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Narcotráfico y protección política en Paraguay: el caso de "Cucho" Cabaña

COCAÍNA / 25 FEB 2021 POR ÁNGELA OLAYA Y SERGIO SAFFÓN ES

En un estado fronterizo de Paraguay, narcotraficantes y políticos corruptos comparten intereses comunes y las contiendas políticas se entrelazan con el hampa.

El 28 de agosto de 2018, Diego Medina Otazú salió de Ciudad del Este en un Fiat plateado. La ciudad se encuentra en el corazón de lo que se conoce como la Triple Frontera, en los límites de Paraguay con Brasil y Argentina. Es un conocido centro de contrabando y criminalidad, y Medina hacía parte de por lo menos uno de esos esquemas criminales.

Según una acusación presentada por el Ministerio Público, el jefe de Medina, Reinaldo Cabaña Santacruz, le había encargado llevar US$190.000 en efectivo a Asunción, la capital del país. Aquel era un encargo especial para Cabaña, mejor conocido como “Cucho”, parte de un trato mayor: Cabaña traficaba drogas a lo largo de la frontera y necesitaba mover el efectivo para un acuerdo con un ambicioso socio que recién empezaba a emerger, quien además resultó ser un congresista paraguayo.

Pero a las 4 de la tarde, a medio trayecto hacia la capital, Medina fue detenido en un puesto de control rutinario de la policía (como más tarde lo denominaron las autoridades) cerca del municipio de Coronel Oviedo. Los agentes registraron el vehículo y encontraron un compartimento de doble fondo instalado en el asiento trasero de la camioneta, donde estaba oculto el dinero en efectivo.

Fuente: Archivo Judicial número 7388/2018

El grupo de Cabaña solía usar compartimentos de doble fondo para mover drogas y dinero dentro y fuera de Paraguay. Sin embargo, dicho sistema no estaba exento de defectos, pues las drogas se podían contaminar con gasolina, o los paquetes se podían abrir y dejar salir su contenido, o, como en el caso de Medina, podían ser descubiertos por policías intrépidos o con información de buenas fuentes. Dado que no dio una justificación satisfactoria sobre el origen del dinero, Medina fue arrestado y el efectivo le fue confiscado, como dice en la acusación.

La policía llevó a Medina a la estación Nueva Londres, donde se puso en contacto con Cabaña para contarle lo que había sucedido. Cabaña, a su vez, llamó al congresista Ulises Quintana. En muchos países suele haber un intermediario entre personas como Cabaña y Quintana, alguien que puede dificultar el seguimiento de este tipo de acuerdos bajo cuerda y facilita la subversión sistemática de la justicia. En Paraguay los dos hombres hablaron directamente con una informalidad que indicaba que se comunicaban a menudo. Y en efecto lo hacían. En este caso, el dinero estaba relacionado con un cargamento de droga que ambos estaban coordinando.

"¿Está todo limpio eso o hay que maquillar?", preguntó el congresista, según una grabación incluida en la acusación y que más tarde se filtró a la prensa.

No todo estaba limpio, le dijo Cabaña.

Quintana envió dos abogados, uno de los cuales trabajaba en el Ministerio Público en Ciudad del Este, para que negociaran la liberación de Medina y aseguraran el dinero. Se necesitaban algunas cosas, US$6.000 para ser exactos, que los abogados pagaron al oficial a cargo, dice la acusación.

Poco después, Medina salió de la comisaría y volvió a su Fiat para continuar el viaje.

Un estado fronterizo y un clan corrupto

Reinaldo Cabaña Santacruz se radicó en el departamento de Alto Paraná, un estado con cerca de 400 kilómetros de fronteras internacionales con Brasil y Argentina. Su principal cruce legal es el Puente de la Amistad, que conecta a Ciudad del Este con Foz de Iguazú (Brasil) y una serie de puertos privados y públicos ubicados a lo largo del río Paraná. También se dice que se está construyendo un puente para camiones de carga que conectaría a Ciudad del Este con Foz de Iguazú. Ciudad del Este es la segunda ciudad comercial más importante del país, después de la capital, Asunción.

En Alto Paraná también se encuentran algunas de las economías criminales más dinámicas de Paraguay. La llamada Triple Frontera es famosa por el contrabando que inunda a Brasil y Argentina a través de Ciudad del Este y las rutas fluviales circundantes. Desde aparatos electrónicos hasta productos agrícolas, la región es tanto un centro de almacenamiento como un punto de envío de grandes cantidades de bienes de consumo ilícitos.

