La experiencia con José Natividad “Chepe” Luna había demostrado que las filtraciones desde la PNC eran una constante y, en general, toda la historia del contrabando en Oriente tenía un extenso capítulo de connivencia policial y fiscal. El Grupo Especial Antinarcóticos (GEAN) decidió, pues, enviar a policías frescos a los puestos de La Unión y San Miguel para, primero, recoger inteligencia sobre el movimiento de la droga, y después, empezar a montar casos judiciales contra los transportistas. Así nació la Operación Camaleón.
El Agente 1, uno de los investigadores del GEAN, quien también participó en la Operación Camaleón, explica el nombre: “La idea era cambiar lo que había ahí y adaptarse al terreno para poder funcionar, para poder de verdad conseguir información; se sabía que ahí la PNC trabajaba con los narcotraficantes”.
El alcance de la corrupción policial y, en general, de actores políticos de la zona fue evidente desde que el GEAN llegó a Santa Rosa de Lima y a El Tamarindo, una de las playas sospechosas de recibir desembarcos de cocaína.
Óscar René Molina Manzanares, uno de los miembros de Los Perrones, quien fue condenado en 2010 por lavado de dinero, fue uno de los nombres que con más fuerza sonó sobre el terreno.
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“Él era quien patrocinaba fiestas en El Tamarindo. Por ejemplo, yo he visto cheques con los que él patrocinaba fiestas patronales [1] en el sector de Santa Rosa, en El Tamarindo. Había cartas que algunos alcaldes mandaban a este señor solicitándole su apoyo como patrocinador de las fiestas. El tipo era querido, tenía pisto y traía grupos de música, los grupos caros de México... las fiestas eran cortesía del señor Molina Manzanares”, relata el Agente 1.
Este es el tercer articulo de una serie de cinco capítulos sobre la corrupción policial en El Salvador. Vea toda la serie aquí.
Las fiestas, dice el policía, no solo servían para ganar adeptos y comprar políticos, sino que también eran el punto de encuentro perfecto entre narcotraficantes: “Empezamos a ver que en medio de los fiestones llegaban carros lujosos y que gente que estaba perfilada se reunía en un hotel de El Tamarindo para planificar cosas. Esto era algo que le interesaba a la DEA, que averiguáramos si llegaban mexicanos a esas fiestas”.
Cazando a Daniel Quezada
Mientras fiscales e investigadores estaban enfrascados en el rastreo de propiedades y relaciones comerciales, en las playas, un comando especial del GEAN -entre 15 y 20 agentes- se empezó a colar en puestos policiales cercanos a puntos de desembarco. Además de oficiales con mando en la División Antinarcotráfico (DAN), el jefe regional antinarcóticos de San Miguel, el inspector Darwin Serrano Lemus, alias “Makey”, estaba al tanto de la operación.
Uno de los primeros movimientos del GEAN fue enviar agentes del “grupo de inteligencia de campo” de la DAN hasta El Tamarindo, para verificar si el Hotel Playas Negras, ubicado en primera línea de playa y propiedad de Daniel Quezada, otro de los líderes de Los Perrones, se usaba para desembarcar cocaína procedente de Nicaragua. Además de destacar tres agentes especializados en el puesto policial del lugar, el GEAN envió a otros agentes de campo encubiertos, que se hacían pasar por motoristas, vendedores o comerciantes. También hubo inspecciones de rutas marítimas y de playas, casas y bodegas en islas e islotes desolados del golfo de Fonseca [2].
El 7 de abril de 2008, el sargento Rudis Mauricio Santos Vásquez escribió un informe para su jefe, el subinspector Cabrera Soriano, en el que resumió las acciones ejecutadas después de casi un año de investigaciones: “El 4 de los corrientes salí a eso de las 14:00 horas al golfo de Fonseca con el propósito de interceptar lanchas y barcos y levantar información relacionada al contrabando de armas, drogas y otros ilícitos”.
