Las granjas de tortugas y cocodrilos reguladas por el gobierno de México han contribuido a reducir la caza ilegal y proteger las especies en riesgo, pero el tráfico persiste. Productos de animales procedentes de la cacería ilegal y, posiblemente, de la cría ilegal, siguen circulando en México y también se cuelan en el mercado externo.
Una humilde casa en la población rural de Simón Sarlat, en el estado tropical de Tabasco, en México, tiene colgado un anuncio de venta de pescado. Adentro, la sala es oscura, las paredes color azul celeste sucio. En la esquina reposa un gran congelador, lleno de pescado almacenado, pero hay otros productos a la venta, si se hacen las preguntas correctas.
Después de averiguar por tortugas y cocodrilos, un pescador fornido, de baja estatura, con manos callosas y regordetas, y piel curtida por el sol, desaparece en el cuarto del lado, y sale llevando una palangana con seis tortugas vivas de diferentes formas y tamaños. Las ofrece todas por 280 pesos mexicanos (unos US$15).
La tortuga más grande es de la especie jicotea. El resto son pochitoques. Ambas son unas de las más traficadas en la región. Todas son especies protegidas, pero Chico, el cazador, las atrapó en la selva.
Chico también nos cuenta que puede buscarnos un cocodrilo. La piel sin tratar nos costaría solo 400 pesos —menos de US$20— aunque para él son tres días con sus noches de trabajo duro en los pantanos cercanos de Centla, biosfera protegida donde habita la especie de cocodrilos moreletti, el pejelagarto de aspecto primitivo, y una variedad de especies de plantas y reptiles.
*Este es el tercero de cuatro capítulos sobre ecotráfico en la región, realizada en asociación con el Centro para Estudios Latinos y sobre Latinoamérica de American University (CLALS). Esta investigación involucró un amplio trabajo de campo en Colombia, Honduras, México y Perú, durante el cual entrevistamos a docenas de funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad, académicos, contrabandistas, terratenientes y residentes locales, entre otros. Lea la serie completa aquí.
Tabasco representa una tajada grande de los decomisos de productos ilegales de tortugas y cocodrilos en México. Los datos solicitados por InSight Crime mostraron que, en el país, el organismo de protección ambiental Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) incautó 12.081 tortugas y 20.346 cocodrilos entre 2006 y 2015. De ellos, alrededor del 20 por ciento de las tortugas y más de un tercio de los cocodrilos se decomisaron en Tabasco. Los demás fueron retenidos en Ciudad de México y en el estado de Sinaloa.
Pescadores pobres como Chico luchan por alimentar a sus familias con la venta de pescado y dependen del modesto ingreso generado por la cacería clandestina de tortugas y cocodrilos. Pero el oficio de Chico va rumbo a la desaparición en México.
Esto se debe en parte a la prohibición de la caza de cocodrilos impuesta en 1970, pero más a la posterior creación del sistema de cría regulado por el gobierno para tortugas, cocodrilos y otros animales, conocido como las Unidades de Manejo Ambiental (UMA). Las nuevas unidades crearon un marco legal para la cría y comercialización de animales especialmente vulnerables al tráfico. Las poblaciones de tortugas y cocodrilos en Tabasco están aún muy lejos de volver a niveles anteriores, después de ser asolados por la cacería durante décadas, pero se están recuperando.
El estado del Golfo tiene una historia y una cultura importantes de cacería de tortugas y cocodrilos. La carne de esos animales ha sido parte de la dieta de las comunidades locales, quienes también creen en las propiedades curativas de algunos de sus subproductos. La grasa de cocodrilo, por ejemplo, se cree que es un remedio para el asma, cocida con ajo y naranja, y puesta en un congelador y luego calentada de nuevo para consumir. Una botella cuesta unos 800 pesos mexicanos (alrededor de US$40).