La economía ilegal es una parte importante para los bloques de poder político del país. Las empresas del expresidente Horacio Cartes producen millones de cigarrillos que cruzan ilegalmente hacia los mercados de Brasil y Argentina. Cartes, que durante mucho tiempo ha negado tener alguna conexión con la venta de cigarrillos de contrabando en el extranjero, ha utilizado los ingresos de estas ventas para financiar una poderosa ala del Partido Colorado, conocida como Honor Colorado, una de las varias facciones del partido gobernante del país.

Las rutas también son utilizadas para contrabandear drogas y armas a países vecinos; además, los mercados comerciales y financieros de Ciudad del Este ofrecen una gran cantidad de oportunidades para el lavado de dinero.

El operador político tradicional en la zona es el Clan Zacarías. Javier Zacarías Irún es senador por Alto Paraná. Su esposa, Sandra McLeod, es la exalcaldesa de Ciudad del Este. Los dos están siendo investigados por mal manejo de fondos públicos, que supuestamente fueron desviados para usos políticos. El caso contra ellos contiene decenas de testimonios, documentación de apoyo y otras evidencias, pero los Zacarías han rechazado vehementemente todas las acusaciones. De hecho, en lugar de debilitarse, la pareja sigue teniendo peso en la política.

El lado paraguayo de la Triple Frontera ha sido controlado por la familia Zacarías desde la época del régimen militar de Alfredo Stroessner (1954-1989). En años recientes se han convertido en parte del ala política de Cartes, Honor Colorado.

El poder del clan ha sido asociado con el rentable negocio de contrabando en la región, según tres fiscales paraguayos entrevistados por InSight Crime, quienes pidieron que sus nombres se mantuvieran en el anonimato debido a que las investigaciones todavía están en curso. Esto ha sustentado la sospecha de que la proximidad de los Zacarías a Cartes se debe en parte al contrabando de cigarrillos producido por su empresa, Tabacalera del Este S.A. (Tabesa).

En concreto, la familia gobierna Ciudad del Este y Alto Paraná desde 2001. Zacarías Irún es vicepresidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), y varios de sus parientes ocupan algunos cargos gubernamentales. El hermano de Javier, Justo Zacarías, fue gobernador de Alto Paraná antes de que Javier asumiera ese cargo. Actualmente, Justo es congresista. Su hermana, Margarita Zacarías, es funcionaria judicial. Justo es mencionado en el caso contra su hermano, Javier, y Sandra McLeod.

El contrabando quizá no sea su único negocio ilícito. La familia también ha privatizado valiosos terrenos municipales a lo largo del Puente de la Amistad, a través de una red de abogados, socios comerciales locales y extranjeros, e inversionistas, según ha señalado el Ministerio Público, que se encuentra investigando el caso. La propiedad, compuesta por dos lotes, pertenecía inicialmente a Alfredo Stroessner y Mario Abdo Benítez, padre del actual presidente del mismo nombre. Los terrenos estaban destinados a albergar trabajadores municipales, pero en ellos ahora existe un gran centro comercial y un lucrativo estacionamiento.

Aun así, la justicia ha tardado en investigar los negocios de la familia, en parte porque la pareja y sus socios bajo investigación han presentado mociones con el fin de recusar a los fiscales, una de las muchas tácticas que han utilizado para entorpecer el sistema judicial. Hay quienes dicen que la conexión del clan con Cartes ha sido clave para desviar la investigación. La familia se ha mantenido como un firme partidario de la facción de Cartes, y al parecer sus bienes se utilizaron para apoyar la elección de este a la presidencia en 2013.

Pero cada vez hay más disidencias. En Ciudad del Este han estallado pequeñas protestas por el lento sistema de justicia. La familia Zacarías ha debido enfrentar rivales políticos, en especial un advenedizo llamado Ulises Quintana.

Una alianza

En marzo de 2018, Cucho Cabaña llegó a su fiesta de cumpleaños número 33 en un salón de eventos que había alquilado en Ciudad del Este. Conducía un Lamborghini Gallardo amarillo valorado en casi US$200.000. Vestido de negro y con su característica gorra de béisbol, celebró con su familia. Con más de siete espectáculos de música en vivo y una larga lista de invitados, la costosa fiesta fue tanto una celebración como una demostración de poder.

Todo indica que a lo que Cabaña aspiraba era a seguir los pasos de su ídolo, el legendario narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. Cabaña visitó la emblemática Hacienda Nápoles de Escobar en Colombia y luego construyó una réplica para sí mismo en Paraguay. Además, decoró su nueva casa con un gran número de fotografías, pinturas y diversas mercancías con la imagen del capo de Medellín.

