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INVESTIGACIONES

Llamadas interceptadas evidencian chantaje de la policía de Brasil al PCC

BRASIL / 18 DIC 2020 POR STEVEN DUDLEY ES

“Plata o plomo” es una trillada frase para referirse a la forma en que los criminales amenazan a funcionarios y civiles para obtener lo que desean. En un caso en Brasil, parece más apropiado aplicarla a la policía.

A las 7:43 p.m. del 8 de junio de 2018, el cabo André Willian Barbosa, de la Fuerza Táctica de la Policía Militar de São Paulo, levantó su teléfono y llamó a “Revolta”, un traficante de drogas de la organización criminal Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC).

El PCC es la pandilla criminal más grande de Brasil. Sus oficinas son las cárceles del país, pero también controla cientos de puntos de venta de drogas, incluyendo uno que Revolta manejaba en la zona sur de la ciudad.

*Esta historia es parte de una investigación de dos años del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos (CLALS) e InSight Crime sobre el PCC. Lea la investigación completa aquí. Lea el PDF completo aquí o descárguelo del Social Science Research Network.

Justo antes de la llamada, la fuerza táctica al mando de Barbosa había capturado a uno de los operadores de Revolta, llamado “Bonequinho” (Apuesto). Cada estado de Brasil tiene su policía militar. Estas son las tropas de primera línea, y la fuerza táctica de Barbosa es el equivalente al SWAT (Grupo Táctico élite de manejo en armas en Estados Unidos), encargada de destruir guaridas de drogas y de perseguir a los más buscados de Brasil.

Pero Barbosa no había llamado a Revolta para alardear por la captura de Bonequinho, sino que le iba a proponer un negocio, para lo cual había asumido un apodo, “Bolado” (Fortachón), con el fin de ocultar su identidad en este tipo de llamadas.

REVOLTA: Hola.

BOLADO: ¡Carajo!, los muchachos hicieron un buen trabajo. Agarramos a Bonequinho, hermano.

REVOLTA: Esos tipos están jodidos, Bolado, están jodidos.

BOLADO: Él está jodido. Va a ser unos (1.000 reales) por cada captura, hermano. Y vamos a comenzar a hacer folga también, hermano.

Revolta sabía lo que significaba “hacer folga”: que la fuerza táctica atacaría otros puntos de venta de drogas, arrestaría a otros miembros del equipo de Revolta y confiscaría drogas y otras pruebas incriminatorias. Si Revolta quería que eso no sucediera, tendría que pagar.

REVOLTA: Entiendo. Tenemos que buscar una mejor manera. Entiendo.

BOLADO: Ya te lo dije. Es uno y medio (1.500 reales) y después nos vamos por el Bolo.

REVOLTA: Lo sé. Ya se lo dije a esos tipos, pero no respondieron.

“Esos tipos” eran los jefes de Revolta, uno de los cuales había sido claro: “No vamos a pagarles más”, un claro ejemplo de lo depredadora que era la policía en la zona. Revolta no tuvo más remedio que tratar de detener las siguientes operaciones de la fuerza táctica, pues Barbosa seguía presionando.

BOLADO: Okay, está bien. Pero te lo estoy diciendo. Como salimos temprano, podríamos volver allá.

REVOLTA: Yo sé, hombre. Qué vaina, y… yo no quería que esto sucediera. Yo entiendo.

BOLADO: Así que eso es. Es una joda. Pero okay.

REVOLTA: Okay, bien.

BOLADO: Okay.

La conversación entre Barbosa y Revolta es una de las docenas que se describen en una acusación de más de 500 páginas en São Paulo contra 53 miembros de la policía militar que trabajan en el Batallón 22 de la Policía Militar en el que las autoridades grabaron 82.000 horas de conversaciones telefónicas. Es bien sabido que el PCC utiliza tácticas violentas y coercitivas. Pero lo que queda claro en estas llamadas es que es la policía, y no la pandilla carcelaria, el grupo criminal depredador.

Y no se trata solo de la fuerza táctica. Desde patrulleros hasta supervisores, y tanto individuos como equipos enteros, el patrón es claro: extorsionar las operaciones de venta de drogas era una manera efectiva de inflar sus salarios. De hecho, los fiscales aseguran que las acciones de los policías los convierten en parte del PCC.

“El papel de la policía militar en la organización criminal […] era claro”, se lee en la acusación. “No controlan el tráfico, sino que lo facilitan, manteniendo los carros de la policía lejos de los puntos de venta, dando información sobre las operaciones policiales en la zona, o alterando documentos públicos para que no se decomisen las drogas y no se encarcele a los traficantes”.

