Los delitos ambientales abundan en toda la Amazonía como resultado de la escasa capacidad de reacción del Estado. A pesar de que se han hecho esfuerzos para combatirlos, la corrupción, la falta de voluntad política y la escasa articulación entre los organismos públicos forman una mezcla explosiva que ha provocado un aumento de la deforestación.
Marco legislativo
Cada uno de los países de nuestro estudio tiene su propio marco legislativo destinado a proteger el medio ambiente. Sin embargo, las contradicciones, ambigüedades y lagunas legales hacen que a menudo se queden cortos en esta tarea.
En Bolivia existen varias leyes para combatir los delitos ambientales. Sin embargo, las lagunas y contradicciones legales hacen que los autores rara vez sean castigados.
La “Ley de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien”, de la Ley 300 de 2012, establece el compromiso del gobierno con la protección del medio ambiente y la promoción de la vida sostenible. Esta ha sido la base legal de las normas utilizadas para regular la gestión de los recursos naturales, incluyendo el agua y los hidrocarburos en toda la nación. Sin embargo, junto a esto, los sucesivos gobiernos han promovido actividades agrícolas y ganaderas expansivas, que a menudo están relacionadas con el acaparamiento de tierras. Esto plantea dudas sobre la eficacia de la ley para detener los delitos ambientales.
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Por lo demás, el código penal del país establece penas para una serie de delitos ambientales. El artículo 358 establece que quien destruya bosques, selvas, pastos o cultivos recibirá una pena de prisión de entre uno y seis años. El artículo 206 detalla que quien provoque un incendio para dar paso a la agricultura (que se propague y dañe otras propiedades) se enfrentará a una pena de dos a cuatro años de prisión.
A pesar de esto, los incendios siguen incinerando la Amazonía boliviana y otras regiones, lo que sugiere que esta legislación no ha logrado ahuyentar a los autores de estos delitos.
En cuanto al tráfico de fauna silvestre, las penas son leves. La Ley 1333 de 1992 castiga con uno a tres años de prisión la caza, la pesca y la captura ilegal de animales con explosivos.
En Venezuela, la "Ley Orgánica del Ambiente" de 2006 orienta la gestión de los recursos naturales y establece los derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado para todos. Los artículos 64 y 71 destacan el derecho del público a acceder a la información sobre el medio ambiente. El Estado es el encargado de controlar su difusión. Sin embargo, el régimen de Maduro no ha cumplido con esta función. Desde 2012, el gobierno dejó de publicar datos ambientales. Esto ha hecho que sea increíblemente difícil conseguir datos fiables sobre delitos ambientales, deforestación y pérdida de biodiversidad.
La "Ley Penal del Ambiente" de 2012 establece cómo deben tratarse los delitos ambientales en el país. La ocupación ilegal de áreas protegidas se castiga con penas de dos meses a un año de prisión. La caza ilegal se enfrenta a una pena máxima de cinco años y los implicados en la minería no metálica, como el carbón o la arena, en las fuentes de agua o en sus alrededores, pueden pasar hasta ocho años en prisión.
La minería de oro, sin embargo, no está incluida. Por el contrario, ha sido promovida por el régimen de Maduro. En febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro creó un nuevo marco legal para la minería que incluía la creación formal del Arco Minero del Orinoco. Esto se ha utilizado para impulsar la actividad minera. A pesar de este “marco legal”, la falta de regulación y aplicación de la ley, los funcionarios corruptos y el poder de los grupos armados no estatales hacen que la extracción de oro sin control haya fomentado la deforestación.
Las leyes destinadas a combatir los delitos ambientales en Ecuador han sido relativamente laxas y, en algunos casos, contradictorias.
En 2008, cuando la nación reescribió su Constitución, se tomó una decisión histórica para reconocer legalmente que la naturaleza tiene derechos inherentes. Esto incluyó un nuevo capítulo sobre los “Derechos de la Naturaleza”. Los artículos 71 y 72 detallan cómo la naturaleza en todas sus formas tiene “derecho a existir, persistir, mantenerse y regenerarse”. Como resultado, los propios ecosistemas pueden ser nombrados como “demandados” en Ecuador. Sin embargo, la nueva Constitución también permite la explotación minera en áreas protegidas, previa solicitud especial del presidente y la aprobación de la Asamblea Nacional.
