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Los motores de la deforestación en el Amazonas

BOLIVIA / 9 NOV 2022 POR JUAN DIEGO CÁRDENAS, KATIE JONES, Y MARÍA FERNANDA RAMÍREZ ES

La cuenca amazónica está cubierta por casi ocho millones de kilómetros cuadrados de selva tropical, lo que equivale a una superficie que duplica la de India. Como bosque rico en recursos, el Amazonas está siendo expoliado a un ritmo acelerado. Solo en 2021, se perdieron en toda la región casi dos millones de hectáreas de bosque primario —los bosques más importantes de la Tierra desde el punto de vista ecológico para el almacenamiento de carbono—, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una red dedicada a vigilar la deforestación en la Amazonía. Esto supuso un ligero descenso respecto a 2020, cuando se destruyeron unos 2,3 millones de hectáreas.

Los ministerios gubernamentales de la mayoría de los cinco países estudiados proporcionan datos sobre las tasas de deforestación. Sin embargo, estas estadísticas suelen estar desfasadas, y además se basan en metodologías que varían de un país a otro. Para mayor coherencia, este informe utilizará los datos de Global Forest Watch, una plataforma en línea que supervisa periódicamente la deforestación en cada uno de los países de nuestro estudio utilizando una metodología estandarizada. Según Global Forest Watch, de los cinco países, Bolivia fue el país que registró los mayores niveles de deforestación. Entre 2001 y 2021, el país perdió más de seis millones de hectáreas de bosque. Esto marcó una disminución del 10 por ciento en la cobertura forestal total desde el comienzo del milenio. En 2021, ocupaba el tercer lugar del mundo entre los países que registraron los mayores niveles de pérdida de bosque primario.

VEA TAMBIÉN Arrasar y quemar: la deforestación en la Amazonía peruana

La mayor parte de la deforestación en Bolivia se ha concentrado en su Amazonía, sobre todo en la región de la Chiquitania, situada en el departamento de Santa Cruz, al suroriente del país. La pérdida de bosques también ha sido un problema en zonas del norte de los departamentos de La Paz y Beni; el Parque Nacional Madidi, situado al noroeste de La Paz; y en la frontera noroeste que Bolivia comparte con Perú.

En el mismo periodo, Venezuela perdió 2,29 millones de hectáreas de bosque, de las cuales más de medio millón eran bosque primario. La deforestación ha sido un problema importante a lo largo del río Orinoco, al sur del Amazonas venezolano, donde se concentra el 80 por ciento de los bosques tropicales del país.

Por su parte, en Ecuador se deforestaron 902.000 hectáreas de árboles, sobre todo en las provincias amazónicas del oriente, como Pastaza, Napo, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Hasta la fecha se ha deforestado alrededor del 15 por ciento de la Amazonía ecuatoriana.

En las últimas dos décadas, en Guyana se destruyeron unas 230.000 hectáreas de bosque, lo que significa que la tasa de deforestación, por lo general, se mantuvo por debajo de 0,1 por ciento, mucho menor que las de otros países amazónicos. La mayor parte de la deforestación se ha concentrado en la décima región oriental (Alto Demerara-Berbice) y en la novena región suroccidental (Alto Takutu-Essequibo), fronteriza con Brasil.

En el país vecino, Surinam, se perdieron 212.000 hectáreas de cubierta forestal en el mismo periodo. Las zonas más deterioradas son el embalse de Brokopondo, en la región nororiental del país; la aldea de Baling Soela, en el municipio norteño de Centrum; a lo largo del arroyo Merian Kreek, en el norte, y en las montañas Lely, situadas al noreste.

La deforestación en toda la región está impulsada por una serie de delitos ambientales. Estos incluyen: a) la ganadería y la expansión de la agroindustria, b) el tráfico de madera, c) el cultivo de coca, que analizaremos en esta sección, y d) la minería de oro legal e ilegal, que se analizará en otra sección de este informe.

