La presencia de actores corruptos que tienen un interés personal en permitir que ocurran delitos ambientales, junto con la falta general de capacidad, recursos y voluntad política para combatir las actividades relacionadas, es una mezcla explosiva que está destruyendo la Amazonía colombiana.
Si bien hay esfuerzos para fortalecer la resiliencia frente a los delitos ambientales en la región, lo que incluye nuevos marcos legislativos, algunas muestras de voluntad política y liderazgo por parte del gobierno, así como cooperación internacional, todavía queda un largo camino por recorrer.
Marco legislativo
Colombia cuenta en su Código Penal con una serie de leyes para combatir los delitos ambientales; sin embargo, existen algunas lagunas legales. Tradicionalmente, las reglamentaciones ambientales se han enfocado en la expedición de permisos y licencias para la administración y el uso de los recursos naturales.
No obstante, a estos les ha faltado un sustento real en lo que tiene que ver con la erradicación de los delitos ambientales. La baja resistencia en este sentido ha abierto oportunidades para los actores criminales que han intentado saquear la Amazonía colombiana.
Los artículos 328 a 339 del Código Penal colombiano, en la Ley 599 de 2000, establecen las normas para el tratamiento de los delitos ambientales en el país. Esta ley abarca el uso ilícito de los recursos naturales, los daños ambientales, la pesca ilegal, la explotación de minerales y otras actividades.
Sin embargo, el marco es bastante general. Las normas existentes suelen mencionarse sin aportar explicaciones detalladas de lo que implican, lo que abre puertas para que los delitos ambientales prosperen en la Amazonía colombiana, con pocas consecuencias para los perpetradores.
Las penas por violar estas leyes van de dos a diez años de prisión, hasta el pago de una pequeña multa. A pesar de esto, claramente no es un elemento disuasorio efectivo, dado que los delitos ambientales siguen aumentando en toda la región.
Recientemente se presentó un nuevo proyecto de ley para actualizar la legislación sobre delitos ambientales, que, de aprobarse, demostrará que Colombia se está tomando más en serio la protección de su Amazonía y otras regiones biodiversas. El Congreso ha estado debatiendo esta ley —que incluye delitos ambientales de todo tipo— durante 2021. El proyecto de ley pretende establecer el tráfico de vida silvestre como un delito autónomo, legislar sobre nuevos delitos y fortalecer las penas que se imponen a los infractores que causen daño al medio ambiente.
Asimismo, la introducción de la Política Nacional para el Control de la Deforestación y el Manejo Sostenible de los Bosques, por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en el documento 4021 de 2019, fue un avance significativo. Dicha política tiene como objetivo reducir la deforestación en Colombia mediante la incorporación de estrategias de uso forestal sostenible y la promoción de estrategias preventivas y de control territorial para minimizar las actividades ilegales que afectan las áreas de bosque primario.
Sin embargo, la estrategia se queda corta en algunos aspectos. Las áreas de acción presentadas en el CONPES 4021 no corresponden directamente a las causas de deforestación identificadas ni responden a contextos regionales. La política tampoco reconoce los diferentes tipos de actores involucrados en los principales promotores de la deforestación de Colombia.
Además, las leyes administrativas que tradicionalmente han existido en Colombia apenas han reconocido el alcance de los documentos del CONPES, que en realidad son mecanismos no vinculantes. Esto puede limitar la influencia que tiene el CONPES 4021 para detener los delitos ambientales que afectan a la Amazonía colombiana.
Junto con la legislación orientada a combatir los delitos ambientales en Colombia, algunas regulaciones han tomado medidas importantes para combatir los motores específicos de deforestación y pérdida de biodiversidad en el país, como el tráfico de vida silvestre y la minería ilegal.
Mediante la Ley 17 del 22 de enero de 1981, Colombia aprobó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), firmada en Washington en 1973. Esta fue la primera herramienta normativa estrictamente dedicada a combatir el tráfico de vida silvestre y flora y ha sido decisiva para la identificación y protección de especies amenazadas.