La mayoría de los delitos ambientales cometidos en el país se castigan con penas relativamente leves.
El capítulo cuarto del código penal del país ofrece directrices sobre cómo castigar una amplia gama de delitos ambientales. Entre ellos figuran los incendios forestales, los delitos contra la flora y la fauna y la minería ilegal.
Para la mayoría de estos delitos, los delincuentes son castigados con penas que van de uno a tres años de prisión. El artículo 246 castiga a quien provoque directa o indirectamente incendios en bosques autóctonos con penas de entre uno y tres años de prisión. El artículo 245 establece el mismo castigo para quien invada áreas protegidas.
También se enfrentan a esta pena quienes participen en la caza, pesca, captura, recolección, extracción, tráfico, posesión, transporte, intercambio o comercio de especies en peligro de extinción. Julia Salvador, de WCS Ecuador, reveló que, en muchos casos, los capturados por tráfico de fauna silvestre que reciben la pena máxima de tres años “salen libres en un año o ni siquiera son enviados a prisión”.
En cambio, Guyana cuenta con un sólido marco jurídico para combatir los delitos ambientales. Los sucesivos gobiernos lo han actualizado periódicamente a medida que han surgido nuevos retos.
A diferencia de sus homólogos amazónicos, Guyana es conocida por sus estrictas leyes y normativas en materia de gestión de recursos naturales. Su gobierno ha elaborado una estrategia de desarrollo estatal verde que establece una “agenda verde” que se espera que esté vigente hasta 2040. La agenda trabajará por una “economía verde definida por un desarrollo sostenible, con bajas emisiones de carbono y resiliente que utilice sus recursos de forma eficiente y sostenida a lo largo de generaciones”.
La ley más importante para combatir los delitos ambientales en el país es la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1996. En ella se reconoce a la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) como el principal organismo encargado de gestionar las cuestiones medioambientales en Guyana. Esta ley también proporciona directrices sobre la gestión, conservación y protección del medio ambiente, así como sobre el uso sostenible de los recursos naturales.
A diferencia de otros países de la región, el marco legal de Surinam oscila entre los mecanismos nacionales y departamentales. Esta dinámica dificulta la aplicación de las leyes.
Cuando se trata de “procedimientos legales”, la minería, en particular, es un área problemática para la nación.
Las concesiones legales son relativamente fáciles de obtener. Las expide el Departamento de Geología y Minería (GMD) del Ministerio de Recursos Naturales. Antes de que se apruebe una concesión, se supone que se consulta a los grupos indígenas u otros habitantes presentes en la zona afectada. Luego, un comisario de distrito presenta un dictamen no vinculante al ministerio.
Sin embargo, no hay forma de que la población local pueda apelar a las decisiones oficiales de asignar concesiones en sus tierras. Es más, en la práctica, las concesiones suelen otorgarse sin una consulta completa, lo que allana el camino hacia la deforestación.
Voluntad política y liderazgo
Los sucesivos gobiernos de los países de nuestro estudio han hecho algunos intentos claros de luchar contra los delitos ambientales en la Amazonía. Sin embargo, la voluntad política de luchar contra la deforestación y la pérdida de biodiversidad en la región ha sido, en gran medida, inconsistente. En ocasiones, la retórica y las propuestas públicas han chocado con las medidas adoptadas posteriormente.
En Bolivia, los sucesivos gobiernos han promovido la ganadería y las actividades agrícolas como motores clave del desarrollo económico. En un principio, sobre todo cuando estas dinámicas se promovieron por primera vez bajo el mandato de Morales, se intentó conciliar la relación entre el uso de la tierra y la conservación. Sin embargo, esta retórica contrarrestó en gran medida los intentos de luchar contra la deforestación en la región amazónica del país.
Tras el fin del mandato de Morales, es habitual ver cómo continúa este contradictorio mensaje político. Luis Arce, actual presidente de Bolivia, ha prometido reactivar la economía del país, muy afectada por la pandemia del COVID-19. El fomento de las actividades agrícolas estará en primera línea de este plan de recuperación.
“El actual gobierno es una continuación del de [el expresidente] Evo Morales”, afirma un periodista boliviano. “La ampliación de la frontera agrícola para promover el desarrollo del país es una política que persistirá. Está estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo”.