La importancia de estos factores varía de un país a otro. En Bolivia, los incendios forestales provocados para despejar tierras para la agricultura son los que más deforestación provocan. La mayor parte de la pérdida de bosques en la Amazonía ecuatoriana se debe a la tala para el cultivo de palma de aceite. Por su parte, los bosques de Venezuela, Surinam y Guyana son los más afectados por la minería del oro.

En Bolivia y Ecuador, las actividades ganaderas y agrícolas son los principales motores de deforestación. El cultivo de coca y el tráfico de madera también han allanado el camino para la degradación forestal en estos países, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, Surinam y Guyana.

En Venezuela, Surinam y Guyana, la minería de oro legal e ilegal es el principal motor de la pérdida de bosques. Aunque la minería también contribuye a la deforestación en Bolivia y Ecuador, su impacto es menor allí.

La ganadería y la expansión de la agroindustria en Bolivia y Ecuador

La cría de ganado y otras actividades agrícolas representaron alrededor del 84 por ciento de la deforestación total en la cuenca amazónica en 2020, según un informe de la Red de Información Socioambiental Georreferenciada del Amazonas (RAISG), un consorcio de organizaciones de la sociedad civil que buscan promover la sostenibilidad en toda la Amazonía.

En el año 2000, la ganadería y la agricultura ocupaban 800.000 kilómetros cuadrados de la región. En las dos décadas siguientes, esta superficie aumentó un 81,5 por ciento. La expansión se explica por el aumento de la demanda internacional de soja, carne de vacuno y aceite de palma. Gran parte de esta demanda procede de Europa y Asia.

La agricultura a pequeña escala —que se refiere a la agricultura que cubre menos de dos hectáreas—, la agricultura industrial y la ganadería a gran escala están impulsando la deforestación en toda la Amazonía. Los árboles se cortan y queman para los cultivos y el pastoreo de ganado en áreas que se extienden más allá de los límites legales, o dentro de las reservas protegidas.

Los incendios para despejar el terreno suelen extenderse rápidamente y se salen de control, como ocurre en Brasil. “Donde hay ganadería y soja, hay fuego”, explica Marcelo Coppola, periodista de Mongabay. Como resultado, en los últimos 20 años se han incinerado anualmente 169.000 kilómetros cuadrados de bosque en toda la Amazonía. Esto equivale a la quema de todo Uruguay cada año.

Tala y quema de tierras en Bolivia

En la Amazonía boliviana, el despeje ilegal de bosques con el uso de fuego es uno de los principales motores de la deforestación. En el país se utiliza una práctica de “tala y quema” conocida como chaqueo. La falta de gestión adecuada, las altas temperaturas y los fuertes vientos hacen que estos incendios se propaguen con facilidad.

Entre enero y septiembre de 2020 se detectaron más de 120 incendios importantes en Bolivia, según el MAAP. Los incendios se han extendido por el Parque Nacional protegido Noel Kempff Mercado, en la frontera noreste del país con Brasil, y por la región de la Chiquitania, en el departamento oriental de Santa Cruz.

La agresiva expansión agrícola en ambos lados de la frontera entre Bolivia y Brasil hace que el territorio se enfrente a una creciente presión de dos frentes. En Bolivia, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, la decisión del gobierno de regularizar las tierras reclamadas por agricultores y terratenientes ha hecho que se desmonten más zonas forestales, que se reclamen y pasen a manos de unos pocos individuos. Brasil, por su parte, ha convertido a Matto Grosso, el estado limítrofe con Santa Cruz, en una de sus capitales agrícolas. El estado es el mayor productor brasileño de carne de vacuno.

En Bolivia, las zonas más afectadas por los incendios forestales de la Chiquitania están pobladas por colonos e interculturales, que no se identifican como un grupo étnico específico, sino que dicen ser una mezcla de inmigrantes y lugareños. Alex Villca Limaco, secretario de comunicación de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), señala que unas 1.500 familias pertenecientes a comunidades interculturales se han asentado en Santa Cruz para cultivar soja y criar ganado.