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En décadas pasadas se comercializaban regularmente cientos de miles de cocodrilos, pero actualmente solo quedan unos 80.000 cocodrilos adultos en libertad en todo México, según Marco Antonio López-Luna, profesor especializado en cocodrilos, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). El sistema de cría del gobierno, la prohibición y los cambios culturales, incluyendo la menor demanda de productos de piel de cocodrilo, han contribuido conjuntamente al abandono de la caza ilegal de estos animales como forma de vida.
Eloy Ramírez, quien dirige la primera UMA de México, en Buenavista, asentada junto a la exuberante reserva de la biosfera Pantanos de Centla, afirmó que estas unidades han reducido de manera significativa la caza ilegal en la región.
“Las pieles de cocodrilo que cultivamos aquí son de la mejor calidad”, declaró Ramírez en entrevista con InSight Crime, donde exhibió con orgullo las carteras que produce, así como una gruesa piel curada de un cocodrilo de casi dos metros de largo. “Están libres de parásitos y el proceso es mucho más rápido [que en el mercado negro]”.
Las UMA han creado estándares y normas en una industria que alguna vez fue ilegal, según Ramírez, donde las pieles y la carne reguladas alcanzan mayores precios y estándares de lo que se ofrece en el mercado negro.
Carlos Villar, director de Pantanos de Centla en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermanat), afirma que las UMA han sido esenciales en la conservación de las especies en vía de extinción y en la protección de las poblaciones.
“Las UMA aquí en México son muy buenas, requieren la misma documentación que las de Estados Unidos”, informa Villar. “La cacería de cocodrilos hoy no es crimen organizado. Es en su mayor parte nada más que unos vecinos vendiéndoles a otros vecinos”.
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Pero el número de productos ilegales de cocodrilo y tortuga incautados en Tabasco en los últimos años indica que también pueden estarse colando animales de los criaderos locales en el mercado negro. Es difícil atribuir los miles de productos y animales retenidos a lo largo de los años solo a la caza ilícita. Aunque la cacería continúa, entrevistas e investigación en el campo indican que se hace en un nivel muy bajo en comparación con años atrás.
En 2016, una inspección de Profepa a una UMA manejada por Industria Moreleti —uno de los principales exportadores internacionales de productos de cocodrilo en la región— terminó en el decomiso de más de 3.000 cocodrilos moreletti.
Profepa informó que se debió a fallas en la documentación, lo que puede apuntar a la posibilidad de que se estén tomando ciertas libertades en estos lugares. Puede abusarse de las cuotas oficiales de producción para abastecer el mercado ilegal, lo que ayudaría a explicar el volumen de decomisos en años recientes.
Y a pesar de los elogios a las UMA por parte de los académicos, los funcionarios de las UMA y representantes del gobierno por igual, parece haber una desconexión entre pescadores como Chico y el visible éxito del programa. Chico dice que no entiende para qué existen las UMA, que esos programas no le compran a la gente como él y que le están arrebatando sus medios de subsistencia. Y no es el único.
Bajando por el andén en el centro de Villahermosa en medio de una zona de tiendas de venta de ropa, útiles escolares y otros productos, no fue difícil ver que la venta ilícita de productos de piel de cocodrilo se mantiene.
Un vendedor local en una de esas tiendas donde se venden cinturones, carteras, zapatos y otros productos de piel de cocodrilo, que manifestó su deseo de mantener el anonimato, informó a InSight Crime que es fácil entrar a la industria ilícita. Mientras a las UMA se les exige entregar una “factura”, donde se detalle los orígenes de los cocodrilos que venden, el vendedor no tenía esa documentación. Afirma que compra sus pieles de cocodrilo a muchos vendedores diferentes —unas veces pescadores, otras veces UMA—, pero que nunca necesita el papeleo legal.
*Este es el tercero de cuatro capítulos sobre ecotráfico en la región, realizada en asociación con el Centro para Estudios Latinos y sobre Latinoamérica de American University (CLALS). Esta investigación involucró un amplio trabajo de campo en Colombia, Honduras, México y Perú, durante el cual entrevistamos a docenas de funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad, académicos, contrabandistas, terratenientes y residentes locales, entre otros. Lea la serie completa aquí.
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