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Los sucesivos gobiernos también han seguido promoviendo la minería y la creación de cooperativas mineras para facilitar el crecimiento económico. Como resultado, la minería se ha llevado a cabo en áreas protegidas como el Parque Nacional de Madidi y las zonas que rodean el río Beni.
Paralelamente, los intentos para salvaguardar la región amazónica de los actos ilegales han carecido de un verdadero efecto. Por ejemplo, los gobiernos no han tomado ninguna medida sustancial para detener los incendios incontrolados, utilizados para dar paso a la expansión agrícola.
En parte, la falta de voluntad política para luchar contra los delitos ambientales se debe a la estrecha relación entre el partido gobernante, el MAS, y los grupos económicos que se benefician de la agricultura y la minería.
Venezuela se ha mostrado aún menos dispuesta a luchar contra los delitos ambientales en su Amazonía. Al igual que en Bolivia, los funcionarios del Estado promueven activamente la minería desenfrenada.
Durante la actual crisis del país, las finanzas del régimen de Maduro se han visto muy afectadas por las sanciones de Estados Unidos y la caída de los precios del petróleo. Como resultado, el régimen ha promovido cada vez más la extracción de oro para intentar compensar la diferencia. La deforestación desenfrenada ha sido un resultado directo de esta política.
Esto probablemente persistirá mientras Maduro esté en el poder. El oro es una de las principales fuentes de financiación del actual gobierno, de los militares y de los grupos armados no estatales aliados. Por otro lado, la oposición rara vez saca a relucir el medio ambiente como tema de interés político. Por ello, no existe una verdadera voluntad política de restringir la actividad o reducir su impacto.
Venezuela es uno de los pocos países que no presentó un objetivo voluntario de reducción de emisiones de carbono como parte del Acuerdo Climático de París de 2016, que pretendía fomentar una respuesta global al cambio climático.
Además, los datos ambientales se han ocultado a la opinión pública. En Venezuela no existen datos oficiales sobre la deforestación, la fauna en peligro de extinción o la minería. No se han llevado a cabo estudios de impacto ambiental y no se ha consultado adecuadamente a los pueblos indígenas cuando se hacen planes de explotación minera.
La combinación de estos factores demuestra que la voluntad política de combatir los delitos ambientales y la deforestación en la Amazonía venezolana es prácticamente inexistente.
En cambio, en Ecuador se han dado algunos pasos para demostrar que el país se toma más en serio los delitos ambientales. La histórica decisión de 2008 de reconocer a la naturaleza como poseedora de derechos inherentes supuso un salto adelante, al menos en la retórica.
Sin embargo, al igual que en Bolivia, esto se ha visto compensado por la promoción, por parte del Estado, de actividades industriales (como la minería, la exploración petrolífera y el cultivo de palma de aceite) en la Amazonía del país. El cultivo de palma de aceite se ha relacionado con el acaparamiento de tierras en la región amazónica del país, en tanto que los mineros ilegales han invadido territorios protegidos. En este escenario, es difícil afirmar que el gobierno esté tomando medidas contra los delitos ambientales mientras estas dinámicas están en juego.
Esta paradoja parece que va a continuar. El presidente Guillermo Lasso, posesionado en mayo de 2021, durante su campaña electoral prometió impulsar las industrias extractivas.
Además, la falta de datos públicos consistentes sobre la deforestación apunta a una escasa voluntad política de controlar y resolver los delitos ambientales. Esto se correlaciona con la debilidad de las instituciones ambientales del país. La alta rotación de ministros, los recortes presupuestarios y el despido inexplicable de personal han llevado a un debilitamiento gradual del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de la nación.
En conjunto, estos factores demuestran una voluntad política relativamente baja para combatir los delitos ambientales en la Amazonía ecuatoriana de manera significativa.
Por otra parte, la evolución constante del marco legal en Guyana indica que el compromiso internacional de preservar sus bosques, así como la lucha contra los delitos ambientales, especialmente la tala ilegal, se mantiene en firme. Al mismo tiempo, sin embargo, el país se encuentra en una carrera por explotar sus recursos mineros y petrolíferos, lo que ha repercutido en la degradación de sus ecosistemas.
Por su parte, en Surinam se aprecia cierta voluntad política para combatir la deforestación y sus causas. Sin embargo, aún están por verse los resultados de las recientes promesas.