Las actividades agrícolas y el acaparamiento de tierras, también conocido como tráfico o usurpación de tierras, suelen ir de la mano en la Amazonía boliviana. Numerosas fuentes coinciden en que esto último ocurrió durante la presidencia de Evo Morales, entre 2006 y 2019.

Bajo el mandato de Morales, en 2012 el país adoptó una política denominada “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”. Esta ley prohíbe la utilización del suelo forestal en otros usos en zonas aptas para la silvicultura. También pretende evitar la expansión de la frontera agrícola. Sin embargo, al mismo tiempo, el expresidente promovió paradójicamente la expansión de la agricultura y la ganadería en las áreas protegidas.

“Esta es una herramienta más para que la economía siga creciendo”, dijo Morales en agosto de 2019, al celebrar el envío de un gran cargamento de carne vacuna a China.

Durante su mandato, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), organismo encargado de la reforma agraria en Bolivia, tituló parcelas para desarrollar actividades agrícolas. Según la Fundación Tierra, ONG que promueve el desarrollo rural sostenible en Bolivia, estos títulos sobrepasaron los límites establecidos por la Constitución de la nación.

“El gobierno otorgó títulos en áreas [protegidas] que no debían ser utilizadas para la agricultura o la ganadería”, afirma Eduardo Franco Berton, periodista que ha cubierto ampliamente los delitos ambientales en Bolivia. Esta dinámica ha impulsado la deforestación desde que Morales estaba en el poder, y sigue creciendo hoy en día después de su salida.

VEA TAMBIÉN: 5 razones por las que la deforestación en Colombia ha incrementado

También se han denunciado otras irregularidades. El INRA ha entregado títulos de propiedad a comunidades rurales que migran del altiplano para asentarse en la región de la Chiquitania. En 2019, el INRA permitió que 69 comunidades rurales se asentaran en 130.000 hectáreas de tierra que formaban parte de áreas forestales de propiedad estatal en Chiquitania. En estas áreas, las comunidades trabajan más allá de los límites legalmente permitidos, donde han talado extensiones de árboles para convertirlos en cultivos. Esto ha contribuido a la deforestación y a menudo es impulsado por las comunidades menonitas.

Otras comunidades han actuado al margen de los requisitos legales para reclamar tierras. Alcides Vadillo, director regional de la Fundación Tierra, reveló que “se han inventado comunidades [fantasmas] para poder ir tras la tierra”. Añadió que muchos de los que reciben títulos de propiedad les venden parcelas a ganaderos y agricultores de mediana y gran escala. Esto ha llevado al tráfico de tierras y a que una gran cantidad de tierras esté en manos de pocos individuos.

Palma de aceite y apropiación de tierras en Ecuador

Al igual que en Bolivia, la deforestación en la Amazonía ecuatoriana está impulsada principalmente por intereses agroindustriales. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 65 por ciento de las tierras de la Amazonía ecuatoriana se destinan a pastos. La falta de incentivos económicos para los agricultores los disuade de ser sostenibles y eficientes en sus prácticas, según el PNUD. Por otro lado, la expansión de la agricultura industrial ha reducido las posibilidades de la agricultura a pequeña escala. Como el acceso a la tierra se ha vuelto escaso, ha aumentado el apropriación ilegal de pequeñas parcelas.

Los intereses agrícolas suelen impulsar el desalojo inconstitucional de comunidades nativas de los territorios que han habitado durante siglos. En muchos casos, se recurre a la intimidación y a la falsificación de documentos para expulsarlos de sus hogares. Por otra parte, las actividades agrícolas vinculadas al acaparamiento de tierras son fomentadas por decisiones judiciales y sentencias dictadas por las autoridades.

Una vez desbrozada la tierra, se cría el ganado o se siembra la palma de aceite africana.

Carlos Mazabanda, coordinador de campo de Amazon Watch en Ecuador, dice que la producción de aceite de palma ha afectado el norte de la región amazónica del país. La actividad ha mantenido una fuerte presencia en las provincias norteñas de Orellana y Sucumbíos.