En cuanto a la minería ilegal, en 2015 la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Colombia, encargada de administrar los recursos minerales de propiedad estatal, introdujo una nueva política que implica que todos los mineros y empresas que quieran comerciar minerales legalmente tendrán que registrarse en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM). Desde su creación, el RUCOM ha reforzado los controles en torno a la explotación legal de minerales.
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La Ley 1658 de 2013 prohíbe el uso de mercurio en cualquier actividad extractiva. En 2023 entrará en vigor la prohibición total del uso industrial (producción y venta) de mercurio. La prohibición proyectada se ha establecido en línea con el Convenio Internacional de Minamata (ratificado por Colombia en 2019) que ha buscado erradicar el uso de dicho producto químico a nivel mundial. Esto hará que el mercurio —que suele ser utilizado por los mineros artesanales a pequeña escala— sea más difícil de conseguir, lo que podría llevar este comercio a manos ilegales.
Específicamente en cuanto a la tala ilegal, la creación del Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL), a través de la Resolución 1909 de 2017, les ha permitido a los funcionarios rastrear más fácilmente la madera durante su tránsito.
Sin embargo, la aplicación de este mecanismo sigue enfrentando desafíos. En regiones con acceso inestable o irregular a Internet, como el Amazonas, los permisos de tránsito todavía son impresos físicamente por Corpoamazonia. Esto les ha permitido a los transportistas fotocopiar los permisos y utilizarlos más de una vez. Así, la madera sigue siendo blanqueada mediante el uso de documentación legal.
Justicia penal
La Fiscalía General de la Nación cuenta con una unidad especializada dedicada al crimen organizado, pero la oficina encargada de los delitos ambientales es actualmente la Dirección de Derechos Humanos. “Esto ha hecho que los delitos ambientales no reciban suficiente atención”, según César Rey, experto en temas forestales.
Por su parte, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, que está orientada a combatir el lavado de dinero, no ha hecho énfasis en los delitos ambientales. Si bien delitos como la minería ilegal, el tráfico de vida silvestre y la tala ilegal están intrínsecamente vinculados al lavado de dinero, hasta la fecha esta unidad se ha enfocado muy poco en tales actividades, con la excepción de la minería.
Como las unidades especializadas no han logrado en general hacer frente a los delitos ambientales en Colombia, se ha optado por las intervenciones radicales.
Se han llevado a cabo intervenciones que cubren varios departamentos, impulsadas por la Operación Artemisa, una campaña militarizada lanzada por el presidente Iván Duque Márquez en abril de 2019 para recuperar los bosques de Colombia y combatir la deforestación.
Las intervenciones llevadas a cabo en el marco de la Operación Artemisa han intentado erradicar los delitos ambientales en la Amazonía colombiana mediante detenciones. Por ejemplo, durante dos días de febrero de 2021 se llevaron a cabo varias intervenciones. Como resultado, 40 personas fueron capturadas y acusadas por su participación en minería ilegal y otras actividades que impulsan la deforestación en Guaviare y Caquetá, entre otros departamentos.
Sin embargo, se han planteado dudas acerca de hasta qué punto las fuerzas armadas involucradas en la Operación Artemisa apoyan su nueva función. El descontento ha sido evidente entre algunos soldados que no ven la protección de los recursos naturales y la lucha contra la deforestación como una parte central de los deberes del ejército.
Por otro lado, es importante destacar que, cuando la justicia penal se ha aplicado de esta manera en la Amazonía colombiana, generalmente se han capturado a quienes tienen menos influencia en el fomento de determinado delito ambiental, en particular cuando las fuerzas armadas están presionadas por mostrar “resultados inmediatos”. Entre tanto, las actividades de financiación que promueven la deforestación permanecen en general intactas, así como las redes criminales.
Las estrategias militarizadas que además incorporan alternativas económicas para la población local, que puede llegar a participar en la tala ilegal, la minería y el cultivo de coca debido a situaciones económicas desesperadas, son las que tienen más probabilidades de combatir los delitos ambientales de manera sostenible. Tales estrategias funcionan si se les muestran a las comunidades oportunidades para descontinuar dichas actividades, en lugar de castigarlas arbitrariamente. Los enfoques militarizados por sí solos parecen tener un impacto limitado en la lucha contra la deforestación.