El presidente Chan Santokhi, que dirige el país desde julio de 2020, ha prometido regular mejor el sector minero para reducir su impacto medioambiental y aumentar los ingresos fiscales.
Además, el actual gobierno ha defendido que se tengan en cuenta los derechos de los indígenas a la hora de repartir las concesiones mineras.
Con su plan de crear un nuevo departamento de minería en el Ministerio de Recursos Naturales, parece que los grupos indígenas tendrán por fin voz en estos procesos. El departamento tiene previsto colaborar con las comunidades locales y dejar de otorgar concesiones sin la aprobación local. Si tiene éxito, será un salto adelante en un país donde las comunidades indígenas han sido ignoradas durante mucho tiempo cuando se han otorgado concesiones.
Desgraciadamente, según los miembros de las comunidades locales afectadas por la minería, las relaciones informales entre los funcionarios del Estado y los mineros siguen siendo decisivas a la hora de permitir quién extrae legalmente y quién no. Por ello, Surinam aún tiene que superar algunos retos en lo que respecta a la transparencia en torno a actividades como la minería.
Sin embargo, se están dando pasos en la dirección correcta. El departamento de minería puso en marcha un programa para que las solicitudes de concesiones se presenten en línea a partir de 2019, de modo que los procesos sean más transparentes. Aunque hay cierta voluntad política de realizar cambios proactivos, los resultados aún están por verse.
Cooperación multilateral
Los países de nuestro estudio no cooperan en gran medida entre sí (ni con otras naciones de la región y de fuera de ella) para hacer frente a los delitos ambientales en la Amazonía. Se trata de un ámbito que puede mejorar.
En Glasgow, la mayoría de los países amazónicos se comprometieron a acabar con la deforestación en menos de una década. La comunidad internacional prometió casi 30.000 millones de dólares de financiación “para ayudar a liberar el potencial de los bosques y el uso sostenible de la tierra”.
Bajo toda esta parafernalia, hay claras deficiencias en el acuerdo, ya que Bolivia y Venezuela no han firmado y se ha cuestionado el compromiso de los países amazónicos que sí lo han hecho, especialmente Brasil. En última instancia, el objetivo enunciado en la COP26 no es más que eso: un objetivo sin una hoja de ruta sustantiva para llegar a él, ni dientes legislativos para hacerlo cumplir en el camino. A nivel regional, se ponen de manifiesto grados similares de divergencia en la protección del medio ambiente.
Algunos tratados y alianzas formales entre países amazónicos existen de nombre. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) se creó en 2002. Está formada por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Los orígenes de la OTCA se remontan a 1978, cuando los ocho países firmaron el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA).
La organización trabaja actualmente en una nueva Agenda Estratégica para el periodo 2021-2030. Hasta la fecha, ha puesto en marcha diferentes proyectos para reforzar los esfuerzos institucionales y civiles en torno a la gestión, el manejo y la vigilancia de los recursos hídricos y forestales, así como de las especies de flora y fauna.
Sin embargo, el impacto de estos esfuerzos ha sido limitado. Los países amazónicos han luchado tradicionalmente por encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. Esta tendencia ha obstaculizado los esfuerzos de colaboración para luchar contra la deforestación y los delitos ambientales en algunos casos.
Además, la OTCA carece de recursos financieros y tiene dificultades internas. La toma de decisiones es lenta y las proyecciones no alcanzan lo que se proponen. En este contexto, debería ser prioritario para futuras investigaciones poder contribuir a la construcción de un diálogo que apoye la cooperación con la OTCA.
Sumado a la OTCA, el Pacto de Leticia fue firmado por Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Surinam y Guyana en 2019.
El acuerdo pretende reforzar la acción coordinada para luchar contra la deforestación en la selva amazónica, facilitar la cooperación y el intercambio de información, crear una Red Amazónica de Cooperación ante catástrofes naturales, y promover la investigación y el desarrollo tecnológico para luchar contra los delitos ambientales y la deforestación. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionó financiación para que cada signatario pueda poner en marcha iniciativas de lucha contra la deforestación en el marco del pacto.