Lo que es más importante aún, Cabaña también quería construir un imperio de cocaína. Según él mismo cuenta, era dueño de dos hoteles, un bar de karaoke, un salón de belleza, una tienda de equipos de vehículos y un complejo deportivo donde instaló varias canchas de fútbol sintéticas. Pero, al igual que Escobar, Cabaña sabía que necesitaba apoyo político y judicial para dirigir sus negocios de drogas. Por eso forjó una alianza con Mabel Otazú, concejala de Ciudad del Este, así como con una fiscal llamada Mary Ramírez y con varios funcionarios policiales. Otazú es la madre de Diego Medina, el mismo conductor que más tarde sería detenido por la policía en Coronel Oviedo.

VEA TAMBIÉN: Perfil de Paraguay

A partir de ahí, las conexiones de Cabaña se expandieron. Investigaciones posteriores contra Cabaña y su familia revelaron una compleja red que involucraba a comisionados de policía y abogados en diferentes partes del país. Cabaña también mantuvo estrechos vínculos con varios fiscales y funcionarios judiciales, y pagaba sobornos (que oscilaban entre US$400 y US$15.000) a fiscales del departamento de Alto Paraná, quienes se hacían los de la vista gorda frente a las operaciones del grupo, pasaban información, e incluso quemaban las órdenes de arresto contra los aliados de Cabaña. Entre las 36 personas que finalmente fueron acusadas en su caso, dos eran fiscales, tres eran asistentes de la fiscalía y 11 eran policías.

Pero, según el fiscal a cargo del caso, el aliado más importante de Cabaña era Quintana, quien le había servido para ascender en el partido de gobierno, el Partido Colorado, en Alto Paraná. Las autoridades creen que Cabaña financiaba la campaña de Quintana, y ayudaba con la logística de la misma, a cambio de protección política y judicial.

Al principio, el congresista negaba que conocía a Cabaña. Fue solo más tarde que admitió que ambos tenían una relación, pero negó las acusaciones según las cuales había recibido dinero de Cabaña y que estaba ayudando de alguna manera en sus operaciones. En cambio, afirmó que había recibido el apoyo de Cabaña durante su campaña en Alto Paraná porque este era un respetado empresario de la zona.

Los fiscales sostienen que Cabaña financió la exitosa candidatura de Quintana al Parlamento "con el único propósito de utilizar su investidura, tantas veces como fuera necesario, [para ayudar] a que la organización criminal ejecutara sus actividades ilegales sin ninguna dificultad".

Con el tiempo, esta relación evolucionó, y lo que comenzó como un toma y daca se convirtió en una relación comercial, como afirman los fiscales. Fue esta relación comercial la que llevó a que diego Diego Medina realizara el viaje de Ciudad del Este a Asunción con US$190.000 el 28 de agosto de 2018. Y fue este mismo viaje el que significó la caída de ambos hombres.

Poco después de ser liberado de la comisaría de Nueva Londres, Medina se dirigió a la ciudad de Coronel Oviedo para reunirse con un hombre llamado Humberto Rodríguez en una gasolinera de Petrobras. Allí, Medina le entregó a Rodríguez los US$184.000 que quedaron después de que los abogados de Quintana pagaran el soborno a la policía.

Rodríguez era una especie de póliza de seguro. Como policía, también trabajó con Cabaña, y se le había encargado terminar la misión que Medina no pudo culminar: llevar el dinero a Asunción, donde el congresista Quintana tenía listo un cargamento de 53 kilogramos de cocaína.

El 29 de agosto, poco después de la medianoche, Rodríguez llamó a Sixto Ramón Arias, la mano derecha del congresista Quintana, que manejaba el negocio de las drogas. Rodríguez le dijo que estaba cerca de Asunción y que tenía "la encomienda". Arias le dijo que se encontraran en el principal puerto de la ciudad antes del amanecer.

¿Protección política?

Durante un tiempo, la confianza de Cabaña en Quintana parecía una buena inversión. Quintana comenzó su carrera política bajo el amparo del clan Zacarías. Sin embargo, el poder del clan comenzó a declinar debido a la mencionada investigación por corrupción y enriquecimiento ilícito de varios de sus miembros.

Dado que el escándalo crecía, Quintana se alineó con otra ala del Partido Colorado. Aunque el poderoso Partido Colorado ha gobernado a Paraguay desde mediados del siglo XX, e incluso logró mantenerse en el poder después de la caída de la dictadura del general Stroessner, actualmente está dividido en dos grandes facciones: Honor Colorado, encabezado por el expresidente Cartes, y Colorado Añetete, dirigido por el actual presidente, Mario Abdo Benítez.

