Si bien hay algunos esfuerzos para generar resiliencia, lo que incluye la aprobación de nuevos marcos legislativos y otros signos de voluntad política para abordar el problema, todavía queda un largo camino por recorrer. La confluencia de la presencia de actores corruptos que se benefician de los delitos ambientales y la crisis política que ha enfrentado Perú en los últimos años ha dejado como resultado una falta de capacidad y recursos para combatir los delitos ambientales. Además, el gobierno peruano continúa priorizando el desarrollo económico sobre la protección de la selva amazónica.
Durante años, Perú ha construido un marco legislativo con el fin de mitigar los delitos ambientales. La parte más importante de ese marco es la Ley General del Medio Ambiente de 2005. Esta ley es la columna vertebral de todos los intentos del gobierno por proteger el medio ambiente, ya que basa estos intentos en los derechos constitucionales de todos los peruanos a vivir en un ambiente sano. Una ley posterior condujo a la creación del Ministerio del Medio Ambiente, que es la máxima entidad en esta materia y se encarga de desarrollar, dirigir, supervisar y ejecutar la política ambiental nacional.
Para proteger los bosques de la agricultura y la ganadería no reguladas, Perú emitió la Ley de Bosques y Vida Silvestre No. 27308 de 2002. Esta ley promueve la conservación y el uso sostenible de los bosques y prohíbe claramente el uso de recursos forestales protegidos para el desarrollo agrícola. Sin embargo, en la práctica esto no sucede, ya que la ganadería y la agricultura se extienden por toda la Amazonía peruana. Por esto, la ley no ha logrado proteger los árboles del país.
VEA TAMBIÉN: Gobernador en Perú acusado de participar en tráfico de madera con empresas chinas
Para mitigar el tráfico de madera, el gobierno peruano firmó el Pacto Nacional por la Madera Legal en diciembre de 2014, con el sector privado, diversas oenegés y federaciones indígenas, con el fin de controlar el flujo de madera hacia los mercados internacionales, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea. El pacto busca asegurar el uso de recursos primarios obtenidos legalmente, así, tanto el vendedor como el comprador y cualquier intermediario, podrán confiar en que están manejando recursos legales como la madera y el oro.
Además, desarrolló la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal (ENLTI 2021-2025), que tiene como objetivo contribuir a la reducción de la tala ilegal y el comercio de productos de origen ilegal. La ENLTI le encarga a una comisión del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego la creación de un sistema de vigilancia forestal, un laboratorio forense para la identificación de la madera, así como una mejor coordinación entre las agencias gubernamentales pertinentes en el seguimiento del transporte de madera por tierra y agua, entre otras medidas.
En cuanto a la minería, el Decreto Legislativo N° 1105 de 2012 le encarga al Ministerio de Energía y Minas la supervisión de los procesos de formalización minera, en conjunto con los gobiernos regionales. Desde 2006 se ha desarrollado un marco normativo e institucional para luchar contra la minería ilegal. Uno de los pilares de la lucha contra la minería ilegal ha sido la formalización de las licencias mineras, contenidas en el Decreto Legislativo N° 1105 de 2012. A través del proceso de formalización, el gobierno tuvo como objetivo diferenciar entre los mineros informales, que pueden ser incorporados a la economía legal a través de autorizaciones, y los buscadores de oro ilegales que operan en áreas donde la minería está prohibida.
Sin embargo, diferenciar entre minería informal e ilegal ha sido uno de los grandes retos que enfrenta Perú. La infiltración y cooptación de la minería informal por parte de redes criminales hace que trazar una línea divisoria entre lo criminal y lo informal sea extremadamente difícil, a pesar de los esfuerzos del gobierno. Expertos en minería ilegal, como Álvaro Cano, aseguran que la formalización en Perú ha sido un fracaso, sobre todo porque es muy lenta y onerosa. Como lo informó InSight Crime, alrededor de 70.000 mineros se inscribieron para integrarse a la industria minera legal en 2017; varios años después, solo han completado el proceso 161 operaciones mineras, que representan aproximadamente 3.000 mineros. Aun así, aunque la legalización de los mineros ha sido un desafío, varios expertos en minería afirman que el proceso no debería abandonarse.
Con respecto al tráfico de vida silvestre, los observatorios afirman que las leyes son demasiado débiles. Y desde 2019, varias organizaciones peruanas han insistido en la necesidad de clasificar dicho comercio como “crimen organizado”, como lo hizo el gobierno con la tala ilegal y la minería ilegal. Actualmente hay dos iniciativas en el Congreso que buscan hacer esto. Sin embargo, ninguna de los dos se ha convertido en ley.
Cooperación internacional
Perú se adhirió a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en 1974, que intenta establecer regulaciones internacionales para el comercio de vida silvestre. La CITES es uno de los medios más utilizados para hacer frente al tráfico de especies silvestres en el mundo. El gobierno peruano también firmó convenios bilaterales con Brasil (1975) y Colombia (1979) para proteger la vida silvestre en la Amazonía. Otros ocho países de la cuenca amazónica firmaron un acuerdo de comercio y cooperación para desarrollar la región a la vez que se protege la biodiversidad en la Amazonía.
