo con Naciones Unidas (ONU), se estima que el tráfico de personas en el hemisferio occidental es un negocio de US$$6.000 millones al año [4]. No obstante, para los carteles mexicanos los ingresos totales provenientes del tráfico de personas son relativamente pequeños en comparación con los ingresos del tráfico internacional de drogas, que se encuentran probablemente entre US$15.000 y 25.000 millones. Los márgenes de ganancias del tráfico de drogas —los cuales son aproximadamente el 80 por ciento de los ingresos— son quizá también mayores que los del tráfico de personas.

Las nuevas organizaciones militarizadas tenían una mentalidad nueva, centrada en la ocupación de grandes cantidades de espacio físico. Su rápido crecimiento provocó un cambio en la estructura financiera. A medida que aumentaban las operaciones, también aumentaba la necesidad de proteger a los líderes para que no fueran detectados. Las unidades de estos multifacéticos ejércitos ganaron mayor autonomía para participar cada vez más en múltiples actividades criminales. Esto posibilitó la entrada de personal cuyas lealtades no eran hacia la cúpula. El nuevo sistema descentralizado funcionaba, siempre y cuando una persona fuerte siguiera siendo el líder. Sin embargo, tan pronto como ese líder era eliminado, la organización inevitablemente se resquebrajaba y, en muchos casos, estallaba la violencia entre facciones rivales.

Este proceso se ha repetido una y otra vez en la última década. En un esfuerzo por aumentar las ganancias, las diferentes facciones de las grandes organizaciones han diversificado sus portafolios criminales, ahondando en el tráfico de personas, el contrabando, la extorsión, la piratería, el secuestro y otras actividades criminales. Muchas de estas facciones han roto los lazos con sus organizaciones originales, incluyendo grandes facciones del Cartel de Tijuana, Los Zetas, La Línea y la Organización Beltrán Leyva. Las autoridades todavía se refieren a los grupos pequeños con los nombres de las organizaciones más grandes a las que alguna vez pertenecieron. Esta práctica puede ayudar a dar sentido a la caótica situación de México, pero la realidad es mucho más compleja. InSight Crime, por ejemplo, recientemente contabilizó 28 grupos criminales en México. Como se describe más adelante, estos grupos suelen contratar unidades más pequeñas y pandillas locales, lo que complica aún más la situación y hace que nuestro trabajo de categorizar el caos sea más difícil.

Existe poca evidencia que permita confirmar que las organizaciones criminales mexicanas hayan establecido sus propias redes de distribución en Estados Unidos. Ha habido algunos arrestos de líderes mexicanos del crimen organizado y miembros de sus familias en Estados Unidos, pero no es claro si las estructuras organizativas de estos grupos se han consolidado en ese país. Tampoco existe evidencia convincente de que los carteles mexicanos tengan presencia permanente y activa en países productores de droga como Colombia, Perú y Bolivia. La presencia de los carteles mexicanos en los países andinos parece ser puramente transaccional, más que operativa o estratégica. En este sentido, es poco probable que las organizaciones criminales mexicanas se hayan integrado verticalmente por completo o que se hayan “vuelto transnacionales”, como suele suponerse.

Este artículo hace parte de una serie sobre la violencia contra los migrantes. Vea la serie completa aquí.