La fricción entre Abdo y Cartes se forjó durante años, pero salió a la luz pública durante la campaña de Abdo como candidato oficial a la presidencia por el Partido Colorado para las elecciones de 2018. La principal plataforma política de Abdo consistía en atacar la administración de Cartes, quien por entonces estaba en el cargo. Aunque Abdo ganó las elecciones, el ala de Cartes mantuvo su poder gracias a su control del Congreso.

Aun así, Quintana hizo alarde de sus nuevas relaciones en el partido y de su conexión con el presidente, y creyó que pronto se volvería intocable gracias a ello. Durante su conversación telefónica después de que la policía confiscara los US$190.000 en el puesto de control, Quintana le pidió a su socio, Cabaña, que tuviera paciencia, que pronto llegaría la inmunidad absoluta, una vez Abdo asumiera el "control total" del país.

Cabaña no estaba convencido.

"Me iba mejor cuando no ayudaba a nadie", le dijo al congresista.

Aun así, Cabaña buscó que el nuevo presidente le otorgara garantías. La relación es confusa, pero más tarde surgió una foto en la que parece estar abrazando a Abdo. Cabaña negó la autenticidad de la imagen, y alegó: "nunca estuve con él".

Sin embargo, el presidente fue más precavido, y dijo que durante su campaña se tomó fotos con mucha gente, y que no siempre sabía quién estaba a su lado.

"Esa foto es en mi casa, donde hemos desarrollado toda la campaña de la Junta de Gobierno y las elecciones nacionales", dijo Abdo. "Tengo más de tres millones de fotos. Hoy no puedo decir si es falsa o verdadera. Lo que puedo decir es que no identifico a esa persona. Me he tomado muchas fotos con mucha gente".

El abogado de Cabaña fue más allá. Dijo a la prensa que su cliente había dado a la campaña "de comer y muchas cosas más", una velada referencia a una supuesta contribución de campaña de US$500.000 a Abdo. El abogado dijo luego que la cifra era en verdad mucho mayor.

Entretanto, las autoridades paraguayas antidrogas estaban rastreando casi todos los movimientos de Cabaña, incluyendo el dinero que había enviado a Asunción para pagar los 53 kilogramos de cocaína que el congresista Quintana supuestamente le había conseguido.

Arrestos y recriminaciones políticas

Unos días más tarde, tras la entrega del dinero en Asunción, los 53 kilos de cocaína estaban en Ciudad del Este. Y el 31 de agosto, Cabaña y su cuñado, Hugo Ríos, organizaron un plan para enviarlo a un comprador en Brasil a través de Foz de Iguazú. Ríos, dicen las autoridades, era el cerebro operativo de la organización en este tipo de negocios.

La organización criminal de Cucho contaba con la participación de familiares y amigos de Reinaldo Cabaña, cuyo objetivo era traficar cocaína peruana a Bolivia, así como marihuana a Brasil, y lavar dinero en Paraguay.

La acusación sostiene que el grupo criminal estaba dividido en dos áreas, las cuales eran utilizadas para gestionar sus actividades. Un área se dedicaba a la compra, transporte, recolección y distribución de bienes, mientras que la otra era responsable de las finanzas del grupo y de garantizar que sus ingresos se canalizaran al sistema financiero paraguayo, con el fin de legalizar las ganancias generadas por el narcotráfico transnacional y nacional.

El brazo financiero fue fundamental para Cabaña no solo para mantener su imagen como exitoso hombre de negocios, sino además para sobornar a las autoridades locales, de modo que ofrecieran protección. El dinero supuestamente se utilizó también para financiar campañas políticas, incluida la de Quintana, con la intención de asegurar aliados de alto nivel para proteger las operaciones del grupo.

Además, varios de los operadores de Cucho que trabajaban para Cabañas se beneficiaban de la venta de cocaína y marihuana en Alto Paraná. Este fue el caso de Hugo Ríos, coordinador logístico y jefe de seguridad del grupo, así como del subinspector de policía, Humberto Rodríguez, y algunos trabajadores del transporte.

Los tres hermanos de Cabaña y su cuñado, Hugo Ríos, se encargaban de la logística; por ejemplo, recibían y almacenaban la droga en Paraguay, para luego trasladarla a Brasil a instancias de Cucho. Un policía era el jefe de seguridad, además de ayudar en el almacenamiento y la venta de las drogas. Un taxista se encargaba del almacenamiento. Un conductor de mototaxi era especialista en el empaquetado de la droga. La novia de Cabaña se encargaba del lavado de dinero.

Cabaña les ordenaba a sus hombres que empacaran la droga en ladrillos y marcaran cada uno con la inscripción de "Rolex", su marca preferida. Y Ríos contactaba a su conductor, quien embalaba la droga en un camión adaptado con un compartimiento de doble fondo.