Voluntad política y liderazgo
En Colombia, el seguimiento a las propuestas oficiales para subrayar la importancia de combatir los delitos ambientales como prioridad nacional ha sido bastante mediocre.
Por ejemplo, la Política de Defensa y Seguridad (PDS) de Colombia presentó un intento de reformular la noción de lo que constituye el “crimen” en Colombia, de manera que esté más orientada al impacto ambiental de las actividades delictivas. El documento implica que debería haber un mayor énfasis en los crímenes que amenazan el medio ambiente, como el tráfico de drogas.
Si bien esto marca una ruptura radical respecto al pensamiento oficial, este documento apenas se ha cumplido, aparte de la Operación Artemisa.
Para hacer frente a la minería ilegal, el gobierno de Duque está considerando centralizar el mercado del oro y espera que el Congreso aumente las penas en torno a los delitos ambientales. En concordancia con estos esfuerzos, en febrero de 2021 se creó una nueva unidad militar para atacar las operaciones de minería ilegal. El impacto de dichas acciones en la Amazonía colombiana aún está por verse.
Cooperación internacional
Colombia ha cooperado activamente con otros países, organizaciones internacionales y organismos internacionales de lucha contra el crimen, como Interpol, con el fin de combatir los delitos ambientales que devastan su región amazónica y otras partes del país.
Los gobiernos de Perú y Colombia han estado cooperando durante años para monitorear y prevenir la minería ilegal y la deforestación en la frontera que comparten en la región Amazónica.
En agosto de 2019, el presidente Duque se reunió con el expresidente peruano Martín Vizcarra y firmaron una declaración presidencial conjunta. En la declaración, ambas partes reconocieron la necesidad de unir fuerzas para proteger la cuenca Amazónica, allanando el camino para una mayor coordinación en la lucha contra los delitos ambientales en toda la región.
Aunque esta declaración sigue en vigor, y se producen acuerdos bilaterales y reuniones muy publicitadas en relación con ella, ha habido pocos resultados concretos.
Colombia también es signataria del Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca reforzar los vínculos entre la protección ambiental y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. El acuerdo tiene como objetivo reducir los conflictos que conducen al asesinato de los defensores del medio ambiente en toda la región.
Aunque Colombia firmó el acuerdo, aún debe ser ratificado por el Congreso. Si el acuerdo no es ratificado en Colombia, el país no tendrá ningún compromiso de seguir sus directrices, incluso cuando entre en vigor.
Además de su trabajo con otros países de la región, Colombia ha colaborado con organizaciones internacionales para combatir los delitos ambientales en la Amazonía y en otras zonas del país. Incluso antes de convertirse en miembro reconocido de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia trabajó con la organización para fortalecer las cadenas responsables de suministro de minerales a través de la debida diligencia.
En 2018, el gobierno de Colombia firmó un acuerdo para tomar medidas más enérgicas para implementar la Guía de Debida Diligencia de la OCDE en las cadenas de suministro de oro del país. Colombia acordó “incluir un mejor proceso de verificación de antecedentes en su registro minero, establecer un mecanismo de monitoreo de minas para evaluar los riesgos en los sitios de minería artesanal, y apoyar el desarrollo de capacidades de la industria y el gobierno”.
Si bien este fue un paso prometedor, del país sigue saliendo oro ilegal dado que el precio del metal precioso se ha disparado, según un informe sobre este comercio publicado por Global Financial Integrity a principios de 2021.
Los organismos especializados de Colombia también han unido esfuerzos con organizaciones internacionales para combatir la minería ilegal.
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Recientemente se informó que la Agencia Nacional de Minería de Colombia se asociaría con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para facilitar el acceso a préstamos a los pequeños mineros que deseen mejorar sus procesos. Este esfuerzo de colaboración se propuso minimizar el impacto de la minería a pequeña escala en Colombia, pero sus resultados aún están por verse.