Otro catalizador importante en cuanto a las actualizaciones del marco legal de Perú en materia forestal fue la firma de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en 2007. Oficialmente llamado Acuerdo de Promoción Comercial, este incluía un anexo forestal que instaba al gobierno a verificar los orígenes de la madera cosechada y a aplicar sanciones cuando hay sospechas de tala ilegal. Sin embargo, la implementación de este anexo continúa siendo difícil. Por ejemplo, aún no se ha implementado un sistema de información y rastreo para garantizar la legalidad de la madera desde el momento en que se cosecha.
En 2008, Estados Unidos aprobó la Ley Lacey, que prohíbe la comercialización de productos forestales de origen ilegal, incluida la madera. La ley ha dado resultados positivos. Por ejemplo, el 3 de septiembre de 2021, la empresa estadounidense Global Plywood and Lumber Trading admitió que había violado la Ley Lacey. Además, la compañía dijo que no hizo su debida diligencia cuando importó madera de la Amazonía peruana en 2015. El fallo obligó a la compañía a pagarle US$200.000 al Ministerio de Ambiente de Perú (MINAM), así como una multa de US$5.000.
Como se señaló anteriormente, Perú firmó el Convenio de Minamata en 2013, el cual busca detener la contaminación por mercurio y eliminar el uso de este químico en la minería de oro artesanal y a pequeña escala. Sin embargo, las redes mineras de todo Madre de Dios continúan utilizando mercurio.
Sociedad civil
La sociedad civil desempeña un papel crucial en la lucha contra los delitos ambientales. Organizaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency, EIA) y Proética investigan e informan regularmente sobre delitos ambientales en la región amazónica. En el caso de la tala ilegal, la sociedad civil está en primera línea para protestar y cuestionar las decisiones del gobierno, así como para destacar los problemas relacionados con la tala ilegal a través de declaraciones y acciones conjuntas.
Las contribuciones de la sociedad civil a la lucha contra los delitos ambientales también incluyen actividades de educación a los jóvenes sobre la prevención de esta actividad ilegal a través de conferencias, talleres y reuniones. En marzo de 2020, la Red Anticorrupción Forestal Madre de Dios, punto de encuentro de organizaciones de la sociedad civil, realizó una sesión de capacitación en Madre de Dios, denominada: “Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal”. Respaldada por Proética, la iniciativa tuvo como objetivo construir acciones ciudadanas para enfrentar la corrupción, un factor que impulsa la deforestación en la Amazonía.
En Madre de Dios, varias organizaciones políticas y de la sociedad civil se han unido para combatir la minería ilegal. De manera regular, llaman la atención sobre el impacto negativo que la minería tiene en el área, no solo en lo que respecta a la deforestación, sino también en el fomento de otras actividades ilegales, como la trata de personas, el tráfico de tierras y los asesinatos selectivos. Asimismo, han presionado al Estado para que implemente estrategias sostenidas para enfrentar la minería ilegal.
Sin embargo, los esfuerzos de la sociedad civil se ven obstaculizados por la violencia y las amenazas. Entre 2013 y 2020, 14 defensores ambientales peruanos fueron asesinados en Perú. 19 líderes y defensores ambientales han sido asesinados durante la pandemia, y muchos otros siguen siendo blanco de ataques, particularmente en áreas donde actividades como la tala, el tráfico de drogas, la minería ilegal y el tráfico de tierras están muy extendidas.
Justicia penal
En 2008, la Junta de Fiscales Supremos creó la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), una unidad dedicada a prevenir e investigar los delitos ambientales. La FEMA opera actualmente en los departamentos de Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, donde ha llevado a cabo importantes operaciones que han dado lugar a incautaciones y penas de prisión contra quienes promueven la minería ilegal, la vida silvestre y el tráfico de madera.
Con el fin de fortalecer el trabajo de la FEMA, en diciembre de 2021 se conformó la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Materia Ambiental. Esta se encuentra ubicada en Lima y tendrá jurisdicción sobre todo el territorio peruano.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), orientada a combatir el lavado de dinero, ha descubierto las profundas conexiones entre el lavado de dinero y los delitos ambientales en Perú. En 2018, la UIF identificó que las ganancias del tráfico de madera, en ese momento equivalentes a unos US$155 millones anuales, eran lavadas por clanes familiares. Estos actores utilizaban documentación falsa, empresas offshore en paraísos fiscales y empresas de cartón para dar una apariencia de legitimidad a las ganancias derivadas del tráfico de madera.
Este caso demuestra que las investigaciones de lavado de dinero relacionadas con delitos ambientales en Perú, a diferencia de las de Colombia, han priorizado el análisis de diversos delitos ambientales, no solo la minería ilegal.