Alrededor de la medianoche del 1 de septiembre, el conductor fue al punto de encuentro en Vila C, un barrio de Foz de Iguazú que Cabaña solía utilizar para entregar su mercancía: "donde suelen llevar el furgón". Sin embargo, el comprador no se presentó, por lo que el conductor se dirigió al puesto de control fronterizo y esperó a Hugo Ríos. Ambos se encontraron allí y decidieron entregar la encomienda juntos. A las 11:19 de la mañana, Ríos le envió un mensaje de texto a Cabaña: la cocaína estaba en manos del comprador.

El 2 de septiembre, las autoridades brasileñas detuvieron al comprador en Santa Terezinha, municipio adyacente a Foz de Iguazú. Este llevaba las drogas, las pruebas físicas que los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), que llevaban meses rastreando los movimientos de la red de Cabaña y este cargamento en particular, necesitaban para ultimar su caso contra la organización.

VEA TAMBIÉN: Funcionarios corruptos de Paraguay permiten el contrabando hacia Brasil

El 6 de septiembre lanzaron la Operación Berilo, que incluyó 22 registros e incautaciones. Uno de los primeros en ser capturados fue Cabaña. Luego hubo más detenciones, entre ellas la de varios policías y funcionarios del Ministerio Público. El 21 de septiembre se entregó Quintana, quien había logrado evadir la redada inicial. Después de que el Congreso le levantó la inmunidad, Quintana fue encarcelado en la prisión militar de Viñas Cué.

Pero surgieron varias dudas. ¿Los arrestos eran parte de la larga confrontación política entre el actual presidente, Mario Abdo, y el expresidente Horacio Cartes por el control del Partido Colorado? ¿La operación fue una represalia por la traición y el desafío al poder de los Zacarías en Alto Paraná?

El abogado de Quintana en ese momento, Álvaro Arias, al parecer cree que así fue.

"Quintana es un rival de la familia Zacarías y ellos responden al grupo de Horacio Cartes", dijo tras las detenciones. "El fiscal general fue nombrado por Cartes", agregó. "Hay una clara conexión entre estas cosas, ¿y por qué esto se está realizando sin evidencias? Es más una venganza política que cualquier otra cosa."

Luego Arias dejó de representar a Quintana.

La otra parte hizo afirmaciones similares sobre los juicios contra su gente. Javier Zacarías, por ejemplo, dijo que hubo una "clara persecución política" contra él y su familia, que, aseguró, estuvo dirigida por el presidente Abdo. Según Zacarías, Abdo estaba presionando al Ministerio Público para que lo enviara a prisión y liberara a Quintana.

Pero estaba claro que, con la detención, los Zacarías volvían a tener ventaja. Poco después de la operación, el presidente del Congreso llenó el escaño de Quintana con Rocío Abed, esposa de Justo Zacarías, el hermano de Javier Zacarías.

Sin embargo, las batallas apenas comenzaban. En julio de 2019 se publicó un nuevo audio que demostraba que Cabaña y su abogado estaban tratando de comprar políticos del Partido Colorado y andaban en la búsqueda de jueces a su favor que ayudaran a debilitar el caso.

Quintana fue liberado más tarde ese mismo mes.  Y aunque esta medida se revirtió semanas después, Quintana conservó su escaño en el Congreso cuando sus aliados abandonaron la sala durante la votación para expulsarlo, evitando así el quórum que requería la oposición.

Por su parte, el presidente Abdo trató de mantenerse al margen de la refriega, pero tuvo poco éxito. Dijo varias veces que no iba a intervenir a favor de nadie. Públicamente se distanció todo lo que pudo de Cabaña, y, refiriéndose a Ulises Quintana, dijo: "No habrá ningún tipo de impunidad. Caiga quien caiga, nadie es intocable, desde el presidente de la República hasta abajo. Esa es la indicación que yo les he dado".

La actitud de Cabaña hacia el presidente Abdo también cambió radicalmente, pues pasó de afirmar que nunca se había reunido con Abdo a referirse a él como "Judas". Su abogado dijo más tarde que el presidente era "malagradecido".

Por su parte, a Ulises Quintana se le permitió salir de prisión preventiva en octubre de 2020, cuando el Tribunal de Apelaciones suspendió el fallo que lo mantenía en la prisión militar de Viñas Cué. Tras su liberación en enero de 2021, el juez que presidía el caso autorizó a Quintana a que abandonara la capital paraguaya, y poco después el político anunció su intención de presentarse a la alcaldía de Ciudad del Este con el partido Concordia Colorada.

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