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Dany Balmore Romero García estaba sentado en clase en un instituto de formación laboral en El Salvador cuando recibió un mensaje de un amigo: en las noticias decían que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo había incluido en su llamada lista de “Capos”, y lo llamaba líder de la MS13 (United States Treasury Department, 2016). Era febrero de 2016, y Romero diría más adelante a un periodista que trabajaba con InSight Crime que se quedó pasmado, que había sido “calmado” por más de una década, y trabajaba para integrar a pandilleros a la sociedad, no fomentaba la actividad criminal de la MS13, como aseveraba el gobierno estadounidense.

“Lo único que he hecho como activista de los derechos humanos es buscar transparencia y mecanismos legales necesarios para el estado de derecho”, diría en un video privado que grabó la noche de la designación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que compartió con el reportero. “Hago responsable al director del Departamento del Tesoro de cualquier daño que sufra yo o mi familia” (Phillips, 2017).

Este artículo es el resultado de un trabajo de campo realizado como parte de un proyecto de investigación de varios años con el fin de evaluar la capacidad criminal transnacional de la MS13 en Estados Unidos y El Salvador, adelantado por InSight Crime y el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University, con financiamiento del Instituto Nacional de Justicia (National Institute of Justice).

El caso de Romero era un problema sensible en el ámbito internacional. En el momento de la designación del Tesoro, Romero trabajaba con dos organizaciones no gubernamentales, una de las cuales tenía financiación de una importante fundación alemana. Tenía relación con miembros de la comunidad diplomática en la embajada británica de El Salvador. Su trabajo tenía el respaldo de académicos e investigadores, que darían fe de él en declaraciones públicas.

Pero él también tenía conexión con la ranfla, mantenía comunicación regular con sus superiores, pasaba mensajes y al parecer coordinaba el movimiento de la pandilla en el plano criminal, según alegó más adelante el gobierno salvadoreño. Romero sostendría que eso era parte de su trabajo con los calmados. Los fiscales dijeron que jugaba en ambos lados, contribuyendo a la imagen social de la pandilla y a su capacidad criminal mediante sus conexiones con organizaciones no gubernamentales, y el mundo académico y diplomático.

El caso puso el dedo en la llaga. La participación directa de la MS13 en organizaciones no gubernamentales se ha convertido en fuente de debate y de varios casos legales importantes en la región, incluido el de Romero. La confusión se debe, en parte, a la dificultad de determinar quién se ha retirado por completo en contraste con quien se ha retirado solo parcialmente de las actividades de la pandilla.

Pero también toca la esencia de un debate sobre cuál es la mejor forma de tratar con la pandilla y quién está mejor preparado para hacerlo. Por tradición, la respuesta básica a la MS13 ha sido las políticas de “mano dura” o “puño de hierro”, que hacen énfasis en las acciones judiciales y fiscales. No es sorpresa que la mayoría de los expertos de los organismos de seguridad que entrevistamos sean partidarios de ese abordaje y consideran a Romero parte de un plan de la pandilla para fomentar sus actividades criminales usando sus conexiones con esas organizaciones sociales. Sin embargo, otros, especialmente expertos de la sociedad civil, se preguntan si necesitamos más Romeros: interlocutores dignos de confianza que entiendan y puedan trabajar con los pandilleros para integrarlos a la sociedad.

Este debate no se limita a El Salvador. En Los Ángeles, también se vio de manera dramática cuando las autoridades estadounidenses arrestaron y acusaron a Álex Sánchez en 2009, por crimen organizado y otros cargos asociados, como conspiración para cometer homicidio (United States v. José Alfaro, et al., 2009). En ese momento, Sánchez también era un exlíder de la MS13, que presuntamente había dejado la pandilla años atrás para trabajar con Homies Unidos, organización que trabaja para la prevención de la violencia mediante la educación y programas de capacitación laboral para jóvenes en riesgo, y otros servicios, como remoción de tatuajes.

