Obama visita a El Salvador esta semana para discutir sobre el narcotráfico, las pandillas callejeras y la pobreza, aunque es Guatemala quién se encuentra en el nuevo frente de la guerra contra las drogas, a medida que los carteles mexicanos expanden sus operaciones para escapar de la presión en casa, respaldada por Estados Unidos.
La principal amenaza criminal de Guatemala son los Zetas, un cartel mexicano que ha expandido enormemente sus operaciones en el país en los últimos años. Los Zetas - que definitivamente rompieron con el Cartel del Golfo en México el año pasado – incursionaron de México a Guatemala en 2008 y establecieron operaciones en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz; una región remota pero estratégica al interior de Guatemala. De acuerdo con un informe reciente de El Faro, los Zetas fueron "invitados" a la región por Walter Overdick, un representante de la poderosa familia narcotraficante de Guatemala, los Lorenzana.
Con la ayuda de pequeñas bandas locales, empezaron a arrebatar territorio de la familia, que entonces administraba las empresas criminales en Alta Verapaz. Según el Miami Herald, poco después su llegada, los Zetas presuntamente dieron a los Lorenzana dos opciones: fusionar sus operaciones narcotraficantes con el cartel mexicano o pagar US$1.500.000 por adelantado seguido por una "renta" mensual de US$700.000.
Desde entonces, el grupo ha sido, en gran medida, capaz de mantener un perfil bajo, evadiendo oficiales de seguridad guatemaltecos mientras continúan sus operaciones de narcotráfico. Esto llevó al Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, a declarar un "estado de sitio" de dos meses, destinado a acabar con las operaciones de tráfico de drogas en la provincia de Alta Verapaz.
No obstante, parece que el proyecto ha avanzado poco. Aunque las autoridades detuvieron a 22 sospechosos durante el transcurso de la campaña, sólo dos de ellos han sido realmente vinculados a los Zetas. De hecho, fuentes locales dijeron a InSight Crime que seis detenidos han sido puestos en libertad, al parecer, debido a la falta de pruebas.
Ha pasado casi un mes desde que Colom puso fin al estado de sitio, y mientras que el presidente ha sostenido que la operación fue eficaz en la "reducción de la violencia," existen desacuerdos en la región. Fredy Ochaeta, director del Departamento de Estudios Legales y Sociales de la Universidad Rafael Landívar de Cobán, es uno de los escépticos. Según él, no ha habido una mejora significativa en la seguridad ciudadana en la región desde que el estado de sitio fue declarado.
"Los tribunales están manejados por los mismos jueces que estaban en vigor antes del sitio, las mismas autoridades del Ministerio Público y los mismos funcionarios del gobierno municipal", dijo Ochaeta a InSight. "Los líderes políticos son los mismos, ya que son los que los financian; financian todo tipo de actividades relacionadas con el narcotráfico".
El pesimismo de Ochaeta está respaldado por las estadísticas sobre delincuencia local. Según datos de la policía sobre el departamento, aunque el número de asesinatos se disparó a 24 en enero, las cifras de diciembre y febrero son casi idénticas (17 y 16, respectivamente). A juzgar por estas cifras, junto con el hecho de que los militares no lograron apoderarse de una cantidad considerable de drogas ilegales, está claro que la retórica del gobierno no corresponde con la realidad del estado de sitio.
Pese a ello, las autoridades de Guatemala anunciaron recientemente que están adelantando un plan para desplegar a los militares a otras zonas remotas del país. Las tropas son susceptibles de ser estacionadas a lo largo de 550 kilómetros de la frontera del país con México, de la cual el 70 por ciento, según un funcionario anónimo citado en un reciente informe del Washington Post, está controlado por los Zetas.
Como ha informado InSight Crime anteriormente, este anuncio se produce mientras el Presidente Colom y otros líderes centroamericanos tratan de convencer a Estados Unidos para financiar una fuerza combinada regional antinarcóticos. Si bien la región ya recibe US$165 millones en ayuda conforme a los términos de la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI), dicen que la cantidad no es suficiente para fortalecer las instituciones judiciales relativamente débiles de la región, y modernizar sus fuerzas policiales y militares. Si bien aún no está claro si este proyecto cuenta con el apoyo de Estados Unidos, es casi seguro que será abordado por el Presidente Obama durante su visita en los próximos días.
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