Aun antes de la firma del Acuerdo de Paz, era claro que no todos los exguerrilleros se acogerían o entrarían al proceso.
A mediados del 2016, justo cuando la firma de la paz empezaba a concretarse, llegó una carta a las manos del Secretariado de las FARC, cuyas legiones ya se preparaban para dejar las armas. La misiva expresaba el descontento frente al proceso de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, un guerrillero con más de 20 años de experiencia en las extintas FARC y quien tenía a su cargo al Frente Primero.
Mordisco fue el primer miembro del antiguo grupo que se declaró disidente. Un hombre que empezó como guerrillero raso, pero que se hizo un nombre como explosivista y francotirador, así como por el buen manejo financiero, especialmente del narcotráfico, como lo señaló la secretaría de gobierno de Miraflores en entrevista con InSight Crime.
*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.
El ascenso de Mordisco se produjo después de la mayor humillación de las FARC, en 2008, en el marco de la Operación Jaque. La guerrilla fue engañada para entregar sus rehenes a una falsa comisión humanitaria repleta de miembros del Ejército. Con los rehenes, el comandante del Frente Primero, Gerardo Aguilar, alias “César”, se entregó y enseguida fue extraditado a Estados Unidos. Mordisco fue el sucesor de un desafortunado César y heredó el Frente Primero, junto con fuertes sospechas hacia cualquier persona, incluidos los altos mandos de las FARC.
“El tema de la paz fue votado por el Frente", relató un militante de las FARC a InSight Crime en septiembre de 2016. “Solo un puñado de nosotros votó por permanecer en el proceso de paz y nos vimos obligados a caminar durante días por Guaviare hasta que encontramos otra unidad."
La pérdida del histórico frente fue un duro golpe para el liderazgo de las FARC, mientras intentaba promover los acuerdos de paz de La Habana.
El Secretariado de las FARC señaló que toda la tropa debía someterse a la decisión mayoritaria, ya que “si los mandos y combatientes involucrados tienen el deseo de lanzarse a una aventura incierta, les corresponde hacerlo tomando un nombre distinto al de las verdaderas estructuras”.
El entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también le envió un mensaje al Frente Primero: “No lo duden. Acójanse a este proceso porque será su última oportunidad […] o sea que cualquiera que tenga alguna duda, que mejor la deje a un lado y se acoja, porque es la última oportunidad que tienen para cambiar de vida […] Porque de otra forma, terminarán —se lo aseguro— en una tumba o en una cárcel”.
El mensaje del gobierno fue reforzado por el entonces comandante del Ejército Nacional, Alberto José Mejía, quien advirtió que 240.000 hombres serían los encargados de enfrentar a los grupos armados ilegales y la institución atacaría “con toda su fuerza y capacidad”.
Mordisco no era un comandante muy conocido, no tenía una historia militar gloriosa, y mucho menos jerarquía dentro del movimiento. Era un comandante competente, con antecedentes como miliciano, como lo señaló una autoridad de San José del Guaviare en entrevista con InSight Crime. Su partida fue desafortunada, pero suficientemente fácil de absorber para las FARC.
Quizás lo más relevante para el gobierno fue el hecho de que el Frente Primero se encontrara establecido en Guaviare, con influencia en Vichada y Guainía, ubicados en medio de miles de hectáreas de cultivos de coca y dos corredores principales de narcotráfico en Venezuela y Brasil. Además, el Frente también tiene contactos internacionales de narcotráfico. El dinero, en este caso, nunca sería un problema.
El Frente Primero rápidamente abrió nuevas rutas de tráfico al norte del departamento de Amazonas, en la región de Puerto Córdoba y la Pedrera, donde se encuentran el río Apaporis y Caquetá. Esto alimentó la creciente demanda de cocaína proveniente de Brasil.
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Un par de meses después, el 22 de septiembre de 2016, se realizó la X Conferencia de las FARC en la región del Yarí, departamento de Meta. Allí, el grupo insurgente en pleno se sentó a discutir y finalmente aprobar, el acuerdo de paz negociado en la Habana. En dicha conferencia participaron importantes líderes, entre ellos, Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, quien apoyó públicamente el proceso. Siendo este el último acto como grupo ilegal, los guerrilleros y el Gobierno Nacional se encontrarían de nuevo el 24 de noviembre de ese año para la firma de la paz.
Días después, justo cuando la implementación de los acuerdos daba sus primeros y vacilantes pasos, Gentil Duarte, quien había sido enviado meses atrás para disuadir a Iván Mordisco de abandonar el proceso de paz, reapareció y se declaró en disidencia. La estrategia de las FARC para apagar la llama de las disidencias había fracasado.