Varios bosques protegidos en estas provincias habían sido invadidos ilegalmente para sembrar palma de aceite, según Mónica Navas, encargada de diseñar el Proyecto Amazonía Sostenible promovido por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). “Estamos hablando de más de 56.000 hectáreas (invadidas) al norte”, dijo. “El Bosque de Protección Napo-Payamino I y II [con una superficie de 1.025 hectáreas] está totalmente apropiado, invadido”.

Tráfico de madera en Ecuador y Bolivia

La tala ilegal en la cuenca amazónica suele ser consecuencia de otros delitos ambientales, como la extracción ilegal de oro, el tráfico de tierras y el desarrollo agrícola. Los árboles también se talan ilegalmente para ser traficados explícitamente. Luego de ser talada, transportada y transformada en el Amazonas, la madera se vende en los mercados internacionales, como China y Estados Unidos.

En toda la región, las redes criminales corporativas buscan especies de alto valor, a menudo en peligro de extinción. Entre ellas se encuentran el palisandro del Amazonas (Dalbergia Spruceana), la caoba (Swietenia macrophylla) y el cedro (Cedrus), que se utilizan para fabricar muebles e instrumentos musicales. También se abastecen de maderas más baratas y ligeras, como la balsa (Ochroma Pyramidale), que se utiliza en la construcción de turbinas eólicas y tablas de surf.

El tráfico de madera se desarrolla en tres etapas: la tala, el transporte y la “transformación”. En primer lugar, los “corteros” talan los árboles ilegalmente. A menudo, estos bosques se encuentran fuera de los límites de las concesiones y en zonas protegidas. A continuación, las redes criminales corporativas coordinan el transporte y el blanqueo, o “transformación”, de la madera. En toda la cuenca amazónica se utilizan técnicas similares para encubrir el origen de la madera de origen ilegal. Las empresas fachada y la documentación fraudulenta disfrazan el origen de la madera cortada en zonas prohibidas o en volúmenes superiores a los autorizados. Una vez lavada la madera, se vende en los mercados internacionales.

Bolivia y Ecuador albergan algunos de los principales puntos de mayor tráfico de madera en la cuenca amazónica.

En la Amazonía boliviana, la madera se extrae ilegalmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, sobre todo en las áreas protegidas. El Parque Nacional Madidi, en el noreste de Bolivia a lo largo de la cuenca alta del río Amazonas, y el Parque Nacional Amboró, en el centro del país, han sido objeto de saqueos. Allí se extraen maderas duras de gran calidad y resistencia, como la caoba (conocida localmente como “madera de mara”) y el palo de rosa (“tipa”), por cuenta de redes criminales corporativas.

El tráfico de madera en la Amazonía boliviana también es promovido por las comunidades en las zonas donde el bosque se convierte en tierras agrícolas. “Esto se debe en parte a la Ley 741 de 2015”, según explica Alcides Vadillo, de la Fundación Tierra. A través de pequeños “Planes de Desmontes Pequeños - PDM-20”o formularios de planes de desmonte, la ley les permite a las comunidades desmontar hasta 20 hectáreas de árboles para dar paso a actividades agrícolas. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) permite la venta de la madera talada durante este proceso.

Sin embargo, un experiodista del medio boliviano El Deber dice que las comunidades a menudo no respetan el límite de 20 hectáreas. Por el contrario, algunas se involucran en el tráfico de madera y les venden formularios de planes de desmonte (PDM-20) a las mafias madereras, que utilizan la documentación para lavar la madera.

Una vez talada, la madera se lava utilizando documentación fraudulenta, en la que se afirma que se ha cosechado en zonas y cantidades legalmente autorizadas. Los Certificados de Origen Forestal (CFO) se rellenan con frecuencia con datos falsos. Esta documentación también puede utilizarse para hacer pasar especies protegidas y en peligro de extinción por madera que puede ser talada legalmente.