Pero las llamadas telefónicas cuentan una historia diferente. No era tanto que la policía desempeñara un papel en la ejecución de los crímenes, sino más bien que permitía que los crímenes se cometieran —por supuesto, a cambio de un precio—. En general a los policías se les pagaba una cantidad que estaba en el rango de los 300 reales, pero podrían llegar a ser hasta 50.000 reales (unos US$9.000), dependiendo del trabajo. La práctica era tan común que un policía incluso pidió un adelanto porque se iba de vacaciones. El traficante se negó, y le dijo que recibiría su parte cuando regresara.

Los pagos se hacían a individuos y a grupos, a menudo según el rango. El dinero era recogido por los propios policías o bien era dejado por intermediarios en una farmacia, el baño de una gasolinera, un restaurante o incluso en las propias guaridas de drogas.

Los policías también exigían montos únicos cuando capturaban personas, como lo habían hecho Barbosa y su unidad táctica, o cuando confiscaban drogas u otras pruebas incriminatorias.

En un caso que los investigadores rastrearon desde el 15 de abril de 2018, la policía militar confiscó una mochila con drogas y un libro de contabilidad en el que se consignaban nombres y roles, así como ventas de drogas y deudas. Unos veinte minutos más tarde, “Vinicius”, el narcotraficante cuya propiedad había sido confiscada por la policía, llamó al cabo Heverton Nascimento Neves, quien se hacía llamar “Bomba”, y hacía parte del equipo que había confiscado la mochila, presumiblemente después de una redada en el apartamento de Vinicius.

VINICIUS: ¡Ey! ¿qué tal? ¿Qué tengo que hacer?

BOMBA: Bueno, hermano, para recuperar tus documentos rápidamente, son 10 [10.000 reales].

VINICIUS: ¿Diez?

BOMBA: Sí, mi hermano.

Cuando Vinicius intenta en vano disminuir el precio, Nascimento le da más detalles de lo que hay en el libro de contabilidad.

BOMBA: Pues ahí están esos tipos, ¿entiendes? Aquí están escritos los nombres completos, lo que hacen, el área o rol. Todo está ahí hermano: las ventas de drogas, lo que alguien debe, lo que alguien le quitó a no sé quién, la persona que habló con yo no sé quién. Todo está ahí, ¿entiendes?

VINICIUS: Entiendo…

Los fiscales dicen que Vinicius accedió a pagar los 10.000 reales, y cuando la policía entregó algunas drogas que habían confiscado en la escena del crimen, en el informe policial se omitió el nombre de Vinicius y no se mencionó el libro de contabilidad.

Durante la investigación, una de las llamadas rastreadas por las autoridades indica que un policía le insinuó al traficante que le “cortara el cuello” a un sujeto que supuestamente no había entregado el dinero.

TRAFICANTE: Pero cuando nosotros pagamos, ustedes entraron a nuestra ‘bodega’ y se llevaron las drogas.

CAREQUINHA: ¿A quién le diste el dinero? ¿A quién le diste el dinero? Te estafaron, hombre.

TRAFICANTE: Mira, yo soy el responsable de las bodegas. [Y] yo había enviado el dinero con Marcelo para que te pagara. Si él no pagó, yo no puedo hacer nada.

CAREQUINHA: Bueno, entonces córtale el cuello, córtale el cuello.

Los fiscales afirman que Carequinha le ordena al traficante que mate a Marcelo, pues quizá este último mintió sobre la incautación y se quedó con las drogas.

Con base en una pista anónima, la unidad de asuntos internos de la policía militar de São Paulo comenzó a investigar al grupo en febrero de 2018. En diciembre de ese mismo año, en una operación realizada en tres barrios, las autoridades arrestaron a 53 miembros de la Fuerza Táctica del Batallón 22 de la Policía Militar, que es más o menos el diez por ciento de todo el batallón.

Aunque la mayor parte de los involucrados se encontraban en el estado de São Paulo, las operaciones de búsqueda y decomiso abarcaron 19 municipios de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro.

Después del juicio, 42 policías fueron condenados y sentenciados a penas de entre 5 y 83 años de prisión; once fueron absueltos, y los fiscales apelaron.

*Esta historia es parte de una investigación de dos años del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos (CLALS) e InSight Crime sobre el PCC. Lea la investigación completa aquí. Lea el PDF completo aquí o descárguelo del Social Science Research Network.

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