Ese mismo día, agentes bajo el mando del sargento Santos Vásquez contactaron a uno de los informantes de la Operación Camaleón, quien les relató la historia de Pablo Quezada, pandillero de la MS13 y uno de los principales intermediarios de quienes recibían desembarcos de cocaína en El Tamarindo.
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El de Pablo Quezada, la PNC lo sabría luego, era un perfil bastante común en la zona oriental: un pandillero buscado en Estados Unidos por delitos graves, homicidio en su caso, que regresó al país a refugiarse y aprovechó las habilidades desarrolladas en la costa Este para iniciar operaciones de tráfico o venta en pequeño en su lugar de origen.
El informante del GEAN, a quien los investigadores habían llamado “Beto”, perfiló así al pandillero Pablo Quezada:
Había crecido en Virginia, y hace unos dos años él y sus dos hermanos se vieron involucrados en un homicidio. Uno de sus hermanos está detenido en Estados Unidos, y él y el otro huyeron por vía terrestre a El Salvador, y se instalaron en El Tamarindo. Seis meses después, este sujeto se enteró de que la Interpol lo andaba buscando y decidió salir hacia Nicaragua, donde permaneció cerca de seis meses. Ahí hizo contacto con gente que le dio droga, cocaína para traerla a El Salvador. Hizo tres viajes y desembarcaba la droga frente al Hotel Playas Negras.
Policías, protección y filtraciones
Beto confirmó en 2008 varios datos que la PNC venía escuchando desde 2006 de otros informantes sobre el narcotráfico en las playas de La Unión y la participación de policías en la protección. Beto, por ejemplo, reforzó o confirmó cosas que otra informante, una mujer, había empezado a decir a la PNC en 2006. Las más relevantes: el trasiego era importante, incluía a proveedores en Colombia, se hacía a través de lanchas y descargas desde avionetas en una pista en El Jagüey [3], al Oriente de El Salvador, y contaba con protección policial del puesto aledaño a la pista y el de Playas Negras [4].
Beto también confirmó a los investigadores antinarcóticos que los agentes asignados al puesto de El Tamarindo, cerca del hotel, trabajaban para Daniel Quezada, hermano del pandillero Pablo Quezada.
“Este hombre [Daniel Quezada] presume de que tiene de su parte a la Policía del lugar y es él quien manda ahí”. Tras constatar que era un pescador humilde en los noventa que empezó a adquirir propiedades de 2000 en adelante, Beto cuenta que ha visto llegar hasta Playas Negras “vehículos de la PNC, y los policías facilitan y dan cierta cobertura a los desembarcos”.
En su informe de abril de 2008, el sargento Santos Vásquez cita a otro informante que le da más detalles de la participación de agentes en El Tamarindo, pero esta vez no en el Hotel Playas Negras: “El 28 de marzo, [el testigo] vio una lancha que transportaba drogas y que había atracado frente al puesto policial de la playa y vio que los policías estaban bajando los bultos; se trataba de droga” [5].
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El Agente 1 explica que toda la información que los equipos de campo consolidaron entre 2007 y 2008 sirvió de base a las investigaciones posteriores sobre Los Perrones y sobre los policías corruptos. Camaleón, dice el Agente 1, enfrentó serios obstáculos desde el principio, relacionados con filtraciones desde la misma PNC, que pusieron en riesgo la confidencialidad necesaria para que una operación de este tipo funcionara.
Hubo filtraciones de algunos agentes ajenos al plan que, en San Miguel [6] y en la playa, sospecharon que la presencia de tantos policías nuevos no obedecía a una rotación normal. Poco a poco, según los reportes del GEAN, agentes de seguridad pública de San Miguel empezaron a correr la voz de que en El Tamarindo, la DAN y el GEAN controlaban el puesto del policía. La reacción de los narcos no se hizo esperar. “Hubo un primer incidente en esa playa, un pick up grande, que era de los narcos, arrastró a una patrulla que los narcos sabían que era de la DAN, es decir, no era de los policías con quienes ellos trabajaban. Hasta hubo disparos ahí”, dice un informe de la Operación Camaleón.
