El presidente Obama visitará El Salvador hoy, la tercera escala de su gira por Latinoamérica. Es una parada que podría marcar una nueva conciencia de Estados Unidos sobre la creciente vorágine de violencia que amenaza con hundir a la nación y a sus vecinos centroamericanos.
Obama llegará a una nación en crisis. Mientras el mundo se centra en la dramática guerra contra las drogas de México, la tasa de homicidios de El Salvador es cinco veces más alta, convirtiéndolo en uno de los países más violentos del mundo.
Las organizaciones criminales, muchas de éstas con raíces en la guerra civil del país en los años ochenta, están hundiendo al estado desde adentro, expandiendo sus redes a nivel internacional y profundizando su dominio territorial en el país.
Algunos de estos grupos son pandillas callejeras, especialmente la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y Barrio 18, que están evolucionando hacia los niveles más altos entre los grupos criminales, asumiendo actividades más sofisticadas y más lucrativas, como el lavado de dinero y el narcotráfico internacional.
El reciente surgimiento del país del conflicto ha contribuido al crecimiento de estas pandillas, que pueden recurrir a las estructuras criminales preexistentes que quedaron de la guerra, tales como las redes tráfico y los grandes suministros de armas. Esto les ha permitido madurar y convertirse en una amenaza más formidable.
Esto perjudica a El Salvador en muchos niveles. Un informe de 2005 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, antes de que los homicidios hubieran alcanzado su nivel actual, estimaba que la violencia le costaba al país más de 11 por ciento de su PIB, mientras que estimaciones más recientes sitúan esta cifra en 25 por ciento.
Además de la espiral de violencia, el país cuenta actualmente con un aumento en la adicción a las drogas, un sistema de justicia empantanado y una corrupción rampante.
La crisis acumulada en la región será el tema central de la visita de Obama. El Salvador y sus vecinos de Centroamérica han recibido US$248 millones desde el año 2008 como parte de la Iniciativa Mérida y, su retoño, la Iniciativa de Seguridad Regional en Centroamérica (CARSI, por sus siglas en ingles), cuyo objetivo es canalizar fondos hacia la región que ayuden a combatir la corrupción y apoyen la lucha contra el narcotráfico.
Esto es más que el gasto tradicional en la región, pero se trata de una suma muy pequeña en comparación con los US$6 mil millones gastados en el Plan Colombia en la última década. Es más, sólo US$100 millones se han destinado para la región en el año fiscal de 2011.
Parte de este dinero se concentra en la creación de instituciones para El Salvador, como el débil e ineficiente sistema judicial del país. Esto puede incluir la creación de algo similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), apoyada por Naciones Unidas. La CICIG tiene docenas de fiscales extranjeros que trabajan junto a los fiscales guatemaltecos y la policía.
Pero el carácter cada vez más transnacional de las pandillas de la región, las cuales han ido desarrollando vínculos con los carteles mexicanos, significa que la coordinación regional es tan importante como los esfuerzos específicos de cada país. En los últimos meses se ha hablado de un posible "Plan Centroamérica", una iniciativa de seguridad para reunir los esfuerzos internacionales en la lucha contra el crimen organizado en la región.
InSight Crime ha informado sobre las propuestas de los estados del Triángulo del Norte para trabajar juntos contra el cartel mexicano de los Zetas, con el apoyo logístico de México, Estados Unidos y, tal vez, Colombia.
Obama y el Presidente Funes también puede discutir programas más integrales de lucha contra las pandillas a nivel nacional, centrándose en los aspectos sociales del problema, en términos de tratar de evitar que los jóvenes se unan a pandillas, en primer lugar, y ayudarles a salir de éstas.
Los planes de formación y educación, así como leyes de control de armas más estrictas podrían ser una parte clave, así como programas de reducción de la pobreza.
Esto, en contraste con las políticas de 'Mano Dura' implementadas por el anterior y actual gobierno de El Salvador, a partir de 2003, que son ampliamente consideradas de haber exacerbado el problema, conduciendo a las pandillas a reagruparse y a redoblar sus esfuerzos.
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