Por último, el Acuerdo de Escazú, un tratado regional aprobado en 2018, busca ampliar el acceso a la información ambiental, mejorar la participación pública en la toma de decisiones medioambientales, y proteger a los activistas ambientales en América Latina y el Caribe. Es importante señalar que mientras Bolivia, Ecuador y Guyana han ratificado este acuerdo, Venezuela y Surinam aún no lo han firmado. No hay indicios reales de que esto cambie pronto.
Aunque tanto el Acuerdo de Escazú como el Pacto de Leticia suponen un paso en la dirección correcta, sus resultados están aún por verse. Para que funcionen eficazmente, es necesario que cada uno de los países de nuestro estudio se sume a ellos y que se superen una serie de retos.
La experta en medio ambiente, María Antonia Tigre, explicó que la cooperación internacional para proteger la Amazonía conlleva dificultades, como “los retos políticos, los conflictos de intereses, la ambición financiera de los países, así como las diversidades biológicas, étnicas y sociales entre ellos”. Sin embargo, si se quiere que los delitos ambientales sean combatidos en la Amazonía, estos desafíos deben ser superados.
Sociedad civil
En muchos casos, los países de nuestro estudio han visto cómo las organizaciones de la sociedad civil han actuado con mayor eficacia que las autoridades estatales en la lucha contra los delitos ambientales en la Amazonía.
Mientras que la mayoría de las respuestas estatales en Bolivia han sido contradictorias, las organizaciones de la sociedad civil del país han realizado intentos centrados y activos para combatir la tala ilegal, la minería y el tráfico de vida silvestre en su región amazónica.
“Casa Verde”, una plataforma creada por el Fondo de Estrategia de Conservación (CSF), ha promovido la sostenibilidad en Bolivia al incorporar a las comunidades locales y concienciar sobre el daño que causan los delitos ambientales. La plataforma pone en contacto a particulares y empresas con organizaciones medioambientales para que puedan trabajar juntos en proyectos de sostenibilidad.
Varios grupos de la sociedad civil también han actuado para combatir el tráfico de fauna silvestre en el país. Entre ellas se encuentran la Red Boliviana de Combate al Tráfico de Animales Silvestres (RE-BOCTAS), la asociaciónAnimal S.O.S., el Zoológico Municipal de La Paz, la Asociación Amor por los Animales Bolivia (APLAB), la Fundación Tierra y el CONTIOCAP.
Hasta la fecha, estas iniciativas han tenido más éxito que los intentos a nivel nacional de combatir los delitos ambientales en Bolivia.
Al igual que en Bolivia, los grupos de la sociedad civil desempeñan un papel más activo en la vigilancia de los delitos ambientales en la región amazónica de Venezuela que el Estado. Los civiles, las organizaciones no gubernamentales, y las universidades están interesados en proteger la selva, pero dependen del apoyo económico del exterior para actuar con eficacia.
SOS Orinoco, un grupo de defensa creado en 2018 por un grupo de expertos dentro y fuera de Venezuela, ha sido un actor clave en la documentación de los delitos ambientales al sur del río Orinoco. Ha investigado la minería en la región, así como las organizaciones criminales involucradas en ella. El grupo también ha documentado la destrucción que causa la minería para sensibilizar a la comunidad internacional y hacer propuestas para combatirla.
En otros casos, las comunidades indígenas han defendido sus territorios ante la invasión de organizaciones criminales interesadas en la minería. Esta resistencia ha puesto en gran peligro a algunos grupos indígenas que viven en la Amazonía venezolana. Sin embargo, ha supuesto que algunos hayan podido proteger sus tierras de los delitos ambientales.
Del mismo modo, en la Amazonía ecuatoriana, algunas comunidades indígenas han asumido un papel activo combatiendo delitos ambientales. Se han visto empujadas a hacerlo como resultado de los escasos esfuerzos del Estado para hacer frente a los delitos, como la tala ilegal.
Las comunidades locales de la región colaboran a menudo con organizaciones no gubernamentales, que les proporcionan formación para patrullar mejor sus territorios utilizando la tecnología.
Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador ha participado en un puñado de programas que reúnen a las comunidades locales y a las ONG para luchar contra los delitos ambientales.
El programa “Socio Bosque” del ministerio, lanzado en 2008, ofrecía incentivos económicos para que las comunidades se implicaran en la conservación de los bosques. Aunque ofrecía algunas promesas, su impacto se vio limitado por la posterior crisis económica del país.