A diferencia de Mordisco, Duarte era reconocido en el movimiento y hacía parte del Estado Mayor Central, uno de los entes decisorios más importantes de la guerrilla, desde donde eran elegidos los miembros del Secretariado. Fue uno de los discípulos de Víctor Julio Suárez, alias “Mono Jojoy” y por largo tiempo comandante del Frente 7 de las FARC. A sus 18 años llegó a la guerrilla y con el tiempo logró escalar posiciones hasta ingresar al Bloque Oriental, dentro del cual se ganó el liderazgo del Frente 7 de las FARC, con fuerte injerencia en el sur del Meta, uno de los bastiones de la guerrilla.
De la noche a la mañana, Duarte se convirtió en el criminal más buscado del país, hasta el día de hoy, con una recompensa de hasta 2000 millones de pesos (cerca de US$601.000) por información que permita su captura.
Durante las visitas de campo a Guaviare en 2017, una fuente gubernamental que prefirió omitir su nombre, explicó a InSight Crime que el grupo ya empezaba a organizarse en la zona. “Están dejando un grupo que tiene experiencia, que conoce las rutas, que ya sabe cómo operar, lo dejan crecer porque creen que está en la selva, en la mitad de la nada, y por eso creen que está desarticulado”, comentó el funcionario.
En diciembre de 2016, el partido FARC expulsó a Duarte, junto con otros comandantes que se le habían unido. Ellos eran Luis Alfonso Lizcano Gualdrón, alias “Euclides Mora”, Géner García Molina, alias “John 40”, alias “Giovanny Chuspas” y Miguel Díaz Sanmartín, alias “Julián Chollo”.
Estos veteranos de las FARC tenían varias características en común. Eran parte del Bloque Oriental y todos tenían experiencia en la lucrativa actividad del narcotráfico. Juntos tendrían la capacidad de reconstruir gran parte del Bloque Oriental y volver a ocupar el territorio de los Llanos Orientales y el Amazonas.
Las ambiciones de Gentil Duarte se extendían mucho más allá del antiguo territorio del Bloque Oriental. De vuelta en su tierra natal, Duarte empezó a reforzar su grupo, para reconstruir alianzas a nivel nacional e internacional. Reclutó otros antiguos mandos medios guerrilleros, como Noé Suárez Rojas, alias “Grannobles” (hermano del Mono Jojoy) y alias “Nicolás”, hermano de Euclides Mora. Además, contactó a aliados en Venezuela y Brasil, con el fin de asegurar compradores internacionales para la cocaína que él estaba produciendo en los Llanos Orientales.
Así mismo, empezó a establecer contactos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para delinear territorio e influencia tanto en Colombia como en Venezuela. Mientras mantenían su influencia en los departamentos de Guaviare, Guainía y parte del Meta, Julián Chollo y Jhon 40 se adentraron en el estado venezolano de Amazonas, con la tarea de adecuar rutas de tráfico y tomar control de las minas de oro en el parque natural Yarapacana.
Actualmente, Duarte y su grupo tienen bajo su mando las rutas de la cocaína y coltán que salen por Brasil y Venezuela.
En términos financieros y de narcotráfico es difícil subestimar la importancia de Jhon 40. Él se ha convertido en uno de los aliados más fuertes de Duarte y en el cerebro financiero de la facción disidente. Fue cabecilla de los frentes 16 y 43 durante su época en la guerrilla y trabajó de cerca con Tomás Molina Caracas, alias “El Negro Acacio”, quien para ese entonces era el zar narcotraficante de las FARC. En 2006, Jhon 40 ya era considerado uno de los capos del narcotráfico en el departamento del Meta.
Actualmente, lidera las disidencias del Frente Acacio Medina en suelo venezolano, al mando de cerca de 300 hombres de esa misma nacionalidad. Este frente ha penetrado la región del río Atabapo y controla los depósitos de oro en el suelo del Parque Nacional Yapacana, en Venezuela. Se encarga de llevar los cargamentos de cocaína del este de Colombia hasta los compradores en Venezuela, y de la ayuda financiera a los demás disidentes liderados por Duarte. Así mismo, coordina las relaciones con compradores de drogas en las fronteras de Colombia con Brasil y Venezuela.
Tras la expulsión de los cinco comandantes, el ministro de defensa del gobierno Santos, Luis Carlos Villegas, declaró a los expulsados como objetivos de alto valor, lo que significaba que podrían ser neutralizados por las Fuerzas Militares usando ataques aéreos con armas de alto poder. Parecía que la sensación de peligro que representaban los disidentes de las FARC empezaba a crecer, pero, según fuentes del Ministerio de Defensa, bajo la administración de Santos las órdenes eran minimizarlos para no socavar el proceso de paz.
