Pese a que durante mucho tiempo ha sido uno de los países más seguros de Latinoamérica, en Uruguay la inseguridad y el crimen organizado están aumentando, lo cual hace de este un estudio de caso interesante, aunque imperfecto, para comprobar el impacto de la regulación de la marihuana sobre el crimen organizado.
Sin duda, la relativa seguridad de Uruguay lo hace un candidato insólito para medir el impacto de la regulación de la marihuana sobre el crimen organizado. Otros países que claman por el cambio de paradigma en la política de drogas —Guatemala y Colombia, por ejemplo— son algunos de los más violentos de la región y, sus llamados siguen una lógica compartida: disminuir los recursos dirigidos a reprimir a los consumidores de drogas les permitirá enfocar sus fuerzas de seguridad en los actores más violentos.
Este artículo es parte de una serie sobre los retos de la legalización de la marihuana en Uruguay. Vea la serie completa aquí.
Uruguay cuenta con algunos de estos actores violentos. De hecho, el tema de la inseguridad es una especie de paradoja política en Uruguay. El país ha tenido por mucho tiempo bajos niveles de crímenes violentos y su tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes se encuentra entre las más bajas de la región. Sin embargo, al mismo tiempo, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos uruguayos es sorprendentemente alta. Una encuesta en toda la región en mayo de 2012, realizada por la Corporación Latinobarómetro, descubrió que Uruguay tiene una de las mayores brechas en Latinoamérica, entre el nivel de inseguridad percibida y la tasa de victimización real.
Homicidios en Uruguay
A pesar del bajo nivel de criminalidad, el 40 por ciento del país calificó la seguridad ciudadana como el principal problema que enfrenta el país, y el 84 por ciento dijo que la criminalidad había empeorado en los últimos dos meses. Un reciente estudio halló que los residentes de la capital Montevideo son más propensos a calificar a su país como "muy peligroso" que aquellos encuestados en cualquiera de las dos ciudades más grandes de Colombia, Bogotá y Medellín, donde se presentan aproximadamente diez veces más asesinatos al año.
El consenso entre los uruguayos parece ser que la inseguridad es un fenómeno reciente, producto de la última década.
"Hace diez años este era un país diferente", dice Julio Calzada, Secretario General de la Junta Nacional de Drogas. "La gente solía dejar sus casas sin llave, las puertas del coche abiertas mientras entraban en la tienda. Ya no es así ".
Nuevas drogas ilícitas, más violencia
Qué ha cambiado entonces? Según Calzada, uno de los principales factores fue la entrada de un derivado de la cocaína sin procesar conocido como "pasta base”, hacia finales de siglo. Pese a que era casi desconocida en los años noventa, a principios del siglo XXI el consumo de pasta base se generalizó en las zonas de bajos ingresos de Uruguay.
El problema de la pasta base en Uruguay tiene varias causas. Los funcionarios y policías antidrogas afirman que la llegada de la droga coincidió directamente con una mayor regulación de los precursores químicos en Colombia y Perú, a principios del siglo XXI, lo que obligó a los traficantes a buscar nuevas formas de vender la cocaína sin procesar. Para empeorar las cosas, una devastadora crisis económica en Uruguay en 2002 provocó que el desempleo se disparara, y proporcionó un mayor mercado para la droga barata.
Rapiñas* Reportadas en Uruguay
*La "rapiña", según el Código Penal uruguayo, es un tipo de hurto violento y es tipificado como tal, diferente del 'hurto'.
Este aumento de la pasta base, junto con una disminución repentina de las oportunidades económicas, promovieron la actividad criminal en el país sudamericano. Según el Observatorio Fundapro, en 2002 se reportaron unos 8.500 robos en el país. Para el año 2006 esta cifra subió a 9.669 y en 2012 estaba en 16.812, aproximadamente un aumento del 200 por ciento en diez años. En 2005 las autoridades registraron un total de 188 homicidios. En 2012 hubo 265, la cifra más alta de la historia del país.
Crimen organizado en Uruguay: una radiografía criminal
Aunque los uruguayos están muy preocupados por la inseguridad, el crimen organizado no es considerado como un problema importante en el país. Sin embargo, hay una sensación de que esta dinámica está cambiando. En enero, el Subdirector de la Policía Nacional, Raúl Perdomo, le dijo al diario El País que las autoridades atribuyeron la reciente oleada de asesinatos en Montevideo a un "incipiente fenómeno" de creciente actividad pandillera. Perdomo afirmó que estos grupos estaban concentrados en tres barrios del occidente de la ciudad capital.
