¿Cómo mejorar el control del tráfico de armas de fuego en Honduras?

Como se señala en este informe, la estructura legal en torno al comercio de armas en Honduras es bastante defectuosa. La legislación es incoherente y confusa en cuanto a los roles de las diferentes instituciones, y el sistema regulador no tiene los suficientes recursos financieros, es anacrónico y está administrado por funcionarios sobrecargados de trabajo o susceptibles a la corrupción.

Como lo hemos señalado, hay un gran trabajo acumulado en cuanto a la realización de pruebas de balística de las armas de fuego registradas. Según el ritmo al que se realizan estas pruebas actualmente, tomaría 30 años registrar la evaluación balística de las armas legales del país.^[1]

La falta de una base de datos centralizada es un grave problema para el control de las armas. Las bases de datos que existen no son contrastadas regularmente unas con otras; por ejemplo, la Armería no contrasta los potenciales compradores de armas con la base de datos de los pandilleros.

No hay ninguna política coherente para destruir las armas de fuego incautadas. Según la ley, el ministro de Seguridad tiene la potestad para ordenar que se destruyan las armas en caso de “daños o de un peligro extremo”.^[2] Hay además deficiencias en la manera como la policía maneja las armas de fuego incautadas, y falta claridad en la cadena de custodia. Las armas de fuego incautadas son almacenadas por diferentes entidades en todo el país, y hay muy poco control centralizado. Una reciente auditoría para hacer un recuento de las armas en poder del Ministerio Público, por ejemplo, permitió descubrir que la entidad almacena unas 4.000 armas en todo el país.^[3]

Otro grave problema es la falta de personal capacitado. Dentro de la policía no hay ninguna unidad especializada encargada de los casos de tráfico de armas.^[4] Las fuerzas armadas, incluyendo la nueva Policía Militar de Orden Público (PMOP), están encargadas de combatir el tráfico de armas en cooperación con la policía, pero no hay ninguna unidad dedicada a esto.^[5]

La deficiente capacitación de los funcionarios involucrados en el control de las armas se manifiesta en su falta de comprensión de las herramientas; por ejemplo, IBIS se utiliza como una forma de registro de armas, no como una manera de enjuiciar a los violadores de las normas, hacer seguimiento a los criminales o conducir análisis sofisticados de los crímenes, que es para lo que el programa está diseñado.

Otro problema es que lucha contra el tráfico de armas no parece ser una prioridad del gobierno. Se utilizan los limitados recursos para resolver los casos que han llegado a los tribunales, pero un número considerable de estos casos nunca llegan a esa etapa. Como se ha informado ampliamente, la gran mayoría de los homicidios y otros crímenes nunca son resueltos por el sistema de justicia. La unidad de balística del Ministerio Público es un caso específico. La unidad carece del suficiente personal; los empleados reciben salarios muy bajos (el personal de nivel básico recibe el salario mínimo), y no se les reconocen las horas extras. Sus condiciones de trabajo son precarias (la oficina de San Pedro Sula se incendió, por lo que desaparecieron valiosos datos de varios años). Las áreas de almacenamiento de información son vulnerables a los accidentes (miles de archivos se estropearon durante una tormenta recientemente) y a los robos (cuando InSight Crime y ASJ hicieron una visita en febrero de 2015, la entrada a la zona donde se almacenan las armas en Tegucigalpa, en el área de estacionamiento del edificio de medicina forense, no tenía iluminación).

(Área de almacenamiento de la unidad de balística sonde se mantienen los archivos de los casos. Algunos de los archivos estaban dañados por la lluvia. Fotografía: Steven Dudley)

Mejoras en años recientes

Sin embargo, las autoridades hondureñas han comenzado a implementar varias medidas prometedoras contra el tráfico de armas en estos últimos años, las cuales han tenido resultados diversos.