Tan pronto como los combatientes de las FARC se concentraron en las distintas zonas veredales en todo el país, a principios de 2017, Walter Arizala, alias “Guacho”, abandonó el proceso de paz. Inicialmente se había presentado en la zona veredal de El Playón, municipio de Tumaco, Nariño. De vuelta al ruedo, Guacho reclutó a miembros de la extinta columna Daniel Aldana de las FARC y creó el Frente Óliver Sinisterra (FOS). Aunque no tenía un perfil de importancia dentro de las FARC, Guacho decidió armarse en la capital de la cocaína en Colombia.
La importancia de Tumaco en el tráfico de droga es imposible de ignorar. Solo en ese municipio hay más cultivos de coca que en todo Bolivia. Tumaco tiene todas las condiciones para traficar libremente: cultivos, laboratorios de cocaína, puntos de salida hacia Ecuador y la costa pacífica, al igual que el pueblo de Llorente, un centro para la negociación de cargamentos y la cocaína como divisa cambiable.
Sin embargo, fue el asesinato de los tres periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, en abril de 2018, lo que convirtió a Guacho en el enemigo público número 1 a ambos lados de la frontera y en el disidente más visible de las FARC. Sin embargo, no era tan poderoso como aseguraba el gobierno, y para algunos analistas Guacho era más “fama que fuerza”.
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Aunque se creía que Guacho y Gentil Duarte no estaban vinculados, ambos comandantes cruzaron algunas cartas. En una de ellas, Guacho le agradece a Gentil por “haber entendido que no somos bandidos, el personal y yo que estamos a cargo del FOS somos revolucionarios que buscamos el cambio de igualdad con justicia social".
Si bien las cartas revelan una intención ideológica, eso no se traduce en sus acciones, ya que casi todas estaban orientadas a conseguir rutas del narcotráfico y sacar cargamentos de coca. De hecho, el accionar del FOS no estaba enmarcado en la lucha subversiva, sino fundamentalmente en la protección de su negocio: el narcotráfico.
El FOS utilizó el nombre de las FARC y las antiguas rutas y contactos para levantar una poderosa organización. De hecho, agentes de Inteligencia en Colombia describían a Guacho como “un narcotraficante con una estructura armada”. Su principal cliente era el cartel de Sinaloa, que estaba dispuesto a comprar cada kilo de cocaína que Guacho y su grupo pudieran producir.
Con varios financiadores dentro del territorio y un punto de partida para la salida de la droga hacia el extranjero, el FOS respondía más a una simple estructura criminal, unas FARCRIM, una designación que refleja el paralelo con los grupos que nacieron como reductos de la desmovilización de las AUC, a los cuales el gobierno describió como BACRIM (bandas criminales).
El 21 de diciembre de 2018, durante la “Operación David”, Guacho fue asesinado en el área rural de Llorente. El entrante gobierno de Iván Duque salió rápidamente a reclamar el hecho como una victoria contra los disidentes de las FARC.
La muerte de Guacho no fue una sentencia de muerte para el FOS. De hecho, aunque debilitadas, las redes de apoyo del FOS y su infraestructura de tráfico se mantienen firmes y operativas en Tumaco y alrededor de la frontera con Ecuador, en la provincia de Esmeraldas.
Mientras gran parte de la atención se mantenía en Guacho y su constante movimiento en la frontera ecuatoriana, Duarte y su grupo se habían mantenido ocupados. Se habían encargado de sumar otro antiguo comandante a sus filas. En septiembre de 2017, Édgar Mesías Salgado, alias “Rodrigo Cadete”, desertó de la zona de reincorporación de Icononzo, Tolima.
Cadete era uno de los hombres de confianza de Mono Jojoy y un guerrillero con una trayectoria de más de 35 años en las FARC. Durante muchos años se desempeñó como comandante del Frente 39, donde se destacó por su destreza militar, a pesar de que su Frente perdió territorio ante los paramilitares en Meta.
Una vez afuera del proceso, fue enviado en una comisión a Putumayo para absorber y reunificar algunos disidentes de allí y tratar de establecer una alianza con Pedro Oberman Goyes Cortés, alias “Sinaloa”, otro silencioso mando disidente a cargo de elementos del antiguo Frente 48. La alianza no resultó. Sin embargo, el rol de Cadete, designado por Duarte, pasó a ser clave como articulador principal de las estructuras al sur del país.
Ante el creciente fenómeno de las ex-FARC mafia, el Ministerio de Defensa emitió la directriz en octubre de 2017 de enmarcarlos como Grupo Armado Organizado (GAO) Residual, con lo que abrió un marco jurídico donde se aseguraba que las fuerzas militares podrían bombardear a las disidencias.