Otras fuentes policiales consultadas por InSight Crime confirmaron esta tendencia. En los barrios pobres de las ciudades de todo el país, ha surgido diversas pandillas callejeras rudimentarias en los últimos años. Hasta el momento su portafolio criminal es bastante limitado. La policía dice que se dedican al robo de autos y el hurto, así como a la venta de marihuana y pasta base, pero sólo en pequeñas cantidades.
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Si bien estos no son actores principales en el narcotráfico, en Uruguay ha habido un puñado de narcotraficantes en los últimos años. El más famoso fue Omar Clavijo, mencionado en los periódicos locales como el "zar" del mundo criminal del país. Su arresto en 2001, por el tráfico de 300 kilos de marihuana, apareció en los titulares, y se rumoraba —aunque nunca se probó— que tenía conexiones políticas en el Congreso de Uruguay. Una vez en la cárcel, desde su celda siguió manejando una gran red de tráfico desde su celda, que según los investigadores involucraba a funcionarios de policía en la provincia norteña de Salto. Clavijo escapó en 2001 y huyó a Paraguay, con la intención de ampliar su negocio ilícito.
Sin embargo, parece que el narco uruguayo fue muy ambicioso. En julio de 2003, Clavijo fue asesinado a tiros en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, ubicada en la frontera con Brasil. Los lugareños afirmaron que fue asesinado por su jefe, un traficante paraguayo llamado Magno Ríos, después de cometer errores demasiado costosos. Días antes de ser asesinado, la policía paraguaya incautó 17 toneladas de marihuana presuntamente pertenecientes a Ríos.
Un ejemplo más reciente de un narcotraficante uruguayo es Luis Alberto Suárez Correa, de 30 años de edad, alias el "Betito" (imagen a la izquierda). Arrestado en 2006 por liderar una banda de asalto a mano armada conocida como los "Profesionales", Betito se ha aprovechado de su encarcelamiento para diversificar su actividad, y, según las autoridades, ha tenido éxito. En diciembre, el juez contra el crimen organizado Néstor Valetti Rodríguez lo describió como "el criminal más peligroso" de Uruguay.
"Él está en una cárcel de máxima seguridad, reservada para los traficantes de drogas, y controla un ejército de 50 hombres armados. Así es como él gana terreno en algunas zonas. Él dirige desde la cárcel ", dijo el juez Valetti.
El juez también aseguró que el tiempo que ha permanecido en la cárcel le ha permitido a Betito contactarse con las pandillas de las prisiones brasileñas, como el Primer Comando Capital (PCC).
En octubre de 2012, una investigación publicada en la revista Búsqueda descubrió que Betito había ampliado su grupo a lo largo de los años, y que estaba manejando una organización de micro-tráfico en los barrios del occidente de Montevideo. Según el informe, la organización de Betito controlaba alrededor de un centenar de locales de tráfico de drogas, y se enfrascó en un conflicto mortal con una banda rival de narcotraficantes por el territorio.
El impacto de la legislación de la marihuana sobre el crimen organizado
Criminales como Betito y Omar Clavijo son los que se verán más afectados por la regulación de la marihuana en Uruguay. Las estadísticas más recientes del gobierno sobre de consumo de drogas muestran que mientras el 20 por ciento del país ha consumido marihuana en algún momento, sólo el 6,2 por ciento ha probado la cocaína, y sólo el 1,1 por ciento ha consumido la alternativa más barata de la cocaína: la pasta base. Esto sugiere que si el gobierno puede debilitarlos en precio y calidad, van a perder una parte importante de sus ganancias.
El éxito de la regulación dependerá de un control riguroso de los cultivos autorizados, junto con penas severas para el tráfico y el cultivo ilegal. Los usuarios deben ser obligados a comprar o cultivar la droga legalmente para que la medida sea efectiva. Si bien puede ser impopular entre los defensores de la legalización de la marihuana, esto significa que las sanciones que la ley ordena, para aquellos que se desvíen de la producción legal, tendrán que seguirse estrictamente. Esto será especialmente importante en las zonas fronterizas aisladas, o de lo contrario Uruguay corre el riesgo de ser un país exportador de marihuana.
