El desplazamiento forzado tiene una larga historia en América Latina. Durante décadas -- y en algunos países hasta siglos -- poblaciones enteras, grupos familiares e individuos han huido de sus tierras, casas y pueblos, buscando refugio en la ciudad más cercana o el país vecino del fuego cruzado entre dos bandos, o de fuerzas que amenazaban sus vidas.
Hoy en día millones de latinoamericanos están sujetos a diario a una violencia armada, organizada y perversa. Escapando de eso, cientos de miles de ciudadanos huyen. El crimen organizado – que toma la forma de grandes carteles de la droga, pandillas urbanas, narcos locales, y ejércitos privados – es la nueva fuente del desplazamiento forzado en la región.
“La violencia perpetrada por razones criminales y no ideológicas es una de las causas principales del desplazamiento”, anota el Internal Displacement Monitoring Centre, que registró 5,6 millones de latinoamericanos viviendo en situación de desplazamiento en 2011, principalmente en Colombia, México, Guatemala, y Perú.
El crimen organizado desplaza para sacar del medio a personas o grupos que representan un obstáculo a sus fines delictivos; desplaza para ocupar territorios claves para el tráfico de drogas, personas, armas u otra mercancía. Desplaza al tratar de reclutar nuevos miembros y desplaza para mostrar su poder.
Y como el crimen organizado en América Latina no sabe de fronteras, el cubrimiento periodístico tampoco se debe restringir por límites fronterizos. Para investigar la forma en que las organizaciones criminales afectan a los derechos fundamentales, una alianza de medios digitales de la región – bajo la coordinación de InSight Crime y con el apoyo de la organización Internews – exploró la nueva cara del desplazamiento en América Latina.
En Colombia, donde unas cuatro millones de personas se han desplazado en los últimos 25 años por actores en el conflicto armado que vive ese país, VerdadAbierta.com exploró las nuevas modalidades del desplazamiento en el departamento fronterizo de Norte de Santander en donde todos los días campesinos engrosan las filas de los despojados escapando las amenazas, extorsiones de grupos narco-paramilitares y guerrillas, y los combates entre esos grupos insurgentes y la fuerza pública.
En El Salvador, El Faro investigó el desplazamiento silencioso y casi invisible de pobladores de barrios en donde reinan las pandillas que amenazan con reclutar a los jóvenes, generan un ambiente generalizado de violencia, y describe la forma en que las casas abandonadas por los que huyeron rinden testimonio sobre las vidas de sus antiguos ocupantes.
Y mientras que el IDMC habla del desplazamiento de Guatemala como resultado de la guerra civil de ese país que terminó en 1996, Plaza Pública descubrió que en el departamento del Petén – el más grande del país -- la violencia de organizaciones criminales como Los Zetas está causando el desplazamiento de residentes, mientras que empresas de palma africana se están apoderando de vastos territorios para sus plantaciones a través de la intimidación de los campesinos.
Y en México, en donde la violencia de los carteles de la droga y sus ejércitos privados se vuelve cada día más cruento, un número de personas estimado en 160,000 se ha visto forzado a abandonar sus hogares. “Este desplazamiento apenas se ha documentado, pero la poca información disponible sugiere que un gran número de personas en las áreas más afectadas por la violencia asociada con los carteles de la droga han ido abandonado sus hogares a un ritmo constante, buscando seguridad en otro lugar”, según en IDMC. Como descubre Animal Político, los gobiernos locales y nacional tratan de minimizar el problema de desplazamientos masivos del Triangulo Dorado provocados por una lucha por el control del territorio entre organizaciones criminales.
En gran parte de la región la respuesta de las autoridades es similar: no reconocer el fenómeno de la nueva cara del desplazamiento a causa del crimen organizado o no registrar su magnitud. Y mientras tanto, la gente huye.
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