La guerrilla colombiana ganó una batalla contra el ejército venezolano en el estado Apure, pero nunca ganarán la guerra. No obstante, los combates dejaron algo en claro: el Estado venezolano no puede controlar las fuerzas criminales que ha tolerado por tanto tiempo.
La batalla entre las disidencias del Frente 10 de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejército venezolano puso al descubierto una realidad importante. Los movimientos políticos que alguna vez estuvieron unificados, tanto dentro del Estado venezolano como dentro de la guerrilla, han degenerado para caer en rivalidades entre facciones y competencias por las economías criminales. El resultado es una inestabilidad y violencia en continuo aumento.
Si los combates en la región fronteriza y las violaciones a los derechos humanos que se derivaron de ellos fueron una pequeña muestra del conflicto civil colombiano en territorio venezolano o una señal de lo que les espera, eso está por verse. De cualquier forma, el conflicto seguramente tendrá un impacto perdurable en la dinámica política y criminal de Venezuela.
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Para el presidente Nicolás Maduro, la decisión de emprender una intervención militar a gran escala en Apure ahora parece una manifestación de soberbia. Puso en evidencia las limitaciones del ejército y las fuerzas de seguridad bajo su mando, algo que no habrá pasado desapercibido para sus rivales, en su país y en el exterior, en el campo político y criminal. Y quizá el aspecto más lesivo para Maduro es el deterioro de su legitimidad con el mismo ejército. Se enviaron tropas a morir en el campo de batalla en lo que parece haberse tratado de una campaña para beneficiar al presidente y a sus aliados en lugar de hacerlo en defensa del país. Maduro depende del ejército para mantenerse en el poder, y si sus soldados y generales no están dispuestos a luchar sus batallas por él, puede verse cada vez más vulnerable.
Sin embargo, Maduro y su facción política tuvieron algunas conquistas. Con la excusa de depurar las tropas del ejército de colaboradores del Frente 10 y de los responsables de los fracasos en Apure, varios altos oficiales castrenses han sido detenidos o degradados. En su lugar, Maduro puso a aliados leales en estos cargos y reforzó su control sobre las fuerzas armadas, lo que reproduce sus intentos de designar a partidarios del régimen en cargos políticos claves para apuntalarse con fuerza en el poder.
El conflicto también ha ahondado las desavenencias entre facciones de las ex-FARC mafia. Los episodios de Venezuela seguramente aceleran un proceso que es ya evidente en Colombia, donde los remanentes de la insurgencia desmovilizada se están congregando en torno a dos polos de poder rivales y opuestos. Ambos se reivindican el derecho a llevar el nombre FARC, pero se asemejan cada vez más a organizaciones narcotraficantes que a ejércitos insurgentes.
Por un lado está la red de disidencias comandada por Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, que tiene poderío militar, extenso control territorial y cierta credibilidad revolucionaria en el terreno, pues rechazó el proceso de paz desde el comienzo. Por el otro lado, está la Segunda Marquetalia, que cuenta con célebres comandantes con importantes conexiones en la política y el narcotráfico, pero con poco poder militar. Sus líderes cargan el estigma de los fracasos del proceso de paz que negociaron con el gobierno colombiano. El panorama se complica aún más con la presencia de numerosas células de antiguos miembros de las FARC, pequeñas y autónomas.
En Venezuela, el Frente 10, aliado de Duarte, cobró una victoria importante, que puso de relieve su pericia militar y el apoyo de la comunidad en la región limítrofe, y envió un claro mensaje de que cualquier futuro intento de sacarlos les costará caro. Pero la persecución estatal contra el Frente 10 parece abocada a mantenerse, y el grupo, acostumbrado a operar en Venezuela con casi total impunidad, ahora se encuentra en terreno hostil.
Para la Segunda Marquetalia, la victoria del Frente 10 representa un contratiempo. Su rival en Apure ha demostrado su fuerza, mientras que sus antiguos camaradas alzados en armas en toda Colombia han culpado públicamente a la Segunda Marquetalia del conflicto, y han denunciado a sus cabecillas como traidores de la revolución. Esto se agravó más adelante con el presunto asesinato de uno de los principales líderes del grupo, Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, en el estado venezolano de Zulia en mayo de 2021. La pérdida de Santrich no solo fue un golpe a la estructura de mando del grupo, sino que además sugiere que los comandantes de la Segunda Marquetalia ya no están completamente seguros en Venezuela.
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Aun así, el hecho de que el ejército venezolano atacara al mayor rival de la Segunda Marquetalia en Apure, mientras dejaban intactos sus intereses y a su personal es un fuerte indicador de la sólida posición del grupo en Venezuela. Además de eso, en medio del conflicto, el excomandante de las FARC y uno de los narcotraficantes más renombrados de la guerrilla, Géner García Molina, alias “John 40”, apareció en los videos de la Segunda Marquetalia y firmó su nombre en los comunicados. Hasta ese momento, se había considerado a John 40 parte de la comandancia central de las disidencias de Duarte. Su respaldo público a la Segunda Marquetalia representa un importante espaldarazo al grupo, en especial para sus redes de narcotráfico.
Puede decirse que el grupo guerrillero más favorecido por el conflicto ha sido el que menos hizo: el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aunque hubo algunas denuncias de que el ELN había respaldado al ejército venezolano para que interviniera contra el Frente 10, todas las fuentes consultadas en Apure dejaron en claro que estas guerrillas se contentaban con sentarse detrás de la barrera durante los conflictos. Como tal, han asistido al debilitamiento de sus rivales sin arriesgar nada.
Cuando el presidente Hugo Chávez invitó por primera vez a los insurgentes a Venezuela, hizo con ellos un pacto fáustico. Se hizo a un aliado poderoso para su “Revolución Bolivariana”, que logró apuntalar para su beneficio político, estratégico y económico. Pero también invitó una potente fuerza armada sin garantías de que podría controlarla. Aunque la era Chávez ya se está borrando de la memoria, Venezuela seguirá pagando el precio de la negociación del caudillo.