Si bien el sistema de justicia peruano ha ganado algunas batallas contra la tala ilegal, está perdiendo la guerra respecto al tráfico de tierras y la minería. Esto está en parte relacionado con el caos político que Perú ha enfrentado en los últimos años. Aunque un puñado de funcionarios corruptos dentro de las más altas esferas del poder político han sido procesados, el enjuiciamiento de aquellos que impulsan la deforestación ha sido dejado de lado, así como las protecciones para los defensores del medio ambiente. Esto hace que la impunidad sea la norma para los delitos ambientales en la Amazonía.
El caso del tráfico de madera de Yacu Kallpa arroja luces sobre la complejidad que suele acompañar a estos procesos penales. En septiembre de 2021, seis años después de que se abriera el caso, más de 90 personas fueron acusadas por la Fiscalía General del Perú por delitos como tráfico de madera y concesión ilegal de derechos. Los acusados enfrentan penas que van de dos a 11 años de prisión.
Sin embargo, el exdirector de Osinfor, Rolando Navarro, dice que, si bien es un paso en la dirección correcta, todavía queda un largo camino por recorrer en la lucha contra la tala ilegal. Sin duda, las sanciones leves que enfrentan los pesos pesados en la cadena de madera ilegal han eclipsado las ganancias percibidas. Según una investigación de Ojo Público, Doris Sadith Noriega Paredes, representante de Inversiones La Oroza, empresa que presuntamente poseía más del 80 por ciento de la madera incautada en el caso Yacu Kallpa, enfrenta solo una sentencia de tres años de prisión. Los exfuncionarios regionales corruptos, que según la fiscalía autorizaron el transporte de la madera desde la Amazonía con documentación falsa, enfrentan penas igualmente leves.
La impunidad también es generalizada en cuanto al tráfico de vida silvestre en Perú. Una investigación realizada por Neotropical Primate Conservation (NPC), una organización dedicada a la conservación de primates y sus hábitats, reveló que la mayoría de los cargos presentados en relación con el tráfico de vida silvestre nunca llegan ante un juez.
Voluntad política
Actualmente hay dos iniciativas en el Congreso que buscan clasificar el tráfico de vida silvestre y otros delitos contra los recursos naturales como crimen organizado. Los proyectos de ley pretenden fortalecer las penas, lo que significa que los involucrados podrían enfrentar sentencias de entre ocho y 15 años de prisión. De aprobarse, dichos proyectos de ley demostrarían que Perú se está tomando más en serio la protección de su fauna y su Amazonía.
La Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNIDA) fue creada en marzo de 2021 por el Ministerio del Ambiente para atacar los delitos ambientales en Perú y reforzar el intercambio de información entre las respectivas agencias ambientales.
Si bien el gobierno del presidente Castillo ha expresado su compromiso de actualizar y fortalecer su marco legal en materia de regulaciones ambientales, la realidad es que hay poca voluntad política para combatir estos delitos, especialmente a nivel local y regional.
Esto está relacionado en parte con el sistema político descentralizado. Perú otorga a los departamentos y municipios una considerable independencia, poder y recursos para hacer frente a muchos de estos problemas. En la práctica, esto a menudo significa que cada parte culpa a la otra por las brechas en los esfuerzos regulatorios y de aplicación de la ley. Las autoridades nacionales han transferido responsabilidades, como la gestión forestal, a los gobiernos regionales, dándoles así la capacidad de diferir la responsabilidad a las autoridades locales. Los gobiernos locales, por su parte, argumentan que no han recibido la capacitación adecuada ni los recursos para manejar estos problemas.
VEA TAMBIÉN: Blanqueo de madera en Perú: la mafia en el interior
Los esfuerzos también se complican por las dificultades para lograr un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. El ejemplo más reciente de esto se produjo cuando el presidente Castillo anunció la Segunda Reforma Agraria del país, la cual busca promover el desarrollo integral en las zonas rurales de Perú. Sin embargo, expertos en delitos ambientales en Perú afirman que la reforma podría tener un efecto negativo en la Amazonía, ya que se podrían talar más bosques para dar paso a la agricultura.
Agencias como Osinfor parecen estar atrapadas en medio de estas batallas. Después de que Rolando Navarro fuera despedido en 2016, su equipo continuó defendiendo la autonomía de Osinfor. Sin embargo, en 2018, cuando Osinfor quedó bajo el control del Ministerio del Ambiente, en ese momento encabezado por Fabiola Muñoz, una ministra con antecedentes de intervenir en investigaciones a instancias de empresas madereras, el organismo de control quedó inoperante, en palabras de Julia Urrunaga, directora de la sede de EIA en Perú.
Por otro lado, otro experto en temas forestales peruano, que solicitó el anonimato por razones de seguridad, dice que Osinfor se ha debilitado progresivamente: “Porque [Osinfor] va en contra de los intereses de los beneficiarios de este negocio”.
InSight Crime se ha asociado con el Instituto Igarapé —centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica al estudio de temas actuales relacionados con desarrollo, seguridad y clima— con el fin de rastrear los delitos ambientales y los actores criminales que impulsan la deforestación en la Amazonía peruana. Vea la serie completa de seis partes aquí.
SUSCRIBIRME