Las organizaciones no gubernamentales también han colaborado con el Ministerio de Medio Ambiente del país. Desde 2014, WCS Ecuador y el Ministerio de Medio Ambiente comenzaron a trabajar para la implementación oficial de una plataforma llamada SMART (Herramienta de Monitoreo y Reporte Espacial), que se utiliza para registrar las actividades ilegales en diez áreas protegidas de todo Ecuador.
Antes, en 2001, el ministerio trabajó con grupos del sector privado para desarrollar un sistema de control forestal independiente. Estableció un organismo de control llamado Vigilancia Verde, que supervisaba los flujos comerciales de la madera desde los bosques hasta los mercados. También introdujo un organismo de asesores forestales independientes, llamado Regencia Forestal. Por último, cedió al sector privado las funciones administrativas y de inspección.
El impacto de esta iniciativa fue cuestionable, ya que la tala ilegal y el tráfico de madera han seguido prosperando desde entonces en Ecuador. Además, es importante señalar que estas iniciativas de colaboración emprendidas con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente, siguen siendo relativamente raras. Lo más frecuente es que las comunidades locales colaboren con las ONG o propongan sus propias soluciones para evitar los delitos ambientales.
Sin embargo, si se aplican de forma eficaz y con los conocimientos adecuados, las asociaciones público-privadas son muy prometedoras para hacer frente a los delitos ambientales en la Amazonía ecuatoriana.
En contraste con Bolivia, Venezuela y Ecuador, en los grupos de la sociedad civil de Guyana apenas participan en la lucha contra los delitos ambientales, ya que la educación medioambiental en el país es relativamente escasa.
Sin embargo, los miembros de algunas comunidades amerindias han luchado contra quienes invaden sus territorios. Además, un puñado de organizaciones de la sociedad civil ha trabajado con estas comunidades para ayudarles a hacer frente a las consecuencias de los delitos ambientales, incluida la contaminación por mercurio.
En Surinam, los grupos de la sociedad civil desempeñan en gran medida una función de concienciación para combatir los delitos ambientales. Sin embargo, su impacto en la reducción de estas actividades es limitado, debido a la falta de interés del Estado y a las dificultades logísticas para llegar a zonas remotas del interior del país.
Iniciativas locales como “NO KWIK”, un proyecto financiado por la Fundación de Medio Ambiente y Minería de Surinam y la Fundación de Conservación de Surinam, conciencian sobre el impacto que tienen actividades como la minería. Comparten los peligros de la contaminación por mercurio con las comunidades locales.
Otras organizaciones no gubernamentales, como el Equipo de Conservación de la Amazonía de Surinam (ACT Surinam) y la Fundación para la Gestión y Supervisión Forestal (SBB), también trabajan en la concienciación.
A nivel internacional, la Alianza por la Minería Responsable (ARM), World Wildlife Fund Guianas, el Instituto de Investigación y Desarrollo (IRD), y la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM) se unieron para trabajar en el proyecto “Supporting Mercury Phase-out in the Guianas”. El objetivo de este proyecto es sensibilizar a la población sobre el impacto que el mercurio utilizado en la minería puede tener en las personas y en los ecosistemas circundantes.
Estas organizaciones han dado grandes pasos en la concienciación sobre los delitos ambientales en Surinam. Sin embargo, estos grupos no pueden hacer mucho para acabar con estas actividades sin la participación de las autoridades.
Las ONG tienen su sede en la capital del país, Paramaribo. Tienen un acceso limitado al interior del país, donde se cometen delitos ambientales. Mientras tanto, los sucesivos gobiernos y autoridades estatales no han conseguido frenar la degradación medioambiental por sí mismos. Esto ha supuesto una carga abrumadora para que las ONG se ocupen solas de una gran parte de estos delitos.
*Juan Diego Cárdenas, Katie Jones, Nienke Laan, Javier Lizcano, Julian Lovregio, Scott Mistler-Ferguson, Isaac Norris, y María Fernanda Ramírez contribuyeron al reportaje.
InSight Crime se ha asociado con el Instituto Igarapé —centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica al estudio de temas actuales relacionados con desarrollo, seguridad y clima— para rastrear los delitos ambientales y los actores criminales que impulsan la deforestación en toda la Amazonía. Vea la serie completa aquí.
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