La madera se traslada después a ciudades de la región amazónica o a centros de comercio libres de impuestos. Allí se procesa en aserraderos pertenecientes a comunidades interculturales y ciudadanos chinos, según Alex Villca Limaco.

En la Amazonía ecuatoriana, los traficantes de madera llevan mucho tiempo buscando árboles de gran valor y en peligro de extinción, y la madera de cedro ha sido su objetivo durante años. En 2011, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales informó que hasta el 85 por ciento del cedro extraído en la Amazonía ecuatoriana procedía de fuentes ilegales. Sin embargo, como las maderas finas son cada vez más difíciles de conseguir, los traficantes se han centrado en maderas más baratas y de rápido crecimiento, como la balsa.

La balsa, al igual que la caoba y el cedro, también ha sido extraída de las tierras indígenas a lo largo de los ríos Pastaza y Curaray, que atraviesan la provincia amazónica central de Pastaza y Morona Santiago, en el sur del país.

Ana Cristina Basantes, periodista que ha seguido de cerca los delitos ambientales en Ecuador, confirmó este dato. Explicó que la tala ilegal de balsa ha provocado un aumento de la deforestación en las tierras del pueblo indígena achuar, que vive en la frontera de Ecuador con Perú. Entre marzo y septiembre de 2020, se cortaron unos 20.000 árboles de balsa en una serie de islas frente a las comunidades que viven en las orillas del río Copataza, dentro del territorio achuar.

Cuando quedan pocos árboles, las tierras desbrozadas pueden utilizarse para actividades agrícolas, como el cultivo de palma de aceite africana, según la ecologista Nathalia Bonilla.

Una parte de la madera se queda en la región para su uso local, y otra parte se vende en forma de muebles en todo Ecuador, en la provincia de Azuay y en Pichincha, en la región de la sierra norte.

Sin embargo, lo más habitual es que se traslade al vecino Perú, por carretera o por vía fluvial. Expertos en el tráfico de balsa revelaron que la madera procedente de la Amazonía ecuatoriana suele enviarse río abajo hasta la ciudad de Iquitos, en la región peruana de Loreto, al noreste del país. Las autoridades también han detectado que los traficantes utilizan el río Napo para enviar madera talada ilegalmente a través de la frontera, según una investigación de Ojo Público.

De lo contrario, se transporta por tierra. Las guías de movilización proporcionadas por el Ministerio de Medio Ambiente se rellenan con información fraudulenta, como ocurre en Bolivia. Los conductores suelen llevar más madera de la especificada en la documentación.

La madera suele transformarse en aserraderos al otro lado de la frontera, en Perú. Allí, los traficantes de madera se ocultan tras empresas fantasma que despachan grandes volúmenes de madera durante uno o dos años, luego de lo cual desaparecen.

El auge de la balsa ha traído consigo una ola de violencia en la frontera entre Ecuador y Perú. La mano de obra local suele recibir pagos insuficientes por sus servicios, lo que provoca conflictos entre los trabajadores y sus patrones. Además, ha habido casos de acoso de mujeres y niñas por parte de los madereros de la zona. En muchos casos, la falta de control estatal, junto con el miedo a las repercusiones, hace que las comunidades no denuncien la violencia. Toda esta inseguridad se ve catalizada cada vez más por el flujo de armas, municiones y alcohol en las comunidades locales.

Los cultivos de coca en los parques nacionales de Bolivia

Mientras que en las regiones amazónicas de Ecuador y Venezuela aparecen esporádicamente plantaciones de coca a pequeña escala, la mayor parte de la coca, materia prima de la cocaína, se encuentra en Colombia, Perú y Bolivia.

A diferencia de Colombia, el cultivo de coca en los países de nuestro estudio no es un motor importante de deforestación. Sin embargo, en Bolivia se talan parcelas de bosque para las plantaciones de coca, lo que significa que la actividad ha tenido cierto impacto.