Afortunadamente, el gobierno del presidente José Mujica parece ser consciente de la necesidad de complementar la regulación con la aplicación específica. Un hecho que no ha sido muy reportado sobre la iniciativa es que fue propuesta por primera vez en junio de 2012 como parte del plan de la coalición gobernante Frente Amplio, para abordar la inseguridad en el país. Conocida como la "Estrategia para la Vida y la Convivencia", sus 15 puntos incluyen medidas como elevar las sentencias obligatorias por corrupción y tráfico a gran escala, crear más procesos de investigación para el tráfico ilícito de drogas a pequeña escala y ofrecer reparaciones a las víctimas del crimen. El año pasado, el gobierno afirmó que había puesto en marcha 11 de las disposiciones, incluyendo las tres mencionadas anteriormente.
Con el fin de abordar plenamente el problema, también será imprescindible para el gobierno hacer frente a la corrupción policial. Si bien no se asocia generalmente con los cuerpos de seguridad en Uruguay, ese es un problema. Según Rafael Paternain, importante criminólogo uruguayo y exmiembro de un consejo asesor para el Ministerio del Interior, este es un componente clave del control territorial de estas pandillas locales.
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"Aunque no estoy convencido de que estos grupos representen el ‘crimen organizado’ en un sentido tradicional, es difícil para mí creer que operan sin la complicidad de la policía", dijo Paternain.
Según Paternain, ello significa que las oficinas distritales de la policía en estas áreas aceptan pagos regulares de las pandillas a cambio de permiso para operar con impunidad. En 2012, unos 76 policías fueron declarados culpables de actos de corrupción, lo cual incluye el recibo de sobornos, tráfico de armas y extorsión.
Crimen transnacional en Uruguay
Las pandillas locales no son los únicos grupos criminales en Uruguay. Según el oficial Douglas Da Silva, miembro de la unidad de Crimen Organizado de la Policía Nacional, el crimen transnacional se está convirtiendo en un problema mayor cada año.
"Los mayores estructuras criminales que operan en el país son extranjeras, especialmente grupos colombianos y peruanos", dijo Da Silva.
Sin embargo, según Da Silva, en comparación con los grupos criminales locales que participan en el tráfico de drogas, los actores extranjeros atraen mucho menos la atención, y no se pueden vincular a la inseguridad en el país, ya que están principalmente interesados ??en Uruguay como un puente para el mercado de la cocaína hacia Europa. Es poco probable que se vean afectados con la legalización de la marihuana, según Da Silva, porque son "a otro nivel."
Hay otras razones por las cuales los criminales en este nivel están interesados ??en Uruguay: representa un lugar atractivo para estas organizaciones criminales extranjeras para lavar ganancias ilícitas. El Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de 2013, del Departamento de Estado de Estados Unidos encontró que la relativamente alta dependencia del dólar por parte de Uruguay lo hizo "vulnerable" a los esquemas de lavado de dinero —algo que ha preocupado más al gobierno en los últimos años—. Las autoridades dicen que más de cien personas han sido encarceladas desde 2005 por lavado de dinero, y los gobiernos de Argentina y Brasil han encendido las alarmas por esta tendencia.
En última instancia, la legalización de la marihuana afectará poco a las principales redes criminales transnacionales. Éstas se mantendrán a menos que el gobierno tome una postura más agresiva en cuanto al lavado de dinero y la seguridad fronteriza. Pero eliminará una buena parte de las ganancias de los traficantes de Uruguay, los principales generadores de inseguridad en el país.
La inseguridad se trataría con mayor detalle si el proyecto de ley estuviera acompañado de una oleada de operaciones policiales dirigidas a atacar la actividad pandillera y el tráfico de cocaína y pasta base en las zonas urbanas. Mientras las autoridades les impidan a estos grupos ajustarse al cambio de ley y obtener ganancias con otra actividad criminal, el proyecto de ley tiene buenas posibilidades de reducir los homicidios y otros crímenes violentos.
Este artículo es parte de una serie sobre los retos de la legalización de la marihuana en Uruguay. Vea la serie completa aquí.
*Geoffrey Ramsey fue un investigador de InSight Crime. Actualmente reside en Uruguay, donde lleva a cabo investigaciones para Open Society Foundations, uno de los financiadores de InSight Crime. Vea más sobre el trabajo de Geoffrey en InSight Crime aquí.
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