Sánchez presentó un recurso contra la acusación, que citaba conversaciones telefónicas grabadas en las que supuestamente pedía la muerte de un pandillero de El Salvador. Al igual que Romero, Sánchez recibió un apoyo firme de representantes de la iglesia y algunas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, quienes dieron fe en público de su integridad y trabajo duro para reducir la actividad de las pandillas. Eventualmente se desestimaron los cargos, pero muchos expertos de organismos de orden público aún se preguntan si Sánchez trabaja con las pandillas y no contra ellas. Entretanto, con Sánchez al frente, Homies Unidos sigue siendo baluarte de los programas para la juventud en riesgo.

En El Salvador, el debate sobre el capital social de la pandilla se manifiesta en el caso de Romero. Este ingresó a la MS13 siendo muy joven y ascendió hasta convertirse en líder dentro y fuera de prisión. En los primeros años de la década de 2000, cuenta, dejó la vida de la pandilla para siempre e ingresó a una organización no gubernamental conocida como Optimismo, Paz, Esperanza, Renovación y Armonía (OPERA), que promueve vías alternativas para que jóvenes pandilleros se expresen mediante el arte y dejen la vida de las pandillas. Cuando los enfrentamientos entre la policía y las pandillas comenzaron a hacerse más frecuentes, la organización también comenzó una denuncia sistemática de los abusos de los organismos estatales, en especial las ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la policía y sus sustitutos de los escuadrones de la muerte.

Por este trabajo con la ONG, Romero se convirtió en interlocutor importante para otras organizaciones que querían trabajar con jóvenes vulnerables en las pandillas y trataban de negociar lo que eventualmente sería la tregua de pandillas, el pacto tripartito entre el gobierno y las dos pandillas más grandes del país, que se inició en marzo de 2012.

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La tregua de pandillas en la que Romero actuó de intermediario aumentó la inquietud sobre el aumento del capital social y político de las pandillas (Farah, 2017). La tregua era un complejo arreglo negociado por un exguerrillero que se había hecho diputado y un obispo de derecha de la Iglesia Católica de El Salvador. Su trabajo fue aprobado por el entonces ministro de seguridad, un general del ejército que a la larga tendría que dimitir de su cargo en gran parte por su papel en el fomento de la tregua, y la presidencia.

La tregua tuvo un impacto inmediato en la seguridad: los homicidios cayeron casi a la mitad (Farah, 2017). Sin embargo, el presidente Funes nunca aceptó por completo el pacto, y el gobierno nunca buscó la creación firme de un marco legal para este. Otros actores importantes expresaron su rechazo públicamente, entre ellos la jerarquía de la Iglesia Católica, el gobierno estadounidense, y algunas élites empresariales y políticos de la oposición. Como resultado el pacto se fue a pique, por sí solo.

Para empeorar las cosas, la negociación entre las pandillas y el gobierno nunca se hizo pública. Los jefes de las pandillas fueron trasladados de la prisión de máxima seguridad en la que estaban recluidos al sistema carcelario regular, donde podían controlar mejor a los mandos medios y garantizar que no estuvieran cometiendo u ordenando homicidios en el exterior. No se sabe lo que recibieron a cambio pero hubo denuncias de que los líderes o ranfleros recibieron un único pago o incluso pagos regulares del gobierno (Farah, 2017). Las cárceles también recibieron televisores de pantalla plana y una entrada permanente de Pollo Campero para apaciguar a los homies presos. Para la población general, poco cambió. Los homicidios habían tenido una baja importante, pero otras actividades criminales de las pandillas, especialmente la extorsión, se mantuvieron sin interrupciones.

Lo más problemático era cómo la tregua canjeaba homicidios por capital político. La adhesión de las pandillas al pacto les dio un poder sin precedentes y acceso a los partidos políticos, que mucho antes se habían dado cuenta que necesitaban a las pandillas para ganar las elecciones. En una ocasión las autoridades estimaron que las pandillas más fuertes del país –la MS13 y Barrio 18– podían controlar hasta 500.000 votos, casi el 10 por ciento del electorado (Dudley S. , El Salvador Gangs and Security Forces Up the Ante in Post-Truce Battle, 2014).