En Bolivia, la Ley 1008 de 1988 permitía el cultivo legal de coca en 12.000 hectáreas en la región de los Yungas del departamento de La Paz. En 2017, el gobierno amplió esta “zona autorizada” a 22.000 hectáreas, abarcando la región de los Yungas y el Trópico de Cochabamba, que se encuentra en el norte del departamento central de Bolivia. La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) estimaba en 2020 que los cultivos de coca cubrían 29.400 hectáreas en total. Esto indica que al menos 7.500 hectáreas son desbrozadas ilegalmente, y que la coca que se cultiva allí puede llegar al mercado ilegal de cocaína cada año. Es posible que esta cifra sea mucho mayor.

Aunque la mayoría de los cultivos de coca de Bolivia se encuentran en la región andina, se han detectado algunas plantaciones en áreas protegidas de la Amazonía. Esto incluye los parques nacionales Madidi y Amboró. También se han visto en el Parque Nacional Apolobamba, situado al oeste de La Paz, y en el Parque Nacional Cotapata, en la región de los Yungas del departamento.

En la Amazonía boliviana, la coca se procesa en zonas rurales y remotas, especialmente en el departamento de Santa Cruz. Allí se talan árboles para despejar el terreno para pistas de aterrizaje clandestinas que permiten la entrada de productos químicos, personal y suministros, así como la exportación de drogas.

Actores que aceleran la deforestación

Hay una serie de actores que están involucrados en actividades agrícolas, tráfico de madera y cultivo de coca en la cuenca amazónica. Se dividen en cuatro categorías principales: actores legales, redes criminales corporativas, grupos armados no estatales (GANE) y mano de obra barata.

Las redes criminales corporativas se sitúan en la cima de la cadena de cada delito ambiental. Estas redes se rigen por el mercado y están motivadas por los beneficios del comercio de madera, tierras o drogas.  Las redes criminales corporativas financian y orquestan los delitos ambientales en la cuenca amazónica, permaneciendo en la sombra a la vez que recurren al trabajo de la mano de obra barata. Estos actores suelen formar redes poco estructuradas dedicadas a actividades delictivas como el tráfico de madera y de drogas. Son los que ejercen la mayor influencia y poder económico en una determinada actividad delictiva.

Las redes criminales corporativas coordinan el acaparamiento y el tráfico de tierras en las regiones amazónicas de Bolivia y Ecuador. En Bolivia, el acaparamiento de tierras suele estar impulsado por ciudadanos brasileños y argentinos políticamente poderosos, que tienen intereses en actividades agrícolas. Subcontratan mano de obra barata para abrir carreteras ilegales que conectan las tierras usurpadas con municipios y ciudades.

Las redes criminales corporativas también coordinan y financian el tráfico de madera en las regiones amazónicas de Bolivia y Ecuador. Estas redes suelen estar supervisadas por jefes, o patrones, como en Colombia y Perú. En Bolivia, se han identificado patrones que operan en el municipio de Yapacaní, situado en el noroeste del departamento de Santa Cruz. Dichos patrones financian el tráfico de madera, subcontratando a los corteros, que suelen ser habitantes de la zona e indígenas encargados de buscar, identificar y talar la madera en toda la región.

Un maderero boliviano reveló que en 2020 había al menos cinco grandes patrones alrededor del Parque Nacional Amboró, en Santa Cruz. Los guardias armados que trabajan para ellos protegen a los corteros y establecen campamentos de tala en los parques nacionales.

Otro tipo de intermediario, conocido como broker, viaja entre las comunidades amazónicas en busca de las especies de madera más demandadas. Los intermediarios les compran la madera recolectada de manera ilícita directamente a los indígenas o a los madereros que trabajan en la región. En Ecuador, algunos intermediarios trabajan con las comunidades locales para recolectar las especies que buscan. Otros presionan y coaccionan a la población local para que encuentre, tale y venda sus árboles. La periodista Ana Cristina Basantes reveló que estos intermediarios extorsionan a las comunidades locales o les pagan demasiado poco por la madera cortada ilegalmente.