En primer lugar, han fortalecido la seguridad en los puntos de entrada legal al país. Las autoridades les dijeron a nuestros investigadores que el tráfico se ha reducido en los últimos meses, debido a la mayor vigilancia y a la implementación de mejores medidas de seguridad en los puntos de entrada claves. Esto incluye a Puerto Cortés, ubicado en la costa norte, que es el puerto más activo de Honduras. Este puerto ha sido sometido a una renovación que costó cientos de millones de dólares, incluyendo la adición de más máquinas de rayos X para escanear los contenedores.^[6] También se ha buscado capacitar al personal en otros puntos de entrada, con el fin de mejorar en la detección de armas, lo cual incluye un curso para ayudarle a la policía y a los funcionarios de las aduanas a identificar armas y piezas que se estén ingresando de contrabando, con formación proporcionada por las policías de Nicaragua y Colombia.^[7]

En segundo lugar, las autoridades han aumentado las patrullas en puntos informales de ingreso al país, en un intento por detener el tráfico de armas. En marzo de 2015, el gobierno de Honduras puso en marcha una fuerza bilateral junto con Guatemala, la Fuerza de Tarea Interinstitucional Maya Chortí, para luchar contra el crimen organizado en la frontera, con la participación de policías, militares y fiscales.^[8] La Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), también ha estado trabajando en las fronteras con Guatemala, Nicaragua y El Salvador^[9] para destruir los puntos de cruce sin control, o “puntos ciegos”, con explosivos y excavadoras, con el fin de evitar que estos cruces se utilicen para el transporte ilegal de armas y otras mercancías.^[10] En una de sus primeras semanas de operación, la Fuerza de Tarea Maya Chortí informó que había confiscado seis AK-47; diversos fusiles, desde M-16 hasta otros fusiles automáticos ligeros; una escopeta calibre 12; siete pistolas, y varios tipos de munición.^[11]

Además, el ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco, ha reconocido públicamente el problema del tráfico de armas en los departamentos fronterizos. Él anunció los resultados de una operación en Olancho, el departamento con el mayor número de armas registradas en el país,^[12] señalando que que tráfico de armas en la región había sido toleradas durante muchos años, pero que las fuerzas de seguridad le iban a poner fin al problema.

“Ustedes pueden ver de qué gente estamos hablando y las cantidades de armas que se decomisan todas las semanas”, le dijo a la prensa.^[13]

En tercer lugar, ha habido varios esfuerzos por endurecer las leyes de Honduras con respecto a las armas. Al momento de redactar este artículo, el Congreso de Honduras estaba analizando las versiones preliminares de las reformas propuestas. Algunas versiones reducirían a tres el número de armas de fuego que se pueden registrar por cada persona, en lugar de cinco, y aumentar la pena por posesión de un arma ilegal a un máximo de 12 años de prisión. También hay propuestas para resolver el rezago en las pruebas de balística mediante la creación de varias oficinas en ciudades de todo el país, donde se puedan realizar las pruebas,^[14] y para restringir las compras de municiones a aquellos que tienen una licencia para el arma correspondiente. Una versión de la reforma impediría que los propietarios de las armas las empeñen.^[15]

Las autoridades hondureñas han indicado también que actuarán contra el comercio ilegal interno de armas y municiones. En mayo de 2015, La Prensa publicó una investigación que revela la existencia de tiendas en Tegucigalpa donde se estaban vendiendo balas de manera ilegal.^[16] Al día siguiente, el gobierno anunció una investigación y operaciones para acabar con este comercio. El congresista David Chávez, director de la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso, dijo que la nueva ley sobre el comercio de armas incluiría “regula, controla y sanciona fuertemente contra pequeñas empresas en la economía informal que comercian con proyectiles”.^[17]

Conclusiones

Honduras padece una de las tasas de homicidio más altas del mundo, parte de la cual se debe a la amplia disponibilidad de armas de fuego. Más del 80 por ciento de los asesinatos ocurren a manos de personas que empuñan un arma. La disponibilidad de armas se facilita a su vez por leyes liberales con respecto a las armas, administradores laxos y corruptos, y por el comercio ilegal que se realiza, casi sin control, a través de las fronteras de Honduras y en sus calles.

El tráfico de armas en Honduras es además difícil de controlar. No sigue una sola ruta y no está dominado por ningún grupo en particular. Honduras no produce armas, y su único importador y vendedor —las fuerzas armadas hondureñas— no divulga información sobre lo que importa o vende a la ciudadanía. Hay muchas agencias reguladoras y el gobierno debe crear una base de datos de las armas legalmente registradas.

Además, la naturaleza variada y oportunista de este comercio lo convierte en un crimen muy difícil de entender y controlar. Hay tantas partes del sistema defectuosas que el mercado negro de las armas en Honduras se ha convertido en una empresa criminal bastante democrática. Desde amas de casa hasta militares retirados disponen de muchas oportunidades para comprar y revender armas y municiones, con muy pocas posibilidades de que sean capturados o castigados, por lo que es literalmente un delito muy rentable.