Las regulaciones actualizadas de la Unión Europea y el reconocimiento internacional de los delitos ambientales en la región pueden cambiar el panorama. Se ha impulsado un mayor cumplimiento y estándares ecológicos, y las empresas han estado cada vez más involucradas. La Comisión Europea se ha comprometido a publicar una propuesta legislativa en junio de 2021, que buscará minimizar los riesgos de deforestación y degradación forestal asociados con los productos comercializados en el mercado de la Unión Europea. El impacto que esta acción tendrá en la reducción de la deforestación en la Amazonía colombiana en particular también está por verse.
Otros organismos internacionales han señalado públicamente la magnitud del problema. A finales de 2020, Cláudio Maretti, vicepresidente regional para América del Sur de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), advirtió que la deforestación en la Amazonía colombiana era peor que la de Brasil.
Si bien los delitos ambientales a los que se enfrenta la región se han observado a nivel internacional, hasta la fecha se han adoptado pocas medidas sustanciales para detener el problema.
Sociedad civil
A pesar de los esfuerzos realizados con organismos internacionales y otros países para combatir los delitos ambientales, Colombia es el lugar más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente, según los datos más recientes disponibles de Global Witness. 64 defensores del medio ambiente fueron asesinados en Colombia en 2019, lo que corresponde a cerca de un tercio del total de asesinatos registrados en todo el mundo.
Los líderes comunitarios luchan para evitar las redes criminales que se dedican a la minería ilegal, la tala y el cultivo de coca tanto en sus territorios como en sus alrededores. Los actores criminales suelen responder a esto con violencia y amenazas, en muchas ocasiones asesinando a quienes se interponen en su camino.
Estos defensores reciben muy poco apoyo estatal y prácticamente quedan solos en la labor de proteger la región amazónica y otras zonas biodiversas frente a la deforestación, la degradación y la contaminación.
Algunas iniciativas que intentan vincularse con la sociedad civil en la lucha de la región contra los delitos ambientales han demostrado ser muy prometedoras.
Desde 2018, Minambiente ha trabajado con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unión Europea con el fin de promover prácticas forestales sostenibles entre las comunidades locales, a través de un proyecto llamado “Forestería comunitaria”, el cual se ha implementado en Putumayo y otros departamentos.
Las iniciativas sociales de este tipo tienen como objetivo proporcionar a las poblaciones locales alternativas al trabajo en economías ilícitas que tienen un impacto negativo en el medio ambiente. Además, vigilan las zonas que pueden ser invadidas por agentes criminales.
Asimismo, los procesos de formalización han conducido a los miembros de las comunidades locales —que de otra manera podrían involucrarse en la minería ilegal o los cultivos ilícitos— hacia actividades económicas, sociales y políticas reguladas a nivel nacional. Hasta la fecha, la formalización ha sido una estrategia especialmente sólida para combatir la deforestación en Colombia, pero también es un área donde pueden hacerse más avances.
El gobierno colombiano ha tratado durante mucho tiempo de incorporar a los mineros informales a la economía formal, con el fin de promover un enfoque más sostenible de la extracción de minerales, incluso en la región Amazónica.
Sin embargo, en algunos casos, los pequeños mineros no han cumplido con los plazos de registro, lo que complica los esfuerzos del gobierno para formalizar el sector. Estos programas limitan las actuaciones irregulares de los actores menores y les proveen un conjunto de reglas y pautas que deben seguir en el sector formal para llevar a cabo su trabajo. Si se acatan estas regulaciones, puede detenerse el daño ambiental causado por la minería artesanal y los cultivos ilícitos.
De cara al futuro, los miembros de las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana han abogado por mayores esfuerzos de formalización para detener los delitos ambientales y la deforestación en la región.
Un miembro de la Reserva Yaguará II propuso que “establecer una frontera agrícola firme, formalizar títulos para los agricultores de la región, brindar educación y capacitación para cambiar las prácticas destructivas, ofrecer garantías de salud y educación, y trabajar con asociaciones locales para reforestar y reclutarlos para el control ambiental” podrían ser acciones contra la deforestación en la región.
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