Los intermediarios trabajan con “transportistas”, que trasladan la madera en camiones o por rutas fluviales utilizando guías de movilización en blanco o permisos llenos de irregularidades.

En Bolivia, según cuenta Alex Villca Limaco, mediante embarcaciones conocidas localmente como callapos, los transportistas trasladan la madera por los ríos Yapacani e Ichilo, que conectan el Parque Nacional Amboró con las ciudades de Santa Cruz de la Sierra o Cochabamba. Cada viaje les lleva al menos tres días, por lo cual se pagan hasta $580 aproximadamente.

Actores legales

Una serie de actores legales también facilitan los delitos ambientales en los países de nuestro estudio. Pueden ser miembros de comunidades locales que tienen permisos para talar y cultivar pero que trabajan las tierras más allá de los límites legales establecidos e invaden territorios protegidos. También pueden ser empresas legales o entidades públicas que se involucran en delitos ambientales. En algunos casos, mantienen vínculos laxos con redes criminales corporativas; en otros, trabajan con la complicidad de las autoridades gubernamentales. El papel de los funcionarios públicos se analizará más adelante, en la sección sobre corrupción.

En Bolivia, los miembros de las comunidades menonitas e interculturales que tienen permisos para talar árboles y cultivar invaden tierras protegidas. A un nivel superior, el INRA ha sido señalado por la Fundación Tierra por presuntamente haber permitido que tierras de áreas constitucionalmente protegidas para la agricultura.

Por otro lado, en Ecuador, algunas empresas de aceite de palma han sido cómplices de la deforestación en toda la Amazonía del país y más allá. Según la periodista Ana Cristina Basantes, las empresas de aceite de palma se han apoderado de tierras pertenecientes a las comunidades locales. La siembra de plantaciones de palma no solo devasta los bosques, sino que los pesticidas utilizados en la producción de aceite de palma se filtran en las fuentes de agua utilizadas por las comunidades, añadió Basantes.

En cuanto a la tala, los aserraderos desempeñan un papel importante a la hora de encubrir el origen ilegal de la madera extraída en la Amazonía. Aunque la madera de balsa extraída ilegalmente puede hacerse pasar por legal en Ecuador, la mayoría de las veces se blanquea al mezclarse con madera de origen legal cruzando la frontera con Perú. Allí, la madera ilegal pasa por los aserraderos, donde se disfraza su origen antes de la exportación.

Grupos armados no estatales (GANE)

En el contexto de los delitos ambientales, los grupos armados no estatales trabajan con redes criminales corporativas para supervisar el funcionamiento de las economías criminales que impulsan la deforestación en la Amazonía. Los grupos armados no estatales son organizaciones criminales organizadas y claramente definidas, que incluyen milicias y grupos guerrilleros. Se financian principalmente con actividades ilícitas. Estos grupos tienen cuatro características que los definen: un nombre conocido, un liderazgo definido, control territorial y miembros identificables. A diferencia de Colombia, en los países de nuestro estudio los grupos armados no estatales no parecen estar implicados en el acaparamiento de tierras o la tala ilegal. Sin embargo, sí están implicados en el tráfico de drogas en Bolivia.

Un periodista que ha cubierto ampliamente la región amazónica de Bolivia dijo que grupos brasileños como el Comando Vermelho vigilan las rutas utilizadas para sacar la cocaína de Bolivia. El fundador de Mongabay, Rhett Butler, y Alex Villca, de CONTIOCAP, coinciden en afirmar que los grupos armados no estatales también financian el despeje de tierras para cultivos y pistas de aterrizaje de narcoaviones. En 2021, se desmantelaron 46 pistas de aterrizaje clandestinas en Santa Cruz y Beni. El desmonte de tierras en la Amazonía para construir pistas de aterrizaje para narcoaviones ocurre cada vez más en otros países de la región, como Perú, Brasil, Guyana y Venezuela.