Pero también se filtró desde las jefaturas. “En los informes que recibíamos quedó claro que en Oriente había jefes de investigación, oficiales que se movían en vehículos de narcotraficantes, todo eso afectó”, dice el Agente 1. “Por Dios, si la información que se tenía era que los mismos agentes custodiaban los cargamentos; los narcotraficantes tenían comprados a los elementos policiales”.
Las dudas del GEAN -o al menos, de algunos oficiales- crecieron en torno al inspector Makey, un oficial aprobado por la DEA y escogido para recibir un curso avanzado de investigación con instructores estadounidenses en 2007 [7]. Los rumores sobre la implicación de este oficial crecían a medida que la operación avanzaba. En un informe, los policías del GEAN incluso consignaron que habían recibido pistas sobre la participación de Makey en la venta de cocaína en Santa Rosa de Lima y en la protección de vehículos cargados con droga. Con el tiempo, además, la Fiscalía abriría expediente por cargos de narcotráfico contra un subalterno de Makey llamado José Contreras Mejía, de alias “Tanque”.
La PNC capturó a Tanque el 7 de abril de 2008 tras decomisarle US$23.000 que intentaba pasar por la frontera La Hachadura, en el departamento de Ahuachapán, al Occidente de El Salvador, para comprar tres kilos de cocaína en Guatemala [8]. Poco más de un año después, en mayo de 2009, la Fiscalía le ofreció un trato: su libertad a cambio de información. Tanque sigue siendo un hombre libre.
Makey, mencionado en una investigación periodística como uno de los responsables del fracaso de la Operación Camaleón, renunció luego de hacer pública una carta en la que alegaba ser objeto de persecución política y en los medios de comunicación. En un encuentro con los reporteros que habían realizado la investigación que lo implicaba con narcotraficantes, Makey lanzó una advertencia: “Tengan cuidado que no pase lo que en México, y es que en México los periodistas juegan a ser policías, y cuando los policías se meten con los narcos terminan muertos” [9].
El sinsabor de pocos resultados
El balance final de la operación no deja de provocar sinsabores entre los agentes que participaron o supieron de ella. Tanto el Agente 1 como el Agente 2, otro de los investigadores que participó en la Operación, reconocen que proveyó, como nunca antes, información sobre las rutas y los protagonistas del narcotráfico en Oriente. El juez Jorge González [10], del Juzgado Especializado de San Miguel, llevó sendos procesos judiciales contra Daniel Quezada y Juan Colorado, quien también formó parte de la estructura de Los Perrones, y reconoce que la investigación fiscal de la que arrancaron ambos casos está sustentada “a partir de las actas de investigación agregadas... de un plan Camaleón que desplegó la DAN”.
En una de las resoluciones que firmó contra Daniel Quezada, el juez González, además de concluir que hay suficiente prueba para seguir investigando, hizo una solicitud a la Fiscalía, una de las primeras en la historia jurídica de El Salvador relacionada con la participación de policías en actividades de narcotráfico:
Se le expresa a la representación fiscal que, en base a la información que se establece como parte de los elementos agregados al proceso, se le encomienda realice las investigaciones respectivas sobre la vinculación con el imputado que se hace de la PNC de El Tamarindo, Conchagua, Playas Negras, El Jagüey, Los Ranchos y otros sectores aledaños.
Cuatro años después y a pesar de la petición judicial, el juez González confirma que solo la Inspectoría General abrió, en 2009 y bajo la breve dirección de la inspectora Zaira Navas, expedientes administrativos para investigar aquellas acusaciones. Pero ese archivo, al igual que otros también referidos al narcotráfico, fue cerrado por órdenes del general David Munguía Payés, segundo de los tres ministros de Seguridad en la administración del presidente Mauricio Funes.
Pero también es cierto que el plan no dio más de sí por “envidias institucionales” [11] y, de nuevo, por filtraciones desde la PNC, que además supusieron la muerte de un agente encubierto: Walter Nahún Ayala Castillo.