La tregua era la manifestación pública de esa realidad, y tras bambalinas, los políticos negociaban otros beneficios relacionados con la tregua para los líderes de las pandillas que garantizaran votos en las elecciones municipales y nacionales (Martínez J. J., 2016). Esos beneficios incluían promesas de dinero para la creación de programas sociales y económicos que se canalizarían por medio de organizaciones manejadas por las pandillas.

En la esfera municipal, los arreglos fueron muchas veces más crudos.¹ Autoridades locales dieron empleos a pandilleros y, junto con el dinero que presuntamente recibieron los jefes de las pandillas por participar en la tregua, pueden haber tenido un aumento importante en sus ganancias (Farah, 2017). En uno de los casos más extremos que contamos, el alcalde les dio a pandilleros (de una facción de Barrio 18) ingresos de impuestos adicionales; plazas reales y de papel en el gobierno municipal; servicios de protección por parte de las autoridades locales y la promesa de no interferir en las actividades de las pandillas, más el uso de vehículos del municipio para el transporte de pandilleros, armas y drogas (Puerta, 2017).

En los planos nacional y local, la tregua sería la culminación del ascenso social y político de las pandillas. Sin embargo, el pacto se vino abajo y los acuerdos políticos no fueron honrados o quedaron bajo el escrutinio judicial, y los negociadores de la tregua, como Romero, pasaron a ser investigados.

Las autoridades salvadoreñas que siguieron los movimientos de Romero, las conversaciones de su teléfono celular y sus reuniones, afirman que nunca dejó la MS13. En lugar de eso, afirman, siguió siendo un líder importante que colaboraba con los intentos de la pandilla de consolidar un control firme sobre sus clicas y su economía criminal en formación (Phillips, 2017). Fue arrestado como parte de la Operación Jaque en julio de 2016. Desde entonces arrestos y casos judiciales han desprestigiado a los operadores de bajo nivel o a los actores más visibles que participaron en la tregua, a la par que ignoran la participación política de alto nivel de los dos partidos políticos principales (Silva, El Salvador Govt Turns Blind Eye to Its Own Deals with Gangs, 2016).

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Sin embargo, el capital político de las pandillas no ha desaparecido, y su capacidad de reacción y declaración de guerra a quienes ven como traidores ha trascendido para ser un problema internacional que ha cambiado la dinámica de la MS13 en todo el hemisferio. La capacidad de la pandilla para crear un organismo rector y de control en la ranfla dentro de las cárceles en El Salvador durante la tregua y ejercitar su músculo político y social mediante las elecciones ha dado a ese grupo de líderes una fortaleza sin precedentes. Y, como es evidente en la Costa Este de Estados Unidos, parecen estar usando ese capital para tratar de ejercer su control sobre toda la estructura de la pandilla.

La pregunta es cómo responder a la pandilla. De manera rutinaria las autoridades han hecho énfasis en el enfoque de la imposición de la ley. Desde la mano dura en Centroamérica hasta las iniciativas más recientes en Estados Unidos para acorralar a los presuntos pandilleros, el enfoque ha sido arrestar o sacar a los pandilleros de las comunidades en las que operan. Pero esa estrategia no ha funcionado. La MS13, ahora casi con 40 años, sigue operando y algunos dirían que floreciendo. Parece el momento de ensayar formas alternativas de análisis del problema. En ese sentido, ofrecemos algunas modestas sugerencias para abrir la discusión.

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Foto superior de Esteban Felix, Associated Press

*El Center for Latin American & Latino Studies está concluyendo una iniciativa de investigación de varios años que evalúa la capacidad criminal transnacional de la MS13 en los Estados Unidos y El Salvador. Para más información, vea aquí. Este proyecto ha tenido el apoyo de No. 2013-R2-CX-0048, la National Institute of Justice, la Oficina de Programas de Justicia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las opiniones, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan aquellas del Departamento de Justicia.

 

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