Un mes antes de firmar esa directriz, el Ejército había tenido su primer resultado: en medio de las selvas del Guaviare, había localizado el campamento de Luis Liscano Gualdrón, alias “Euclides Mora” y lo había asesinado. La mano de derecha de Duarte y quien fuera jefe de seguridad del Mono Jojoy y cabecilla de varios frentes, había caído.
Pasarían cinco meses para que el Ejército reclamara otro de los aliados de la facción de Duarte. El 2 de febrero de 2019, cayó abatido Rodrigo Cadete, en el marco de la operación Zeus en Caquetá. El unificador de la zona sur del país salía del tablero de guerra.
Con la implementación de los acuerdos de paz aún en una fase muy frágil, Santos entregó la presidencia a Iván Duque el 7 de agosto de 2018. El nuevo presidente dijo que el país estaba “en conmoción”, durante su discurso de posesión, y aunque nunca mencionó las disidencias, anunció que combatiría dichas estructuras y revisaría los acuerdos.
Aunado a lo anterior, Duque mencionó que “se han hecho promesas y compromisos con organizaciones sociales sin asegurar su financiamiento”, con lo que declaraba que el gobierno saliente no habría dejado dinero para implementar la paz.
La llegada del nuevo mandatario a la presidencia acrecentó la desconfianza de los excombatientes y el temor de que el acuerdo de paz pudiera ser modificado. La transición de un gobierno que había tratado de implementar la paz hacia otro que la había cuestionado abiertamente generó discordias en las filas de excombatientes. Algunos comandantes empezaron a dejar las zonas de concentración y desaparecieron.
Para septiembre de 2018 varios mandos medios habían dejado los espacios de reincorporación (ahora llamados ETCR), estos fueron: José Manuel Sierra Sabogal, alias “el Zarco Aldinever”, Alberto Cruz, alias “Enrique Marulanda“, Élmer Caviedes, alias “Albeiro Córdoba”, y Nelson Díaz, alias “Iván Alí”.
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Al cumplirse casi un año de la era Duque, el presidente reconoció que “el proceso de paz es frágil pero estamos avanzando” y advirtió que “el Gobierno será contundente con quienes vuelvan a cometer crímenes después de someterse al acuerdo de paz”. Duque buscaba demostrar a los excombatientes que la implementación del acuerdo seguía adelante.
"Cuando empezó nuestro Gobierno apenas se habían desarrollado dos proyectos productivos colectivos durante 20 meses de implementación del Gobierno anterior [...] En diez meses de gobierno, puedo decir, que ya tenemos 25 que cobijan a más de 1,200 personas", anunció el presidente.
Mientras tanto, las ex-FARC mafia seguían creciendo. Para mediados del 2019, ya tenían presencia en 18 de los 32 departamentos de Colombia y alrededor de 117 municipios, así como presencia en Venezuela, Brasil y Ecuador. Hoy cuentan aproximadamente con unos 2500 combatientes.
La administración de Duque parecía incapaz de contener el crecimiento de las ex-FARC mafia y, de hecho, la percepción, infundada o no, de que el gobierno no tenía intención de honrar todos los aspectos del acuerdo, empujó a algunos excombatientes de vuelta a las disidencias. El gobierno parecía carecer de una estrategia clara para contenerlos y, al menos públicamente, ignoraba la evolución de este grupo y la amenaza que suponía.
Una serie de banderas rojas debieron alertar al gobierno de que la situación podría cambiar drásticamente.
La primera fue el caso de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”. Arrestado por cargos de tráfico de drogas en abril de 2018 y amenazado con ser extraditado, este fue un llamado de atención para las FARC y un punto de prueba para el frágil proceso de paz. Al mismo tiempo, señaló la salida de uno de los excomandantes más importantes de las FARC, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”.
Tras la captura de Santrich, Márquez decidió abandonar su curul en el Congreso y se desplazó provisionalmente a la zona de concentración de Miravalle, Caquetá, donde se encontró con otro de los líderes exguerrilleros: Hernán Darío Velásquez, mejor conocido como “El Paisa”.
En medio de la incertidumbre sobre el paradero de ambos excombatientes, surgieron reportes sobre dos reuniones entre ellos y miembros del ELN. La primera en abril de este año, en la ciudad de Elorza, estado venezolano de Apure. El segundo encuentro fue un mes después, en mayo, en la ciudad de Simón Bolívar, Apure. La primera reunión habría estado encabezada por Márquez y líderes del ELN como Gustavo Aníbal Giraldo, alias “Pablito”, Adelmo Aguirre, alias “Bateman”, y alias “Lenin”. Mientras que, en la segunda, Márquez, El Paisa y Jhon 40 habrían estado juntos.
Sin embargo, la amenaza de las ex-FARC mafia para Colombia estaba a punto de cambiar.
*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.
Foto: AP
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