Al agente Nahún Ayala, quien ya se había hecho un nombre en la DAN gracias a varios arrestos de vendedores de droga antes de que en 2008 lo llamaran a trabajar como encubierto en la Operación Camaleón, lo balearon en El Tamarindo. Una muerte extraña, dice uno de sus colegas. “No le llamaría venganza, sino una forma de asustar al personal, de decirle: ¡hasta aquí! ¿Qué más mensaje se le puede mandar al personal [que investigaba a la gente de Daniel Quezada]?”.
Dice Agente 1 que en El Tamarindo hubo, durante el operativo, una sospecha muy fuerte de que mandos policiales de San Miguel se involucraron más en el negocio y empezaron a actuar como intermediarios de Daniel Quezada, por lo que el agente Nahún Ayala, quien manejaba informantes que lo habían llevado hasta quienes distribuían en Santa Rosa de Lima la cocaína que desembarcaba en la playa, se convirtió en un estorbo.
Un día, un informante lo puso sobre la pista de un kilo que saldría de Playas Negras. El encubierto notificó a su equipo de apoyo de que volvería a los territorios de Daniel Quezada a buscar la droga. Nadie llegó a socorrerlo. Ahí, en las veredas de polvo pegajoso que parten de la playa a los bosques salados aledaños, un grupo de sicarios lo esperaba, “pero el equipo no escuchó nada, y el equipo estaba ahí. Era algo premeditado”, dice Agente 1. La PNC ni siquiera abrió una investigación interna por el homicidio.
Romeo, un colaborador de Reynerio Flores Lazo, uno de los líderes de Los Perrones, dice que hasta sus oídos llegó que Daniel Quezada tenía un cementerio clandestino en El Tamarindo: “En Santa Rosa siempre dijeron que ahí está enterrado ese muchacho, el policía”.
*Este es un resumen que InSight Crime ha hecho sobre la investigación realizada por el periodista salvadoreño Héctor Silva Ávalos, cuyo resultado final se encuentra en su libro “Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC de El Salvador”, que pronto se publicará. Vea toda la serie aquí.
Silva Ávalos es un periodista de carrera que trabajó durante 15 años en La Prensa Gráfica de El Salvador. Desde mediados de 2012 es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University, donde se ha consolidado como autoridad en estos temas. Para información adicional por favor contactar al autor al correo: [email protected]
Notas al pie
[1] Las fiestas patronales, realizadas en honor al patrono o patrona del santoral católico de las ciudades y pueblos, son organizadas y financiadas en gran parte por las alcaldías. En la tradición política salvadoreña estos eventos son muy importantes para recaudar fondos y buscar votos.
[2] Uno de los agentes que participó en la Operación Camaleón facilitó el acceso a una buena cantidad de los partes policiales e informes que el GEAN levantó en el terreno en 2008.
[3] Esta pista sirvió a la Fuerza Armada durante la guerra para operaciones de abastecimiento y para vigilar las rutas que en la primera década del siglo XXI usaban los narcos y en los ochenta, la guerrilla para abastecerse de armas. Ver entrevista con José Luis Tobar Prieto, jefe de la DAN, El Diario de Hoy, julio de 1997.
[4] Informe del GEAN Ref. 06-SASAGEAN7-06-114-UEDNA7-09, agregado al expediente judicial por tráfico de drogas abierto contra Daniel Quezada en el Juzgado Especializado de San Miguel.
[5] Testimonio del sargento Rudis Mauricio Santos Vásquez, anexo a expediente judicial abierto contra Daniel Quezada en el Juzgado Especializado de San Miguel.
[6] Aunque el comando estratégico y táctico del GEAN y de la Operación Camaleón funcionaba en San Salvador, los equipos especiales y los agentes encubiertos se apoyaban en la regional de la DAN de San Miguel, encargada normal de operaciones en la zona oriental.
[7] Cable 06SanSalvador851, enviado por la Embajada informando sobre personal de la PNC aprobado por la DEA y escogido para recibir cursos especializados.
[8] Ver “Narcotraficantes infiltraron a la PNC”, El Faro, 11 de mayo de 2009.
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