Estados Unidos tiene su parte en la promoción de este comercio. Las armas compradas en Estados Unidos representan cerca de la mitad de todas las armas que son encontradas en las escenas de los crímenes en Honduras —o incluso más, según la opinión de las autoridades hondureñas—. Estados Unidos es la fuente de muchas armas que se trafican de manera directa en el país, así como de las que llegan indirectamente a través de México y Panamá. De hecho, Estados Unidos fue responsable de muchas de las armas que entraron a Centroamérica durante las guerras civiles de los ochenta y los noventa, y que continúan llegando a Honduras actualmente. Estas mismas armas salen de las reservas militares e ingresan al mercado negro que abunda en toda la región.

Pero si bien los laxos reglamentos, las leyes liberales frente a las armas y las viejas reservas de armas en otros países facilitan este comercio desde el extranjero, la burocracia, la corrupción, la ilegalidad y los estatutos legales contradictorios facilitan el mercado negro en Honduras. Los problemas se originan desde lo alto. El ejército de Honduras se niega a rendir cuentas públicamente por el movimiento ilegal de armas, aunque él mismo puede ser una fuente de armas ilegales. La policía —la institución con control nominal sobre el registro nacional— tiene recursos limitados y se niega a asumir la responsabilidad de la naturaleza caótica del sistema de registro de armas en Honduras, así como del deficiente control que ejerce sobre las empresas de seguridad privada. El Ministerio Público debe utilizar las herramientas de las que dispone para frenar el uso criminal de las armas del mercado negro.

Es más, el gobierno ha demostrado poca voluntad para cambiar el comportamiento de estas instituciones, proporcionarles los recursos necesarios, o instituir una legislación coherente que establezca claramente las restricciones frente a la propiedad de armas o imponga sanciones significativas. Por el contrario, si bien algunos elementos de las fuerzas de seguridad se han unido a la lucha por detener el flujo de armas ilegales en Honduras, los mecanismos internos necesarios para evitar que los rifles de alta potencia lleguen manos de los grupos del crimen organizado no se aplican o son poco conocidos. Esto también les permite a las empresas de seguridad privada obtener, poseer y utilizar estas armas sin que ello tenga ninguna repercusión para ellas.

Honduras estaba tomando los primeros pasos hacia el endurecimiento de sus reglas frente a la tenencia de armas (aunque las iniciativas legislativas similares han fracasado en el pasado). Esto es muy positivo, pero debe acompañarse de una legislación que establezca claramente las funciones y responsabilidades de los diferentes organismos públicos encargados de la regulación del comercio de armas y que ordene el intercambio de información entre ellos, mediante una base de datos centralizada sobre las incautaciones de armas, las compras y demás información. La reforma debe además rellenar algunos vacíos básicos de la legislación vigente, como incluir definiciones de términos clave como “arma de fuego”. Por otra parte, además de reforzar los controles sobre las armas de fuego, es vital que Honduras aumente los controles sobre las municiones.

La transparencia es clave para combatir el comercio ilícito de armas en Honduras. Con el fin de diseñar e implementar medidas eficaces, es necesario reunir datos precisos sobre el tamaño de esta industria y los métodos utilizados para traficar armas. Las fuerzas de seguridad deberían estar obligadas a divulgar los datos sobre sus compras y sobre las medidas que toman para prevenir las pérdidas de sus reservas, y las empresas de seguridad privadas deben tener más regulaciones y estar obligadas a informar sobre sus existencias de armas. Ante la ausencia de información detallada por parte de estos dos importantes grupos, los investigadores y las autoridades no tendrán claridad acerca de la verdadera magnitud del tráfico de armas en el país.

*El equipo de InSight Crime para este informe fue liderado por Steven Dudley, codirector de  InSight Crime y por la entonces subdirectora de InSight Crime, Elyssa Pachico. La investigación fue liderada por Steven Dudley y Mario Cerna, un experimentado periodista hondureño. El informe fue escrito por Steven Dudley con la contribución de Mario Cerna. Traducción al español por Diego García y Maria Luisa Valencia. Edición y verificación de datos por Mike LaSusa, Felipe Puerta y Victoria Dittmar. Gráficas por Elisa Roldán. Foto de Associated Press por Ginnette Riquelme.  InSight Crime extiende sus agradecimientos especiales a la ASJ por su apoyo y ayuda.

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