Mano de obra barata

Las redes criminales corporativas y los grupos armados no estatales emplean a la población local o la amenazan para que proporcione la mano de obra física necesaria para cometer delitos contra el medio ambiente. La población local socioeconómicamente desfavorecida que constituye la mano de obra barata suele verse arrastrada a cometer delitos ambientales en los países de nuestro estudio por falta de alternativas económicas o porque se les amenaza para que lo hagan. Proporcionan la mano de obra para tareas básicas como la tala de árboles, así como la plantación y la siembra de cultivos ilícitos de coca. Pueden ser empleados de las redes criminales y de los grupos armados no estatales (pero no necesariamente son miembros de dichas redes o grupos). También pueden ser contratistas o trabajadores independientes que interactúan con actores criminales que operan más arriba en la cadena de suministro.

La mano de obra barata es la que menos gana económicamente y se sitúa en el peldaño más bajo de la cadena criminal.

El acaparamiento de tierras vinculado a la agricultura se basa a menudo en el trabajo manual de la población local, conocido como “desbrozador”, que se emplea para cortar y quemar árboles antes de que se establezcan las actividades agrícolas. En algunos casos, las entidades gubernamentales les pagan a las comunidades locales para deforestar sus propias tierras. Navas, del Proyecto Amazonía Sostenible, dice que en la región amazónica de Ecuador “los bancos daban dinero por la deforestación”. El pueblo indígena Secoya, de San Pablo, en el cantón Shushufindi de la provincia de Sucumbíos, obtuvo un préstamo de $240.000 de la Corporación Financiera Nacional (CFN) para tumbar bosque primario y abrir paso para la palma de aceite.

Mientras que muchos participantes en esta economía criminal operan con impunidad, los gobiernos suelen ser punitivos con las comunidades indígenas que se dedican a la deforestación. El pueblo Secoya fue multado con $375.000, a pesar de que el Estado les proporcionó dinero para sembrar los cultivos. Los miembros de la comunidad no fueron sancionados por talar el bosque nativo, sino por supuestamente incumplir los “procedimientos establecidos”.

Para que se produzca la tala ilegal, los miembros de las comunidades locales suelen ser empleados como parte de una mano de obra que se dedica a encontrar y talar árboles. Esta mano de obra suele estar formada por rastreadores o monteros, que buscan las especies de árboles más demandadas, y por leñadores.

En Bolivia, los corteros son en su mayoría miembros de comunidades locales o interculturales. Se les paga unos $724 por extraer ocho metros cúbicos de madera. Por su parte, en Ecuador, los rastreadores y corteros locales pueden recibir licor, cigarros y dinero por sus servicios. Sin embargo, en algunos casos no se les paga en absoluto. La periodista Milagros Aguirre Andrade, que escribió un libro sobre el comercio de madera en Ecuador, reveló que los miembros de las comunidades locales pueden ser engañados para que entreguen su madera sin recibir un pago a cambio. En otros casos, los corteros pueden ganar hasta $150 al día talando árboles de balsa en la región.

Los corteros y rastreadores no siempre son gente local. Pueden llegar de otras regiones, o países, en busca de trabajo. La periodista María Belén Arroyo reveló que los “colonos” de la región costera de Ecuador emigran a la Amazonía para trabajar como madereros. Los madereros de Perú también han invadido los territorios de los pueblos indígenas Yasuní en las provincias de Napo y Pastaza, para obtener maderas finas y balsa.

Los transportistas o lomeadores también forman parte de esta mano de obra, en el caso de Bolivia. Allí, los lomeadores trasladan tablones de madera a las orillas del río para su posterior transporte. Llevan cada carga sobre sus espaldas hasta tres kilómetros. Los transportistas cobran unos 14 centavos de dólar por cada pie de madera transportado por kilómetro en Bolivia.

*Isaac Norris colaboró con el reportaje para este artículo.

InSight Crime se ha asociado con el Instituto Igarapé —centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica al estudio de temas actuales relacionados con desarrollo, seguridad y clima— para rastrear los delitos ambientales y los actores criminales que impulsan la deforestación en toda la Amazonía. Vea la serie completa aquí.

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